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Las iniciativas con las que un sector oficialista del Congreso quiere impactar el núcleo central de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzaron a ganar adeptos. Un primer paso en ese camino se vivió esta semana con la votación favorable que tuvo uno de esos proyectos, algo que se puede repetir con otros articulados que hacen curso en el Capitolio y con los que se busca complementar la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.
La iniciativa es del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez y, en resumen, lo que pretende es que la vigencia de la JEP no tenga una extensión más allá del 2028. También establece que los expedientes no resueltos, luego de ese año, pasen a la justicia ordinaria, aunque con la misma reglamentación acordada con los exFarc en 2016.
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Lo que se pretende con la iniciativa de Gómez es ajustar el acto legislativo 01 de 2017, con el cual se sentó la base jurídica de ese tribunal transicional. Para lograr ese ajuste se quiere es incluir un inciso en la Constitución que pone freno directo a la ampliación de su vigencia.
“El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”, se lee textualmente en una iniciativa que ya logró 10 de los 19 votos posibles de la Comisión Primera del Senado.
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Esa corporación tiene 20 curules, pero al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) se le aprobó un impedimento que lo sacó de esta discusión. El argumento que esgrimió el legislador y que avaló la Comisión es que participó de la gestación de la llamada “paz total” de la anterior administración.
Quienes le dieron el visto bueno al proyecto de Salvación Nacional –que también cuenta con el respaldo pleno de la Casa de Nariño– representan a varios partidos, lo que proyecta un escenario similar para la plenaria si el Ejecutivo logra mantener este consenso legislativo.
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El abanico de los que le dieron el sí al límite específico e improrrogable de la JEP fueron: Enrique Gómez (Salvación Nacional); Hernán Cadavid y María Clara Posada (Centro Democrático); Juan Carlos García y Santiago Barreto (Partido Conservador); José Nicolás Gómez (Cambio Radical); Alfredo Deluque (La U); Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal); Jonathan Ferney “Jota Pe” Pulido (Alianza Verde); y Manuel Virgüez (Mira).
La oposición –aparte de Cepeda– decidió retirarse de la discusión para intentar afectar el quórum, una estrategia a la que generalmente acuden todos los partidos de acuerdo con la postura que tengan en torno a las iniciativas. Por eso salieron del recinto: Esmeralda Hernández, Isabel Zuleta, Carolina Corcho, Carlos Benavides y Alex Flórez. Todos son del Pacto Histórico.
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La JEP ya dijo que dar un paso de esta naturaleza, de ponerle un límite de existencia hasta 2028 y pasar sus expedientes pendientes a la jurisdicción ordinaria, golpea los procesos de verdad y reparación que se están dando. Pero el oficialismo se mantiene en que –tras una década del Acuerdo de Paz con las Farc (del cual germinó esta instancia)– su operatividad y entrega de resultados no son acordes.
La norma actual dice que la JEP tiene una vigencia de hasta 20 años, que se parte por etapas. La primera es de investigación y le da una década, la cual se cumple en marzo de 2027; la segunda es de un quinquenio y se estableció para ejecutar juicios y aplicar sanciones; y una prórroga adicional de 60 meses que depende del aval previo del Congreso y se usaría sólo si se requiere para cerrar las anteriores etapas.
En este tiempo ha emitido 30 imputaciones contra 382 máximos responsables. Y lo que se bautizó como “macrocasos” se han emitido dos sanciones y otras tres relacionadas con un proceso de ausencia de reconocimiento y dos de reconocimientos tardíos. La crítica del oficialismo es que los exFarc no han pasado por una cárcel y, en contraste, sus víctimas no tienen procesos completos de reparación; además, los miembros de la Fuerza Pública –según su relato– sí han estado tras las rejas. El debate supera lo jurídico y se instala en el escenario político. Además, a delegados de quienes dejaron las armas les dieron 10 curules en el Congreso durante ocho años.
“La JEP debe completar su mandato hasta 2033, durante los 15 años que dispuso el Acuerdo, para cumplir con la Constitución, para cumplirle a las víctimas, y para cumplir con la palabra empeñada del Estado”, ratificó el expresidente Juan Manuel Santos, artífice de lo pactado en La Habana.
En respuesta a esa y otras críticas que se han elevado por lo que implica el acto legislativo que esta semana surtió su primer debate, el senador Enrique Gómez aseguró que establecieron que el paso hacia la justicia ordinaria tenga unas salvaguardas.
“Hemos planteado un artículo transitorio que permita que la justicia transicional siga viva, pero que lo gestione otro operador judicial, y así resolver la situación jurídica de miles de guerrilleros rasos y soldados”, enfatizó el legislador de Salvación Nacional.
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Mientras se daba esta semana su aprobación en la Comisión Primera del Senado, también se registró una escena que no es menor. En efecto, de las filas de los partidos que apoyan a la Casa de Nariño y hacen parte de esa célula legislativa, pero que no estuvieron por diversos motivos en la votación, aparecen los siguientes nombres: Fabio Raúl Amín y Óscar Hernán Sánchez (Partido Liberal); Luis Carlos Rúa (ASI); y Rafael Nieto (Centro Democrático).
De hecho, este último senador tenía también un proyecto de enmienda constitucional que buscaba que las sentencias y sanciones que la JEP impusiera a uniformados comparecientes ante esta jurisdicción fuesen revisadas de manera automática –y con “efecto suspensivo” – por la Justicia Penal Militar y Policial. Esta iniciativa no tenía un respaldo claro de la Casa de Nariño, cuyo objetivo, advertido desde campaña, era ponerle punto final a ese tribunal transicional.
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Sin embargo, a diferencia del de Enriquez, el proyecto de Nieto no surtió ni siquiera su primer debate y, por falta de tiempos legislativos, este jueves se confirmó su hundimiento. Incluso, esa misma suerte surtieron al menos otras cinco enmiendas constitucionales, como la que buscaba que se reconociera el derecho a la vida desde la gestación; un primer paso para ponerle trabas al aborto legal.
En todo caso, el objetivo del Gobierno es claro y la oposición busca cómo contrarrestar la estrategia. A través del presupuesto de 2027 se le recortaron COP 170.000 millones en inversión, pero se dejó el monto solicitado para funcionamiento. No obstante, desde la JEP leyeron esto como una suerte de asfixia, tesis que comparten en la izquierda y en organizaciones de víctimas como “Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo)”. “Esto es una venganza”, aseguró la senadora Corcho.
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La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior desde este noviembre reforzará ese propósito de ponerle límites constitucionales y jurídicos a la JEP, debate político que tendrá otro pulso en la plenaria del Senado la segunda semana del mes en que se estrena el nuevo jefe de la cartera política. Si mantiene el consenso, la discusión pasará a la Cámara, pero todo debe darse antes del 16 de diciembre próximo que termina el periodo legislativo ordinario.
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Atenas(06773)•30 de octubre de 2026 – 04:15E incluso, q’ ese espurio y amañado tribunal de la JEP viva hasta el 2028 es demasiado tiempo, en tal caos, corrupción y desfalco pa el país por las razones conocidas, ya ameritan aplicarle la eutanasia en el 2027. No en vano esas son siglas, JEP, q’ claro la identifican: Jodimos Este Pais. Atenas
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Gregorio(04693)•31 de octubre de 2026 – 12:39Nos jodimos los colombianos con opinadores fascistas como usted. Estudie vago!!!!
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usucapion1000(15667)•29 de octubre de 2026 – 23:50Vamos de mal en peor, este congreso va a traicionar al Estado y a la Nación colombiana y las Cortes alcahuetas haciendo mutis por el foro. Manada de borregos sin moral ni visión.
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Tayrona(31467)•29 de octubre de 2026 – 21:47Adentro sinvergüenzas neonazis fascistas de extrema derecha, mala yerba descendientes del monstruo Laureano Gómez; destruyan lo que le sirve al país para que nos regresen a la impunidad de los de arriba y a la muerte de los de abajo. VIVA CRISTO REICH!!!.
