Durante 2025, Colombia enfrentó una serie de eventos que pusieron a prueba tanto las estrategias de paz como la capacidad del Estado para controlar la violencia en distintos territorios. Entre un magnicidio, las primeras sanciones de la JEP, diálogos con grupos armados y episodios de confrontación, las regiones clave siguieron siendo escenarios de tensiones que marcaron el rumbo del país.
Esta cronología reúne los hechos más relevantes que ilustran ese complejo panorama.
Enero
Crisis en Catatumbo
El 2025 comenzó con una de las peores crisis humanitarias de los últimos años en Catatumbo, una región históricamente estratégica para el narcotráfico y el control de pasos fronterizos con Venezuela. Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia de las FARC —conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)— derivaron en desplazamientos masivos, confinamientos y una ruptura casi total de la vida comunitaria, con cerca de 65.000 personas obligadas a abandonar sus hogares. La crisis evidenció que la coexistencia de mesas de paz con distintos actores no logró frenar la disputa en territorios donde el control de la economía ilegal sigue siendo el principal motor de la guerra.
Febrero
Cambio en el Ministerio de Defensa
El nombramiento del general (r) Pedro Sánchez como ministro de Defensa marcó uno de los primeros ajustes estructurales del año en la estrategia de seguridad del Gobierno Petro. El relevo fue interpretado como una respuesta al deterioro del orden público y a las críticas por una política de paz que, hasta entonces, había privilegiado el diálogo. Tambien se endureció la política de seguridad.
La captura de Araña
La detención de Geovani Andrés Rojas (conocido como Araña) en Bogotá al cierre del tercer ciclo de diálogos fue uno de los golpes más fuertes a la paz total. La captura, relacionada con una orden de extradición, generó una ruptura de confianza entre la delegación insurgente y el Ejecutivo. El episodio reabrió un debate sobre los límites reales del poder presidencial frente a compromisos judiciales, especialmente en contextos de negociación incipiente.
Marzo
El mes más violento en dos años en Buenaventura
Marzo cerró como el mes más violento en dos años en Buenaventura, una ciudad crucial para el comercio marítimo del país y, al mismo tiempo, uno de los principales enclaves de economías ilegales. El repunte de homicidios estuvo ligado a disputas entre bandas criminales que, pese a acercamientos con el Gobierno, mantuvieron intacta su capacidad armada. Sin un marco jurídico claro ni mecanismos efectivos de sometimiento, los diálogos no lograron traducirse en una reducción sostenida de la violencia ni en mayor protección para la población civil.
Se cumplieron 35 años del acuerdo de paz con el M-19
El 9 de marzo de 1990, la guerrilla Movimiento 19 de abril, o M-19, firmó con Virgilio Barco un acuerdo de paz que abrió el camino para otros procesos de paz en Colombia y permitió la desmovilización de un grupo responsable de varios hechos de violencia entre ellos, la cruenta toma al Palacio de Justicia. Más de tres décadas después, a pesar de su importancia, la gran deuda de ese proceso de paz es con las víctimas a quien no se les ha reparado.
Abril
Comuneros del Sur, primer grupo en destruir material de guerra
El frente, que se separó del ELN, entregó 585 artefactos entre minas, morteros y granadas. El acto se presentó como el primer resultado tangible de la política de paz total, pero también generó escepticismo entre analistas que señalaron que se trataba de una estructura armada de alcance limitado.
Fin del cese con la disidencia de Calarcá Córdoba
El Gobierno dio por terminado el cese al fuego bilateral con la disidencia EMBF comandada por Calarcá Córdoba, poniendo fin al cese más largo -18 meses- registrado en la historia reciente del conflicto colombiano. En paralelo, el presidente Petro comenzó a hablar con mayor fuerza de las Zonas de Ubicación Temporal, una figura inédita que despertó temores sobre posibles enclaves armados y tensiones con comunidades locales.
Mayo
Zona de Ubicación Temporal con el Frente 33
La firma del decreto que creó la Zona de Ubicación Temporal con el Frente 33 de las disidencias en Catatumbo fue uno de los pasos más arriesgados del Gobierno en su política de negociación. La medida buscó avanzar hacia un proceso más estructurado con esa facción armada, pero generó fuertes resistencias locales por el temor a que la zona se convirtiera en un enclave bajo control armado.
Plan pistola del Clan del Golfo
El plan pistola lanzado por el Clan del Golfo volvió a poner en evidencia el poder armado y la capacidad de intimidación de la principal estructura criminal del país. Los ataques sistemáticos contra policías y militares no solo dejaron víctimas, sino que enviaron un mensaje directo al Estado en medio de conversaciones exploratorias.
Freno a extradición de H. H.
El presidente suspendió la extradición de Gabriel Yepes, jefe de Comuneros del Sur. La decisión, que reforzó la apuesta del Gobierno por priorizar los procesos de paz sobre la cooperación judicial internacional, generó tensiones con Estados Unidos y reavivó el debate sobre el uso de la extradición como herramienta política. Mientras el Ejecutivo defendió la medida como necesaria para sostener una negociación en curso, sectores críticos alertaron sobre el riesgo de enviar señales de impunidad frente a delitos ligados al narcotráfico.
Junio
Ola de atentados en Cauca
La cadena de atentados en Cauca marcó uno de los momentos más críticos del año para la seguridad y la paz total. Los ataques, atribuidos a disidencias del Estado Mayor Central, de Iván Mordisco, impactaron tanto a la fuerza pública como a la población civil y obligaron al presidente Petro a endurecer su discurso.
Atentado contra Miguel Uribe
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay sacudió al país y reabrió el debate sobre la violencia política en Colombia. El ataque ocurrió en un contexto de creciente polarización y con el proceso electoral de 2026 en el horizonte, poniendo en duda las garantías para líderes de oposición.
“Tarimazo” de Petro con bandas criminales en Medellín
La aparición del presidente Petro en un acto público con voceros de bandas criminales en Medellín desató una tormenta política. Aunque el Gobierno defendió el evento como un gesto de diálogo para reducir la violencia urbana, las críticas apuntaron a la legitimación simbólica de estructuras criminales sin un marco jurídico claro.
Julio
Gobierno radica proyecto de ley de sometimiento
La radicación del proyecto de ley de sometimiento fue uno de los intentos más ambiciosos del Gobierno por darle un marco jurídico a la negociación con organizaciones criminales. La iniciativa otorgó amplias facultades al Ejecutivo para definir beneficios penales y condiciones de desmovilización, lo que generó resistencias en el Congreso y entre organizaciones de víctimas.
Petro frena extradición de Mocho Olmedo
El freno a la extradición de Willington Henao (Mocho Olmedo), uno de los jefes disidentes requeridos por Estados Unidos, profundizó la controversia sobre el uso de la extradición como herramienta dentro de la política de paz total.
Se cumplieron 20 años de la Ley de Justicia y Paz
La Ley de Justicia y Paz lleva a cuestas una gran deuda construida por olvidos y silencios alrededor de lo que fue su esencia: las víctimas. Este viernes se cumplieron 20 años desde que entró en vigencia la Ley 975 de 2005, el primer gran experimento de justicia transicional en Colombia. La norma fue diseñada para facilitar, en su mayoría, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de penas reducidas, contribuciones a la verdad, entrega de bienes y reparación.
Agosto
Muerte de Miguel Uribe
La muerte de Miguel Uribe Turbay, tras el atentado sufrido semanas antes, marcó uno de los episodios más graves del año en términos de violencia política. El asesinato encendió las alarmas sobre las garantías para la oposición. En un contexto preelectoral, el crimen erosionó el discurso oficial de desescalamiento y obligó al Estado a reconocer que la violencia política sigue siendo una amenaza estructural.
Petro inicia diálogos con el Clan del Golfo
El anuncio del inicio de diálogos con el Clan del Golfo representó un punto de quiebre en la política de paz total. Por primera vez, el Gobierno decidió abrir un canal formal con la principal organización narcotraficante del país, reconociendo implícitamente que su poder excede el de una banda criminal común. La decisión generó fuertes críticas por el riesgo de equiparar a un grupo sin motivaciones políticas con actores insurgentes.
Septiembre
Estados Unidos descertifica a Colombia
La descertificación de Colombia por Estados Unidos, por primera vez desde 1996, fue uno de los golpes internacionales más fuertes del año para el Gobierno Petro. La decisión estuvo directamente relacionada con el aumento de los cultivos de coca y las dudas sobre la efectividad de la política antidrogas.
La JEP emite sus primeras sanciones
La Jurisdicción Especial para la Paz emitió sus primeras sanciones propias contra exjefes de las FARC y exmilitares, marcando un hito en el sistema de justicia transicional. Aunque las sanciones fueron defendidas como un avance histórico en verdad y reconocimiento de responsabilidades, también generaron controversia por su carácter restaurativo y la ausencia de cárcel tradicional. El momento fue clave para medir la aceptación social del modelo de justicia del Acuerdo de Paz, en medio de un clima político cada vez más polarizado.
Petro revive mesa con exparamilitares
El Gobierno decidió reactivar el diálogo con exjefes paramilitares al volver a nombrar a 16 antiguos comandantes de las AUC como gestores de paz. La medida buscó cerrar asuntos pendientes del proceso de desmovilización paramilitar.
Octubre
ONU decide que Misión en Colombia no verificará sanciones de JEP ni capítulo étnico
El consenso que había en el Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo de Paz se rompió en esa sesión luego de que Estados Unidos lograra recortar esas dos funciones, tras amenazar con no renovar el mandado de la Misión de Verificación. El cambio no solo recorta el alcance de la Misión, sino que también debilita la supervisión internacional sobre el sistema de justicia transicional.
Destrucción de material de guerra con la disidencia CNEB
El inicio de la destrucción de material de guerra con la disidencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de Walter Mendoza, fue presentado como un nuevo gesto concreto de la paz total. La eliminación de toneladas de explosivos y armamento tuvo un gran valor simbólico, aunque persistieron dudas sobre el alcance real del proceso.
Noviembre
Se cumplen 40 años de la toma y retoma al Palacio de Justicia
El 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerra arrasó con la sede de la justicia colombiana, un hecho trágico que partió en dos la historia de la guerra en Colombia. Cuatro décadas después el país sigue debatiendo cómo nombrar lo que ocurrió y quién debe responder. Entre la política, la impunidad y el silencio, la memoria del Palacio aún busca su lugar en la historia.
Siete niños muertos en el peor bombardeo de la era Petro
El bombardeo en Guaviare, que dejó varios menores de edad muertos, se convirtió en el episodio militar más polémico del Gobierno Petro. El ataque generó una ola de críticas por el uso de bombardeos en un contexto de paz total y por la falta de protección a la población civil. Más allá del impacto humanitario, el caso empezó a acumular un costo político significativo para el Gobierno, al evidenciar contradicciones entre el discurso de desescalamiento y la práctica militar.
El escándalo por infiltraciones a computadores de Calarcá
La revelación de un presunto nexo entre disidencias de Calarcá Córdoba, un general del Ejército en retiro y un funcionario de inteligencia sacudió el panorama de la paz total. El caso expuso los riesgos de infiltración institucional y las zonas grises en la relación entre actores armados ilegales y sectores del Estado. El episodio planteó preguntas profundas sobre los controles internos y la credibilidad de las negociaciones en curso.
Diciembre
El paro armado de 72 horas del ELN
La ofensiva armada del ELN en diciembre —marcada por un paro armado de varios días y una serie de ataques contra unidades militares y de policía, incluido un atentado en Aguachica— volvió a evidenciar la enorme distancia entre el Gobierno y la guerrilla en torno a un posible acuerdo de paz.
Gobierno y Clan del Golfo anuncian tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)
Tras el cierre de la segunda ronda de negociaciones, el Gobierno y el Clan del Golfo anunciaron tres ZUT en los departamentos de Chocó y Córdoba, reforzando la estrategia de concentrar combatientes en espacios delimitados como paso previo a la negociación. Petro firmó la resolución que las crea oficialmente el 22 de diciembre.
Ofensiva de Navidad en Catatumbo
El 24 y el 25 de diciembre, el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC intensificaron los combates en varios puntos del Catatumbo, reviviendo el miedo de la crisis humanitaria con la que empezó el año. Los ataques armados reactivaron el riesgo de desplazamientos masivos y confinamientos para el fin de 2025.
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