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El presupuesto que financiará buena parte del gasto del Estado en 2027 quedó planteado en COP 634,9 billones, pero su aprobación enfrenta una discusión que terminará afectando cuánto dinero tendrá el Gobierno para salud, educación, infraestructura y otros programas, cuánto deberá destinar al pago de la deuda y cuánto tendrá que conseguir prestado. Las comisiones económicas votarán el monto entre el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.
La cifra es COP 59,2 billones superior al que había dejado la administración de Gustavo Petro. La primera versión, radicada a finales de julio, contemplaba COP 575,7 billones y fue devuelta por las comisiones económicas para que el nuevo Gobierno hiciera modificaciones.
Como contó este diario, el aumento no significa que el Ejecutivo haya decidido simplemente gastar COP 59,2 billones adicionales. Hacienda sostiene que la primera propuesta no incorporaba de manera suficiente varias obligaciones que el Estado tendrá que atender, entre ellas pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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El rubro que explica la mayor parte de la diferencia es el servicio de la deuda, que pasó de la primera versión a COP 155,4 billones. En el presupuesto presentado para 2027, este gasto aumenta 54,7 % frente al de 2026, mientras que los intereses de la deuda crecen 37,3 %.
La inversión, en cambio, queda en COP 86,9 billones, 2,8 % menos que en 2026. El funcionamiento absorbe COP 392,5 billones, con un crecimiento de 7,3 %.
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Tres semanas de discusión y un presupuesto bajo presión
El proyecto ha pasado por varias reuniones entre el Gobierno, los ponentes y las presidencias de las comisiones económicas. El Ejecutivo ha defendido que el presupuesto permite “sincerar” las cuentas públicas, mientras que congresistas y analistas han pedido soportes sobre las partidas que, según Hacienda, no estaban contempladas adecuadamente en la primera versión.
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La discusión también llegó al Banco de la República. El gerente Leonardo Villar consideró que sincerar el desequilibrio fiscal es un paso en la dirección correcta, pero advirtió que el ajuste propuesto todavía resulta insuficiente para llevar las finanzas públicas hacia una senda sostenible.
Una de las cifras que más llamó la atención fue el salto en las necesidades de financiación. El proyecto incorpora recursos de capital por cerca de COP 287 billones, unos COP 100 billones más que en la primera versión. Villar señaló que, si se aprueba la ley de ajuste fiscal anunciada por el Gobierno, las necesidades de endeudamiento podrían reducirse en cerca de COP 42 billones.
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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también ha advertido que el desequilibrio no es coyuntural. El problema, según el organismo, está en que el gasto viene creciendo por encima de los ingresos y buena parte de las obligaciones del Estado tiene poca capacidad de ajuste en el corto plazo.
Ahí aparecen salud, pensiones, el Sistema General de Participaciones y el FEPC, entre otros gastos que limitan el margen del Gobierno para recortar.
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El ajuste fiscal que acompaña al presupuesto
La discusión del presupuesto no está separada del plan de ajuste fiscal anunciado por Hacienda.
Para 2026, el Gobierno anunció un recorte y aplazamiento del gasto por COP 21,9 billones. Además, prepara una ley fiscal que buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones, cerca de 2,2 % del PIB, con efectos sobre las cuentas de 2027.
La intención es evitar que el déficit fiscal del próximo año llegue a 9,4 % del PIB en un escenario sin ajuste. Con las medidas planteadas por el Gobierno, la meta es llevarlo a 7,2 %.
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El problema es que esas cifras todavía dependen de que el ajuste se materialice. El CARF ha advertido que el país necesita medidas adicionales para corregir el desequilibrio y que mientras no se concrete el recorte, las proyecciones de déficit y deuda están expuestas a un riesgo fiscal elevado.
A esto se sumó el terremoto del 10 de agosto. El Gobierno ha señalado que todavía no existe una cifra definitiva del costo de la reconstrucción y que se estructura un mecanismo, denominado Fondo Milagro, para canalizar recursos. Hacienda anunció además que en 2026 destinará COP 4 billones del presupuesto a ayudas económicas para los damnificados.
El costo de la emergencia añade presión sobre unas cuentas que ya llegan a la discusión presupuestal con poco margen.
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¿Qué viene después de aprobar el monto?
Las comisiones económicas tienen hasta el martes 15 de septiembre para votar el monto del presupuesto. Si la cifra es aprobada, comenzará la discusión del articulado, para la cual existe plazo hasta el 25 de septiembre.
Después, el proyecto pasará a las plenarias de Senado y Cámara. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobarlo completamente.
La primera prueba, entonces, es más básica y, a la vez, determina el tamaño de la discusión que seguirá: aprobar o modificar los COP 634,9 billones con los que el Gobierno pretende financiar el funcionamiento del Estado, pagar la deuda e invertir durante 2027.
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