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De la Espriella y sus primeros 100 días: ¿qué ha pasado con los derechos de mujeres y LGBT?

Nombramientos, decisiones diplomáticas y políticas, junto a medidas contra lo que el Gobierno llama “wokismo” dan pistas sobre el rumbo que está tomando la administración de Abelardo de la Espriella frente a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Aunque varias de estas decisiones no cambian las leyes vigentes, sí empiezan a mostrar qué agendas quiere impulsar y cuáles podrían perder espacio dentro del Estado. El Espectador identificó 19 movimientos en esta materia.

De la Espriella y sus primeros 100 días: ¿qué ha pasado con los derechos de mujeres y LGBT?
Estos son los 19 movimientos que han marcado la agenda de De la Espriella respecto a los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+.

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A punto de cumplir sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella ya ha dejado varias pistas sobre su posición, al menos simbólica, sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Algunas están en los nombres que escogió para ocupar cargos de alto nivel, ya sea de representación o de injerencia administrativa. Otras se ven en las decisiones que ha ordenado en escenarios internacionales y en las medidas contra lo que el presidente decidió llamar “wokismo”.

Así lo evalúan las expertas. “En los primeros 100 días vamos a tener toda la parte simbólica. ¿A quién nombra, cómo lo nombra, cuáles son sus lenguajes, quiénes son sus amigos, a quiénes reincautó del pasado? Entonces, el primer balance de estos 100 días es la censura, los nombramientos y los símbolos”, dice Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas. En este balance está en esa instancia, más alla de sus decisiones, los discursos y su megáfono presidencial construyen una idea en la opinión pública sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, explica.

Hay casos concretos. El Gobierno se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) a pocos días de asumir la presidencia, volvió a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración no vinculante que cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho, y ordenó retirar decenas de piezas del Museo Nacional, varias relacionadas con las luchas feministas y los derechos de la población LGBTIQ+ -luego serían reestablecidas por una decisión judicial-. En conjunto fueron varios frentes: nombramientos, educación, política exterior, cultural y lenguaje.

“Este gobierno nos ha dado señales de tener unas prioridades relacionadas con lo que han llamado la “batalla cultural”. Y al parecer es una batalla realmente en contra de la agenda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, específicamente los derechos reproductivos y también en contra de la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Es bastante extraño ya que estas no eran las prioridades del electorado al momento de tomar la decisión de votar o dar la oportunidad de gobernar a esta propuesta”, agrega Catalina Calderón Alvarez, Chief Programs Officer del Women’s Equality Center (WEC).

El Gobierno está cuestionando algunas de las políticas y los compromisos que se habían construido para reconocer estos derechos. Aunque esto no modifica nada de lo establecido por las altas cortes, sí vale la pena mirar qué está pasando dentro de las instituciones, qué prioridades están cambiando y qué consecuencias pueden tener. Este es el balance de las principales señales que ha dejado el Gobierno en sus primeros 100 días.

(Le sugerimos ver: Derechos LGBT y aborto: tres decisiones que marcan la política exterior de De la Espriella)

Un gabinete con nombramientos polémicos frente a los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+

Las primeras pistas llegaron con los nombramientos. Apenas comenzaba su mandato y Abelardo de la Espriella ya había movido sus fichas para ubicar en cargos estratégicos a figuras con un común y largo historial de oposición a las políticas de igualdad, el reconocimiento de las familias diversas y los derechos sexuales y reproductivos.

La primera fue Viviane Morales, designada ministra de Educación el 7 de julio y posesionada el mismo 7 de agosto. La exfiscal, bastante conocida en los debates sobre diversidad, impulsó en 2017 un referendo que buscaba reservar la adopción a parejas conformadas por un hombre y una mujer, excluyendo así a las parejas del mismo sexo. La iniciativa no consiguió los votos necesarios en la Cámara de Representantes, pero convirtió a Morales en una de las principales voces políticas contra la adopción igualitaria. También se opuso al proyecto “Inconvertibles”, que buscaba sancionar las mal llamadas “terapias de conversión”, prácticas sin ningún sustento científico que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas -la ONU las ha calificado como una forma de tortura-.

Exfiscal General de la Nación, candidata por el partido liberal para el senado de la República, en entrevista.
Viviane Morales, exministra de Educación y actual consejera comisionada de Paz.
Foto: Andrés Torres

Por estos antecedentes, su llegada al Ministerio generó preocupación entre organizaciones feministas y LGBTIQ+, especialmente por lo que podría significar para la educación sexual integral, la prevención de la discriminación y los contenidos sobre género y diversidad en los colegios. Aún así, su paso por la cartera fue breve. Morales renunció el 2 de septiembre por una “situación familiar inesperada”.

(Lea más: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

Su reemplazo fue Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Su formación académica y experiencia profesional fueron destacadas por algunos sectores, pero sus antecedentes frente a los temas de género no despertaron el mismo entusiasmo en otros. Entre 2009 y 2016, Hoyos trabajó en la Procuraduría de la mano del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Desde esa entidad, ambos demostraron ser férreos opositores al reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario y el aborto. Sus caminos volvieron a cruzarse en el Gobierno de De la Espriella. Ordóñez quien inicialmente fue designado como embajador ante la OEA, es ahora ministro del Interior, encargado de negociar en el Congreso la agenda de la “patria milagro”. Como contamos en esta nota, sus posiciones llegaron a la Corte Constitucional, solo por mencionar un ejemplo, el alto tribunal le ordenó rectificar un oficio que había enviado en 2010 a la Superintendencia de Salud, en el que pedía modificar una circular destinada a remover obstáculos para acceder a la IVE.

La primera gran decisión de la ministra en este gobierno fue solicitar derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, con la que el gobierno de Petro había establecido una política de salud sexual y reproductiva días antes de dejar el poder. La razón estaba detrás de los supuestos “cuestionamientos constitucionales y legales”, entre ellos posibles afectaciones a la autonomía de los colegios y al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Una petició que se dio pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que esta cumple un papel clave en la prevención de la violencia sexual, la construcción de relaciones sociales y sexuales respetuosas, y la preparación ante los cambios físicos y emocionales que se producen al crecer.

(En contexto: Mineducación pidió tumbar la política de educación sexual y reproductiva en Colombia)

Abogada durante el foro de alcaldes hechos y derechos
Ilva Myriam Hoyos, ministra de Educación Nacional.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

“Ella [Hoyos] va a tener algo esencial y es meterse con los colegios, o sea, imponer las ideas, porque la batalla cultural se da desde el lenguaje. Y el movimiento más importante en este momento son las personas jóvenes, que representan la gran disputa mundial, ya que en dos años la generación alfa, que era la más pequeña, empieza a votar. Entonces, se trata de garantizar juventudes conservadoras desde su formación en los colegios. Una vez que te formas allí, la posibilidad de cambiar es muy difícil. Por eso ella es tan clave”, afirma Bohórquez.

También hubo movimientos en otras entidades. María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promovió el uso de la palabra “niñez” en las comunicaciones institucionales y tomó medidas frente al mural “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, del colectivo de niñas que surgió después del feminicidio de Yuliana Samboní. Una medida, que según organizaciones, pueden restar visibilidad a las experiencias de las niñas y a las violencias basadas en género que las afectan.

Por esa misma línea va el nombramiento de Camilo Noguera Pardo, quien sostuvo que los enfoques de género “contaminaron” la educación escolar. Después de pasar por el Viceministerio de Educación Superior, fue designado director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), pero su nombramiento fue revocado pocos días después.

En el Ministerio de las Culturas, Paola Holguín afirmó que llegó con la intención de desmontar las llamadas “narrativas de género” y pronto quedó en el centro de dos polémicas: la suspensión de los estímulos culturales que apoyaban a artistas y el retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con las luchas feministas y LGBTIQ+. El presidente también nombró al escritor Enrique Serrano como asesor para su “batalla cultural”. Y Sergio Esteban Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo, recibió críticas por proponer que una línea sobre justicia social se cambiara por otra sobre “lenguas amenazadas por el terrorismo” y por sus señalamientos contra la diversidad sexual y de género.

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A estas fichas se suman otros nombramientos que encendieron alertas en la Defensoría del Pueblo por denuncias y señalamientos relacionados con violencias basadas en género. Es el caso de Hatem Eduardo Dasuky, asesor del Ministerio de las Culturas; Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos; y Eduardo Zapateiro, cuya posible llegada a un cargo directivo en Ecopetrol también fue cuestionada.

(Le podría interesar: Aborto, niñez e “ideología de género”: el historial de quienes integran el nuevo Gobierno)

¿Qué pasará con los programas y políticas a cargo del Ministerio de la Igualdad?

Otro de los nombramientos más sonados fue el de John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. El 13 de agosto fue designado agente liquidador del Ministerio de Igualdad. En 2022, Rodríguez respaldó un referendo que buscaba eliminar el derecho al aborto, incluso en las tres causales permitidas por la Corte Constitucional. Así, la liquidación de una cartera encargada de coordinar políticas para poblaciones históricamente desatendidas quedó en manos de un dirigente que se ha opuesto a varias de esas agendas.

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Desde que asumió el cargo, Rodríguez ha adelantado más de 400 recortes en la nómina, 11 procesos de reorganización y la revisión de tres fondos adscritos al Ministerio. Según aseguró, el proceso ha permitido "recuperar $233.700 millones". Aunque la liquidación comenzó durante el gobierno de Gustavo Petro, la nueva administración quedó a cargo de reorganizar las funciones de la entidad y definir qué pasará con sus programas.

Jhon Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad.
John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad.
Foto: Prensa Senado

Y aquí está uno de los asuntos clave: cerrar el Ministerio no significa que las responsabilidades que tenía desaparezcan. Para la organización Caribe Afirmativo, algunos puntos prioritarios son garantizar la continuidad del CONPES 4147, una política nacional que contempla acciones para combatir la discriminación y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ hasta 2035. También el Sistema Nacional para la Garantía de sus Derechos, que coordina a distintas entidades para prevenir las violencias y cuya dirección estaba a cargo de esta cartera.

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A esto se suman las rutas de atención frente a las violencias por prejuicio, los protocolos de inclusión en entidades públicas y la implementación de la guía clínica para reducir las barreras de acceso a servicios de salud para las personas trans. Por ahora, no está claro cómo se mantendrán estos mecanismos cuando termine la liquidación.

Uno de los cambios más concretos tiene que ver con SALVIA y la Línea 155, herramientas para orientar, registrar y hacer seguimiento a casos de violencias basadas en género. Su traslado al Ministerio del Interior ya fue anunciado. Esto significa que quedarán bajo la responsabilidad de esa cartera, pero todavía falta conocer cómo funcionarán y con qué recursos contarán.

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(Le podría interesar: La declaración por los derechos LGBTIQ+ que firmaron líderes internacionales en Bogotá)

Colombia se alejó de los espacios internacionales por los derechos LGBTIQ+

Otros de los movimientos se dieron desde la política exterior. El 17 de septiembre, Colombia anunció su retiro de la Equal Rights Coalition, una alianza internacional integrada por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que trabaja por los derechos de las personas LGBTIQ+. La decisión tuvo un peso particular porque el país ejercía la copresidencia de la coalición junto a España para el periodo 2025-2027. El país salió antes de terminar su mandato y se convirtió en el primer Estado en retirarse de la organización mientras ejercía su presidencia.

La Cancillería comunicó la decisión sin ofrecer mayores explicaciones. Para Caribe Afirmativo, la decisión dejó pistas sobre el lugar que ocuparán los derechos LGBTIQ+ en la política exterior del nuevo Gobierno. Wilson Castañeda, director de la organización, ha advertido sobre las consecuencias de abandonar espacios en los que se comparten experiencias, se impulsan políticas públicas y se construyen compromisos para enfrentar la discriminación.

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(Le sugerimos: Gobierno de De la Espriella retira a Colombia de coalición internacional LGBTIQ+: ¿Por qué?)

Esto no quiere decir que el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo u otros derechos reconocidos en hayan cambiado. Esas garantías tienen respaldo constitucional y jurisprudencial. Pero sí significa que el país deja de participar en uno de los espacios internacionales que había asumido como parte de sus compromisos con la igualdad.

Otro de esos giros se dio el 7 de octubre, esta vez ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí, el embajador Álvaro Ayala Meléndez dejó claro que Colombia también tenía reparos con las palabras. Durante su intervención, el país tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, incluida en una resolución, y fijó una interpretación propia de conceptos como género y discriminación estructural.

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El Gobierno argumentó que la expresión “derechos sexuales y reproductivos” no constituye un lenguaje universalmente acordado en tratados internacionales vinculantes. También dijo que interpretaría el concepto de género a partir del artículo 7.3 del Estatuto de Roma, que se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad.

(Lea más aquí: Colombia se distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” en Consejo de la ONU)

¿Dónde está la preocupación? En que esa interpretación podría dejar por fuera las experiencias de las personas trans y no binarias principalmente en la manera en que el país reconoce sus compromisos internacionales. Para organizaciones como Caribe Afirmativo, esta postura puede dificultar el reconocimiento de distintas formas de discriminación y violencia. El pronunciamiento no modifica automáticamente las obligaciones constitucionales, pero sí deja claro qué posición quiere llevar el Gobierno a los escenarios internacionales cuando se habla de género y derechos humanos.

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El regreso al Consenso de Ginebra y las señales sobre el aborto

Un día después de su intervención ante Naciones Unidas, desde la Cancillería, Colombia anunció su adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto” y que “esta práctica no debe promoverse como método de planificación familiar”. El anuncio lo hizo Alejandro Ordóñez, quien en ese momento era embajador ante la OEA, y aclaró que la adhesión tiene un carácter político y diplomático y no modifica la legislación nacional.

Tal como lo mencionó, eso no cambia la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Desde 2022, la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta la semana 24 de gestación y, después de ese plazo, sigue permitido bajo tres causales: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando es producto de una violación o incesto y cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida.

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Pero el regreso al Consenso de Ginebra sí importa por el mensaje político que envía. La declaración fue impulsada en 2020 por el primer gobierno de Donald Trump y respaldada por gobiernos conservadores. Colombia ya había adherido en 2022, durante la administración de Iván Duque, pero se retiró meses después, bajo el gobierno de Gustavo Petro.

(Podría interesarle: Gobierno de Colombia se adhiere al Consenso de Ginebra, que cuestiona el derecho al aborto)

Para Catalina Martínez Coral, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos y miembro de Causa Justa, la decisión es, ante todo, una declaración de intenciones sobre cómo el Gobierno quiere presentarse ante el mundo. Pues dentro de Colombia, la Constitución limita su margen de maniobra. Aún así reclama que se alinee con países que mantienen políticas restrictivas frente a los derechos fundamentales de las mujeres.

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“Estados Unidos encabezando, pero de ahí son mayoritariamente países de África que tienen agendas muy restrictivas frente a los derechos sexuales y reproductivos, países de Medio Oriente que, como sabemos, no solamente tienen agendas restrictivas frente a este tema, sino también frente a los derechos de las mujeres en general, y muchos países de Latinoamérica que se han ido a gobiernos de ultraderecha que desconocen los derechos reproductivos, como Argentina y, en este caso, Colombia”, agrega.

No obstante, la adhesión al Consenso de Ginebra y la posición presentada ante la ONU se pueden interpretar bajo la misma sombrilla. Ambas muestran el lugar que el Gobierno quiere darle a los derechos sexuales y reproductivos en su política exterior y su distancia frente al lenguaje que Colombia había respaldado, e incluso había ayudado a construir, en escenarios internacionales.

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El Gobierno de Colombia volvió a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto.
La adhesión al Consenso de Ginebra no modifica la jurisprudencia colombiana vigente sobre el aborto ni cambia el marco legal establecido por la Corte Constitucional.

“La implicación es simbólica y social. Cuando dicen que los derechos sexuales y reproductivos no existen ante la OEA y ante la ONU, el efecto es que se genera mucha confusión. Y lo hemos visto en la línea Jacarandas, donde damos información sobre cómo acceder al aborto. Desde que pasó eso muchas personas nos dicen: ‘Mañana tengo una cita en un hospital, ¿puedo ir o no? ¿Eso cambió?’. Entonces, genera mucha confusión y desinformación”, comenta la directora de Jacarandas.

(También lea: Consenso de Ginebra: ¿qué puede cambiar para el aborto tras la adhesión de Colombia?)

La “batalla cultural” llegó al Museo Nacional y al Ministerio de Cultura

El 15 de octubre, De la Espriella anunció una “lucha frontal” contra lo que denomina “wokismo” y defendió que el Ministerio de Cultura incluyera la palabra “Patrimonio” en su nombre. En su discurso, calificó el “wokismo” como un “cáncer” y aseguró que los espacios culturales habían sido utilizados para el “adoctrinamiento político e ideológico”. Ese mismo día, el Gobierno ordenó retirar decenas de piezas de la sala “Hacer Sociedad” del Museo Nacional. Varias relacionadas con las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica y los procesos de paz y memoria.

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Entre los objetos retirados había un manifiesto elaborado en Cali en 1978, durante un encuentro nacional de mujeres, sobre contracepción, aborto y rechazo a la esterilización forzada. También estaba una edición de 1955 del periódico “Nuestras Mujeres”, que documentaba las luchas por el sufragio femenino y la participación de mujeres populares y trabajadoras.

Otras piezas eran un yembé de la batucada lésbica “Toque Lesbiano” y unos zapatos diseñados para una mujer trans. Objetos que habían sido expuestos bajo un proceso curatorial riguroso que contaban historias de organización, resistencia y reivindicación de derechos. Para especialistas que trabajaron en el museo, consultadas por El Espectador, estas piezas son testimonios de procesos sociales y políticos que permitieron ampliar derechos y que han tenido poca presencia en los relatos oficiales sobre la historia del país.

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(En contexto: Las mujeres y sus luchas, ¿quedaron fuera del relato histórico del Museo Nacional?)

El retiro generó manifestaciones y acciones judiciales. El 28 de octubre, un juzgado de Bogotá ordenó restituir las piezas, que volvieron a exhibirse. Sin embargo, el Gobierno impugnó la decisión el 6 de noviembre. La discusión jurídica sigue abierta, pero el episodio dejó una pregunta importante: ¿quién decide qué historias merecen estar en el Museo Nacional y cuáles quedan por fuera?

La ofensiva contra el llamado “wokismo” también incluye el cuestionamiento al lenguaje inclusivo. El presidente ha presentado estas formas de expresión como parte de una agenda ideológica que, según su postura, debe combatirse desde el Estado. Pero el asunto va más allá de utilizar o no determinadas palabras. Especialistas en lingüística y análisis del discurso advierten que, cuando una institución decide qué identidades nombra y cuáles deja por fuera, también define qué experiencias reconoce en sus comunicaciones y narrativas públicas, como contamos en esta nota.

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La bandera donada por Elizabeth Castillo fue retirada del Museo Nacional junto con al menos otras ocho piezas relacionadas con las luchas feministas y del movimiento LGBTIQ+.
Pared del Museo Nacional de Colombia de donde fueron retiradas piezas relacionadas con las luchas feministas, la población LGBTIQ+ y la memoria histórica del país.

Recortes en salud sexual y reproductiva en el Presupuesto General de la Nación

El presupuesto nacional destinado a salud sexual y reproductiva tuvo un recorte del 90 %. Según explica Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos, esto no afecta únicamente el acceso a servicios de aborto, como suele creer la población. También compromete la atención materna de calidad, los servicios de lactancia, las pruebas de VIH y VPH y el acceso a anticonceptivos. “Se está recortando el presupuesto que la nación tenía para poder brindar toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva en este país”, advierte. En la práctica, esto significa que muchas personas podrían quedarse sin acceso a estos servicios y sin garantías para ejercer sus derechos.

Según la experta, las consecuencias de este recorte recaerían especialmente sobre quienes ya enfrentan barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Entre ellas, mujeres que viven en zonas rurales, migrantes y pertenecientes a grupos étnicos y raciales históricamente discriminados.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,95 billones, después de que las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara no fueran resueltas dentro del plazo legal. El monto es cerca de un 10 % superior al propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro, pese a que De la Espriella prometió durante su campaña reducir el gasto público.

“¿Cómo vamos a financiar la salud sexual y reproductiva en el país? Porque no nos pueden cambiar la constitución o la ley, pero sí nos pueden seguir poniendo barreras, que además ya existen territorialmente, a través de recortes presupuestales, de barreras administrativas o del cierre de clínicas de prestación del servicio. Eso puede pasar”, agrega Mártinez.

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Actualmente solo hay dos métodos anticonceptivos para hombres, frente a 15 para mujeres
Los recortes presupuestales en salud sexual y reproductiva podrían profundizar las barreras de acceso a métodos anticonceptivos y otros servicios de salud.
Foto: Getty Images

Siete “milagros” en un Plan Nacional de Desarrollo con pistas antiabortistas

Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella dijo que, si dependiera de él, no permitiría la adopción por parejas del mismo sexo, aunque aseguró que respetaría las decisiones de la Corte Constitucional. Con el aborto y otros temas relacionados con los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ mantuvo una posición similar. Pero en agosto, cuando apenas comenzaba su mandato, se filtró una diapositiva del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que proponía "revivir la prohibición" de la adopción igualitaria. La entidad salió a aclarar que era un "insumo preliminar", sin carácter vinculante y que no correspondía a una decisión oficial del Gobierno.

El 10 de noviembre, La Silla Vacía reveló otro documento: el borrador de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que marcará las prioridades del Gobierno durante los próximos cuatro años. Sus 472 páginas están organizadas en siete grandes ejes: Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; Patriotismo Constitucional; Milagro Social; Milagro Económico; Colombia de las Regiones; Transformación del Estado, y Milagro de la Educación.

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Entre las propuestas aparecen dos citas bíblicas, referencias a las raíces judeocristianas en la educación y a la Doctrina Social de la Iglesia como inspiración para las instituciones. También hay espacio para la batalla cultural que anunció el presidente. Aunque el documento no menciona expresamente el aborto, propone crear el programa "El Milagro de Crecer en Familia", que busca proteger la vida humana desde la gestación. Para los colegios, plantea combatir lo que llaman "ideología de género" y "cultura de la muerte".

"El ciclo del Milagro" se titula la diapositiva por la que el DNP se pronunció.
Primera diapositiva filtrada del Departamento Nacional de Planeación (DNP), titulada "El ciclo del Milagro".
Foto: Archivo particular

El DNP volvió a advertir que se trataba de un borrador y que todavía no era la versión definitiva. Sin embargo, el 12 de noviembre, el gabinete ministerial respaldó por unanimidad las bases del Plan. El documento seguirá en elaboración en mesas técnicas durante diciembre y enero, antes de llegar al Congreso en 2027.

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Para Catalina Calderón, vocera de Women’s Equality Center (WEC), el Plan permitirá medir hasta dónde quiere llegar el Gobierno con su contrarrevolución cultural. Según advierte, algunas propuestas desconocen la diversidad de las familias colombianas y podrían abrir el camino a nuevas restricciones al aborto, la anticoncepción de emergencia y la maternidad subrogada.

Por su parte, Martínez advierte que también hay que mirar qué pasa con los recursos y la prestación de los servicios de salud. Es decir, qué programas reciben financiación, si hay medicamentos disponibles y si las personas pueden acceder a la atención que necesitan.

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"Hay una clara tendencia a recortar todos los temas de derechos de salud sexual y reproductiva. Tenemos que tener el ojo en los programas de atención primaria, en los equipos básicos de salud, en el acceso a medicamentos, porque otra cosa que pueden hacer es recortarnos el acceso a los medicamentos necesarios para acceder a salud sexual y reproductiva, como ha pasado en otros países. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la mifepristona y el misoprostol, que son los medicamentos necesarios para poder acceder al aborto?", advierte Martínez.

A lo largo de la marcha, los pañuelos verdes recordaron que el acceso al aborto es un derecho reconocido pero aún con obstáculos.
Mujeres marchan para exigir la despenalización social del aborto y el acceso efectivo a este derecho.
Foto: Laura Sánchez

La agenda legislativa de los partidos de gobierno también va en esa línea

La llamada “batalla cultural” de De la Espriella también llegó al Congreso. Allí, congresistas de la bancada autodenominada “provida” tienen varias iniciativas en marcha sobre derechos sexuales y reproductivos, educación y diversidad. Algunas incluso buscan cambiar la Constitución.

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En julio se presentó un proyecto para modificar el artículo 11 de la Constitución y establecer que “la vida debe protegerse desde la fecundación”. Sus promotores dicen que buscan precisar el alcance del derecho a la vida. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y derechos sexuales y reproductivos advirtieron que una reforma de este tipo podría restringir el acceso al aborto y afectar otras garantías. Hace dos semanas, la iniciativa se hundió porque no alcanzó a completar su primer debate antes de que se venciera el plazo para tramitarla.

(Lee sobre este tema: Proyecto que buscaba restringir el aborto en Colombia quedó virtualmente hundido)

Pero hay más. Caribe Afirmativo revisó cinco proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y que podrían cambiar las reglas sobre salud, educación y derechos de las personas LGBTIQ+.

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Uno de ellos es “Él es él y ella es ella”, que propone una educación sexual basada en el sexo biológico y busca excluir contenidos relacionados con las identidades de género diversas. Otro es “Los padres educan”, que les da mayor participación a madres, padres y personas cuidadoras en los contenidos que se enseñan en los colegios. A Caribe Afirmativo le preocupa que esta iniciativa termine dando vía libre a la censura de temas como la diversidad sexual, la identidad de género y los derechos sexuales y reproductivos.

También hay un proyecto para regular la objeción de conciencia del personal de salud. Aunque busca proteger las convicciones de quienes trabajan en este sector, la organización advierte que podría generar más trabas para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo.

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La quinta iniciativa apunta al deporte. Propone establecer criterios basados en el sexo biológico para definir quiénes pueden competir en la categoría femenina. Según la organización, esto podría dejar por fuera a mujeres trans y dar lugar a controles invasivos sobre sus cuerpos y su información médica.

Marcha trans-2024 en Ciudad Bolívar
El acceso a tratamientos de afirmación de género es uno de los temas que hoy se discuten en el Congreso.
Foto: El Espectador - José Vargas

Una de las propuestas que recibió el respaldo público de De la Espriella fue la Ley Laura, que busca prohibir los tratamientos de afirmación de género en menores de edad. El presidente pidió abrir una discusión nacional sobre estos procedimientos y Rodrigo Lara, quien entonces era ministro del Interior, también respaldó el proyecto.

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Pero hay un dato importante para entender qué implicaría esta prohibición. Según organizaciones especializadas, como la Liga de Salud Trans, en el país no se realizan tratamientos hormonales ni cirugías de afirmación de género en la infancia. En la adolescencia, dependiendo de cada caso y bajo valoración médica, pueden utilizarse bloqueadores de pubertad para pausar temporalmente el desarrollo de características sexuales secundarias. Su uso requiere acompañamiento profesional y una evaluación médica.

(Puede leer más aquí: Ley Laura: tratamientos de afirmación de género en menores y las dudas que deja el proyecto)

Al revisar estas iniciativas en conjunto, Caribe Afirmativo encuentra tres preocupaciones: que la protección de niñas, niños y adolescentes termine limitando su autonomía; que la objeción de conciencia se convierta en un obstáculo para recibir atención en salud, y que la participación de las familias termine restringiendo la educación sexual y el reconocimiento de la diversidad.

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La organización lo resume así: “Legislar implica garantizar derechos, no crear nuevas barreras para quienes históricamente han enfrentado exclusión y violencia”.

Por ahora, los proyectos siguen su trámite en el Congreso. Ninguna de las prohibiciones que proponen está vigente.

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¿Qué puede cambiar y qué está en juego?

A punto de cumplir sus primeros 100 días, el Gobierno de De la Espriella ya ha dejado señales claras sobre su posición frente a los feminismos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTIQ+. Los nombramientos, la salida de espacios multilaterales, los pronunciamientos ante Naciones Unidas, la adhesión al Consenso de Ginebra y las decisiones sobre el Museo Nacional apuntan en una misma dirección.

Eso no significa que los derechos reconocidos por la Constitución hayan desaparecido. El matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la interrupción voluntaria del embarazo cuentan con respaldo de decisiones de la Corte Constitucional. El presidente no puede eliminarlos mediante una declaración o un decreto. Cualquier intento de cambiar ese marco tendría que recurrir a reformas legislativas o constitucionales, también sujetas a límites.

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Durante su campaña presidencial, el hoy presidente prometió respetar la Constitución y las instituciones del Estado colombiano. Sin embargo, para Catalina Martínez, varias de sus posturas y propuestas van en contravía de ese compromiso: desde los intentos por retirar derechos reconocidos y debilitar la política pública de salud sexual integral, hasta el respaldo a retrocesos en educación sexual integral y el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en su política exterior. “Esto está claramente en contra de nuestra Constitución y de lo que nuestras instituciones han estado protegiendo”, señala.

Y es que afectar la garantía de derechos sin cambiar una sola línea de la Constitución se pueden hacer a través de cerrar o debilitar programas, modificar lineamientos, dejar de financiar políticas públicas o retirar al país de espacios de cooperación internacional. Un aglomerado de decisiones que pueden enviar desde las instituciones mensajes que refuercen prejuicios sobre las mujeres, las familias diversas y las personas LGBTIQ+.

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En ello concuerda la abogada, modificar la Constitución no implica únicamente convocar una asamblea constituyente. La presentación de actos legislativos que busquen limitar derechos ya reconocidos también puede representar un retroceso constitucional. “Esto es algo que yo dije muchísimo durante la campaña. […] Modificar la Constitución también incluye presentar actos legislativos que busquen retroceder en los derechos reconocidos, y eso está pasando bajo un gobierno que juró y prometió que iba a proteger la Constitución”, añade.

Para Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, el problema va más allá de las decisiones que toma el Gobierno. También importa lo que sus discursos pueden provocar en la sociedad. El experto explica que, cuando las autoridades presentan a ciertos grupos como una amenaza o como personas que no merecen el mismo reconocimiento, contribuyen a reforzar prejuicios y a justificar tratos desiguales.

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Castañeda explica que la violencia por prejuicio también se expresa a través de mensajes que establecen jerarquías entre las personas. Se trata de “construir mensajes en la sociedad, de hacer sentir que el otro es inferior, que hay ciudadanía de primera y segunda categoría”. No siempre va de agresiones físicas, en este caso aparece en discursos que hacen parecer aceptable que ciertos grupos tengan menos garantías. El director llama a esto “prejuicio jerárquico”: una forma de discriminación que transmite la idea de que hay personas con más valor o derechos que otras.

"Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate, ¿hasta cuándo?", fue una de las arengas que resonaron entre las personas que asistieron a la velatón por el asesinato de Sara Millerey en el Parque de los Hippies.
Organizaciones sociales advierten que las decisiones y discursos del Gobierno podrían profundizar la discriminación y las violencias que ya enfrenta la población LGBTIQ+.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

El riesgo, advierte, es que esos mensajes terminen normalizando la violencia. Cuando las autoridades invisibilizan a una población o la presentan como un peligro para la sociedad, puede instalarse una especie de complicidad social: las personas dejan de cuestionar las agresiones y empiezan a verlas como algo justificable. En un país como Colombia, con los niveles de violencia que ha sufrido la población LGBTIQ+, esa indiferencia puede tener consecuencias graves.

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Para las fuentes consultadas, el Gobierno tiene una larga lista de asuntos a los que debería prestar atención. Reducir las cifras de feminicidios y otras violencias contra las mujeres, garantizar la atención en salud sexual y reproductiva, fortalecer la educación sexual integral, cumplir los compromisos sobre mujeres, paz y seguridad y asegurar que las políticas públicas lleguen a los territorios, donde las barreras siguen siendo mayores. Tareas menos vistosas que una batalla cultural, pero fundamentales para todas las mujeres en el territorio nacional.

“Estos son derechos fundamentales en nuestro país. ¿Por qué estamos reabriendo esa conversación cuando hay tantas cosas en las que tendríamos que estar poniendo la atención?”, cuestiona Martínez.

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Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública. aleja_ortizm aortiz@elespectador.com

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
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