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Luis Alfredo Acuña es un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Su nombre está en el foco de la opinión pública, porque fue capturado recientemente viajando por las vías de La Guajira con propaganda política y más de COP 140 millones en efectivo que, supuestamente, serían para comprar votos en esa zona. Sin embargo, un día después quedó en libertad y se le devolvió el dinero.
Una jueza de control de garantías encontró que la captura del escolta fue ilegal. La Fiscalía, que apeló la determinación, ya tiene listo un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de la Dirección Especializada contra la Corrupción que, pese a la decisión de la jueza de control de garantías, no detendrán la investigación del caso.
En contexto: Escolta capturado con dinero para supuesta compra de votos fue dejado en libertad
La captura del escolta de Lacouture
La captura de Luis Alfredo Acuña se dio mientras manejaba un vehículo particular por vías del municipio de Hatonuevo (La Guajira). En el vehículo, había COP 145 millones en efectivo, los cuales estaban empacados en sobres marcados con nombres de conocidos políticos de la región y propaganda electoral de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador.
El director general de la Policía, el general William Rincón, confirmó por medio de una publicación en su cuenta de X los detalles de la captura. “El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado”, indicó el oficial.
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Según el director de la Policía, “los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”. Ese detalle activó las alarmas de las autoridades, por la particularidad del hecho a solo un par de días de las elecciones para el Congreso de la República.
Asimismo, expuso que en el procedimiento fueron capturadas dos personas, que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Una de ellas, Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara. El presidente Gustavo Petro también se pronunció y recalcó que “la Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio”.
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Contradicciones de la Policía y la Fiscalía
En la tarde del 3 de marzo, El Espectador supo que la audiencia de legalización de captura de Luis Alfredo Acuña dependía de un informe de la Policía, que fue la que adelantó el procedimiento. Pero horas más tarde, sobre las 10:00 de la noche, el abogado Iván Cancino se pronunció a través de su cuenta de X, en representación del escolta del secretario de la Cámara de Representantes, para confirmar que había sido puesto en libertad.
“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, indicó el jurista por medio de su publicación. Al ser consultada sobre las razones de esa decisión, la Fiscalía le indicó a este diario que se trató de “un tema de apreciación” por parte de la jueza. Sin embargo, el ente investigador apeló esa decisión, por las dudas que siembra que en el vehículo se transportaran cuantiosas sumas de dinero y publicidad política, en plena víspera electoral.
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Según fuentes del búnker, el centro de la decisión de la jueza de Hatonuevo (La Guajira), que dejó en libertad al escolta del secretario del Senado, está en un retraso de la Policía para entregar los informes mencionados. Funcionarios de la Fiscalía explicaron que la captura la adelantó un equipo de la Policía de Tránsito y Transportes, que no tiene funciones de policía judicial y tuvo que remitir el caso para elaborar el informe de la captura.
Ese documento, según los términos que dicta la ley, debe ser remitido a la Fiscalía en un plazo de máximo 12 horas. Sin embargo, dijo el ente investigador, tardaron más de 24 horas en enviarlo y acortaron el tiempo que tenía el ente investigador para alistar la presentación del capturado ante la jueza de control de garantías. La Fiscalía llevó a audiencia a Luis Alfredo Acuña 32 horas después de su captura, dentro de los términos para su legalización.
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Por otro lado, la Policía indicó en su informe que se habría cometido el delito de omisión de reporte sobre transacción en efectivo, pero la Fiscalía señaló que la policía judicial no tiene competencia para definir cuál es el delito que habría cometido el capturado. Al recibir el informe, en el búnker advirtieron que se trataría de algo más grave: un posible caso de lavado de activos. Pero, para la jueza de control de garantías, esa contradicción entre los delitos señalados por la Policía y por la Fiscalía dejaba sin piso la captura.
Si bien el escolta del secretario Lacouture fue puesto en libertad y la Fiscalía ahora espera que se resuelva la apelación a esa decisión, en el búnker conformaron una mesa de trabajo para profundizar en la posibilidad de que se trate de un caso de lavado de activos y establecer de dónde venía el dinero y cuál era su destino. Con esa movida buscan corroborar si, en efecto, el dinero estaba relacionado con la financiación ilegal de alguna campaña. Pero esa investigación podría tardar varias semanas.
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Al tiempo que la Fiscalía daba sus explicaciones, la Policía de Tránsito y Transportes le salía al paso a la declaración. Desde la institución detallaron que los COP 145 millones incautados estaban ocultos en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, entre prendas de vestir y zapatos. Los siete sobres de manila, según la Policía, tenían nombres de las personas a las que se les entregaría, números de teléfono y destino de los recursos.
“Los investigadores están recogiendo las evidencias y material probatorio que posteriormente nos pueda dar claridad de cuál era el fin y objetivo de este dinero”, indicó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía. Sin embargo, el oficial no se refirió a los señalamientos de la Fiscalía sobre posibles retrasos de la institución en la entrega de los informes, que habrían llevado a que el escolta quedara libre.
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Órdenes y respuestas contradictorias
La Procuraduría General de la Nación también entró al asunto del escolta del secretario de la Cámara y anunció que le pondrá la lupa al caso. El Ministerio Público emitió un auto con el que ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunta participación indebida en política y corrupción al sufragante.
En el documento, la Procuraduría señaló que busca determinar qué funcionarios públicos podrían estar implicados en este caso y si, en realidad, el dinero está relacionado con una posible operación de compra de votos o si, por el contrario y como lo ha señalado el secretario Lacouture, se trata de recursos personales. “Del análisis de los hechos se extracta que podrían existir irregularidades de orden disciplinario. En consecuencia (...) este despacho ordenará apertura de indagación previa con el propósito de concretar las conductas y el presunto autor”, se lee en el auto.
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Las reacciones y explicaciones aparecieron en medio de la polémica por la captura y liberación del escolta del secretario de la Cámara, con publicidad política y sobres con dinero, marcados con los nombres de Débora Barros (lideresa wayúu), ‘Beba’ Ramírez (cercana a una exconcejal de Maicao), Kevin Cantillo, Christian Bermúdez y Ghandy Romero (concejales de Riohacha), Rosa Pacheco (exdiputada de La Guajira) y Edwin Solano (exsecretario de Desarrollo de Maicao).
El secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, emitió un comunicado reciente en el que confirmó que la jueza ante la cual fue presentado su escolta, tras analizar los detalles de la captura, la declaró ilegal, ordenó la devolución del dinero y del carro decomisados. “No me movilizaba en dicho vehículo ni participé de los hechos ya conocidos. Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada algunos medios de comunicación y particulares a través de redes sociales, donde me relacionan con la comisión de delitos electorales”, dijo el secretario.
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Agregó: “Queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacia mí y lo ocurrido debe ser investigado y aclarado por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el Comando de Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales”.
También Augusto Rodríguez, director de la UNP, le salió al paso a este escándalo. Negó que el escolta sea un funcionario de planta de la entidad a su cargo y dijo que se trata de un escolta tercerizado. Agregó que ya se comunicó con el secretario de la Cámara para consultarle por el caso: “Le pregunté por qué llevaba plata y me dijo que era un montaje de la Policía y que fue la Policía la que marcó los sobres”, dijo Rodríguez en diálogo con Blu Radio.
El director Rodríguez concluyó que, en medio de la confusión sobre las razones por las que un escolta de su entidad, que al parecer tenía varios años haciendo parte del esquema de seguridad de Lacouture, llevaba cuantiosas sumas de dinero en efectivo y publicidad política a solo días de las elecciones, la entidad a su cargo está evaluando la posibilidad de presentarse como víctima “por daño reputacional”.
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