Al cierre de un año marcado por el recrudecimiento del conflicto y los hostigamientos a la población civil, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, expuso en entrevista con El Espectador la lectura institucional sobre el momento de la seguridad en Colombia. El oficial negó un debilitamiento de la inteligencia, habló sobre las asonadas y fijó su posición frente a las investigaciones judiciales que salpican a integrantes de la Fuerza Pública. También abordó la descertificación antidrogas, los resultados contra el narcotráfico y los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un conflicto que, admite, se ha vuelto más complejo, híbrido y desafiante para el Estado.
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Persisten las asonadas contra la Fuerza Pública y, el pasado 21 de diciembre, el Ejército denunció el secuestro de 18 militares en Chocó. ¿Qué detalles tiene de esta situación y qué gestiones adelantan para lograr su liberación?
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En la mañana de hoy se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Departamental extraordinario, que fue liderado por la gobernadora del departamento de Chocó. Ahí estuvieron el Departamento de Policía de Chocó, un delegado del Ministerio de Defensa y la Defensoría. Es un escenario donde se hace un análisis de lo que está pasando y se articulan acciones interinstitucionales que permitan una solución eficaz y pacífica frente al secuestro de nuestros soldados. Tenemos 18 soldados que permanecen en poder de integrantes de la comunidad indígena Río Claro, del resguardo La Puria, en el municipio de Carmen de Atrato. Nuestros soldados fueron detenidos inicialmente y luego ya secuestrados.
Estamos adelantando una operación contra el Eln. Conocemos de la ingeniería selectiva de ese grupo armado en ese sector, que obliga a la comunidad a que los apoye, y es un producto precisamente de la ofensiva que estamos haciendo en ese sector. Este grupo no enfrenta a la tropa, sino que manda a la población para que la detenga. Reiteramos que nuestra preocupación está por los soldados y estamos adelantando todas las acciones dentro del marco de la legalidad y el diálogo para que nuestros hombres retornen muy pronto. De lo contrario, si esto no avanza, vamos a tener que hacer uso de la fuerza, pero respetando los derechos humanos.
¿Cómo se garantiza hoy que las operaciones se ajusten al DIH, pero sin afectar la seguridad de las tropas y el objetivo militar?
Los Grupos Armados Organizados (GAOs) han cambiado sus métodos criminales y, de manera cobarde, instrumentalizan e intimidan a la población civil para obstaculizar las operaciones militares, buscando que las Fuerzas Militares violen el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario . Ante ello, las Fuerzas Militares planean y ejecutan cada operación bajo los principios fundamentales del DIH, que orientan el uso legítimo de la fuerza: los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad militar, humanidad, y precaución.
El cumplimiento de estos principios no limita la acción militar, sino que la legitima. Por ello, todas nuestras operaciones se desarrollan con base en la doctrina, el planeamiento, la inteligencia y la integración de capacidades conjuntas y coordinadas, garantizando la seguridad de las tropas y la protección de los civiles.
Cerramos el año con cuatro paros armados del Eln, y continúa otro de las disidencias. ¿Las Fuerzas Militares cómo garantizan la capacidad del Estado para contener estos grupos?
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Lo primero que hay que aclarar es que esto no es un paro armado, sino un constreñimiento a la población civil. Estos actos criminales del Eln y de las disidencias constituyen expresiones cobardes y terroristas que buscan desestabilizar la tranquilidad de los colombianos, vulnerando abiertamente sus derechos fundamentales al restringir de manera ilegal la libre movilidad, el comercio y el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, además de infringir el DIH.
Teniendo en cuenta que actualmente no existe un cese al fuego vigente, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares mantenemos una ofensiva sostenida y decidida contra todos los Grupos Armados Organizados al margen de la ley, sin distinción alguna y en todo el territorio nacional. Estas acciones criminales no son más que reacciones desesperadas de los Grupos Armados Organizados (GAOs) frente a la contundencia de las Fuerzas Militares, particularmente en regiones donde persisten carencias estructurales y una limitada presencia institucional, situación que los delincuentes intentan aprovechar para intimidar a la población y mantener su influencia ilegal.
Las Fuerzas Militares no actuamos de manera aislada; trabajamos de forma conjunta, coordinada e interinstitucional con las autoridades civiles y la Policía Nacional para fortalecer el control territorial. La sincronización de esfuerzos en regiones críticas es esencial para lograr una respuesta más efectiva, ágil y flexible frente a las amenazas.
Sobre el hostigamiento a la estación de Policía en Buenos Aires, el pasado 16 de diciembre, donde los refuerzos tardaron en llegar por condiciones meteorológicas y bloqueos en las vías, ¿ustedes contaban con información de inteligencia de que esto podría pasar?
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Cauca ha sido un área siempre compleja. Este hecho es la reacción que están teniendo las disidencias de “Mordisco” de hacer presión para que nosotros reubiquemos esas tropas y ellos puedan liberar espacios donde hoy tenemos presencia. Quiero rescatar el valor y la determinación de los policías, que no se rindieron y se mantuvieron firmes, a pesar de ser superados por esos bandidos. Una vez tuvimos conocimiento de la situación, a través de la Fuerza Aérea apoyamos con poder de fuego nutrido desde las aeronaves, mientras se daban las condiciones necesarias para realizar el apoyo en el área.
Sobre las 11:40, más o menos, de la mañana de ese día se logró el ingreso de las tropas y, de esta manera, evacuar a los policías. Conocemos el modus operandi de esos individuos. Ellos buscan ubicar amenazas terroristas en las vías de acceso. Igualmente, colocan francotiradores en las áreas altas porque saben que nosotros vamos a llegar con aeronaves. Nunca hubo inacción y mucho menos abandono a los policías y a la población civil. Asimismo, resalto que la población tiene que colaborar más. La población conoce cuándo esos individuos comienzan a ubicarse y a tomar posiciones diferentes en todos los pueblos, y ahí hemos demandado que la comunidad esté más cerca de la institucionalidad, y también nos demanda a nosotros estar más cercanos.
Frente al ataque con drones por parte del Eln contra una base en Cesar, donde murieron siete soldados el pasado 18 de diciembre, ¿considera que las Fuerzas Militares cuentan actualmente con capacidades suficientes de detección y neutralización de drones en bases y estaciones?
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La guerra ha cambiado, la tecnología avanza y podemos registrar también, en Ucrania, cómo la guerra de drones es el principal esfuerzo por parte de ambos países. Esas nuevas tecnologías han hecho una guerra hoy híbrida. Los ataques con drones son unas amenazas multidominio y, cuando tuvimos el primer ataque con drones en 2024, en Cauca, desde entonces hemos tenido alrededor de 400 ataques en diferentes guarniciones militares. Esta amenaza se ha venido expandiendo en regiones como Catatumbo, el sur de Bolívar, también Chocó, Putumayo y Guaviare, y eso se ha dado por el Eln, así como también por las estructuras de alias “Mordisco” y “Calarcá”.
Es una amenaza que venimos enfrentando desde hace tiempo atrás. Obviamente, los drones son una capacidad que los bandidos adquieren de forma muy sencilla en el mercado internacional y en el local, por diferentes métodos: en las calles, por internet, y adaptan a los explosivos para que, colgándolos, después caigan no solamente sobre la Fuerza Pública, sino también sobre la Policía Civil. En ese sentido, nos hemos trazado un plan de tres líneas de acción, una de las cuales es el entrenamiento de las unidades para enfrentar las amenazas, siempre buscando protección, y ya tenemos equipos de detección de drones.
Igualmente, la adquisición de tecnología, ya como lo manifesté, para detectar e inhibir, y también la adquisición de radares y armas autónomas, para que podamos atacar a los individuos que están haciendo uso de esos equipos.
¿Cómo se está coordinando la cooperación de las Fuerzas Militares con la Fiscalía en casos donde hay investigaciones penales contra integrantes de la institución, como el caso del general Huertas?
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En las Fuerzas Militares somos absolutamente respetuosos del Estado Social de Derecho, de la Constitución y de las instituciones que lo representan. Por ello, mantenemos una cooperación permanente, directa y transparente con la Fiscalía en todos los procesos judiciales que involucren a integrantes de la institución. En el caso particular que usted menciona, como en cualquier otro, las Fuerzas Militares no intervienen ni obstaculizan las investigaciones; por el contrario, prestamos toda la colaboración requerida por las autoridades competentes para que los hechos sean esclarecidos con objetividad, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales de los implicados.
Es importante reiterar que la conducta individual de una persona no representa el actuar de toda una institución. Las Fuerzas Militares se rigen por principios de disciplina, honor, legalidad y transparencia; por eso, toda actuación contraria a la ley debe ser investigada y sancionada conforme a las normas vigentes.
Ataques como el de Amalfi, y el escándalo de presuntos nexos entre disidencias y funcionarios del Estado han despertado preocupaciones sobre afectaciones a la inteligencia. ¿Considera que estas capacidades han sido disminuidas?
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Frente al ataque de Amalfi, este hecho evidencia el carácter cada vez más híbrido del conflicto, así como la evolución de las estrategias de los grupos armados ilegales, que recurren a inteligencia delictiva, acciones en red y métodos terroristas para intentar generar impacto y desestabilización. No obstante, la inteligencia militar ha venido actuando de manera proactiva, ajustándose a estas nuevas formas de delinquir, con capacidades técnicas y humanas ya adaptadas, por lo cual esperamos resultados operacionales concretos en el corto plazo. El éxito operacional está directamente relacionado con la integración y optimización de las capacidades de inteligencia. En ese sentido, hemos fortalecido esta capacidad tan fundamental para seguir desarrollando operaciones contundentes contra los GAOs y sus economías ilícitas.
En relación con los presuntos nexos de integrantes de la Fuerza Pública con organizaciones al margen de la ley, nuestros sistemas de contrainteligencia funcionan de manera diligente, técnica y permanente, siempre en estricto respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso. Cuando se identifican indicios fundados, nuestra obligación es investigar y poner la información a disposición del ente acusador competente para su correspondiente judicialización.
En un año en que Colombia fue descertificada en la lucha antidrogas ¿cómo sustentan las Fuerzas Militares con cifras sus operaciones contra el narcotráfico?
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La descertificación no refleja el verdadero esfuerzo ni los resultados operacionales que las Fuerzas Militares han alcanzado en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra acción ha sido constante, integral y sostenida en todos los eslabones de la cadena del narcotráfico: desde la erradicación y destrucción de laboratorios hasta la interdicción marítima, fluvial y aérea.
En lo corrido del año, las Fuerzas Militares han obtenido resultados contundentes: Más de 623 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas; Más de 185 toneladas de marihuana incautadas; cerca de 3.600 laboratorios destruidos para el procesamiento de pasta base y cocaína; cerca de 650 toneladas de insumos sólidos y 630 mil galones de insumos líquidos decomisados. Más de 160 embarcaciones y 18 semisumergibles interceptados, junto a cientos de aeronaves ilegales neutralizadas. Estos resultados no solo representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, sino que equivalen a más de miles de millones de dólares en pérdidas para las estructuras narcotraficantes, que son la fuente principal de financiación de los grupos armados.
A unos días de terminar el año, ¿cuál es el balance de la seguridad en el país y cuáles son los principales retos de las Fuerzas Militares para 2026?
Al cierre de este año, primero quiero agradecer a los más de 220 mil hombres y mujeres valientes que hacen parte de nuestras Fuerzas Militares y que, de una forma conjunta, estamos adelantando nuestro rol misional, que es dar seguridad y tranquilidad a los colombianos. Ha sido un año en donde se han puesto a prueba las capacidades de entrenamiento y, en este momento, no hay ningún cese al fuego, así que tenemos una ofensiva total contra todos los grupos armados. Este año hemos logrado la afectación de 14.500 delincuentes de todos los grupos armados. También hemos recuperado 427 menores, un 10 % más que el año pasado. Se han capturado 12.000 individuos y 258 han muerto en operaciones militares, un 80 % más que el año pasado. Esos resultados están sobre la mesa.
Los retos del año entrante son mantener la ofensiva contra los grupos armados y el tema de las elecciones. Ya comenzamos el Plan Democracia, y hemos focalizado alrededor de 104 municipios donde tenemos que concentrarnos mucho más para adaptar la seguridad, como Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. En ese sentido, seguiremos adelantando las tareas para poder cubrir los más de 13.600 puestos de votación a nivel nacional y, para este empeño, hemos definido que vamos a desplegar 127 mil soldados a nivel nacional, para que tengamos esa cobertura y garantizar la seguridad electoral.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
