La condena a 20 años de prisión impuesta el pasado 19 de diciembre al coronel (r) Publio Hernán Mejía marcó un precedente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar, quien no aceptó su responsabilidad en graves crímenes de guerra y lesa humanidad, se convirtió en la primera persona en ser derrotada en un juicio ante la justicia transicional.
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La JEP lo halló culpable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en los que civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en el marco del macrocaso 03. Su proceso es solo el primero que resuelve la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, donde otros cinco juicios contra máximos responsables apenas avanzan en medio de los tropiezos de la justicia.
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Los juicios adversariales se adelantan cuando comparecientes como el coronel (r) Mejía, señalados por graves crímenes como secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros, no se acogen al camino del reconocimiento de su responsabilidad y niegan los cargos imputados por la justicia transicional.
En estos casos, la JEP remite los expedientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que cumple un rol similar al de la Fiscalía en la justicia ordinaria, y debe investigar y decidir si lleva a juicio o no al imputado, ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallados culpables, los máximos responsables pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
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Actualmente, la UIA tiene en sus manos los expedientes de 23 máximos responsables que fueron imputados por la JEP, pero no aceptaron su responsabilidad en los crímenes por los que fueron señalados. Cinco de ellos ya están en juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Un proceso largo y que pone en juego las garantías de verdad y justicia que durante décadas han demandado miles de víctimas.
Los pendientes de La Popa
Uno de los expedientes que está por resolverse en el Tribunal para la Paz es el del teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien integró el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), como sucesor del ya condenado Publio Hernán Mejía. El exmilitar es señalado por la UIA de haber participado en 24 hechos criminales en los que al menos 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate.
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De estas víctimas, nueve habrían sido torturadas y 11 desaparecidas forzadamente. Figueroa, como comandante del Ejército, es acusado de haber ordenado los crímenes de guerra y de lesa humanidad de tortura y homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Según la UIA, la mayoría de las víctimas de Figueroa, quien estuvo al mando del Batallón La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005, eran personas en condición de vulnerabilidad y al menos una padecía una discapacidad mental. Asimismo, la investigación señala que desde esa unidad militar estigmatizaron a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes fueron en gran medida las víctimas.
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Todo esto, según reza la acusación en contra de Figueroa, habría ocurrido siguiendo las “prácticas delictivas que en esa unidad militar había dejado instaladas el coronel Mejía Gutiérrez”. Un señalamiento que también fue expuesto en la condena de este último, del 19 de diciembre de 2025, donde se detalla cómo funcionaba la política criminal que forjó el excomandante de La Popa. Figueroa ha negado constantemente su responsabilidad, sin embargo, ha participado en todas las audiencias del proceso.
Publio Mejía y Juan Carlos Figueroa no son los únicos exoficiales llamados a juicio por los crímenes que manchan de sangre al Batallón La Popa. También el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, exjefe de la oficina de Inteligencia de esa unidad militar, está en juicio por no aceptar su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada ni en el crimen de guerra de homicidio. En julio de 2021, el exmilitar hizo una solicitud para que su caso se mantuviera en la justicia ordinaria. Pese a haberse acogido a la JEP, alegó que esa instancia ya no tenía competencia para obligarlo a comparecer.
Sin embargo, la JEP mantuvo el proceso tras ratificar en diciembre de 2021 que sí tiene competencia para investigar los hechos que involucran a miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la justicia transicional remitió en diciembre de 2021 el expediente de Ruiz Mahecha a la UIA, para que lo investigara.
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El juicio en contra del exmilitar está en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP e, igual que Mejía, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión. Estos tres hombres forman parte del pequeño grupo de exmilitares que no reconocieron su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales que se fraguaron en el Batallón La Popa y que la justicia transicional tendrá que resolver en 2026. Los otros 12 imputados por el mismo caso, quienes aceptaron su responsabilidad, recibieron el 18 de septiembre de 2025 su sanción de tipo restaurativo, es decir, les permitieron no ir a la cárcel a cambio de realizar Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR).
La tragedia en Antioquia
En Antioquia, el drama de las ejecuciones extrajudiciales sembró uno de sus capítulos más crueles. Dentro de su caso 03, la JEP ha acreditado a 47 personas como víctimas de falsos positivos en los municipios de Dabeiba e Ituango, ocurridos entre los años 2002 y 2006. Por esos crímenes, la justicia transicional imputó como máximos responsables a 10 exmilitares de los batallones de contraguerrilla 29 y 79, y de la Brigada Móvil 11 del Ejército.
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Ocho de los imputados aceptaron su responsabilidad en 2023, los otros dos no. Uno de los exmilitares que negaron haber cometido ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y hoy enfrenta juicio adversarial es el coronel (r) David Harley Guzmán Ramírez, acusado de presuntamente haber participado en las ejecuciones extrajudiciales de al menos 18 civiles, incluidos tres menores de edad: dos niños y una niña.
En dos ocasiones, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz ha aplazado el inicio del juicio en su contra. El aplazamiento más reciente fue el 24 de septiembre de 2025, luego de que el exmilitar, cinco días antes de la audiencia, cambiara por cuarta vez al abogado que lo defiende.
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La magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, ponente del caso, ordenó al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes (SAAD) designar dos defensores públicos, con el fin de garantizar que el juicio inicie el 29 de octubre de 2026, en Medellín. El otro compareciente que no aceptó responsabilidad en este caso es Jorge Alberto Amor Páez; condenado por la justicia ordinaria a 31 años de cárcel por la masacre de Alaska, ocurrida en octubre de 2001 en Buga (Valle del Cauca).
Las contradicciones del coronel León
El caso del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ha estado marcado por las contradicciones en su comparecencia. El exoficial fue imputado, junto a otros 18 exintegrantes del Ejército, dos civiles y un exfuncionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por presuntamente participar en un entramado que utilizó a las Fuerzas Militares para perpetrar crímenes en el departamento de Casanare.
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A estas 22 personas, la JEP las relaciona con los asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 318 personas que habrían sido presentadas ilegítimamente como bajas en combate, por militares del Batallón Ramón Nonato Pérez. En julio de 2022, la JEP imputó a los máximos responsables de falsos positivos en Casanare, pero León Durán no aceptó su responsabilidad y decidió defender su inocencia en el juicio adversarial.
Según la JEP, en esa unidad militar, comandada por León Durán en 2005, se habría fraguado un sistema criminal en el que engañaban a personas del casco urbano y de corregimientos de Casanare para trasladarlas a zonas apartadas, asesinarlas y luego presentarlas como bajas en combate. El proceso dio un nuevo giro: el exoficial se retractó justo antes de ser acusado y aceptó su responsabilidad. El caso está en manos del Tribunal para la Paz, que tendrá que definir en 2026 la situación jurídica del exmilitar.
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Un político en la JEP
Luis Fernando Almario Rojas, ingeniero y exrepresentante a la Cámara por Caquetá, es el primer político que irá a juicio adversarial de la JEP y cuyo caso podría resolverse con una condena de cárcel en 2026. El 12 de marzo de 2025, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz dejó en firme la acusación formulada en 2023 por la UIA, por el crimen de lesa humanidad de persecución.
Almario es investigado por su presunta relación con los asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados de al menos 30 líderes y colaboradores del denominado grupo turbayista en el departamento de Caquetá, por motivos políticos. Según la acusación de la UIA, Almario Rojas se habría aliado con miembros de las antiguas Farc para ejecutar un plan con el que buscaban desplazar a estos líderes de la arena política en el suroccidente del país.
Sobre los hombros de Almario Rojas pesa una investigación por su presunta responsabilidad en los asesinatos de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas en el departamento de Caquetá, entre 1993 y 2002.
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El caso más conocido por el que se responsabiliza al exrepresentante es el magnicidio del líder político y miembro del Partido Liberal, Diego Turbay Cote, ocurrido el 29 de diciembre de 2000. En ese ataque, en el que murió el entonces presidente de la Comisión de Paz, también fueron asesinados su madre, Inés Cote de Turbay, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia. Solo Constanza Turbay Cote, hermana del político, sobrevivió.
El expediente de Mario Montoya Uribe
Uno de los casos más rezagados en la UIA es el del general (r) Mario Montoya Uribe, que lleva más de un año a la espera de que se decida si es o no llevado a juicio. El excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia es investigado por presuntamente liderar una política sangrienta dentro de la cual se habrían ejecutado al menos 118 ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2003. Sus resultados operacionales, al parecer manchados con sangre de inocentes, lo llevaron a ser comandante de la institución en 2006, durante el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Según la JEP, las víctimas de Montoya eran personas engañadas o retenidas ilegalmente, asesinadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate. Muchas de ellas también fueron desaparecidas forzosamente y en su mayoría eran de municipios del oriente de Antioquia. El exgeneral no reconoció su responsabilidad en los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados. Su caso fue remitido a la UIA el 18 de diciembre de 2024, donde sigue varado.
Esa instancia deberá decidir si lo acusa formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Pese a que hace más de un año que el expediente está en sus manos, aún no se conocen detalles de como avanza la investigación. En diciembre de 2025, la UIA le dijo a este diario que el fiscal del caso estaba trabajando a toda marcha para completar el expediente y que aún está dentro de los plazos de ley.
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Los casos de Montoya Uribe, Almario Rojas, León Durán, Guzmán Ramírez, Ruiz Mahecha y Figueroa Suárez son solo cinco de los 23 que han pasado por la UIA y en los que se espera que en 2026 haya decisiones importantes por parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Los juicios adversariales en su contra no solo definen el futuro judicial de los comparecientes, también ponen a prueba el alcance real de esa instancia frente a quienes se negaron al camino del reconocimiento de responsabilidad. Las víctimas, que son el centro del Acuerdo de Paz de 2016 y de la justicia transicional, esperan buscan decisiones de fondo.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
