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Derecha e izquierda miden sus fuerzas en las calles y con la regulación de las protestas

El anticipado pulso por el poder regional se calienta con las marchas del 14 de octubre próximo. Ya hay nuevos protocolos para que la Policía actúe en casos de violencia. ¿Qué está en juego entre dos fuerzas que tensionan el debate público?

Lo que busca la izquierda es revivir las manifestaciones que se dieron durante 2021 y que catapultaron su campaña en 2022. El Gobierno tiene su estrategia de atención (imagen de referencia).
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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El país está a punto de volver a atestiguar una campaña electoral mediada por las calles. La izquierda, que quiere que las regionales de 2027 sean la primera parada hacia un eventual retorno al poder, las comenzó a agitar justo cuando el presidente Abelardo de la Espriella completó sus primeros dos meses al frente de la Casa de Nariño. Y, como también es consciente del duro debate político que se anticipó, respondió en los términos de una derecha que quiere que su proyecto político se extienda más allá del próximo cuatrienio.

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La primera jornada de marchas está citada para el próximo 14 de octubre y viene siendo promovida por el expresidente Gustavo Petro y sindicatos que tradicionalmente están al lado de este espectro ideológico. El senador Iván Cepeda va en la misma línea y entre la militancia se le ha hecho una promoción fuerte en redes. Esta es una estrategia que en parte ya se vio en 2021 durante el llamado “estallido social” y la contienda electoral del año siguiente.

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De forma prácticamente paralela, el jefe de Estado y su gabinete venían tejiendo una ruta administrativa para revestir de nuevas facultades a la Policía para atender las protestas cuando deriven en actos violentos. La primera puntada la dio en una alocución hace un mes, cuando anunció que su Gobierno estaba construyendo el nuevo protocolo; si bien en ese momento el debate se centró en la autonomía universitaria, sus palabras fueron claras: “El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”.

Ese pronunciamiento se dio en la noche del domingo 13 de septiembre, y este viernes 9 de octubre llegó formalmente a su despacho el documento con el que se reformará el Decreto 003 de 2021 –expedido durante la administración de Iván Duque–, el cual se emitió en su momento para precisamente atender la efervescencia de un descontento que, según algunos tribunales judiciales, terminó infiltrado por la criminalidad. Ahora, como lo reconoce el propio oficialismo y lo reivindica la oposición, el derecho a manifestarse está constitucionalmente protegido y, por lo tanto, no puede cercenarse.

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El Espectador estableció que ese nuevo documento estará listo para ser aplicado precisamente para las marchas del próximo miércoles, lo que desató todo un debate político entre las dos fuerzas que polarizan la discusión pública en el país. Mientras la derecha oficialista sostiene que la manifestación pacífica cuenta con todas las garantías y que así mismo se garantizarán los derechos de quienes no estén en esas marchas –que generalmente resulta siendo el grueso de la población–, la oposición alertó por una supuesta intención de intimidar a las personas que ven en las calles un escenario electoral.

En medio de esas dos posturas es que el Ministerio del Interior de Rodrigo Lara consolidó un borrador de decreto con 24 artículos que, entre otras cosas, plantea un acompañamiento permanente de la Policía a las movilizaciones, la posibilidad de individualizar personas si existen indicios de hostigamientos violentos o porte de armas o explosivos, el uso de la fuerza disuasoria más allá de si hay o no un diálogo abierto y la obligatoriedad de hacer balances públicos oficiales tras cualquier protesta.

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Esta ruta, de acuerdo con información recogida por reporteros de este diario, se construyó en al menos seis reuniones entre el 1° y el 23 de septiembre pasados. En esos espacios estuvieron delegados del Ministerio de Defensa de Jorge Mora, de la Defensoría del Pueblo de Iris Marín, más de 40 personas en representación de la sociedad civil y, además de ellos, voceros de gremios y de entidades nacionales y extranjeras.

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“La Policía Nacional dispondrá de un dispositivo de acompañamiento a la manifestación pública, el cual deberá estar ubicado a una distancia mínima de cuatro metros, este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”, se lee el articulado que tiene el aval de De la Espriella.

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Otro de los ítems que surgió a partir de los diálogos y consultas se relaciona con los momentos en que la Fuerza Pública puede actuar. Esto es clave para la Casa de Nariño, pues el actual Ejecutivo ha dicho públicamente que sus antecesores en el poder –la izquierda que de nuevo es oposición– debilitaron el accionar de los uniformados a nivel urbano y rural; se habla, incluso, de una parálisis tácita.

Eso en parte derivó en que, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría –citados por el Gobierno–, “los eventos de protesta y conflicto manifiesto” aumentaron en el periodo del expresidente Gustavo Petro. En efecto, según las cifras, ese tipo de hechos pasaron de 1.427 en 2022 a 4.039 en 2025; además, en ese último año, los casos se registraron en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. “El bloqueo o corte de ruta fue el principal mecanismo de protesta, con el 41% de los casos”, se aseguró desde el Ejecutivo.

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En esta parte de la ecuación es cuando entran en juego las claridades sobre cuándo podrá actuar la Fuerza Pública. Y si bien se mantiene el diálogo como canal principal para solventar las manifestaciones, se deja claro que ese camino no es un freno ni un requisito previo para que los procedimientos disuasorios se pongan en marcha. Incluso, es explícito el interés de individualizar a quienes sean promotores de actos violentos o estén armados.

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“Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, quedó consignado en la parte inicial del decreto que está en su etapa final de trámite.

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Pero, y con las marchas del 14 de octubre en mente, Petro y Cepeda –al igual que otros líderes de la izquierda– mantienen su postura crítica a esta nueva reglamentación. “Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general”, dijo el exmandatario.

“No nos vamos a dejar vetar ni censurar, porque la oposición debe tener garantías para expresarse, cuestionar, proponer o denunciar”, precisó el senador del Pacto Histórico, quien además llamó a un bloque civil que proteja lo que consideran son los derechos adquiridos y que, desde su óptica, están en riesgo con el actual Ejecutivo.

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El Gobierno respondió. “La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar a reemplazarme al concluir mi mandato siempre que actúe en el marco de la Constitución y la ley”, reiteró el jefe de Estado.

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“Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”, complementó el ministro Lara, quien –a renglón seguido– enfatizó que “las únicas que deben temerlo son las organizaciones terroristas”.

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Todo esto se conecta con otra arista que impactará en la semana en la que derecha e izquierda miden fuerzas en las calles. En efecto, el estatuto antiterrorista está listo y, si bien aún no comienza su trámite legislativo, el contenido que se viene conociendo abrió otro frente de debate.

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La nuez es la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, para lo cual se establecen unos listados que, además, incluirían personas. En plata blanca eso permite bombardear a estructuras designadas como terroristas, algo que ahora mismo se limita en la normatividad a los que se conocen como grupos armados organizados.

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Y en medio de eso se tipifican nuevas conductas penales que, en algunos casos, tocan con las protestas. En un apartado en específico se habla de endurecer todo lo relacionado con las asonadas, que castigan la exigencia violenta y tumultuaria a una autoridad para que ejecute u omita un acto propio de sus funciones.

Mantiene la pena básica de 16 a 36 meses, pero permitiría aumentarla hasta el doble cuando se dirija contra unidades de la Fuerza Pública en operaciones, contra infraestructura declarada crítica o estratégica, o se realice en beneficio o coordinación con organizaciones terroristas listadas. En este último caso prevé procesar también el apoyo material. Este punto del proyecto es de especial atención en un contexto en el que, según la Defensoría del Pueblo, las asonadas aumentaron exponencialmente durante el último gobierno.

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El nuevo delito de “instrumentalización de población civil” castigaría con entre 10 y 18 años de prisión a quien promueva, financie, organice o dirija multitudes o estructuras para obstruir operaciones de la Fuerza Pública, cercar o retener unidades, liberar personas capturadas o recuperar bienes incautados. Hay una condición esencial: la conducta debe realizarse en beneficio de una organización incluida en el registro. Esa pena se sumaría a la responsabilidad por los demás delitos cometidos. En la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que el comportamiento perseguido no es la movilización social ni la protesta, sino el uso de la población como instrumento de una organización terrorista.

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Asimismo, explica que habría que acreditar tanto la finalidad de obstrucción como el beneficio para la estructura listada. La distinción será central para examinar la propuesta: el artículo penal no incorpora una exclusión expresa para la protesta y utiliza términos amplios como promover multitudes u obstruir operaciones. El mismo artículo contempla que, en un contexto de hostilidades, los hechos puedan constituir además utilización de personas protegidas como escudos, conforme a las normas que sancionan infracciones al DIH. Esa calificación dependería de las condiciones de los hechos y de los elementos de ese delito.

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Todo esto entra en un campo de discusión política que no cesa con la expedición del decreto de protestas o el trámite de la ley del estatuto antiterrorista, pues el pulso por el poder trasciende el debate jurídico y se mete de lleno en una puja que comienza con las regionales de 2027. La derecha quiere más gobernabilidad, mientras la izquierda busca ser otra vez oficialismo. La expectativa es creciente en ambas franjas ideológicas que ya trabajan en sus estrategias complementarias.

Encuentre aquí el análisis en La Mesa Redonda:

Oposición llama a movilización en las calles, así responde De la Espriella | La Mesa Redonda

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