El Espectador le explica la consulta que no fue y la consulta que viene

Es miércoles, día de El Espectador pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con la consulta popular que propuso la administración de Gustavo Petro en su aterrizaje en el Congreso? ¿Qué sucedió como para que el país viera, casi que, en directo, una reforma laboral reviviendo en el seno del legislativo cuando ya tenía sellada la partida de defunción? ¿Cómo están los tiempos para la discusión que busca resucitar, por ejemplo, el pago de los dominicales y las horas extra para todos los y las trabajadoras del país? ¿Qué dicen los puntos de la nueva consulta que ya radicó el Ejecutivo y que viene con cuatro preguntas adicionales, pero estas enfocadas en temas de salud? De eso se trata este resumen que escribiremos con la ayuda de los contenidos que han publicado los colegas de las redacciones de Política, Economía y Video. Recuerden entrar a cada uno de los enlaces para ahondar en todos los detalles. Comencemos.

El 14 de mayo, sobre las 4:00 de la tarde, la noticia en todo el país era más que política: “Senado hunde la consulta popular y revive la reforma laboral”. “En una reñida votación, el No obtuvo 49 votos y el Sí, 47”, se leía. La decisión desató la furia del primer mandatario mientras la oposición levantaba los brazos en señal de victoria. Pero ¿cómo llegamos esta escena y por qué calentó más que de costumbre los ánimos en el país, ese mismo que sabemos está tan polarizado como nunca? Pues vayamos un poco atrás para entender el contexto y la raíz de todo esto.

Entre las reformas estructurales que propuso el entonces candidato Gustavo Petro estaba la reforma laboral. Ya, con la silla ocupada en la Casa de Nariño, su ministerio de Trabajo construyó el documento en medio de docenas de críticas de los gremios de la producción, de analistas que consideraban que no se atacaba el problema de la informalidad y la generación de empleo, además de que se estaban poniendo en riesgo más de 400.000 empleos. Estructurada por la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, busca que la jornada nocturna arranque a las 7 de la noche, y que el trabajo en días de descanso tenga un recargo del 100 %.

También apunta a que el contrato a término indefinido sea la regla general, impidiendo que otros, como los de término fijo sean empleados para labores de carácter misional. Pasó los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, pero cuando llegó a la Comisión Séptima del Senado fue hundida en su primera discusión. Entonces apareció la figura de la consulta popular propuesta por Petro para, en doce puntos, pedirle “al pueblo” que se pronuncie al respecto, en temas laborales, pero en su paso por el Senado, también fue hundida.

A la par, se aprobó una apelación que revivió el proyecto de reforma laboral, que ahora pasa a tercer debate (ahora en la Comisión Cuarta del Senado) y tiene el tiempo contado para aprobarse antes de que se acabe la legislatura, es decir, el próximo 20 de junio. Paralelamente el Gobierno también le ha apostado a un segundo intento, que es la radicación nuevamente de la consulta popular, a la que se le han agregado cuatro preguntas relacionadas con la reforma a la salud.

Pero ¿cuáles fueron los primeros aires de la consulta popular, qué preguntas hacía el texto y por qué se hundió?

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Antes de seguir, ¿qué dice la Constitución sobre la consulta popular? “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”, señala el artículo 103 de la carta magna. Con esto claro, hagamos un poco de memoria, porque no es la primera vez que el mandatario habla de esta figura.

Primero, a comienzos de febrero pasado, cuando tuvo el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las deportaciones de inmigrantes colombianos. Durante una entrevista con la cadena Univisión, dijo que estaba pensando en que, si Estados Unidos rechazaba la propuesta de no enviar más personas encadenadas, era el pueblo colombiano el llamado a tomar una decisión a través de una consulta popular. ¿Cómo? Respondiendo si estaba de acuerdo en que estas personas aterrizaran en su propia tierra humillados, dijo.

“Es el momento de discutirlo, en la cafetería, en la calle, en la casa; sería interesante, porque es discutir cuál es nuestro inmediato futuro como Nación (...) nos vamos por un camino soberano o no”, explicó, no sin dejar de responder otra duda de peso pesado y esa era si allí se buscaría incluir preguntas relacionadas con una posible reelección presidencial. Contestó con un no rotundo.

Luego, en marzo, cuando en el Congreso hundían virtualmente la reforma laboral, dijo: “El bloqueo institucional es una dictadura y se le responde con democracia real. Y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco en las elecciones de 2022. Hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse sino a decidir. La manera se llama consulta popular”, manifestó el jefe de Estado. Y entonces hacía el llamado en pro de dos de sus reformas: la laboral y la de salud, las dos con un espinoso camino en el Legislativo. Los críticos aseguraron que se trataba del uso de recursos públicos para hacer campaña electoral.

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De acuerdo con la ley, los pasos a seguir se resumían así:

• Gobierno redacta el documento.
• Se radica en el Senado.
• Se dispone de 20 días para su discusión y aprobación.
• Con el visto bueno, el Ejecutivo cuenta con máximo cuatro meses para convocar a las personas a votar.
• Una tercera parte de los electores que conforman el censo deberán participar en el proceso.
• La decisión tomada por los sufragantes en la consulta será obligatoria (la mitad más uno de los sufragios válidos).

El 26 de marzo se supo que el documento de la consulta popular no tendría temas relacionados con la reforma a la salud y durante un consejo de ministros el propio Petro explicó que se decidiría exclusivamente sobre el asunto laboral. Mientras tanto, el registrador Hernán Penagos informaba que la cifra final del costo de la consulta dependería del número de preguntas que el Gobierno hiciera en el tarjetón.

¿Qué decía el documento que redactó el Ejecutivo? El 22 de abril se conocieron las 12 preguntas:

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Entre tanto, mientras las fuerzas del Gobierno empujaban a favor de la consulta con marchas, comités ciudadanos, consejo de ministros, listado de puntos de encuentro para la salida a las calles y un primero de mayo, día del trabajo, como epicentro de toda la manifestación, Petro dijo: “Hay democracia en Colombia o cambiamos las instituciones”, mientras la oposición respondió: “No a la consulta populista”. Ese mismo día se radicó la consulta ante el Senado.

Todo parecía estar del lado del Ejecutivo, pero el presidente del Congreso, Efraín cepeda, argumentó que Gustavo Petro venía generando intimidaciones al Congreso con “símbolos bélicos” y “amenazas”. Y, una vez más, se evidenció que la relación entre estas dos ramas del poder estaba más que fracturada. Entre tanto, Petro y el registrador Penagos se reunían en Palacio para hablar de la consulta popular. Se acercaba la discusión de la consulta cuando…

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Se cayó porque quedó claro, en la votación, que el Ejecutivo no tenía los números suficientes a su favor, como estaba en las cuentas del ministro del Interior. “Quedo contento con lo que ha pasado y sigo siendo optimista de que se votará ‘sí’”, había dicho Armando Benedetti antes de que se subieran los ánimos. La estrategia de los Partidos Liberal y de la U, que se movieron en la previa para revivir la reforma laboral a cambio del hundimiento de la consulta, daba resultado. “La plenaria del Senado hundió la consulta popular, con 49 votos en contra y 47 a favor”, escribieron los periodistas que estaban atentos desde el Congreso.

¿Cuál era la conclusión de la jornada muy en el fondo? Que si revivía la apelación que se radicó hace aproximadamente 10 semanas frente al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, no sería necesaria la consulta popular, pues el foco de esta es el de los temas laborales. Y así terminó sucediendo.

“El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ordenó que se votara la consulta popular apenas minutos después de que se aprobara la apelación con la que revivió la reforma laboral. Pese a los gritos de fraude, Cepeda ordenó el cierre de la votación cuando la diferencia era apenas de dos votos. La orden generó la aireada reacción del Pacto Histórico y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que hubo irregularidades en la votación”, escribieron los reporteros allí presentes. “Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”, manifestó Benedetti.

Minutos después se revelaron fotografías tomadas al teléfono celular del ministro del Interior, en medio de su presencia en la plenaria, chateando con el presidente Gustavo Petro, quien estaba en China. Allí se hablaba de convocar a una “huelga general” por el hundimiento de la consulta. Algunos minutos después, el mandatario trinó: “Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora”.

Petro, más que enterado de la situación, llamó al pueblo a “decidir”. Y propuso una reunión “de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”. En la misma ruta se pronunciaron la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; Wilson Arias y León Fredy Muñoz (Alianza Verde).

Pero desde la otra orilla era distinto el sentir: “Este es un momento estelar de la democracia colombiana. No se podía permitir que cuando un poder le dice al otro no, entonces decidan utilizar los mecanismos de representación democrática para tratar de evadir la división de los poderes. Aquí lo que estamos defendiendo es la institucionalidad colombiana”, dijo Paloma Valencia (Centro Democrático). A su turno el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) manifestó: “El Senado de la República legisló, trabajó por las comunidades y acabamos de rechazar una consulta populista. El Senado demuestra independencia y tiene total libertad para debatir los temas funcionales del país. El presidente (del Senado, Efraín Cepeda) estuvo cerca de 10 minutos, la votación fue abierta e incluso, si hubiese seguido la votación hubiésemos tenido más votos en contra de la consulta populista”.

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¿Qué dijeron los empresarios representados en la ANDI? “Las decisiones que tomó el congreso de la República, el día de hoy, son las correctas. El escenario para la discusión de proyectos como la reforma laboral es sin duda el Legislativo. La invitación en este momento es al Gobierno y el Congreso, para que en forma concertada trabajemos en la mejor decisión para los trabajadores, los emprendedores, los empresarios, buscar reducir el desempleo y reducir la informalidad. Pasamos de una consulta popular, que tenía objetivos meramente electorales y populistas, que no solucionaba nada, a una discusión seria, en favor de los trabajadores el sector productivo colombiano. Los desempleados y los informales que siempre son ignorados por las políticas públicas. El congreso demostró su independencia y su talante para tomar las mejores decisiones para el país”, dijo Bruce Mac Máster, presidente del gremio.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 32 de los gremios de la producción de Colombia, fue enfático: “El Congreso como rama independiente del poder tomó hoy dos decisiones clave para el empleo en Colombia: avaló el avance de la reforma laboral y negó una consulta popular por innecesaria. Respaldamos su independencia y sus decisiones institucionales”.

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La realidad es que la consulta popular no tuvo aval del Senado. Los congresistas del ala oficial y el mismo presidente pedían acciones judiciales. “Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá”, escribió Petro en X. Y dejaba saber lo que se venía: “El gobierno volverá a presentar la consulta popular con otra pregunta adicional en salud”, aseguró en una publicación adicional. Y agregó: “Esta vez, ya el Senado la discutirá con el pueblo en las calles y carreteras, si así lo deciden las asambleas populares en los municipios”.

Entre tanto, a la que le aparecía el tanque de oxígeno era a la reforma laboral. ¿Qué seguía en el camino? Esto nos contaba Diego Ojeda, el periodista de la redacción de Economía que la ha seguido desde el día uno: “Tras la aprobación de la apelación que revivió el proyecto, la reforma laboral continuará su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado” “luego de que se hundiera a mediados de marzo”. “Este proyecto de ley atravesó sus primeros dos debates en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A lo largo de las discusiones, el articulado experimentó varios ajustes, como el recorte de casi todo el capítulo sindical. Sin embargo, el meollo del asunto vino más adelante, con los cambios que se registraron en dos de los artículos más polémicos del proyecto de ley, estos son los que tienen que ver con la definición de la jornada nocturna, así como la remuneración cuando se trabaja en días de descanso”.

En cambio, uno de los grandes consensos que ha logrado esta reforma tiene como protagonista a los repartidores de plataformas digitales, permite que estos trabajadores puedan seguir disfrutando de su autonomía (si así lo desean), pero también se les garantiza el acceso a prestaciones como cobertura en riesgos laborales. Lo que se viene es la discusión de futuro de los aprendices del SENA y la idea de que se les otorgue un contrato laboral en lugar de uno de aprendizaje y, para sumar, el reto mayúsculo que es el de atacar a la informalidad. Lo que sigue es “el tercer debate de la reforma queda en las manos de la Comisión Cuarta del Senado (antes de su hundimiento había quedado en la Comisión Séptima), la cual es presidida por Angélica Lozano. Sobre esto, la senadora dijo que se inicia una contrarreloj de 37 días para dar el trámite que le resta al proyecto de ley. Dice que se buscará cumplirle a “todos”: Senado, Gobierno y privados (empresarios)”. Ya hay mensaje de urgencia. Todos estos detalles parecen en este texto.

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Ya se sabe que la Procuraduría abrió indagación tras pelea de políticos por consulta popular en el Congreso. El Gobierno insiste en “huelga” para movilizar bases tras caída de consulta popular y el presidente Petro dijo que no buscaba reelegirse. Entre tanto, el senador León Fredy Muñoz aseguró que, a largo plazo, la derrota de la consulta popular los beneficiaba de cara al 2026. Para el 17 de mayo varios ministros y congresistas instalaron los primeros cabildos por la consulta popular.

La oposición, en paralelo, dice que alista acciones jurídicas: “A Gustavo Petro le parece más importante desgastar al Congreso con una nueva consulta popular, en vez de atender los temas fundamentales del Estado. Un disparate más del presidente de la República y si va a insistir en presentar la consulta, también haremos lo propio ante la autoridad judicial porque existiría un abuso de poder”, dijo Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, parte del partido político del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Los reporteros de la sección Política de El Espectador revelaron que en la Casa de Nariño preparan contrato de más de $11.000 millones para reforzar eventos del presidente Petro y con los que se busca reforzar la idea de la consulta popular del Gobierno. Se supo, justo en medio de esta denuncia, de la acusación de Petro en contra de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien para el mandatario habría ayudado a hundir dicha consulta con todos sus hilos políticos en el Congreso con su actitud “anticonsulta”. Ella le respondió con un “llamado a la cordura” e instó al presidente a actuar “sin retaliaciones”. Y por dicho enfrentamiento tuvo que salir a responder el ministro del Interior, Armando Benedetti: “Yo nunca pacté nada para que votaran que sí”: dijo sobre el Partido de la U, que es precisamente el partido de Toro.

El 19 de mayo el país se enteró de las preguntas que trae la nueva consulta popular y que, como lo advirtieron, ya viene con temas relacionados con el sector de la salud. Otro intento del Ejecutivo, pues desde allí no creen en el buen término que pueda tener la discusión de la reforma laboral en el Congreso:

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Las cuatro preguntas adicionales y que tienen que ver con salud son:

• ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?
• ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
• ¿Está de acuerdo con que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto?
• ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

¿Y en qué vamos? En que el presidente Gustavo Petro, frente a sus seguidores en Barranquilla, se dio inicio a lo que han llamado cabildos populares en apoyo a la nueva consulta popular. Volvió a decir que no quiere la reelección, y que lo que están haciendo busca devolverles los derechos a los trabajadores. Le lanzó pullas directas al presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador); a María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham, que es el gremio de las empresas colombo-americanas; a su propia y saliente ministra de Justicia; dijo que comenzaría diálogos con bandas juveniles en Barranquilla y agregó que entablarían conversaciones con todos los integrantes de estos grupos, incluso los que están en la cárcel.

También habló de una “huelga indefinida”, un asunto que no es del todo claro, pero de acuerdo con analistas políticos se entiende como que “sus funcionarios, congresistas y seguidores emprendan una movilización constante que se extienda hasta 2026”, es decir, las elecciones. “Lo que buscamos es que Barranquilla sea una mecha que se prenda y propague por todo el país, tal cual como pasó en la campaña, el debate de la consulta popular”, dijo.

Además, venía de dejar otro mensaje claro en el ambiente ante la radicación de la nueva consulta: “¿Que se acabó la consulta popular? Mamola, ahora es que empieza lo bueno. Del pueblo trabajador no se burla nadie. Así está el pueblo barranquillero, en la propia tierra del presidente del Senado empieza la gran movilización general del pueblo colombiano por sus derechos”.

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Justo el mismo día en que Petro estaba en la capital del Atlántico, varios exministros y exviceministros de salud publicaron una carta en la que cuestionaban las cuatro nuevas preguntas de la consulta. “La iniciativa de involucrar al sector salud en una consulta popular se reconoce como una pretensión de instrumentalizarlo dentro de una tosca estrategia electoral”, se lee en el documento. Y aseguran que las preguntas son “polarizantes, porque buscan decisiones emocionales y no informadas; engañosas, porque plantean soluciones aparentes como si fueran viables, y, automáticas e incompletas, porque no presentan modelos funcionales ni responsables”.

Está más que claro que el país está en campaña de cara a las elecciones que vienen. El país político está más que polarizado y esos líderes no logran ponerse de acuerdo en pro de todo el país. NO se rema para el mismo lado. Colombia necesita reformas, por supuesto, pues hoy por ejemplo trabajamos de una forma distinta a como sucedía hace 10, 15, 20 años o más. Hay que respetar las instituciones y las ramas del poder, porque para eso están, cada uno con sus tareas, como por ejemplo la de debatir para el Congreso y la de gobernar con las herramientas que se tienen disponibles para el Ejecutivo.

Este 20 de mayo “la Comisión Cuarta citó a centrales obreras, representantes del Gobierno y empresarios para discutir sobre los temas de fondo que tiene la revivida reforma laboral. En esta discusión se dieron varias cifras que aclaran el panorama que deberán resolver las nuevas reglas que tendrá el mercado laboral. Las primeras se relacionan con la informalidad. Según el DANE, en Colombia esta es del 57,7 %, lo que se traduce en que el grueso de los trabajadores no tiene garantizado un salario mínimo, tampoco acceso a salud, protección ante riesgos laborales, cotización a pensión, cesantías, vacaciones y caja de compensación familiar, entre otras prestaciones”, escribía Diego Ojeda en este texto. El tiempo corto, es cierto, pero hay tiempo si se hace la tarea de manera juiciosa. De eso se trata. De que debatan y lleguen a consensos en bien de todos los que somos trabajadores en Colombia, una meta que debería estar por encima de cualquier interés político particular. Seguiremos contando, paso a paso, qué sucede con esta reforma y, por supuesto, con la nueva consulta popular, que todavía tiene todo el camino por recorrer, desde las redacciones de Política y de Economía.

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