Al menos ocho alertas y 19 recomendaciones están siendo analizadas con lupa en diversas esferas gubernamentales, por cuenta de los riesgos que contienen en torno a las elecciones de este 2026. Y si bien comenzaron a abordarse en la primera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral del año, realizada esta semana en Bogotá, hay varios frentes en guardia para esquivar las afectaciones que se podrían dar en los comicios del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (Presidencia).
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Los puntos de atención parten de la financiación y la organización de estos procesos electorales hasta el incremento de la violencia contra las mujeres que participan en política, de acuerdo con los reportes que están bajo análisis.
Los informes surgieron de información de los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, además de la Registraduría, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Misión de Observación Electoral (MOE). Todos los riesgos se identificaron en más de 700 municipios, por lo que ya se están desplegando acciones concretas sobre el terreno.
En lo referente al orden público, durante el 2025 se incrementaron en un 172 % los episodios de ataques contra campañas y candidatos, en comparación con el proceso electoral del 2021. De hecho, durante el último año, la MOE registró 2.483 hechos de violencia que se atribuyen a grupos criminales, de los cuales más del 62 % se reportó desde zonas rurales en departamentos como Huila y La Guajira, entre otros, que también han sido foco de advertencia por parte de otras entidades.
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En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo –en cabeza de Iris Marín Ortíz– también ha levantado numerosas alertas de carácter electoral en regiones donde la presencia del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc se ha incrementado. Es más, uno de esos focos de mayor preocupación para los diferentes organismos de observación electoral es el Catatumbo, que tras un año de combates entre dos de estas narcoestructuras sigue siendo asediada por la violencia y presenta serias complicaciones que la conforman como una crisis humanitaria en la que la población civil se ve fuertemente afectada.
En ese sentido, los informes que recibieron los ministros Armando Benedetti (Interior) y Andrés Idárraga (Justicia), señalan que los departamentos con mayores afectaciones son Cauca (557 casos), Antioquia (408) y Norte de Santander (400), que, de acuerdo con la MOE y la Defensoría, en conjunto concentran el 55 % del total nacional.
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Asimismo, otra preocupación expresa por este panorama de orden público está situada en los diferentes puntos fronterizos, especialmente con Ecuador y Venezuela. En el caso de la frontera suroccidental, el incremento de la violencia en esa región y las alertas emitidas por parte del gobierno de Daniel Noboa –que derivaron en una disputa comercial y arancelaria– hacen parte de los riesgos que podrían impactar en los procesos electorales en esa región para los departamentos de Nariño y Putumayo.
Mientras que para el caso de Venezuela, con el que Colombia comparte más de 2.220 kilómetros de frontera, la situación se agudiza por la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y por lo que se ha advertido una posible nueva ola migratoria que pueda impactar en estos comicios.
Como tercer punto de alerta, en la Comisión de Seguimiento Electoral se reportó que los hechos de violencia hacia las mujeres que participan en política han tenido un incremento significativo durante el último año. Según la MOE, ese tipo de violencia radica principalmente en redes sociales, a través de “expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política, ataques a su vida personal, señalamientos sobre su apariencia física y otros discursos estigmatizantes que constituyen violencia simbólica”.
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El más reciente de los casos tuvo a la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia (Centro Democrático), como víctima tras una serie de comentarios sobre su cuerpo por parte de Julio César González, “Matador”, quien también se encuentra en carrera por llegar al Congreso con el aval del Pacto Histórico. Y si bien este es el episodio más reciente, el historial deja casos como el de la vicepresidenta Francia Márquez, la senadora Angélica Lozano y la candidata a la Cámara, Laura Daniela Beltrán.
En ese contexto, los organismos pidieron mayor claridad sobre algunos tópicos de la Resolución 10946 de 2025 expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En ella se define el sistema de atención propio en caso de violencias contra mujeres participantes en política; sin embargo, según el informe, no existe claridad suficiente sobre los casos en los que el CNE no tiene competencia, ni tampoco sobre el lugar al que estos casos deben ser remitidos.
“Teniendo en cuenta que la mayoría de los partidos políticos han registrado protocolos para la atención de la violencia contra mujeres en política, resulta necesario que el CNE revise su contenido y establezca lineamientos mínimos que orienten su aplicación e implementación efectiva durante la campaña electoral”, se lee en el informe.
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En su cuarto aparato, referido a temas de financiación de las campañas, al corte del 8 de enero de 2026 “no se encontraba habilitado el módulo de consulta pública del aplicativo Cuentas Claras”, lo que impedía el acceso de las y los ciudadanos a información relacionada con el origen, la cantidad y el destino de los recursos de precandidaturas, candidaturas y comités promotores.
Esos retrasos en logística han derivado en que tan solo cuatro de las 3.144 aspiraciones al Congreso hayan realizado el debido reporte de ingresos o gastos durante lo corrido del proceso electoral. “Sigue siendo todo un reto la transparencia en la financiación de las campañas políticas”, advirtió la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
Pero en materia de finanzas este no es el único punto de preocupación pues, como reportó El Espectador, las inversiones tanto de la Registraduría como del CNE han superado los COP 2,7 billones abarcando desde el alquiler de recintos como Corferias para la instalación de puestos de votación, hasta la contratación de auditorías externas, una por cada entidad, y de la que aún hace falta claridad de alcances, metodologías y resultados, por lo que se instó a una oportuna publicación de informes que deben ser de carácter público para su debido seguimiento.
Y finalmente, otro punto que ha generado alertas sobre el proceso electoral es la modificación tanto de topes electorales como de reposición de votos en tan solo cuatro meses. Los montos se triplicaron y ahora las campañas que irán a las urnas en marzo podrán gastar alrededor de COP 18.000 millones, mientras que la consulta que se votó el 26 de octubre y que dejó a Iván Cepeda como el ungido del Pacto Histórico para la Presidencia, apenas permitía un gasto de COP 6.000 millones
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Asimismo, el CNE confirmó que, en cuanto a la reposición de votos, el valor estará situado en COP 8.287, aunque hace cuatro meses ese monto consistía en COP 2.555. Ese cambio generó incluso alerta en el ministro Benedetti, quien llegó a hablar de una disparidad en medio de este proceso y que podría alterar el curso de la campaña. Además de los puntos ya mencionados, también se alertó sobre el cumplimiento de la Ley de Encuestas y sobre la situación de las consultas interpartidistas, para las que hay plazo de anunciar la intención de participación hasta el próximo 6 de febrero.
Tras la Comisión Electoral quedan asuntos por resolver a poco más de un mes del primer round en las urnas que, aseguraron los funcionarios del Gobierno, serán tratados en una nueva cita antes de ese 8 de marzo en coordinación con los diferentes órganos de observación electoral y ya con la participación de otras entidades y delegaciones internacionales.
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