“No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia”: Registrador

El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que "es imposible hablar de fraude electoral en Colombia".

Foto: Óscar Pérez

¿Qué viene para el proceso constituyente que está impulsando en época electoral el presidente Gustavo Petro?

Se radicó un comité que quiere proponer un proyecto de ley al Congreso para convocar a una asamblea constituyente. Luego de radicada esa solicitud, la Registraduría tiene 15 días para revisar los requisitos formales y la presentación que se llevó a cabo. Y, pasados estos 15 días, se certifica o no el cumplimiento de los requisitos formales por parte del comité. Ahí ya se entregan los formularios y ese comité tiene hasta seis meses para obtener las firmas necesarias, que son iguales al 5 % del censo, que son poco más de 2 millones de firmas.

¿Hay tiempos límites para las revisiones posteriores?

Puede ser que entreguen las firmas dentro de un mes o en los seis meses. Ya una vez radicadas en la Registraduría, se tienen 30 días para verificar cada una de esas firmas y certificar o no el cumplimiento de los requisitos. Una vez certificado, se presenta el proyecto de ley al Congreso e inician todos los trámites de los que habla el artículo 376 de la Constitución.

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Más allá de la discusión política, ¿esto solo entra como proceso en forma hasta que se surtan estos requisitos?

De acuerdo. El paso siguiente es que la Registraduría certifique el comité, autorice la entrega de formularios y ahí se inicia el proceso de recolección de firmas, en el cual, como les decía, se tienen seis meses para obtenerlas.

¿La Registraduría está blindada para el proceso electoral de este 2026?

Estamos trabajando con mucho juicio. Venimos preparando las elecciones de Congreso y de Presidencia, las más importantes del país. Llevamos más de un año en esa tarea y el plan de trabajo viene avanzando sin ninguna novedad. Se viene avanzando sin complicaciones, pues ya estamos en todos los desarrollos y ya se está trabajando en los diferentes componentes que exige el proceso electoral. Además, se acaban de cerrar las inscripciones para el Congreso de la República. Estamos esperando que se revisen las revocatorias de aquellos candidatos que pueden estar inhabilitados o no.

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¿Hay fechas claves que se deban tener en cuenta?

Estamos en el proceso de inscripción de ciudadanos. Esto es muy importante. El 8 de enero se cierran las inscripciones de aquellas personas que han cambiado de domicilio electoral y quieren votar para las próximas elecciones. Y el 31 de marzo es la segunda fecha. Quienes se inscriban hasta el 8 de enero podrán votar para Congreso el 8 de marzo y para Presidencia el 31 de mayo; quienes se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo podrán votar solo para Presidencia de la República. Venimos avanzando muy bien, sin mayores contratiempos. Obviamente, a la par de esas exigencias, también hacemos mil cosas más. Hicimos elecciones en Bucaramanga, tenemos elecciones el 18 de enero en Girón (Santander), estamos revisando las firmas de los candidatos que están aspirando a la Presidencia. La Registraduría tiene múltiples tareas que se están llevando a cabo.

¿Está más tranquilo ahora que se redujeron, al menos en este tiempo, las pullas desde el oficialismo a su entidad?

Pues yo no sé si me siento más tranquilo o no; lo cierto es que nosotros lo que estamos es respondiendo a cualquier inquietud que tenga el Gobierno o cualquier ciudadano u organización política. Todo aquel que tenga dudas, simplemente preséntelas que nosotros estamos dispuestos a explicar cualquier detalle. En este 2026, por ejemplo, en materia de software vamos a tener auditoría en materia de información, se va a autorizar a las organizaciones políticas para que tengan auditores de sistemas para revisarlo y poder ver la exposición de los códigos fuente. Lo único que pretendemos es dejar claridad y que la ciudadanía comprenda cómo se cuentan los votos en Colombia. En la medida en que la ciudadanía lo conozca, yo le puedo asegurar que va a tener mucha más tranquilidad del proceso electoral entrante.

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El presidente Petro ha puesto algunas veces en duda la transparencia del proceso electoral. De forma directa, ¿qué le responde al jefe de Estado?

Está absolutamente garantizada la transparencia del proceso electoral en Colombia. Hay múltiples acciones que van a garantizar que sea absolutamente eficiente e íntegro. Tendremos biometría facial, vamos a publicar todas las actas electorales como nunca en la historia de cada una de las mesas de Colombia, que son 770.000 en el caso de Congreso y 375.000 en el caso de Presidencia; ya está la observación internacional aprobada, al igual que las auditorías electorales. Podemos garantizar la integridad del próximo proceso electoral en cada uno de los componentes.

¿Cabe la posibilidad de que haya fraude?

De ninguna manera. Son tantas las personas que están alrededor del proceso que es imposible hablar de fraude electoral en Colombia. Yo he dicho que se pueden cometer errores porque en esto trabajan seres humanos, pero delitos nunca. Los jurados de votación son los que cuentan los votos en Colombia, no la Registraduría; son 700.000 hombres y mujeres que apoyan el conteo de votos; cerca de 9.600 que hacen parte de la comisión escrutadora, que hacen una de las etapas más importantes, que es declarar los resultados en cada municipio y ciudad de Colombia; son jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y notarios. También están los testigos electorales; hoy en Colombia, si así lo quisieran los partidos políticos, que son 28, pueden nombrar un testigo por cada una de las 125.000 mesas de votación, por lo que se puede multiplicar 28 por 125.000. En otras palabras, son millones las personas que están al tanto de la observación del proceso electoral, que además no son funcionarios de esta entidad y que pueden garantizar la transparencia e integridad del proceso.

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¿Existe aunque sea un mínimo riesgo de que no se den las elecciones?

Ninguno. No hay norma en Colombia que pueda lograr que se suspendan o cancelen las elecciones nacionales en Colombia; por ningún motivo, ni de orden público, ni circunstancias derivadas con emergencias de una u otra naturaleza. Y esto pasa, entre otras razones, porque Colombia es un Estado constitucional y las normas claramente así lo definen. No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia. Se elegirá a un nuevo Congreso y un nuevo presidente con transparencia e integridad. Además, tendremos durante estos próximos meses acciones muy claras para dar más tranquilidad a la ciudadanía colombiana.

¿Cómo está el diálogo con otras entidades del Estado para garantizar el proceso electoral?

En Colombia tenemos que entender que el buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las instituciones que hacen parte del Estado. La Registraduría gerencia y administra, pero todas tienen una parte. ¿Cuáles son aquellas circunstancias que preocupan a la ciudadanía? La compra de votos, la corrupción al elector, los recursos públicos en las campañas políticas, la participación de servidores públicos en procesos electorales; y todas esas prácticas ilegales en nada tienen que ver con la Registraduría, pero sí son delitos que hoy están definidos en la Ley 1864 de 2017 y que tienen que atender las diferentes entidades. Quien está comprando votos o quien está instrumentalizando a otra persona en el proceso electoral es un delito y ahí tiene que entrar la Rama Judicial; si se trata de faltas de servidores públicos, la Procuraduría debe hacer la tarea; si se trata de recursos públicos del Estado en campañas políticas, la Contraloría tiene la potestad. Es decir, hay que entender que todas esas acciones deben ser integradas por las diferentes entidades del Estado para que el proceso electoral sea absolutamente transparente e íntegro.

¿Qué tal fluye ese diálogo?

El trabajo con la Procuraduría y la Contraloría ha sido muy eficiente. Les agradezco mucho porque han estado acompañando el proceso electoral, auditando, revisando, haciendo inspección de cada uno de los componentes; siempre han estado, por petición nuestra, acompañando las elecciones atípicas. Con la Contraloría y con la Procuraduría el proceso ha sido muy eficiente. Con la Fiscalía vamos a instalar la comisión de seguimiento a delitos electorales, también para que quede claridad de que habrá una comisión permanente por aquellos delitos electorales que se puedan presentar de aquí a las elecciones. El trabajo con el Ministerio de Defensa es determinante, de cara a los temas de seguridad, al Plan Democracia, a las decisiones operativas que debemos tener. Con las demás entidades del Gobierno, digamos, no fluye tanto.

¿Con cuáles “no fluye tanto”?

Aquí lo que se trata es de que todas las entidades entendamos que un proceso electoral es simplemente respaldar la democracia y debemos trabajar todas para ese buen suceso. A veces con algunos ministerios el trabajo no es tan eficiente; con el mismo Gobierno Nacional el diálogo no es el más fluido, pero no pasa nada, aquí lo que se trata es de trabajar con juicio, de articularnos entre todos y responder a cualquier inquietud. Insisto, Colombia es un país que tiene una particularidad especial: aquí es aceptado que el Gobierno tenga parte activa en los procesos electorales, pero hay otras naciones donde no; algunos casos están en Centroamérica. En Colombia, como ocurre por ejemplo en Argentina, el Ministerio del Interior tiene actividades relacionadas con democracia, está al frente de la comisión de seguimiento de delitos electorales, otros ministerios trabajan en algunos temas pedagógicos y eso ha sido aceptado en nuestro país. Entonces, lo que hay que hacer es integrarlo para que toda la ciudadanía tenga tranquilidad del proceso.

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¿Los recursos para todo el trabajo de la Registraduría están garantizados para el 2026?

Bueno, no hemos tenido mayores dificultades. Presupuestalmente hablando, ya están contratados los servicios electorales y tienen dos fuentes de financiación. Por un lado, los recursos de presupuesto del año 2025 y, por el otro, recursos correspondientes a vigencias futuras del 2026. Desde el punto de vista presupuestal, no hemos tenido dificultades. Ahora, desde el punto de vista de caja, se van pagando los servicios en la medida que se van cumpliendo. Se autoriza contratar todos los recursos para las elecciones, pero el dinero propiamente dicho, la caja, se va girando a medida que se van cumpliendo cada uno de los procesos. No hemos tenido mayores dificultades. Sin embargo, en el mes de diciembre, pero debo aclarar que no solamente es la Registraduría, sino casi todas las entidades del Estado, por los problemas de caja que ha tenido el Gobierno no se ha podido girar el dinero a los proveedores y nosotros no somos la excepción.

¿Tienen deudas como entidad por la falta de giros desde el Gobierno?

Esperemos que en enero esos recursos fluyan, porque además de hacer las contrataciones, hay que irles pagando a los proveedores cada uno de los componentes que se van cumpliendo. No se ha podido en diciembre, ha habido dificultades complejas, insisto, en todas las entidades del Estado y esperemos que en enero se resuelva. A nosotros nos ha impactado en el pago de proveedores, porque el proceso electoral se viene construyendo desde el mes de junio. Entonces, por ejemplo, cada mes los proveedores van haciendo acciones. Estamos, por ejemplo, en inscripción de ciudadanos, es decir, las personas que se van a inscribir para votar, y eso implica unos traslados de unos equipos, desarrollo de software, cargar el censo electoral, depurar bases de datos, llevar equipos satélites a diferentes lugares de las ciudades para que la gente se inscriba. Todo eso se ha cumplido, pero parte de esas acciones las llevan a cabo los proveedores y se les debe el cumplimiento de esas acciones del mes de noviembre y diciembre.

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¿Se han visto afectados algunos de esos procesos?

Esos recursos no se han pagado y deberán pagarse, espero yo, en el mes de enero, porque si se retrasan esas acciones, puede llegar un momento en que el proveedor diga que no es capaz de seguir cumpliendo hasta que no se le pague. Acuérdense de que ahora en diciembre se cerró la inscripción de candidatos y esa inscripción debe depurarse y llevarse a cabo un procesamiento para empezar la impresión de las tarjetas electorales, y todos esos componentes se tienen que ir cumpliendo y eso implica recursos que se le van pagando a los proveedores.

¿Esto puede poner en riesgo el calendario electoral?

No y yo no creo que haya dificultades que pongan en riesgo el calendario de ninguna manera. Ya está contratado todo, pero la caja no deja de ser un tema en el que los proveedores están permanentemente escribiendo, exigiendo y solicitando lo que tienen que tener para su pago. Pero de ahí a decir que pone en riesgo el proceso electoral, para nada. A comienzos de año debemos enviarle al Ministerio de Hacienda la solicitud de recursos para las consultas del mes de marzo, porque hasta el 22 de diciembre no teníamos la claridad de cuántas eran, pero ya tenemos claro que mínimamente hay un número de dos o tres consultas. Ahora tenemos que hacer un presupuesto, porque no están presupuestadas.

¿Cuánto podrían costar esas consultas?

Estamos haciendo apenas el sondeo, no tengo un dato preciso. Pero tenemos una gran ventaja: ahí se aprovechan las economías de escala, porque esas consultas se llevan a cabo en las elecciones de Congreso. Todo lo que tiene que ver con el kit electoral, los cubículos, parte de los software, el equipo de talento humano, nos lo vamos a ahorrar. Eso es muy positivo. Ahora lo que nos corresponde es concretar algunos software para el tema de preconteo, la divulgación y consolidación y, obviamente, la impresión de tarjetas electorales. Pero en pocos días ya podemos tener un dato preciso de cuánto cuestan las consultas.

¿Qué regiones y por qué le preocupan en cuanto a seguridad?

Sin duda, el tema de seguridad es determinante. Hace tres o cuatro semanas, un cabecilla de una disidencia le manifestó al país que pretendía que las elecciones fueran tranquilas, pero que ahora, con ocasión del ejercicio fuerte de la Fuerza Pública en su contra, ha decidido que va de alguna manera a influir en el proceso electoral. Eso no es un tema menor. Que una persona desde una disidencia manifieste que va a hacer actos para torpedear el proceso electoral, nos tiene que llamar la atención. Por tanto, tenemos que reunirnos permanentemente con la Fuerza Pública para aplicar el Plan Democracia, que ya está definido, y saber en qué lugares, por ejemplo, necesitamos llevar tropa y policías con días o semanas de anticipación para garantizar el derecho al voto, que las personas puedan votar libremente, al igual que la seguridad de todos los que están alrededor de cada uno de los puestos de votación.

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Pero, registrador, ¿cuáles son las regiones sobre las que tienen alertas?

Hay 104 municipios que están en alerta, según lo dijo el Ministerio de Defensa. En esos 104 municipios tenemos que tomar decisiones operacionales con el suficiente tiempo para que la ciudadanía pueda votar y se puedan instalar los puestos y mesas de votación. Tendremos 125.000 mesas en 13.508 puestos de votación. Eso es una tarea descomunal y gran parte de ellas estarán en el sector rural. Sí me inquieta el tema de seguridad y tenemos que trabajar muy fuerte, porque lo que no puede ser es que tengamos que trasladar mesas de votación previo al día de las elecciones. Un Estado democrático no puede negar los derechos políticos a la ciudadanía.

¿De qué departamentos son esos 104 municipios?

Preocupan zonas de Catatumbo, parte de Cauca, parte de Nariño, Putumayo, Chocó, que tiene una incidencia muy fuerte del ELN y otros grupos en los sectores rurales, y parte de Antioquia. Hay unos cuantos departamentos que tienen circunstancias de seguridad que no son menores y con el Ministerio de Defensa y el alto mando, ahora el nuevo alto mando, tenemos que enviarle los mensajes claros a la ciudadanía de que en esos lugares se van a instalar las mesas de votación, se van a instalar los puestos y que se podrá votar libremente. No son temas menores.

Registrador, entre 22 candidatos presentaron más de 28 millones de firmas, ¿de dónde salen?

Esto no tiene precedentes y son de esos temas novedosos que hemos tenido en Colombia en estos meses; tuvimos más de 19 elecciones atípicas, entre gobernaciones y alcaldías, lo cual nunca se ha visto en Colombia; tampoco tiene precedente el número de personas que solicitaron inscribirse por firmas para la Presidencia, que eran más de 90; tampoco tiene precedente el número de personas que terminaron radicando las firmas, que fueron 22, mientras que hace cuatro años fueron como ocho; y tampoco tiene precedente el número de firmas: 28 millones de firmas para candidatos a la Presidencia y tres millones para el Congreso. Hace cuatro años fueron cerca de 10, por lo que se multiplicó por tres el número de firmas recibidas.

¿Eso qué implica?

Es un trabajo descomunal. Estamos trabajando fuertemente todos los días sin parar, porque revisar 28 millones de firmas con juicio, con cuidado, una a una, no es un tema menor. Tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que desarrollamos, porque sabíamos que podía ocurrir algo así; pero también tenemos más de 500 supernumerarios trabajando y un equipo de grafólogos revisando esos datos. De aquí al 21 de enero tenemos que terminar con esa revisión. Ya sabemos que lo vamos a lograr y lo estamos haciendo con mucha seriedad y con mucho rigor. Pero sí se trata de una exigencia monumental.

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¿Han detectado algunas irregularidades?

Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría. No es razonable que una persona haga eso.

¿Cuál es el nombre de ese candidato?

No voy a decirlo, porque no quiero generar circunstancias aquí, pero tenemos claramente detallado quiénes están utilizando impresoras para imprimir muchos formularios o quiénes están utilizando fotocopias. Con algunos, por ejemplo, que radicaron un millón de firmas, o así lo plantearon en miles de formularios, también encontramos que cerca de 600.000 son formularios que ni siquiera estaban diligenciados, seguramente, pensando que la Registraduría no los revisaba. Es un mecanismo democrático, el de las firmas, y hay que cuidarlo.

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