La apuesta de descentralización del Estado del presidente Abelardo de la Espriella tiene su sustento primario en llevar de forma directa las soluciones a las poblaciones y generar ese cierre de brechas que, para varias regiones del país, representa una deuda histórica. Y para el desarrollo de esa propuesta que impulsó desde campaña, el mandatario ya puso a un grueso de su equipo de gobierno a articular la propuesta con la que tenderá un puente directo entre su despacho con gobernaciones y alcaldías que, bajo el rótulo de gerencias regionales, quiere acabar la intermediación para el desarrollo de proyectos estratégicos. Pero las primeras pinceladas de la medida ya generan ruido y han abierto un nuevo debate en todos los sectores políticos.
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La iniciativa ya está en marcha y el primer piloto se desarrolla en Bogotá. Pero para que esta intención se materialice en una política de Estado, De la Espriella requiere de establecer una medida formal que ya está siendo socializada, aunque que no ha sido bien recibida. De acuerdo al denominado “ABC de la agenda legislativa y regulatoria”, documento en el que el Ministerio del Interior presentó parte de su agenda legislativa al Congreso, un punto prioritario será dar piso legal a esa figura de gerentes regionales.
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Ese documento que reveló El Espectador detalla que el Ejecutivo buscaría crear la "Dirección General de Delegados" con los que posicionaría un funcionario por departamento que sirva como puente entre las regiones y el Ejecutivo para "coordinar la actuación territorial de las entidades de la Rama Ejecutiva nacional para garantizar la unidad de acción administrativa". Toda esta nueva oficina estaría adscrita al Ministerio del Interior y fue presentada ante el Congreso en el paquete apuestas legislativas que llegarán al Capitolio en las próximas semana. Sin embargo, la medida no contó con un visto bueno y, aunque no se frenará, ya recogió los apuntes de varios legisladores —en su mayoría representantes— para puesta en marcha.
Dentro de lo sustentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pretende que exista un "Concepto Vinculante de Articulación Institucional" que consistiría en una apreciación en "proyectos estratégicos de inversión nacional con ejecución territorial; contratos con impacto regional superiores a 500 SMLMV; convocatorias nacionales dirigidas a entidades territoriales; creación, modificación o supresión de sedes u oficinas territoriales; y programas nacionales". En síntesis, ese delegado regional tendría voz y voto en el grueso de proyectos de desarrollo departamental.
Ese punto generó rechazo total de los congresistas que asistieron a sus socialización y que, según supo este diario, advirtieron que podría usurpar funciones de mandatarios regionales e incluso, convertirse en un vehículo para una mayor politización de proyectos de interés. En efecto, esa participación directa de los gerentes regionales para emitir conceptos vinculantes podrían generar mayores disputas políticas a la hora de aprobar iniciativas en departamentos y municipios.
Pero, además, en ese mismo apartado se cuestionó que se dejaría de lado la figura de los congresistas, pues en diversos escenarios suelen servir de mediadores para destrabar los proyectos. El Ejecutivo argumenta que esta figura permitiría establecer a "un interlocutor único del Gobierno Nacional en su propia región y respuestas en plazos definidos". Y aunque también la propuesta demarca que "los delegados no sustituyen a las autoridades competentes en decisiones técnicas, contractuales, presupuestales, regulatorias, sancionatorias u operativas", la misma genera ruido para su implementación. Además, la legalidad de esas gerencias regionales no es competencia plena del Congreso e incluso, podría ser ejecutada mediante decretos expedidos por el presidente.
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Otro punto que desde el Legislativo catalogaron como "controversial" es el de la ley de experimentación territorial que síntesis busca recortar los tiempos para la transferencia de una competencia desde el gobierno central al territorial. Esta sería una suerte de "alternativa" para le ley de competencias que regula y redistribuye cargas entre gobernaciones y alcaldías para poner en marcha la reforma al Sistema General de Participaciones que entrará en vigencia e 2027.
El propósito del gobierno De la Espriella sería acelerar procesos y recortar tiempos. No obstante, según varias voces del Legislativo, la medida incluso puede usurpar funciones de una o mas ramas del poder. En ese paquete expuesto ante el Congreso y pendiente de su radicación también le propone al Congreso aprobar una ley para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia, algo que el presidente ha buscado desde antes de su llegada al poder. Esta decisión con la que el jefe de Estado busca fortalecer su discurso de sacar las decisiones clave de la nación de Bogotá, tiene las posturas divididas, pues hay quienes dicen que solo debería ser aplicable durante el mandato de De la Espriella.
Por último, el otro eje que también genera ruido en el Legislativo sobre la agenda en construcción del gobierno es la búsqueda de eliminación de la consulta previa. Esa apuesta tiene mayor discusión, pues incluso la bancada del Centro Democrático ya presentó un proyecto que busca la eliminación de ese requisito para el desarrollo de proyectos en las regiones. De momento, la intención de De la Espriella estaría en los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto, pues le permitiría acelerar el proceso de reconstrucción. Aún así, en el Legislativo la oposición anunció que buscará impedir el paso de la propuesta, pues esto destrabaría numerosos procesos, especialmente en materia minero energética y facilitaría, entre otras cosas, la exploración y explotación de hidrocarburos.
De acuerdo con el ministro Lara, "no puede ser que la laxitud de las reglas en la consulta previa y la falta de dirección de consulta previa. Entre más se demore el proceso y la contestación del recurso de reposición le permite al concejal ir a cobrar, porque esto es motivo de corrupción". Para el jefe de la cartera política hay que establecer términos con este mecanismo. Según el documento presentado al Congreso, se busca una "habilitación transitoria y condicionada. Las obras pueden iniciarse sin consulta previa solo cuando se acredite, caso por caso, que realizar la consulta agravaría o prolongaría los efectos de la emergencia", aplicando solo para los territorios cobijados por la emergencia económica y social del terremoto.
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Con esas discusiones sobre la mesa, el Ejecutivo buscará establecer nuevos ajustes en sus políticas para la descentralización y con los que exista una línea directa territorial. Aún así, en la cartera política también se daría manejo para ese relacionamiento y participación del Legislativo, ahora que el presidente De la Espriella ya cuenta con las mayorías para dar paso al grueso de sus proyectos. Solo queda ver cuáles de estos proyectos e iniciativas llegarán finalmente al Capitolio y qué ajustes tendrán o si, por el primer años de mandato, habrá carta blanca para el paso de todas las intenciones.
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