
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en medio del debate del Congreso por la discusión del presupuesto, los cuestionamientos a magistrados y funcionarios y los proyectos que buscan modificar la Constitución para cambiar su mandato y el alcance de algunas de sus sentencias. En ese turbulento contexto, el secretario ejecutivo de la institución, Harvey Danilo Suárez Morales, habló con El Espectador sobre el panorama financiero de la justicia transicional, las consecuencias de un probable recorte de COP 170.000 millones a sus finanzas y las denuncias públicas sobre su gestión, presuntas irregularidades en contrataciones y un posible conflicto de intereses en la firma de convenios con Naciones Unidas.
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La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) hizo recientemente una denuncia sobre antiguos contratos suyos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un posible conflicto de intereses con convenios más recientes de esa entidad y la JEP. ¿Qué explicaciones puede dar sobre la denuncia?
Se debe analizar la conexión que se quiere plantear, absolutamente equivocada y por fuera de la realidad objetiva, entre mi rol y mi participación en los procesos de justicia transicional en Colombia durante más de 10 años, mi ingreso y mis funciones en la JEP. En términos estrictos, no fui funcionario, directivo ni ordenador del gasto en ninguna agencia de Naciones Unidas. Yo fui asesor, consultor y contratista de Naciones Unidas para el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y apoyé procesos del Alto Comisionado para Refugiados.
¿Entonces cuáles eran sus funciones?
Mis funciones eran de asesoría técnica, ejecución y acompañamiento de proyectos de apoyo a víctimas y postulados en Justicia y Paz. Esto obedece a un proceso estructural de acuerdo de trabajo entre el Estado colombiano, el sistema de Naciones Unidas y el Fondo de Justicia Transicional. Muchos de estos contratos fueron con el fondo o con la coordinación de Naciones Unidas para establecer planes estratégicos de política pública en diversos gobiernos que permitieran estructurar la política pública estatal de justicia transicional. Esa fue mi experiencia. No hubo ningún tipo de relación directa con decisiones de orden presupuestal referidas a algo que en ese momento no existía: el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la JEP. De manera transparente y pública presenté mi hoja de vida, que sustenta los requisitos para posesionarme como subsecretario ejecutivo, apoyando a la Secretaría Ejecutiva en temas de los cuales había recogido al menos 20 años de experiencia.
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Pero la senadora Posada habla de una “puerta giratoria” en esas contrataciones…
El mencionado conflicto de interés o una supuesta puerta giratoria son absolutamente falsos. No tiene realidad objetiva ninguna de sus aseveraciones. Mis funciones específicas, en el comité de escogencia, fueron de apoyo técnico y estratégico, ejecución de recursos, relacionamiento con entidades y conformación de un equipo que sustentó a los cinco electores que tenían la función específica de tomar decisiones de elección de los magistrados de la JEP. No elegí a nadie y el proceso de selección posterior para la Secretaría Ejecutiva fue un proceso competitivo, abierto, en el que participaron 39 personas para el período de 2022 a 2026.
En una de sus publicaciones recientes, la senadora Posada le dirigió una pregunta concreta: “¿Informó de este posible conflicto de interés antes de entregarle al PNUD COP 182.120 millones?”. ¿Qué le responde?
Yo no le entregué los recursos al PNUD. El primer convenio fue suscrito por la segunda secretaria ejecutiva de la JEP, la doctora María del Pilar Bahamón Falla, y es el 170 de 2018. Todos los convenios han versado sobre el soporte a la representación judicial de víctimas. No fui la persona que ordenó el gasto y era absolutamente claro en la JEP, en el Secop y en todos los espacios que había trabajado con el PNUD, pero no fui el responsable ni tomé la decisión relacionada con la vinculación de ese organismo. Es un convenio de cooperación internacional que no fue asignado a dedo, como lo señala la senadora Posada. Tiene unas condiciones específicas de selección, ejecución y un proceso minucioso de auditoría internacional.
¿Cuáles son los objetivos específicos de esos 22 convenios, 16 liquidados y seis en ejecución?
Lo que buscan es representación judicial de víctimas en cumplimiento del Acuerdo de Paz, con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural. Ese es el enfoque principal de todos en una línea sostenida de apoyo al Estado y a la sociedad colombiana. Hay otros convenios específicos que se relacionan con los grupos territoriales, que se refieren a la apertura de nuestras oficinas en territorio por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y los lugares en los cuales la JEP opera, que requerían de la contratación de oficinas, la adecuación, la dotación y su funcionamiento.
Hay algo que nos parece particular en este proceso. El día 7 de octubre de 2026, la senadora María Clara Posada envió un derecho de petición en el que dice: “Por favor, entregar la relación de todos los contratos que ha suscrito el PNUD en ejecución de cada uno de los convenios suscritos con la JEP. Por favor, detallar, para todos los casos, nombre de la persona contratada por el PNUD, monto pagado, objeto de la labor contratada, término de duración”. Ella radica esta solicitud y, sin haber pasado 24 horas, propone un debate sin que la entidad haya podido responderle. Por supuesto que le vamos a responder con toda la suficiencia con la que lo hemos hecho. Pero suena especialmente relevante el porqué, sin haber recibido una respuesta, pone en el conocimiento público unas aseveraciones que nada tienen que ver con la realidad.
¿Puerta giratoria en la JEP? Harvey Danilo Suárez, Secretario Ejecutivo y encargado de la contratación de la entidad, antes de estar vinculado a la JEP tuvo 11 contratos entre 2006-2018 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD de acuerdo a la información que él mismo publicó en el SIGEP. Recordemos que la JEP ha firmado 22 convenios con el PNUD por $182.120 millones por derecho privado, a dedo, que explican en buena medida el interés de la ONU por mantener intacto el presupuesto de la entidad. ¿Suárez informó de este posible confilcto de interés antes de entregarle al PNUD $182.120 millones? Siguen surgiendo dudas sobre el manejo de la JEP y las explicaciones brillan por su ausencia.
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 8, 2026
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Otro de los cuestionamientos que sobre su gestión en la Secretaría de la JEP está relacionado con un contrato de 2018 que usted firmó con Marcelina Cundumí Díaz, condenada por el caso de Foncolpuertos. ¿Por qué la JEP le entregó un contrato a una persona que ya tenía una condena en firme por corrupción?
Aquí se está retomando un proceso de 2018, 2019 y 2020 que se relaciona con la consulta previa que realizó la JEP, con recursos públicos, con varias organizaciones indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. El Espacio Nacional de Consulta Previa propuso a una organización, se revisó el cumplimiento de requisitos y, al momento de la suscripción de los convenios, esta asociación cumplió con todos los requisitos. Su representante legal, Marcelina Cundumí Díaz, en ese momento, no tenía ninguna decisión respecto de inhabilidades o incompatibilidades relacionadas con condenas. El sistema público de soporte de la Procuraduría General de la Nación, certificó que no registró, al momento de la suscripción de los convenios, sanciones ni inhabilidades vigentes.
Nosotros nos regimos, además, por una cláusula que en todos los convenios que firmó esta organización se debe declarar bajo la gravedad del juramento que no se encontraba en ninguna inhabilidad. Entendimos, luego de suscritos los convenios, que ella estaba en un proceso de investigación penal que terminó en la Corte Suprema de Justicia, donde se confirmó una condena en su contra. Nosotros informamos a la Procuraduría de la ocurrencia de esta sanción, porque no estaba en el registro ni en la plataforma. Cuando la Contraloría hizo la auditoría, quedó claro que habíamos realizado oportunamente todas las indagaciones disponibles con información pública sobre la situación. De hecho, frente al incumplimiento por parte de la contratista de la declaratoria de esa situación, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía.
¿Qué ha pasado con esa denuncia?
Esa competencia es de la Fiscalía. Seguramente avanzó en el tema, aunque no lo sabemos. Nosotros cumplimos con el deber de informar sobre la situación, presentamos la denuncia penal correspondiente, con todos los soportes y la información que teníamos. También la Contraloría revisó estos temas y no encontró de nuestra parte ninguna falta, falla, observación o hallazgo.
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Estos cuestionamientos aparecen en medio de la discusión que tiene el Congreso sobre el presupuesto de la JEP. ¿Le preocupa la forma en la que puedan influir sobre la posible reducción de COP 170.000 millones para el 2027 en el legislativo?
Realmente nos parece que es el camino equivocado. Estos debates con información parcial, incompleta y descontextualizada lo único que suben son los ánimos sobre un tema que requiere objetividad. El debate sobre la justicia transicional como política de Estado, sobre los resultados de la jurisdicción y las discusiones sobre la ejecución de los recursos requieren información completa, clara y objetiva. Publicar un segmento de video de 16 segundos, con un titular, sin ninguna posibilidad para quien lo ve de contextualizarse, genera un daño en términos de la calidad de la información, de la valoración de lo que se está publicando y de la posibilidad de tomar una posición informada.
Claro que enrarece el espacio de debate. Y entrar en ataques que buscan desestimar el argumento a través del ataque a las personas es una falsedad. Hacen suponer que la JEP es “esta u otra cosa”. No, hablemos en serio. Hablemos sobre debates estructurados, argumentados y con evidencias sobre cualquiera de los asuntos relacionados con esta política. Contrastemos con lo que hoy han hecho y declarado los comparecientes, con los reconocimientos genuinos de responsabilidad, con los procesos de trabajos, obras, actividades reparadoras y restaurativas, con los procesos en los que, cara a cara con las víctimas, los comparecientes están trabajando juntos en las comunidades.
Eso no sucede por un milagro. Es el resultado de un trabajo meticuloso y riguroso, tanto judicial como de mediación restaurativa y acompañamiento psicosocial muy importante, en el que las víctimas reconocen que les están dando respuestas y que hay un compromiso serio de aportar a la verdad, a la reparación y a la restauración. Ese tipo de mensajes y de publicidad o propaganda generan en algunos sectores del país, que no quieren escuchar nada más que lo que reafirma su posición, distanciamiento y polarización.
Creemos que es el camino equivocado. Demos debates a fondo en las mesas técnicas que hemos solicitado al Gobierno. Hablemos del presupuesto y de los resultados, pero va bajo criterios diferentes. Pareciera ser que el objetivo es otro: deslegitimar un proceso institucional, social, comunitario y de apoyo de la comunidad internacional durante décadas. Esto recoge un acumulado de 10 años de lo que se pudo aprender en Justicia y Paz, con sus luces y sus dificultades. Pero también de un proceso que le ha generado respuestas a muchas víctimas.
Pero también hay víctimas que siguen buscando respuestas…
Por supuesto que hay víctimas que sienten que no han encontrado respuestas en la JEP. Eso es absolutamente cierto, porque muchas de ellas, frente al dolor y al sufrimiento que han tenido que padecer por mucho tiempo, esperarían que la respuesta fuera la cárcel, tener a estas personas en un establecimiento intramural, con todas las limitaciones de derecho y libertades como es la oferta de la justicia ordinaria. Y se supone equívocamente que esa es la única forma de lucha contra la impunidad.
Lo que hemos entendido y aprendido en este proceso, lo que viene de otros procesos en Colombia y en comparación con otros lugares del mundo, es que el mayor resultado e impacto está en el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, la reconciliación y los procesos de dignificación. La relación costo-beneficio no es solamente la aritmética ni las cifras del presupuesto. Es un factor fundamental, pero ahí no se agota. Tenemos un debate a fondo en el que no se identifique a personas o a entidades a partir de verdades a medias o de mentiras claramente declaradas.
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El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha ido al Congreso para defender el presupuesto de la JEP. ¿Cómo ve usted el panorama de esa conversación desde la Secretaría Ejecutiva?
Esperaríamos que los argumentos, las razones, la evidencia y el impacto de decisiones equivocadas logren en el Congreso una decisión distinta a la que está planteada hasta hoy. Creemos que hay cada vez más conciencia de que este debate no se limita a un factor presupuestal, sino a las condiciones mismas de la justicia en un estado de derecho y en una democracia. Lo que está en juego son derechos y garantías de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. No solamente, como se ha sugerido de manera muy explícita, que esto es un asunto relacionado con burocracia. Creemos que avanza con todos estos debates serios la comprensión de sectores del Congreso.
Entendemos que este gobierno hizo un análisis juicioso, serio, detallado, técnicamente elaborado, con los COP 821.000 millones que le permitirían a la JEP el próximo año cerrar la fase de investigación, seguir con los cinco años que faltan de la fase de juicio, cerrar los macrocasos, avanzar en los procesos de seguridad jurídica para los comparecientes y, sobre todo, de garantías para que las víctimas tengan respuestas. Confiamos en que el Congreso, en su sabiduría colectiva, lo entienda. Es un compromiso con las víctimas, los territorios, las comunidades, los comparecientes, con el país y con la comunidad internacional.
Y si ese debate no resulta como esperan, ¿cuáles son los gastos que la JEP tendría que reconsiderar ante un recorte de presupuesto?
El resumen más concreto que tendría ese recorte de COP 170.000 millones es que sería paralizar la actividad judicial de la JEP. ¿Por qué razón? Hay COP 81.298 millones que tienen destinación específica para el apoyo a la actividad judicial, la presencia de nuestros equipos territoriales de acompañamiento psicosocial, equipos de asistencia legal y de soporte administrativo para la realización de diligencias. Habría un impacto directo en el monitoreo integral, que es el que se encarga de apoyar la verificación judicial de las sanciones. No tendríamos representación judicial completa, tendríamos serias dificultades en los procesos de defensa técnica de comparecientes.
Es afectar la estructura misma de la actividad judicial. No habría debido proceso ni garantías judiciales. En términos de impacto más profundo, tiene que ver con una eventual denegación de justicia. El Estado colombiano estaría incumpliéndoles a las víctimas y a los comparecientes. También se afectaría la protección, que evalúa a través de estudios de riesgo que hace la UIA y los implementa la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero con recursos de la JEP. Si no tenemos los recursos y con la demanda actual, podríamos cubrir máximo cuatro meses la protección. Eso significaría que víctimas, testigos e intervinientes que tienen riesgos de seguridad o amenazas quedarían sin garantías.
Otro tema fundamental: la transmisión y el registro de las audiencias. No es solamente publicidad ni divulgación, son piezas judiciales que se deben grabar y salvaguardar. Entre 2020 y la fecha se han grabado 5.940 audiencias, 849 por año. Es una afectación a una garantía de la publicidad y el debido proceso de quienes hacen parte de la actividad judicial en calidad de víctimas, testigos y hasta la labor de la Procuraduría. También la investigación de la UIA se afectaría con COP 2.600 millones.
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Usted menciona las afectaciones al monitoreo de sentencias. El año pasado se retiró el mecanismo internacional de Naciones Unidas; hoy están en ejecución dos sentencias y dependen solo del mecanismo interno. ¿Cómo se haría entonces?
Esto es quitarle la base estructural a la verificación judicial. El monitoreo es un trabajo permanente de la Secretaría Ejecutiva de la JEP que les permite a los jueces de ejecución de sanciones hacer sus verificaciones. Lo que se acordó y está establecido en la ley es el complemento entre nuestro monitoreo y lo que hacía la Misión de Verificación, que realizará ONU Derechos Humanos y, cuando reciba recursos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), que van a hacer la labor que realizaba la misión de verificación, pero en otras condiciones. Pero sin el soporte de monitoreo nuestro, se afecta de manera directa a los derechos de las víctimas y las garantías que deben tener en el cumplimiento los comparecientes. No tendríamos cómo garantizarle al país que el cumplimiento se está dando ni en qué condiciones.
Le pongo un caso muy concreto. Una víctima interesada en que se cumpla la sentencia del Batallón La Popa, en Valledupar, se queda sin información sobre el cumplimiento de la sentencia que le interesa. ¿Usted qué explicación le da?
Lo que está de por medio no es el fracaso inducido de la JEP, es el fracaso del Estado. El compromiso y la obligación de las garantías materiales para el cumplimiento son del Gobierno Nacional, en representación del Estado, y del Congreso, que deben apropiar y facilitar el acceso a los recursos que le permitan a la JEP hacer su trabajo. Para la víctima sería una inmensa frustración. Esta explicación no sería suficiente. Me diría la víctima que el Estado no le está dando garantías. Estos no son recursos para la operación de la JEP solamente. Son recursos para el cumplimiento de las obligaciones estatales referidas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El asunto no es quitarle la operación a una entidad, es generar el incumplimiento de las obligaciones del Estado.
Lo que vemos con preocupación y no debemos olvidar es que Colombia tiene procesos de observación y seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Colombia, a través de la actividad de la JEP, mantiene todo el proceso de justicia transicional restaurativa. La inoperancia por falta de recursos implicaría el desconocimiento del Estatuto de Roma y del convenio con el Estado colombiano que manifiesta de manera clara la voluntad y el compromiso de generar recursos suficientes para la operación de la JEP, normas no regresivas y normas de no injerencia en su estructura o funcionamiento. Ese incumplimiento abriría un debate que nos parece innecesario frente a esa víctima que usted me pone como ejemplo y que dirá: “El Estado no me cumplió”. Y lo va a reclamar por muchas vías.
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El magistrado Alejandro Ramelli dijo en entrevista con El Espectador que se está adelantando “una embestida” contra la justicia transicional. ¿Cuál es su postura frente a esa afirmación?
Todo pareciera indicar que el interés de algunos sectores de poder en Colombia es que la JEP no siga operando. Yo lo dejo en esos términos. Cada quien mirará si eso es cierto o no.
La decisión del presupuesto está en manos del Congreso, donde hay una bancada de opositores de la JEP. ¿Qué decirles a los congresistas sobre el impacto de la decisión que tomen sobre la justicia y en los compromisos del Estado?
Llama poderosamente la atención que el sistema global de protección de derechos humanos y de justicia manifieste inquietud y preocupación sobre este tipo de decisiones. Y creo que no es coincidencia que esa preocupación se manifieste. El Estado ha hecho un trabajo con muchas dificultades, garantizando que la JEP realice sus actividades. Romper esas condiciones y garantías materiales de cumplimiento al mandato, sus efectos e impactos en denegación de justicia, profundización de la impunidad, imposibilidad de resolver y darle cierre jurídico seguro a esta situación es lo que le preocupa a la comunidad internacional. Esperemos que esos mismos mensajes estén haciendo eco en los congresistas, movimientos y partidos políticos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Mario(16018)•09 de octubre de 2026 – 12:14El secretario de la inefable JEP, defendiendo lo indefendible!
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antonio(7747)•09 de octubre de 2026 – 11:03Para qué sirvió la famosa " comisión de la verdad " manejada por el padre De Roux ?? Cuánto dinero nos costó ese embeleco ?? Se supo la verdad ?? Lo mismo va a pasar con al JEP. Las guerrillas, los paramilitares, los militares, los políticos, algunos empresarios hicieron y siguen haciendo para del conflicto en colombia. No va a pasar nada, solo garantizan impunidad. Las que salieron perdiendo fueron las víctimas que eran el eje central del acuerdo.
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cesarc655(66636)•09 de octubre de 2026 – 07:12Los que solo dieron bala, los de frases "bien muertos" , los asesinos mentales, los narcos, paramiltares y sus socios "hombres de bien, algunos políticos y familias poderosas económicamente no quieren que se conozca la verdad del genocidio que hubo en Colombia dónde el poder del dinero y la derecha asesinaron a campesinos y personas inocentes .
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Atenas(06773)•09 de octubre de 2026 – 05:22Ah, noo, y EE feliz dándole rienda suelta o vitrina a todos esos mamerticos de la JEP pa q’ justifiquen la jugosa teta q’ allí tienen y q’ vean cómo embolatan a la opinión pública con sus clásicos bulos y camelos pa sacarle todo el jugo q’ mås puedan a tan espurio tribunal. De suerte, Abelardo es consciente de lo q’ tiene en mente sobre cómo ahogar a ese esperpento de fantasiosa paz y q’ muera antes de tiempo por física consunción: recortarle merecida/ la plata q’ tanto derrochan. Atenas
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Juan(cnp52)•09 de octubre de 2026 – 03:44Una muchacha obsesionada con figurar encontro en la JEP un tema vendedor. Me recuerda a Vicky y la comunidad del anillo. Una entelequia producto de la mente maligna de Vicky y el ex-policia Angelo, el mismo que grabo, chantajeo, y vendio al ex-funcionario de Santos que tenia aquella debilidad. Pobre familia, ¿lo recuerdan?
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usucapion1000(15667)•08 de octubre de 2026 – 21:23Imposible porque el aboganster de pistola al cinto nunca aprendiò a pensar y ni siquiera a sentir.
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antonio(7747)•09 de octubre de 2026 – 11:04Pero ud si aprendió a escribir estupideces.
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