El Espectador le explica cómo fue el camino del Acuerdo de Escazú

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué tiene que ver un documento con alcance internacional firmado por el Estado colombiano con la grave situación de docenas de líderes ambientales, muchos de ellos asesinados? ¿Por qué es tan importante no solo poner una rúbrica sobre dicho acuerdo sino ratificarlo? ¿Es posible proteger el medio ambiente gracias a ese pacto? ¿Qué es la llamada democracia ambiental y por qué tiene mucho que ver en este asunto? Pues le pedimos a los colegas de la sección de Ambiente todos los contenidos que recientemente hemos desarrollado al respecto para escribir este boletín, un resumen de una noticia que trae, en el fondo, la esperanza de que exista un desarrollo económico en línea con la protección de los derechos humanos y la protección de los recursos naturales. Ni más, ni menos. Comencemos.

Vamos por partes. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es, como lo dice su nombre, un acuerdo que comenzó a discutirse en el 2012 cuando 20 países de América Latina y el Caribe, incluido Colombia, firmaron la “Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. En ese momento los representantes de ese mismo número de países hicieron un compromiso: con ayuda de la Cepal, debían construir un “instrumento que acogiera tres pilares fundamentales: acceso a la información ambiental, a la participación ambiental y a la justicia ambiental”.

Demandas internacionales y otros mitos sobre el Acuerdo de Escazú

Pero eso, en otras palabras, ¿qué quería decir? Que los proyectos de desarrollo económico -con sectores protagonistas como el minero o petrolero, por ejemplo- lograran un equilibrio con las territorios y comunidades en donde se desarrollan. Todo un reto, pues la industria petrolera debería encontrar la forma de hacer la perforación de un pozo sin contaminar los cuerpos hídricos (ríos y quebradas) de la zona en donde hizo el hallazgo y que, además, contara con el aval de los habitantes del lugar (muchas veces comunidades indígenas, afros o campesinos) y no solamente con la firma de un funcionario desde Bogotá. O que una compañía pueda hacer extracción de minerales sin afectar los páramos que suministran el agua para las ciudades, vital para la sobrevivencia de millones de habitantes. Y todo esto incluía, también, la protección de los líderes y lideresas ambientales que buscaban, con sus acciones, hacerle frente a los avances de muchos proyectos que, en su consideración, estaban pasando por encima de los derechos de la mayoría en beneficio de unos pocos.

Entonces, con esa promesa, en el 2014 “los países aprobaron la Decisión de Santiago de 2014 con el fin de buscar la aplicación de la Declaración”. En el 2015 comenzaron las negociaciones. Para el 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, “se adoptó” el mencionado acuerdo. Seis meses después, se abrió la primera puerta para firmarlo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El 11 de diciembre de 2019 Colombia se unió a los países firmantes. Incluso desde el alto Gobierno se decía que esta firma era el resultado de una gran conversación nacional al respecto.

Y el 20 de julio de 2020 el entonces presidente Iván Duque radicó el proyecto de ley para que el Congreso colombiana ratificara el Acuerdo de Escazú, pero fueron integrantes de su mismo partido político quienes le pusieron trabas al curso del documento en el Legislativo y en ese instante quedó en una especie de limbo. Las comunidades indígenas en Colombia, como se esperaba, ofrecían su apoyo a dicho acuerdo. Incluso en una carta enviada el 1 de octubre de 2020, la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con los Pueblos y organizaciones indígenas hablaba de que el retraso en el acto legislativo era por parte del entonces congresista Ernesto Macías, quien había pedido a la también entonces ministra del Interior, Alicia Arango, la suspensión del trámite que aprobaría el acuerdo hasta que no se realizara de manera presencial una consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Pero la MPC aclaró que no había solicitado ni al Gobierno ni al Congreso que se detuviera el trámite legislativo y que se trataba de una instrumentalización política y oportunista.

En el 2021 México y Argentina lo ratificaron. El 22 de abril de 2021 entró en vigor. Lo que decían expertas en la materia era que Colombia, a pesar de haber hecho parte de las negociaciones, al no ratificarlo para ese instante se perdía la posibilidad de la cooperación entre países, de intercambio de experiencias, incluso de no poder acceder a los fondos de cooperación internacional y del Fondo Voluntario de Contribuciones. Colombia ya era catalogado como el país más peligroso para las personas que defendían el medio ambiente y por eso eran muchas las peticiones para que se ratificara, pero…

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“El único instrumento vinculante creado para la protección de defensores y defensoras ambientales en el mundo” no pasaba en el Congreso colombiano, contaban los reporteros de la sección de Ambiente de El Espectador. El Ejecutivo le echaba la culpa al Legislativo y viceversa. En la recta final de ese periodo, en junio de 2021, 41 congresistas opositores le solicitaban expresamente a Duque radicarlo el 20 de julio y no sabotear su trámite en el Capitolio. La redacción de Colombia +20 contaba una dura realidad: “Al menos 44 de los defensores ambientales fueron asesinados del 20 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021″, mientras se hundía el Acuerdo en el Congreso. “El listado lo integran autoridades y guardias indígenas, ambientalistas y promotores de la sustitución de cultivos de coca”, nos detallaban. La razón: porque defendían el acceso a la información ambiental, exigían participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y pedían justicia en asuntos ambientales. Sí, justo los tres pilares del Acuerdo de Escazú sobre el que trabajaron en conjunto todos los países, incluidos representantes de Colombia.

¿Qué se venía? Seguir insistiendo en la aprobación por parte del Congreso, decían no solo los defensores del documento, sino todos aquellos expertos que veían en esto un instrumento real para tomar acciones en la conservación y protección del medio ambiente. Pero varios líderes gremiales criticaban el Acuerdo y hablaban del riesgo de la soberanía de la tierra, de la imposibilidad de mantener proyectos en pie y de la falta de reglas de juego claras para inversiones futuras si se aprobaba. Cada uno desde una orilla distinta. Por un lado, la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, la ANDI, Fedegán y el Consejo Gremial. “El Acuerdo de Escazú es peor que cien acuerdos de impunidad entre Santos y las Farc. La soberanía colombiana sí queda en tela de juicio. ¡Mucho cuidado con el veneno de Escazú!”, escribió José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en su cuenta de Twitter, hoy X. Pero representantes de resguardos indígenas, comunidades afro y campesinos pensaban todo lo contrario.

En ese instante se leían posiciones como esta: “Este tipo de leyes pueden utilizarse en fines particulares, no puede permitirse este tipo de mecanismos para ejercer presión sobre la tierra. Nos preocupa que cualquier proyecto productivo deba tener un permiso o consulta previa, por lo cual solicitamos no darle trámite al mismo”, decía Gonzalo Moreno, del Fondo Nacional Avícola. “Le hemos pedido al Gobierno que ratifiquen Escazú, pero en varias ocasiones nos ha demostrado que esto no es su prioridad. ¿Qué pasa si no lo ratificamos? Abrimos la puerta para que zonas que deben ser protegidas queden expuestas a exploración y explotación de multinacionales”, aseguraba Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

O desde el otro lado: “Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y por la comunidad internacional como un instrumento fundamental para la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de Escazú es un medio para que países como Colombia, puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OCDE”, analizaba la entonces directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, Lina Muñoz Ávila.

Esto quería decir que el 2020 fue el año más letal para defensores ambientales en el mundo y que Colombia encabezaba la lista como el lugar más peligroso para esa labor. ¿Cuál era la causa? “Laura Furones, integrante de la organización Global Witness, decía que una de las razones era la falta de implementación del Acuerdo de Paz, pues en muchas zonas incrementó el control de los grupos paramilitares y criminales a través de la violencia”, escribía Paula Casas Mogollón.

¿Qué decía el informe de ese año? Que de los 645 asesinados, 41 líderes y lideresas trabajaban en la protección de la tierra, siendo la actividad más peligrosa. Le seguía la sustitución de cultivos ilegales, con 17 casos; oposición a la agroindustria, con tres asesinatos: oposición a las actividades mineras y extractivas; con tres casos, y uno se oponía a la construcción de carreteras e infraestructura. “En 2020 vimos un aumento de un 15% en agresiones y un 60% en asesinatos. Vimos dos elementos de este incremento. Uno que quiere decir que mientras todos estábamos recluidos en nuestros hogares, pareciera que los violentos tuvieron más libertad para actuar a sus anchas por todo el territorio nacional. Y un segundo elemento es que el aislamiento hizo más ubicable y más fácil de identificar esos liderazgos justamente por permanecer en sus domicilios. Varios de los homicidios que registramos se produjeron justamente en los lugares de residencia de los líderes y lideresas”, detallaba Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores.

Los protagonistas, en territorio, se pronunciaban con lo que parecía obvio, el Acuerdo volvía a entrar al Congreso, pero los datos confirmaban que el Legislativo no lograba ir en línea con las necesidades ambientales, pues a corte de marzo de 2022, de los 77 proyectos de ley que se presentaron en dos comisiones claves, solo 8 fueron aprobados y de ahí tan solo 7 eran ley:

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Para el 26 de abril de 2022 volvía al ruedo. Con seis votos a favor y uno en contra era aprobado, en el primero de cuatro debates. Llegaba el nuevo Gobierno. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, hablaba de los asuntos prioritarios en la nueva administración: reducción de la deforestación, las estrategias de restauración ecológica, la delimitación de los páramos y la revisión del funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La reforma al Código de Minas y al Sistema Nacional Ambiental, la aprobación del Acuerdo de Escazú y la transición energética planificada y un proyecto para prohibir la aspersión con glifosato. El 26 de julio pasaba en segundo debate. Eran dos años de una discusión enredada pero que por fin avanzaba.

El 28 se septiembre avanzaba en el tercer debate. “En Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”, decía Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Se conocía, justo el mismo día, un nuevo informe de la ONG Global Witness donde aseguraban que “de los 200 homicidios de defensores ambientales que se registraron en el 2021, fueron 33 los reportados en Colombia” y que “aunque el país redujo casi a la mitad los casos, la situación seguía siendo crítica: en la última década murieron 322 líderes”, escribía Paula Casas Mogollón en este texto.

Un señalamiento fuerte se hacía allí: “La corrupción, impulsada por la creciente demanda de alimentos o combustible, ha desempeñado un factor determinante en los homicidios a líderes y lideresas. El informe resalta que en la última década se ha visto un aumento en el acaparamiento de tierras para la minería, la tala y la agroindustria. Entre los actores que se confabulan para apropiarse de estas tierras, advierten, están las corporaciones, fondos de inversión extranjeros, funcionarios estatales y los gobiernos”, agregaba la reportera de la redacción Ambiente.

El 10 de octubre de 2022 el Acuerdo de Escazú pasaba su cuarto debate y Colombia se convertía en el país número 14 en ratificarlo de entre los 24 que lo firmaron. “Mientras el Acuerdo entra en vigor, la Corte Constitucional realizará un examen de si Escazú es acorde a los mandatos de la constitución. Y aunque su ratificación se dio este lunes, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú. Luego de que pase por la Corte Constitucional, entraría en vigor”, nos contaban los periodistas que siguieron todo el proceso.

¿Qué seguía entonces? Conciliar lo que decía el documento con la legislación colombiana y tratar de vincularlas. De acuerdo con Juan Pablo Sierra, Codirector de la ONG juvenil PactoXElClima, consultado por El Espectador, vendrían mesas de diálogo “para construir junto a las comunidades, sociedad civil y la academia cómo se va a aterrizar el Acuerdo, es decir, cómo se va a aterrizar el derecho al acceso a la información y a la participación” y cómo se diferenciaría de, por ejemplo, un derecho de petición o de una consulta previa, respectivamente.

El escenario ideal es que este acuerdo sirva como herramienta para que Colombia logre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % y cero deforestación a 2030, así como alcanzar la carbono neutralidad a 2050. Y para cumplirlo, explican los analistas y expertos, hay que proteger la Amazonía o el Putumayo, o los páramos, por ejemplo, y por ahí derecho a quienes más los defienden, que son precisamente las y los líderes ambientales. De ahí, también, que era urgente tener una justicia ambiental de cara a esa defensa de esos colombianos en los territorios.

Y nos explicaban que la “Alianza por el Acuerdo de Escazú, integrada por la ONG Ambiente y Sociedad, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, WWF, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Dejusticia, ha formulado dos líneas para implementarlo. Una sería reglamentarlo por sectores y actividades productivas, como el sector minero energético, el sector de transporte, entre otros. Y la otra sería reglamentar de acuerdo con líneas temáticas como agua, cambio climático y bosques”.

Terminó el 2022 con la buena nueva de la aprobación, llegó el 2023 para darle el tránsito en la Corte y la explicación profunda de quienes defendieron el Acuerdo frente a quienes lo criticaban bajo el argumento de la soberanía de la tierra:

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Y así aterrizamos en este 2024 que más allá de celebraciones ha sido también de exigencias. Por ejemplo, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el partido Alianza Verde envió un comunicado al gobierno de Gustavo Petro y, de paso, a la Corte Constitucional. Pidieron, en esa carta, que se haga efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental del país, especialmente de los proyectos impulsados por esa colectividad política, contaron los colegas de Política. “La solicitud fue hecha en un momento clave en materia ambiental para Colombia, a solo meses de que se lleve a cabo la COP16, en Cali, y con un aumento del 40 % de la deforestación, en comparación con las cifras del año 2023, según el Ministerio de Ambiente”, escribieron.

“Pedimos al Ministerio de Ambiente, para que, desde el Gobierno Nacional, se reglamente y ponga en marcha las leyes que, pese a haber sido sancionadas hace más de 2 años, no se avanza en su implementación”, se lee en el documento. Se refieren a Ley 2173 de 2021, o Ley del Árbol, la cual busca promover la restauración de los bosques del país, a través de la siembra de árboles y el fomento de la responsabilidad ambiental de las empresas y entes territoriales. O a Ley de Pasivos Ambientales, aprobada en 2023, y que establece los instrumentos de control, manejo, evaluación y seguimiento a daños ambientales no compensados.

El Acuerdo de Escazú como instrumento para fortalecer la democracia ambiental. Una escritora, una docente y una lideresa ambiental explican aquí el por qué.

Y al alto tribunal, el mensaje fue: “Le solicitamos respetuosamente a la Corte celeridad para la garantía de la vida de los ambientalistas y el acceso libre a la información, para que, de manera prioritaria, el Estado proteja a las personas o comunidades que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, se les dé el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades”. Dicho en otras palabras, que avanzara en la revisión de la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual el Congreso ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú.

Agregaron una serie de puntos por trabajar: “La contaminación de los ríos por la minería ilegal y el asesinato de líderes y lideresas, que en 2024 ya suman los 75 casos, según el informe más reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)”.

Dos meses y medio después la noticia era que “la Corte Constitucional, por unanimidad, aprobó el Acuerdo de Escazú, con ponencia de Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez”, que “el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente aplaudieron la decisión” y que ante las dudas que tenían los opositores del pacto y que tenía que ver con la consulta previa, los togados dijeron: “En particular, la Corte señaló que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa. Esto, porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”:

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La Corte Constitucional aprobó el Acuerdo de Escazú

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Mauricio Madrigal, entonces director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (hoy, en WWF), citado por la redacción Ambiente de El Espectador, y haciendo referencia al libro escrito junto al abogado Luis Felipe Guzmán-Jiménez titulado Información Participación y Justicia Ambiental (2020), dice que el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”.

Sí, el asunto va más allá de las fronteras, es el “tratado más importante de los últimos 20 años respecto a derechos humanos y cuidado del medio ambiente en la región”. Y, citando a analistas enfocados en este asunto, nos dijeron: “Según la organización Escazú Ahora, sobre el acceso a la información, el tratado regula el deber del Estado de generar, recopilar y difundir información ambiental de manera proactiva, oportuna, regular, comprensible y actualizada. También se debe realizar un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, para publicarse cada cinco años, y una evaluación de las políticas para su cuidado. Sobre la participación pública, el país debe revisar, examinar y actualizar el proceso de los proyectos y actividades ambientales en curso, además de contar con una debida autorización respecto a aquellos que puedan infringir un daño al territorio. Además, se debe promover la participación pública sobre procesos de ordenamiento territorial, elaboración de planes, normas políticas o estrategias relacionados con el medio ambiente”.

Y un punto por el que se trabajó incluso con la misma participación de la sociedad civil, de las comunidades, de los líderes y lideresas que lograron contar su postora y ser tenida en cuenta: “El acuerdo también pretende “garantizar la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, lo que implica asegurar entornos libres de violencia, amenazas y restricciones, es decir, que sean seguros para todas aquellas personas, grupos u organizaciones”.

El reto es claro: aplicar el Acuerdo de Escazú en Colombia. El camino es todo un desafío: lograr una coherencia entre el desarrollo de proyectos económicos con la protección del medio ambiente. El resultado debería ser evidente: entender que el cambio climático ya va en crisis climática, que debemos privilegiar el bienestar de la mayoría por sobre los intereses particulares, que es una obligación respetar los derechos humanos y que, al final, si logramos llegar a puntos distintos y no quedarnos en la ya tradicional conflictividad entre comunidades con grupos empresariales podríamos incluso entender nuevas formas de desarrollar renglones de la economía que nos beneficien a todos. No se logrará de un día para otro. Tampoco en un par de años. Pero sí debería ser tarea de todos intentarlo y encontrar las mejores ideas posibles. Se trata de la vida de cada uno de ustedes. De su familia y la mía. La de todos.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.

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