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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hay un debate en el que llevamos años, pero se acrecienta cada tanto, cuando lamentablemente registramos la muerte de trabajadores de minas en Colombia y el país centra su atención en esa tragedia puntual. No es nuevo, al contrario, la minería hace parte de la historia de este este país y sobre ella se ha construido parte del modelo económico nacional, con todas las consecuencias positivas y negativas que eso ha traído. Por eso en este boletín de noticias el tema que vamos a desarrollar es la minería, porque estamos viendo manifestaciones en el bajo Cauca, movilizaciones indígenas y campesinas, empresas que están optando por mover sus inversiones y una política que viene directamente desde el Ejecutivo que ha lanzado mensajes claros desde tiempos de campaña. Todo esto aparece presente en este resumen, así que recuerden entrar a los enlaces que dejaremos a continuación para ahondar en cada detalle. Comencemos.
Como ya es costumbre, vamos un poco atrás. El 7 de diciembre del 2022 nuestros colegas de la sección de Ambiente publicaron varios datos que más allá de las cifras, nos volvían a poner sobre el presente, sobre la realidad: “De los cerca de 7.200 títulos mineros que están vigentes, hay 1.816 que se superponen con áreas restringidas o excluibles; es decir, están en zonas en las que no deberían estar. De esta cantidad, el 48% (878) no cuenta con instrumento ambiental (o no se ha revisado). Otro 77% (1404) no cumple con requisito de Formato Básico Minero (o no se han revisado). El 9% restante cumple todos los requisitos de formatos de regalías”. Sí, hay varias formas de leerlo, como que en Colombia más del 25% de los títulos mineros están en áreas donde no se debería hacer minería, de acuerdo con la Agencia Nacional Minera (ANM). En voz de su presidente, Álvaro Pardo, quedó clara la posición del Gobierno: “Nunca más se va a otorgar un título minero en un área donde haya restricciones ambientales”.
A corte del 31 de octubre del 2022, los mineros en Colombia le deben al país $303.376 millones por concepto de regalías. Varias de esas deudas tienen más de 3 años de antigüedad y ascienden a cerca de $250.000 millones.
Ese mismo día la ANM informó que se vendría una reforma en el Código de Minas -expedido hace cerca de dos décadas-, basada en la discusión de qué quieren los colombianos sobre sus recursos naturales, qué está pasando con el cambio climático y, entre otros, qué pasa cuando una empresa cierra una mina o la deja de explotar, recordando el caso de Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore, quien devolvió al Estado las minas de Calenturitas y La Jagua, en Cesar. Según cálculos, allí se pueden extraer más de 15 millones de toneladas de carbón al año, y tenía pendiente la compensación de pasivos ambientales y el asegurar la estabilidad para quienes trabajaban allí. Pardo soltó otra noticia de tamaño familiar: “No habrá más contratos de minería de carbón a cielo abierto en Colombia”. Pero fue claro en que los contratos actuales se respetarán. En resumidas cuentas, que nuevos proyectos a cielo abierto como los que hoy tiene Cerrejón, ya no tendrán aval del Gobierno. Esto abre una caja con muchas variables, como el asunto ambiental, que prima en esta caso; pero también entra a jugar el social y económico, no solo por las personas que allí se desarrollan sino por el dinero que este negocio le aporta al país.
Los mensajes desde la administración Petro sobre el negocio minero eran más que claros. Pero el asunto iba más allá y se trataba de transición energética. Una estrategia que tampoco es nueva, no, pero no había tenido tanto impulso desde el alto Gobierno como sucede ahora. Para el 25 de enero María Camila Bonilla registró no solo las intervenciones del ministerio de Minas en el Foro Económico Mundial, cuando la ministra Irene Vélez, durante una panel, dijo: “Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”, sino que fue más allá y entonces indagó sobre qué se sabía hasta ese momento del plan del Ejecutivo para seguir este camino de las energía limpias. Solo había “un documento oficial” que daba “algunas pistas”. En el texto, llamado “Diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia”, dijeron que “la transición debe llevarse a cabo mediante la sustitución gradual de las fuentes de energía fósil por fuentes de energía renovable, garantizando la soberanía y la confiabilidad energética y la estabilidad económica del país”.
¿Cómo estaba la discusión en el país? Hay que partir de una base: más del 50% de las exportaciones de Colombia dependen de estas industrias extractivas y no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana porque eso traería una crisis económica. Pero, además de los números, cómo se veía el escenario desde la Corte, qué en La Guajira, incluso, recordando que desde 1.800 estamos hablando de transición energética “cuando pasamos de usar madera a carbón para obtener energía”. Es evidente que ahora se quieren cambios grandes en la matriz energética, que incluye al sector que genera electricidad, la industria o transporte, por eso también explicamos a continuación en qué consiste esa transición de la que se está hablando:
Ambiente
Las razones de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Transición Energética
Ambiente
Transición energética en La Guajira: de las guerras del gas a las disputas por el viento
Ambiente
Lo que viene para La Guajira después de 40 años de depender del carbón
Investigación
¿Qué carajos es la transición energética?
Volvamos a la minería, foco de este boletín, aunque al final todo termina conectado, no solo por el modelo económico en el que hemos vivido en Colombia, sino porque hacer cambios en un renglón de este tipo implica ajustar todos los demás. Por eso contamos, por ejemplo, la historia del carbón en La Guajira, el departamento con una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo:
Para el 4 de marzo pasado la redacción de Negocios escribió un análisis interesante sobre todo este asunto de la transición con un apartado especial en el petróleo. Es imposible desligar uno del otro. Allí escribieron: “La exploración petrolera hace latir, en buena medida, el corazón económico de Colombia. A su vez, la transición energética es un imperativo para el planeta, así como para la producción nacional, que también debe ir más allá de depender de la explotación minero-energética”. En la siguiente infografía está detallada la explicación con la respuesta a qué representa el petróleo para el país.
Por ahora se sabe que, si los planes en materia de energía renovable se cumplen, los de toda América Latina, y hablamos de energía solar y eólica, la región podría tener 319 gigavatios (GW) nuevos de capacidad instalada, “algo así como 132 veces la capacidad de Hidroituango” a 2030 y Colombia sería el tercer país que más aumentaría su capacidad en los próximos siete años. En otras palabras, la “región tiene la posibilidad de aumentar en más del 460 %” la generación de renovables, sería un “gigante de la energía mundial”, de acuerdo con Kasandra O’Malia, gerente de proyectos para el Rastreador Global de Energía Solar, y coautora de nuevo informe de Global Energy Monitor.
Así que con un poco del panorama macroeconómico expuesto, el país supo que dos personas murieron en medio de los enfrentamientos que se presentaron en la madrugada del jueves 2 de marzo, en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, Caquetá, cuando un grupo de indígenas y campesinos se enfrentaron a la fuerza pública representada por la Policía, en las instalaciones de la petrolera Emerald Energy. Precisamente los campesinos e indígenas pedían a la empresa pavimentar 42 kilómetros de vía y reivindicar los derechos que dicen tener sobre la tierra y el agua, pero todo se salió de control. Tanto que los uniformados terminaron privados de la libertad y en poder de la guardia campesina.
Al día siguiente las noticias llegaban desde el Bajo Cauca antioqueño, porque un paro de mineros tenía bloqueada la vía hacia la Costa Atlántica y porque el comercio de la zona también estaba cerrado. Mineros de Antioquia y Córdoba eran los protagonistas. Se hablaba de 5.000 de ellos en protesta. La razón: Iván Velásquez, ministro de Defensa, había sido claro: “La orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales”. Cinco días después, el presidente Petro tuvo que enviar a cinco viceministros para atender la situación, de las carteras del Interior, Defensa, Minas y Energía, Medio Ambiente, así como el Departamento Nacional de Planeación. Entre tanto, la conversación por la transición energética seguía su curso y se hablaba de la creación de un distrito minero, pero la cosa se fue convirtiendo, para sumar, en un lío de orden público, pues se hablaba de infiltración de grupos armados ilegales en la protesta:
Ambiente
Al pensar en su transición energética, Colombia debería mirar a sus mares
Economía
Crear un distrito minero: la propuesta del Gobierno a los promotores del paro
Judicial
Cierres del paro minero en Antioquia y Córdoba fueron intervenidos por la Policía
Judicial
Preocupaciones por el toque de queda en 12 municipios de Antioquia
Para el 10 de marzo ya íbamos en que el Gobierno tuvo que ordenar a la Fuerza Pública desbloquear las vías de Antioquia. Ese día informamos que el diálogo entre los ministros de Defensa, del Interior y de Medio Ambiente con los voceros del paro minero terminó sin acuerdos, a lo que se sumó la declaración del toque de queda en 12 municipios de Antioquia por parte de la gobernación.
Pero, ¿cuál es el fondo de todo esto? La informalidad minera, la informalidad laboral, la explotación de unos recursos naturales que son de todos, la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo viviendo de estas rentas ilegales. Es todo un caldo de cultivo que durante décadas no ha podido tener una solución clara.
Para el 11 de marzo, se registraron hechos de violencia como la quema de dos ambulancias. Para ese instante ya íbamos en que el Ejército había quemado unas 13 dragas que, según el Gobierno, aportaban en la financiación del Clan del Golfo. Pero los mineros insistían en que la ausencia de capturas era una muestra de la persecución sin fundamento en contra su gremio.
La situación, que evidencia una vez más otro problema estructural que tiene el país y ese es el de la minería informal -que no es la misma que la minería artesanal-, fue asumida directamente por el presidente Petro, quien recalcó que “va a haber una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia, para rastrear y destruir la que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal”. El 12 de marzo el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, anunció la llegada de un batallón para mejorar las condiciones de seguridad de esta subregión antioqueña, que ya cumplía 11 días en una difícil situación de orden público, nos contaban los colegas de la sección Judicial. Al día siguiente persistían bloqueos y hechos violentos mientras el ministro insistía en que el Clan del Golfo está detrás del paro minero. Llegamos al 15 de marzo y el mismo funcionario aseguró que los bloqueos viales en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ya se habían superado y que el Gobierno estaba dispuesto a dialogar con los mineros.
Y fue justo ese mismo día cuando el país se enteró de otra tragedia, de estas que van sumando cada tanto, que causan indignación, pero que, en el fondo, son una más, porque como país no hemos logrado ponerle freno a este asunto. Ese día la redacción Bogotá confirmó que los bomberos de Cundinamarca y otras unidades de atención de emergencias realizaban labores de rescate tras la explosión de gas en seis minas de carbón en Sutatausa. Que ya se sabía de 11 personas muertas y 10 mineros atrapados.
Colombia
Confirman que diez mineros continúan atrapados tras explosión en mina de Sutatausa
Bogotá
Tragedia en Sutatausa, que por ahora deja 11 muertos, fue en una mina legal
Colombia
En fotos: situación en Sutatausa tras la explosión de seis minas que dejó 11 muertos
Ambiente
El otro “hueco” de las minas en Colombia: no se sabe cómo vamos a cerrarlas
A la par era el mismo Gobierno quien revelaba los ejes y algunos instrumentos que usaría para cumplir su objetivo de propiciar la transición energética en Colombia, como por ejemplo impulsar el turismo y favorecer la exploración, producción e industrialización de minerales críticos como el cobre, el cobalto y el litio. Los cinco ejes son:
1) Mayores inversiones en energías limpias y descarbonización.
2) Sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles.
3) Mayor eficiencia energética.
4) Revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias.
5) Reindustrialización de la economía colombiana.
Y, dijo el Gobierno, que “los tiempos de la transición energética dependerán de los resultados de esos ejes, de tal manera que se avance en conjunto con la transición exportadora, con una economía más diversificada, menos dependiente del petróleo y el carbón, y a la vez con sostenibilidad fiscal y macroeconómica”. Con responsables de los equipos de los ministerios de Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, y Hacienda y Crédito Público. En el tema exportador, por ejemplo, se habla de agroindustria, manufacturados y productos intermedios con mayor valor agregado.
El Gobierno espera que en 2023 lleguen 5,44 millones de turistas; y que para 2026 se reciba a 7,5 millones de visitantes no residentes en un escenario conservador y 12 millones en el escenario optimista ideal.
¿Y qué dicen los otros, como el ministerio de Hacienda? Que se mantendrá “la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas, propiciando la autosuficiencia de la matriz energética”, hicieron énfasis en que se trabajará en la exploración, producción e industrialización de los llamados “minerales críticos”.
Mientras veíamos esta realidad macroeconómica, desde Sutatausa se confirmaba el hallazgo de los 10 desaparecidos y en total fueron 21 muertos; en El Bagre se cumplían 14 días de paro, mientras el gobernador del departamento de Antioquia publicaba videos en los que evidenciaba el estado actual de las quebradas. “Dos semanas sin extracción ilícita de minerales le han dado un respiro a la naturaleza en el Bajo Cauca. Cristalinas, así se ven 14 días después del paro violento las quebradas Borrachera y Villa Chica, en El Bagre. ¿Qué opinan?”, dijo Aníbal Gaviria.
Para ese momento sabíamos que en todo el 2022, en Colombia, murieron 114 mineros, 17 de los cuales trabajaban en Cundinamarca. La Alcaldía de Sutatausa decretó 3 días de duelo. Por ahora y revisando las estadísticas, “la minería es la principal fuente económica y de empleo en esta y otras zonas del departamento. Por su parte, Sutatausa cuenta con 27 títulos mineros vigentes, sin embargo, la reciente explosión que dejó 21 muertos cuestiona el panorama de esta peligrosa actividad”, escribieron los colegas de la sección Bogotá.
La situación, por donde se le mire, merece una buena y extensa conversación. No solo por todos aquellos que sí han hecho bien la tarea en el negocio minero y su sostenibilidad, sino por todos estos casos que describen con urgencia la necesidad de iniciar cambios profundos en esta industria tan relevante para el país, pues no se trata solo de un asunto ambiental o económico coyuntural, sino del futuro de muchos colombianos con antecedentes repetidos, que ya todos conocemos, pero no hemos podido encontrar soluciones claras y ejecutables. No es solo la minería informal, con casos como el del Bajo Cauca; o de la minería en socavón, como la de Cundinamarca; o de La Guajira, con todos los impactos que ya hemos visto. No se trata solo de entregar títulos sin medir los impactos que allí se quedan.
Entra a jugar un papel fundamental el Plan Nacional de Desarrollo, que está en pleno debate, porque se convierte en una hoja de ruta con claros objetivos por atacar. En este boletín se resumen varios de los que hemos vivido en los últimos meses y evidencia que aunque parecieran ser asuntos aislados, todos están conectados por ser una explotación de recursos naturales, la base de la economía nacional y el futuro de todos en medio de un cambio climático que ya va en crisis climática, sin olvidar que el carbón sigue siendo, como lo dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE), la mayor fuente de generación de electricidad.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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