En lo que va corrido de este año, y en un contexto candente de campaña electoral, la Policía Nacional ha realizado 14 incautaciones de dinero que, de acuerdo con las autoridades, tendrían relación con la compra de votos para las elecciones a Congreso y Presidencia de la República. Estos procedimientos, realizados en 11 departamentos del país, llevaron a las capturas de 20 personas. Sin embargo, según el último boletín del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE) de la Policía y la Fiscalía, solo una persona fue enviada a un centro carcelario, cuatro están pendientes de la medida de aseguramiento y 15 fueron dejadas en libertad.
“Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario agregó que, producto de estas 14 operaciones, fueron incautados COP 1.706 millones, que ya fueron entregados a la Fiscalía. Aunque todavía las autoridades no pueden garantizar que la totalidad de este dinero estaba destinado a cometer delitos electorales, el ECODE, que reúne a 270 investigadores en 47 despachos de la Fiscalía, adelanta las investigaciones para esclarecer el origen de ese dinero y lograr la judicialización de quienes los transportaban.
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Aún con las investigaciones en ciernes, tres casos han llamado la atención de las autoridades por las grandes sumas de dinero en efectivo incautadas y, en dos de ellos, por la presencia de material de propaganda política. El más reciente ocurrió el pasado 4 de marzo en la vía que comunica a Ibagué con el municipio de El Espinal, en Tolima. Según la información preliminar, en ese operativo fueron incautados más de COP 70 millones en efectivo que, al parecer, estarían destinados a la compra de votos en esa región del país.
El dinero era transportado en un vehículo en el que también se halló propaganda política alusiva a la candidata a la Cámara de Representantes Olga B. González, del Partido Liberal. El procedimiento se llevó a cabo hacia las 5:30 p. m. en el kilómetro nueve de la vía Ibagué a El Espinal, en el sector del peaje de Gualanday. Al detener el automóvil, unidades de la Policía de Tránsito encontraron dentro de un bolso cerca de 2.000 stickers y 1.802 tarjetones con publicidad política.
De acuerdo con la Policía, la incautación del dinero y del material se realizó debido a que las personas que lo transportaban no presentaron documentos que acreditaran la legalidad y procedencia de los recursos. El director de la institución, el general William Rincón, señaló que “el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan si el dinero podría estar relacionado con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos”.
Otra incautación se registró también el 4 de marzo, cuando fue capturado el exconcejal de Montelíbano (Córdoba), Misael Augusto Villareal, quien se movilizaba junto a una mujer identificada como Virginia Rosa Urango Ramos en un vehículo que transportaba COP 434 millones en efectivo. Según las autoridades, el dinero también estaría destinado a la compra de votos. El procedimiento se realizó en la vía que conduce de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio.
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Villareal había sido elegido concejal de Montelíbano para el periodo 2024–2027, pero perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses durante la elección del secretario del concejo municipal. Tras su captura, tanto él como su acompañante fueron interrogados sobre la procedencia del dinero, pero no lograron justificar su origen. El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, que verifica el origen de los recursos, los cuales habrían sido retirados en Montería y, según indagaciones preliminares, eran transportados hacia Montelíbano.
El tercer caso involucra a un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El pasado 3 de marzo, Luis Alfredo Acuña fue capturado en vías de La Guajira con propaganda política y COP 145 millones en efectivo que, presuntamente, serían utilizados para comprar votos en esa zona. Sin embargo, un día después quedó en libertad y se le devolvió el dinero.
Una jueza de control de garantías determinó que la captura del escolta fue ilegal. La Fiscalía apeló la decisión y conformó un equipo interdisciplinario integrado por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción para continuar con las indagaciones, pese a la decisión de dejarlo libre.
Durante el procedimiento contra Acuña, las autoridades encontraron los COP 145 millones empacados en sobres marcados con nombres de conocidos políticos de la región y propaganda electoral de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador. Según el general Rincón, el dinero estaba distribuido en siete sobres identificados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que, a juicio de la Policía, evidenciaría un posible entramado para la comisión de delitos electorales.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que la decisión de dejar en libertad al escolta se debió a un retraso de la Policía para entregar algunos informes necesarios para legalizar la captura. Funcionarios del ente acusador explicaron que el procedimiento fue realizado por unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, que no tienen funciones de policía judicial, por lo que el caso tuvo que ser remitido para la elaboración del informe necesario.
Además, en su reporte inicial la Policía señaló que podría haberse configurado el delito de omisión de reporte sobre transacción en efectivo. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la policía judicial no tiene competencia para determinar el delito. Al analizar el caso, el ente investigador consideró que los hechos podrían constituir un posible lavado de activos. Para la jueza de control de garantías, no obstante, esa contradicción entre las conductas señaladas por la Policía y la Fiscalía debilitaba la legalidad de la captura.
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Aunque el escolta del secretario Lacouture fue dejado en libertad y la Fiscalía espera que se resuelva la apelación, en el búnker del ente acusador se conformó una mesa de trabajo para profundizar en la hipótesis de un eventual caso de lavado de activos. La investigación busca establecer el origen de los recursos y su destino final, así como determinar si el dinero estaba relacionado con la financiación ilegal de alguna campaña política. Estas indagaciones podrían extenderse por varias semanas, al igual que las otras 13 investigaciones por incautaciones que adelanta el ECODE por presuntos delitos electorales.
En medio de estos operativos, las autoridades mantienen vigilancia en 272 municipios identificados con posibles riesgos para la transparencia electoral y la seguridad, donde podrían presentarse nuevas incautaciones en los días previos a las elecciones del 8 de marzo. Para reportar estos delitos, las autoridades habilitaron la línea 157, un canal gratuito, seguro y anónimo articulado con la Fiscalía, a través del cual las personas pueden denunciar conductas como la compra de votos.
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