Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Pero muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.
Esta investigación revela cómo mercenarios colombianos terminaron al otro lado del mundo en una red de guerra, lucro y silencio que se extiende desde los Andes hasta los campos de exterminio en la región sudanesa de Darfur.
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“Hasta la fecha no han repatriado su cuerpo”, dijo a la AFP la viuda de unexsoldado colombiano que murió en Sudán, que pidió no dar su nombre ni el de su esposo por temor a represalias.
Este exsoldado de 33 años viajó a Sudán a mediados de 2024. Integraba un grupo que fue enviado por empresarios sancionados por Estados Unidos a este brutal conflicto que deja decenas de miles de muertos y millones de desplazados en riesgo de hambruna.
A partir de testimonios, registros corporativos y verificaciones de imágenes en los campos de batalla, la AFP revela cómo colombianos refuerzan las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio.
Estos son los principales hallazgos:
- Reclutados por internet, la mayoría fueron trasladados a Sudán vía Emiratos Árabes Unidos, donde recibieron breves entrenamientos.
- Usaron al menos dos rutas para llegar a Sudán: por el este de Libia, leal a Emiratos, o a través de una base aérea en Bosaso, Somalia, que alberga a militares emiratíes.
- Imágenes verificadas de mercenarios y testigos los sitúan en cruentos combates en Darfur.
- Un excoronel colombiano, sancionado por Estados Unidos, es señalado por un antiguo socio como el cerebro tras la operación para enviar 2.500 mercenarios a combatir con los paramilitares de las FAR en Sudán.
Sudán en llamas
Sudán se desangra en una guerra entre las FAR y el ejército controlado por el gobierno de facto desde 2023, alimentada por intereses de Emiratos, Egipto, Arabia Saudita e Irán, entre otros.
Mercenarios extranjeros, principalmente de países africanos como Eritrea y Chad, aparecieron en ambos bandos.
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Pero la operación más sofisticada es la de los colombianos, codiciados por su experiencia con drones y artillería.
Reciben entre USD 2.500 y 4.000 dólares, unas seis veces su pensión en el ejército, según un exmilitar.
En diciembre, el gobierno estadounidense sancionó a cuatro colombianos y sus empresas que integran esta red, sin mencionar el nodo emiratí: la compañía Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi.
Emiratos niega señalamientos de Sudán y organismos internacionales sobre un supuesto apoyo a los paramilitares. Esto es parte de un “patrón de desinformación” para “distraer del trabajo vital de terminar esta guerra brutal”, dijo un alto funcionario de ese gobierno.
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Entrenando a niños
Familiares de los mercenarios sufren en silencio.
El marido de la viuda colombiana murió tres meses después de su despliegue en Sudán a mediados de 2024, mientras la campaña paramilitar para apoderarse del oeste de Darfur tambaleaba. Durante meses los combatientes sitiaron El Fasher, último bastión del ejército.
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Aunque informes señalan que los rebeldes son decenas de miles, tienen poca experiencia y equipamiento. Son hábiles en brutales incursiones, no en operaciones de largo alcance como los colombianos.
Con apoyo de los sudamericanos, según Estados Unidos, la milicia tomó El Fasher en octubre en medio de reportes de ejecuciones masivas, secuestros y violaciones.
Videos geolocalizados por la AFP muestran a colombianos dentro y alrededor de la ciudad antes de la toma.
En un vehículo blindado, atraviesan las ruinas ennegrecidas del campamento de refugiados de Zamzam mientras escuchan reguetón. “Está destruida”, dice uno con acento colombiano.
El campamento fue invadido en abril por los milicianos. Más de 400.000 habitantes huyeron y hasta mil fueron asesinados en lo que sobrevivientes califican de masacres étnicas.
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Otras imágenes muestran al hombre con acento colombiano posando junto a niños con fusiles de asalto. En otras sus compañeros enseñan a un combatiente a disparar un lanzacohetes.
Fotografías posteriores muestran el cadáver ensangrentado del hombre, señalado como “comandante” e identificable por sus rasgos faciales y aparato dental.
El gobierno sudanés afirma que hasta 80 colombianos se unieron al asedio desde agosto y que al menos 43 fueron abatidos.
Según la cancillería colombiana, varios fueron “engañados” por “redes de trata de personas”.
¿Interesado en trabajar?
A un año de su retiro, un suboficial colombiano especialista en drones recibió un inusual mensaje en WhatsApp: “¿Algún veterano interesado en trabajar? Buscamos reservistas de cualquier fuerza”.
El exmilitar de 37 años, que contó su historia a la AFP bajo anonimato, dijo que solicitó información. Alguien que se identificó como excoronel de la fuerza aérea le dijo que la oferta era en Dubái, por un sueldo mensual de USD 4.200.
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Cada año, miles de soldados colombianos se jubilan jóvenes y con pensiones bajas. Algunos encuentran oportunidades en la boyante industria de seguridad privada del Golfo.
El exmilitar aceptó. Pero en una llamada posterior le dijeron que Dubái solo sería una escala de dos meses para “entrenamiento”. Luego sería enviado a “África” para misiones de reconocimiento con drones.
Como sospechaba, contactó a un amigo en una compañía de seguridad en Emiratos. Este le advirtió que probablemente terminaría en Sudán.
Resolvió retractarse. No quiso “hacerle daño a personas que están del lado de la ley”, dijo.
Pero muchos compatriotas aceptaron y emprendieron viajes que parecen diseñados para ser secretos, aunque algunos combatientes son más cuidadosos que otros.
Uno de ellos, el exmilitar Christian Lombana, documentó en redes sociales su viaje hasta Sudán vía Francia y Abu Dabi.
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Bellingcat, un grupo de investigadores que usa datos públicos disponibles en internet señala fotografías que lo sitúan en el sureste de Libia, en una zona controlada por el comandante Jalifa Haftar, que tomó el poder con apoyo emiratí.
Desde que empezó la guerra en Sudán, su territorio ha sido un corredor vital para los paramilitares de las FAR, vía el suministro de armas, combustible y combatientes.
Días después de su posteo en TikTok, el convoy de Lombana fue emboscado en el desierto de Darfur.
Un video compartido por un combatiente rival que se tornó viral muestra los documentos de Lombana esparcidos por la arena junto a fotos de familiares. En su pasaporte aparecen sellos de entrada a Emiratos y a Libia.
El gobierno colombiano nunca confirmó la muerte de Lombana.
Otros mercenarios, aún vivos e identificados por la AFP, publicaron recientemente fotos en Dubái, Abu Dabi y varias ciudades europeas.
Uno subió a TikTok videos con uniforme militar en el desierto. Otro se autodefine como “mercenario” en Instagram.
Escala en Somalia
Documentos y testimonios apuntan al excoronel colombiano Álvaro Quijano como coordinador del negocio.
Según un antiguo socio que habló con la AFP, el mayor retirado Omar Rodríguez, Quijano “suspendió” la operación tras reveses militares en 2024. Luego la reanudó con modificaciones.
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Recientemente, los mercenarios comenzaron a transitar por Bosaso, en Somalia, cuyo aeropuerto alberga una base militar gestionada por Emiratos.
Residentes de la zona dijeron a la AFP que han visto pelotones de extranjeros uniformados allí.
Bosaso está en Puntland, una región semiautónoma de Somalia donde Abu Dabi ha entrenado, armado y financiado a una fuerza marítima de la autoridad local desde 2010, según expertos de la ONU.
Fuentes de seguridad afirman que militares emiratíes están estacionados en una zona acordonada del aeropuerto.
En noviembre surgieron informes sobre una filtración en el sistema de visas somalí que expuso datos personales de unas 35.000 personas, incluidos algunos colombianos que viajaron a Sudán.
“Tenemos que investigar y estamos en ello”, dijo a la AFP el asesor de seguridad nacional de Somalia, Awes Hagi Yusuf. Destacó la necesidad de evidencias firmes y de mantener buenas relaciones con los Emiratos.
El ministro de Defensa somalí declaró ante el Parlamento que aviones han volado desde Bosaso “hacia Chad y Níger, con rumbo al oeste de Sudán”.
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Un habitante que frecuenta el aeropuerto por trabajo dijo haber visto, entre marzo y julio, a grupos de hombres extranjeros de piel clara “de entre 30 y 40 años, con complexión militar, alineados y transportados en aviones de carga”.
Indicó que a menudo eran escoltados hacia una sección del aeropuerto que aloja a militares emiratíes.
Ali Jama, otro residente local, dijo que vio en abril cómo extranjeros con equipo táctico abordaban una aeronave de carga.
Imágenes satelitales y rastreadores de vuelos muestran constante actividad de aviones Ilyushin IL-76D en esa pista, iguales a otros identificados por la AFP en bases aéreas en Emiratos y Libia.
Varias familias colombianas de mercenarios muertos en Sudán luchan para cobrar un supuesto seguro de vida. Esa remota esperanza las ahuyenta de dar declaraciones.
La ruta del dinero
La semana pasada, Estados Unidos sancionó al excoronel Quijano y a su esposa Claudia Oliveros por ser figuras clave de una “red transnacional” que recluta colombianos “para luchar junto al grupo paramilitar sudanés”.
“Desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las FAR”, dijo el Departamento del Tesoro. Precisó que algunos han entrenado a menores de edad para el combate.
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El exmayor Omar Rodríguez fundó A4SI como una agencia de empleo en 2017. Buscó asociarse con el excoronel Quijano pues, según él, tenía mejores conexiones emiratíes.
En 2022, ahogado en deudas, Rodríguez vendió sus acciones a la esposa de Quijano, actual propietaria de la agencia.
El exmayor habló con la AFP en un intento de limpiar su nombre de una operación “ilegal” de “trata” de personas que pretende “colocar 2.500 hombres” en Sudán.
La AFP obtuvo 26 documentos firmados por colombianos en Libia, en los que autorizan a la firma emiratí GSSG a pagar sus salarios a través de una empresa registrada en Panamá por Oliveros.
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Un contrato como “guardia de seguridad” advierte sobre consecuencias “civiles y penales” en Emiratos en caso de romper la confidencialidad.
Registros corporativos emiratíes de 2018 muestran al empresario Mohamed Hamdan Alzaabi como propietario de la compañía GSSG, descrita en su sitio web como “el único proveedor de servicios de seguridad privada armada para el gobierno emiratí”.
GSSG sacó recientemente de su sitio web una sección que enumeraba a tres de sus clientes: el ministerio del Interior emiratí, la cancillería y el ministerio de Asuntos Presidenciales.
Ni GSSG ni sus redes asociadas en Latinoamérica como A4SI accedieron a hablar con la AFP.
Personas muy poderosas
Emiratos niega su participación en la guerra a través del apoyo a los paramilitares, pese a informes de expertos de la ONU, legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales que señalan lo contrario.
“Emiratos Árabes Unidos rechaza categóricamente (...) cualquier acusación de haber suministrado, financiado, transportado o facilitado” recursos para alimentar el conflicto “a través de cualquier canal y corredor”, respondió un funcionario emiratí consultado sobre esta investigación.
Según diplomáticos y analistas, el reino tiene intereses en los yacimientos de oro, las fértiles tierras agrícolas y la posición estratégica de Sudán, con una extensa costa sobre el Mar Rojo.
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El Congreso de Colombia aprobó recientemente una ley que prohíbe el reclutamiento de mercenarios, tras décadas de reportes sobre exmilitares que participan en conflictos como los de Haití, Afganistán y Ucrania.
Pero llega tarde para un joven de 25 años caído en combate en Sudán a finales de 2024.
“Ya las cenizas llegaron a Colombia”, dijo a la AFP una mujer que se identificó como su prima.
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