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“Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Nicolás Maduro Moros, el acusado, está en la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para utilizar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
Así comienza la imputación de cargos con la que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la madrugada de este 3 de enero de 2026. Durante la operación militar, que ocurrió en Caracas, también fue capturada su esposa, Cilia Adela Flores. Según los primeros reportes oficiales, se trató de una invasión del Ejército de ese país a la capital de Venezuela que fue milimétricamente planeada. Luego de que se conociera mundialmente la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la imputación de cargos completa.
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En el documento de 25 páginas, las autoridades estadounidenses condenaron lo que, para ellos, es una red criminal dedicada al narcotráfico liderada por Maduro y varios de sus más fieles hombres: Diosdado Cabello, ministro de Interior: Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior de Justicia; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Guerra; y Héctor Rusthenford Guerrero, jefe del Tren de Aragua.
Para Estados Unidos, todos hacen parte de una compleja red criminal que usó el poder y la capacidad estatal para traficar drogas de una manera sistemática. Sobre el papel de Nicolás Maduro, la imputación señala que ha Estado a la vanguardia de esas prácticas corruptas y habría usado “su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó” para transportar “miles de toneladas de cocaína”. Además, el documento señala que habría participado de esas actividades criminales mucho antes de llegar al poder.
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“Desde sus primeros días en el gobierno venezolano, Maduro Morros ha manchado cada cargo público que ha ocupado”, dice la investigación. La imputación en su contra describe cómo, siendo congresista, canciller y luego jefe de Estado, habría facilitado operaciones de narcotráfico mediante protección oficial, uso de infraestructura estatal y cobertura diplomática. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro convirtió el aparato de poder de Venezuela en una especie de “garante” para el tráfico ilícito.
Por eso, dice el documento, lo que ocurrió en Venezuela mientras Maduro estuvo en el poder fue un régimen “corrupto e ilegítimo” que permitió enriquecer y consolidar a la élite política y militar, al tiempo que debilitó cualquier control institucional. Para Estados Unidos, esa “institucionalidad corrupta” permitió que el poder se concentrara en torno al presidente y su círculo más cercano. En ese contexto es que aparecen personajes como Diosdado Cabello Rondón y a Ramón Rodríguez Chacín.
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La imputación sostiene que ambos fueron piezas claves del engranaje criminal y que no solo en ellos se concentró el poder, sino también el dinero producto de las actividades criminales que habrían permitido desarrollar. En ese sentido es que aparecen personajes como el hijo de Maduro y su esposa. Según la investigación, ambos habrían acumulado riquezas de los negocios ilícitos por los que ahora deben responder ante una Corte de Nueva York.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el Estado venezolano no solo toleró negocios de narcotráfico sino que también los promovió desde el poder y facilitó sus movidas en una lógica que resumió así: funcionarios civiles, militares y de inteligencia operaban dentro de un sistema de “patronazgo criminal” que garantizaba “protección a cambio de su lealtad”.
Las alianzas criminales
Uno de los puntos más sensibles del documento es la descripción de las supuestas alianzas entre altos funcionarios venezolanos y organizaciones armadas ilegales. La imputación afirma que, desde finales de los años 90, funcionarios como Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín “se han asociado con narcoterroristas de las Farc, el Eln, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua”. La acusación no se limita a contactos políticos, sino que habla de cooperación operativa.
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Según el documento, estas organizaciones ayudaron a “producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, mientras recibían protección estatal. El documento detalla que Venezuela se convirtió en un punto estratégico por su ubicación geográfica, con salida al Caribe y conexión con las zonas cocaleras de Colombia. En ese escenario, “a partir de aproximadamente 1999, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección”.
La imputación también describe rutas marítimas, aéreas y terrestres, y sostiene que para 2020 el Departamento de Estado estimó que “entre 200 y 250 toneladas de cocaína eran traficadas anualmente a través de Venezuela”. Estas cifras son parte del sustento de la imputación de cargos que apunta a que se trató de una conspiración criminal a gran escala.
El Departamento de Justicia insiste en que el tráfico no solo enriqueció a los imputados, sino que alimentó a organizaciones armadas designadas como terroristas, reforzando la imputación de narcoterrorismo. La alianza entre Estado y crimen, según el documento, fue funcional y duradera.
Las conductas
Además de hablar en concreto sobre las supuestas alianzas de Maduro y sus hombres con grupos narcoterroristas, la imputación describe conductas concretas para imputarle cargos al presidente de Venezuela. Por ejemplo, una de las más graves es que sostiene que Maduro, como canciller de su país y cuando Hugo Chaves estaba con vida, “vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que sabía que eran narcotraficantes”, y que facilitó vuelos bajo “cobertura diplomática para asegurar que no recibieran escrutinio de las fuerzas de seguridad”.
En cuanto a su esposa Cilia Flores, el documento señala que “aceptó cientos de miles de dólares en sobornos” para intermediar reuniones entre narcotraficantes y altos funcionarios antidrogas. Sobre Diosdado Cabello, la imputación sostiene que redes protegidas por militares enviaron “contenedores con cinco a seis toneladas de cocaína cada uno” desde puertos venezolanos hacia México y Estados Unidos.
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En otro episodio, la investigación describe el envío de “más de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9” que partió de Maiquetía. Estos hechos, para la justicia de Estados Unidos, sirven para sustentar el cargo de conspiración para importar cocaína. El documento explica que estas operaciones contaban con escoltas armados, uso de hangares presidenciales y desvío de investigaciones internas. Cada episodio refuerza la tesis de que el narcotráfico se ejecutó con recursos del Estado, no al margen de él.
Sobre el papel de Colombia
El Departamento de Justicia sitúa a Colombia como el origen central de la cadena del narcotráfico descrita en la imputación, en particular por el papel de las guerrillas de las Farc y el Eln. El documento señala que estas organizaciones “controlan la producción de cocaína en las regiones montañosas de Colombia”, desde donde se articula el negocio ilícito que luego se proyecta a escala regional. Según la imputación, ese control territorial permitió que la cocaína producida en Colombia ingresara a una red transnacional protegida por funcionarios venezolanos.
En esa lógica, la justicia estadounidense sostiene que el narcotráfico colombiano no operó de manera aislada, sino integrado a un esquema que garantizaba salida, protección y tránsito seguro de los cargamentos. Para el Gran Jurado, la producción en Colombia fue un eslabón indispensable de una conspiración que terminó abasteciendo el mercado estadounidense, con conocimiento y respaldo de actores estatales en Venezuela.
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La investigación también describe una relación directa y sostenida entre las guerrillas colombianas y el régimen venezolano, con implicaciones directas para Colombia. Según el documento, “en distintos momentos desde aproximadamente 1999, funcionarios venezolanos (…) se asociaron con narcoterroristas de las Farc y del Eln”. El expediente sostiene que estas alianzas permitieron que las guerrillas operaran desde territorio venezolano “al margen del alcance de las autoridades colombianas”, consolidando a Venezuela como un refugio seguro.
Además, señala que altos funcionarios venezolanos brindaron “protección y apoyo” a la Farc y al Eln, incluyendo reuniones con líderes guerrilleros y respaldo logístico. Para la fiscalía estadounidense, estos hechos afectaron directamente a Colombia, al fortalecer a grupos armados que, pese a procesos de paz y desmovilización parciales, siguieron integrados a redes de narcotráfico con proyección internacional.
La conspiración
Sobre los asuntos más jurídicos, la columna vertebral de la imputación es el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo. Para Estados Unidos, los investigados “intencional y conscientemente se combinaron, conspiraron y acordaron violar” la ley estadounidense, con conocimiento de que las organizaciones aliadas “han participado y participan en terrorismo y actividad terrorista”.
La imputación sostiene que el tráfico de cocaína no fue solo un delito económico, sino un medio para financiar grupos armados. En ese sentido, el documento explica que los acusados actuaron “con la intención de proporcionar, directa o indirectamente, algo de valor pecuniario a organizaciones terroristas”. Esa calificación eleva la gravedad del caso y habilita penas más severas.
El texto también describe el uso de armas de guerra: los acusados habrían “usado y portado armas de fuego, incluidas ametralladoras capaces de disparar más de un tiro automáticamente”, así como dispositivos destructivos. Este punto, para Estados Unidos, es otra clave, pues busca demostrar que el narcotráfico estaba acompañado de una capacidad armada organizada.
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Para el Departamento de Justicia de ese país, la combinación de droga, armas y alianzas con grupos designados como terroristas configura un patrón de criminalidad transnacional que trasciende la política interna venezolana y afecta directamente la seguridad de Estados Unidos. A manera de conclusión, el documento es claro con las consecuencias jurídicas de la imputación.
Además de penas de prisión y decomiso de bienes, la justicia de ese país solicita que los acusados “pierdan cualquier propiedad que constituya o derive de las ganancias obtenidas” por el narcotráfico. También pide el decomiso de armas y activos sustitutos si los bienes no pueden localizarse. La acusación deja claro que el proceso no se limita a una declaración política, sino a una acción penal con efectos patrimoniales.
Al reconstruir más de dos décadas de hechos, la imputación es clara con que, según su investigación, el Estado venezolano fue capturado por una red criminal, alianzas con organizaciones armadas y uso sistemático de recursos públicos para traficar cocaína. El caso, según el documento, busca responsabilizar penalmente a quienes “protegieron y promovieron” el narcotráfico desde el poder. Su desenlace dependerá de capturas, extradiciones y decisiones judiciales futuras, pero el expediente expone la posición oficial de Estados Unidos: para la justicia de ese país, el régimen venezolano operó como una organización criminal transnacional.
Lea el documento completo de la imputación contra Nicolás Maduro aquí:
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