
Los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella se han marcado por giros sustanciales en los frentes de seguridad y paz, diplomacia y un nuevo enfoque en materia económica con una propuesta concreta de recortar el funcionamiento del Estado. Pero la materialización de esas propuestas que fueron sus banderas para llegar al poder se encuentran delimitadas con una nueva apuesta para la gobernabilidad que implica un cambio significativo en la relación el Congreso, las regiones y algunos enfoques sociales que ya dejan huella tras algo más de tres meses en el poder.
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La definición de cómo sería el relacionamiento con la política tradicional quedó clara desde el camino que transitó para llegar a la Presidencia. En efecto, De la Espriella y su equipo de campaña conformado, entre otros, por Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez –hoy altos mandos en Ecopetrol–, buscaron marcar diferencia de todos los partidos en lo que denominaron como una batalla de “los nunca contra los de siempre” y con los que hoy, pese a tener el respaldo en el Capitolio de esas mismas colectividades, mantiene cierta distancia.
Es más, en medio de esa misma campaña De la Espriella tildó a varios congresistas como corruptos e incluso pidió a las autoridades de los Estados Unidos vigilar los movimientos de más de 30 líderes políticos de la oposición, entre ellos más de una decena de legisladores del Pacto Histórico. Eso sí, ese tradicionalismo fue el que en segunda vuelta le dio un respaldo pleno para vencer a Iván Cepeda, la carta que se jugó el Pacto para el continuismo del proyecto liderado por el expresidente Gustavo Petro.
Esa bandera de “cambiar la política” nacional le ha llevado a numerosos escenarios de tensión dentro de una coalición de gobierno que arrastra más de 180 votos en el Capitolio, pero que en capítulos recientes no ha mostrado tal contundencia en momentos clave. La primera gran muestra estuvo con la victoria del uribista Honorio Henríquez en la elección de la presidencia del Senado en la que De la Espriella —quien todavía no se había posesionado— respaldó frontalmente al senador de La U, Alfredo Deluque.
Y si bien esa jornada no se enmarca en los 100 días de poder de De la Espriella, sí fue la muestra de varias tensiones entre Ejecutivo y Legislativo, pues el Centro Democrático, el primer partido en declarare de Gobierno, forjó una alianza momentánea con el Pacto Histórico, la principal fuerza de oposición, para propinar esa derrota del 20 de julio. Posteriormente hubo otros choques con nombres concretos como el senador uribista Rafael Nieto Loaiza o el llamado de “socialista” de Enrique Gómez (Salvación Nacional) al expresidente Álvaro Uribe. Eso llevó a que desde el partido que lidera el exmandatario se planteara que no habría alianza alguna con ese senador.
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Las fisuras se vieron, además, con la tardía presencia del exministro del Interior Rodrigo Lara en el Capitolio. Tardó más de un mes en pisar las instalaciones del Congreso –condicionado por el cumplimiento de funciones en las regiones para atender la crisis del terremoto del 10 de agosto– y lo hizo para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la que, además, hubo serios roces con varios legisladores. Es más, el Gobierno se ausentó de la elección de contralor general en la que ni siquiera dio respaldo a alguno de los 10 aspirantes de la terna final.
Aunque hubo encuentro con varias bancadas para socializar las intenciones del Ejecutivo, el pleno del Congreso llegó a una conclusión clara sobre la falta de una hoja de ruta específica y de proyectos que debían ser tramitados por esta rama. A la fecha tan solo han llegado ocho proyectos con sello presidencial, de los cuales solo uno ha sido sancionado; dos se encuentran en trámite; cuatro esperan por iniciar sus debates y dos ya se hundieron. En este último bloque se incluye el presupuesto general del 2027 que naufragó por un error de trámite y tuvo que ser decretado sin aplicar numerosos cambios que proyectó el Legislativo. Ese mismo error costó la cabeza de Lara y provocó la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior.

Ahora será el amigo de Carlos Suárez, el nuevo jefe de la cartera política, quien tendrá que asegurar los votos para la otra prueba de fuego de este Gobierno en lo que queda de este año: el proyecto de “rescate fiscal”. No obstante, la percepción en el Capitolio es de incertidumbre sobre las formas de una figura a la que califican de “inflexible” y “controvertida” en sus posturas, pues algunos legisladores veían en Lara una figura de mayor margen de negociación que con el exprocurador. En todo caso, varios ya han tenido encuentros con él: el mismo Henríquez lo recibió en su despacho y con Uribe entabló un diálogo telefónico.
Pero es precisamente la elección de Ordóñez la que marca un eje en la gobernabilidad del jefe de Estado. De la Espriella ha sido concreto en nombramientos de figuras alineadas en su totalidad con una agenda que busca establecer políticas alineadas a la nueva derecha internacional y similares a lo propuesto, por ejemplo, por gobernantes como Donald Trump (Estados Unidos), Javier Milei (Argentina) o Benjamin Netanyahu (Israel).
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Otro punto que determina el cambio de paradigma de su mandato es el que centraliza un grueso de las responsabilidades del Estado en la figura de su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Es por ello que el segundo al mando de la nación ha liderado procesos como la apertura económica internacional y se ha apersonado de la denominada ley de rescate fiscal que ya es estudiada por los partidos en el Congreso.
El “vice”, junto a los ministros Miguel Gómez (Hacienda) e Iván Cancino (Justicia), fue quien entregó al Capitolio un proyecto genera división por tocar directamente el aumento de cargas tributarias a través del IVA a productos de la canasta familiar. “Esta ley de rescate económico es para salvar el país de la quiebra, para evitar que Colombia pierda 360 mil empleos, para evitar entrar en una recesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera decisión de la ley de rescate económico es ser consciente de que lo primero que tiene que hacer el Estado, lo más importante, es apretarse el cinturón”, señaló en una declaración frente al Capitolio.
La política fiscal que quiere implementar el Gobierno de acá en adelante será el medidor de su coalición. Pese a los ruidos y algunos choques –principalmente con el Centro Democrático o el Partido Liberal– ya le han respaldado iniciativas como la ley de sometimiento, que acabó con la paz total de Gustavo Petro, e incluso lograron hacerlo con el fallido debate del presupuesto. Pero con las elecciones regionales en mente, desde el inicio los congresistas han sido claros en que habrá que “peluquear” este articulado si quieren un guiño.
Desde el pasado 29 de octubre a la fecha no ha sido posible construir una ponencia conjunta y cada partido está trabajando en propuestas propias que le tocan la puerta al Ejecutivo para que comience a negociar. El Centro Democrático tuvo tres reuniones para fijar una posición y, con el aval del expresidente Álvaro Uribe —quien tuvo un diálogo propio con Ordóñez— presentaron una “ponencia sustitutiva” con la que se eliminan los impuestos a los alimentos ultraprocesados, de timbre, a los movimientos financieros y al patrimonio, entre otros. Lo mismo planean hacer los conservadores, los liberales y La U, que ya tienen líneas rojas.
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Fueron estas posturas las que impulsaron al Ejecutivo, a través del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, a convocar los partidos oficialistas a un encuentro en Barranquilla. Y aunque en las bancadas esperaban una exposición de motivos por parte del jefe de Estado, ese ansiado primer encuentro no se dio. La cita del 7 de noviembre en la capital del Atlántico la lideró, precisamente, Restrepo.
Para el Congreso, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y medirá el aceite de su coalición con los acuerdos que logre con este proyecto, que financiaría el presupuesto de COP 634,9 billones y busca un ajuste de COP 45 billones en un país con una deuda pública de casi el 60 % del PIB. En los pasillos del Capitolio concuerdan en que la relación no comenzó de la mejor forma y la intensidad legislativa que suele ser característica de los primeros meses de un Gobierno no ha llegado de la misma forma.
No obstante, se ha buscado tender algunos puentes con Restrepo, el ministro Cancino y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien es uno de los pocos congresistas con los que De la Espriella habla directamente. Ese reducido listado solo lo integran los senadores Enrique Gómez y Sara Castellanos, ambos de Salvación Nacional, además del ya mencionado Deluque. También hay línea directa con el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil.
No obstante, las bancadas ven con recelo la negativa casi directa de pactar con congresistas. Con el peso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), el jefe de Estado ascendió al poder con la promesa de que todo sería “transparente” y “sobre la mesa”. Desde el Legislativo han buscado probar que no toda relación es transaccional, pero desde algunos partidos ven con recelo la falta de cuotas entre los altos puestos de la Casa de Nariño, la cual decidió darle prioridad a quienes acompañaron la campaña de Defensores de la Patria.
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Pero la apuesta de una nueva gobernabilidad no solo toca al Ejecutivo. Previo a su salida, Rodrigo Lara lideró la confección de un decreto que regula el derecho a la protesta y en el que robustece la presencia de las autoridades en medio de manifestaciones. Esta medida ya fue probada el pasado 14 de octubre con la primera marcha de la oposición, en la que el mandatario monitoreó de primera mano la aplicación de esta herramienta.
¿Por qué es importante? El decreto le da mayores facultades de intervención a la Policía buscando evitar escenarios como los estallidos sociales de 2019 y 2021 en los que la izquierda forjó parte de la campaña que llevaron posteriormente a Petro al poder. Además, el gobierno también ha trazado una estrategia diferencial para el acercamiento con las comunidades indígenas, religiosas y afrocolombianas. Y contrario al caso de los partidos tradicionales, con estos sectores ya hubo un diálogo directo que lideró De la Espriella.
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NAVY(47439)•16 de noviembre de 2026 – 07:32Continua el reacomodo de las bancadas en el congreso y eso es normal; importante que se mantenga firme en evitar la mermelada (que bastante que se desplego en el gobierno pasado y tiene a varios ministros en problemas). Siga presidente
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Edwin Manuel(22811)•14 de noviembre de 2026 – 06:49Este artículo es bastante benevolo con el gobierno: proyecta actividades como estrategia, destacando resultados y omitiendo los vacíos . La ley de rescate no solo es negativa por el IVA a la comida sino por que descarga en clases medias (contratistas y funcionarios, empresas medias y pequeñas) el costo del ajuste. Lamentable este ejercicio de publicidad. No sabia que el Espectador estuviera tan urgido de recursos, ahora que se conoce que el gobierno paga según escriban de el.
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Alonso(73727)•14 de noviembre de 2026 – 16:55Me he dado cuenta que el espectador está perdiendo su rumbo de independiente, ahora se le mira demasiado sesgo
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ERWIN(18151)•14 de noviembre de 2026 – 05:49Jajajajajajaa..en 3 meses,tiene al pais patas arriba ..jugando a ser rambo..no sabe nada ..por eso todo lo delega al vice "tacnico"..el de los billones de duque..miauuuuu.
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Gladys(69771)•14 de noviembre de 2026 – 08:23Pero Petrucho fue mil veces peor, ud no lo admite ni lo cree según sus comentarios, pero no interesa porque la realidad del nefasto desgobierno de Petrucho es tan evidente que narrativas como las suyas quedan sin nada pero nada, nada.
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