La cirugía que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quiere hacerle al Estado tiene varios niveles. Y el primero, según lo confirmó el mismo mandatario entrante, tocará directamente a la Presidencia de la República.
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La razón es que el ajuste a las entidades que dependen del Ejecutivo no necesita de aprobación previa del Congreso; esto se traduce en que las fusiones, liquidaciones y otros procesos que se quieren hacer saldrán vía resoluciones y decretos. Esa potestad legal, además, tiene una serie de fases que también se comenzaron a conocer.
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En efecto, la primera cirugía encaminada a la reducción del tamaño del Estado tocará al menos 229 cargos y se aspira a que generen un ahorro cercano a los COP 10.000 millones anuales. ¿Cómo? A través de la desaparición de varias oficinas ligadas a lo que el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro denominó “paz total”.
De la Espriella, desde la campaña, calificó esa apuesta como una vía para darles componendas a los grupos criminales ligados al narcotráfico que operan en zonas rurales y urbanas. Petro, por su parte, la defendió para pavimentar los acercamientos a esas estructuras; en la actualidad hay siete mesas activas, al menos en el papel, pero en el terreno no hay ningún contacto a nivel de negociadores.
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Y es por ahí, por lo estancada de esa política pública, que el presidente electo ya notificó que frenará todo lo relacionado con esa apuesta del mandatario saliente. Eso sí, de paso –según sus propios anuncios–, tocará a otras estructuras administrativas que sobrepasan a Petro y vienen del acuerdo de paz que en 2016 se firmó con las Farc y que le valió ese mismo año el premio nobel a Juan Manuel Santos.
“Voy a transformar la estructura de la Presidencia. La volveré un centro de coordinación ejecutiva sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos. Ahora será una estructura austera, eficiente y ordenada siempre a los resultados”, precisó De la Espriella sobre cómo, desde el 7 de agosto que asume oficialmente el poder, comenzará a reajustar la estructura de lo público.
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La apuesta es ponerle punto final a la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también a la figura del Comisionado para la Paz, cuyas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.
Esta última figura es la que recogerá en un solo despacho todo lo relacionado con el futuro de quienes han firmado acuerdos con el Estado, como los más de 13.000 hombres desarmados de las extintas Farc. Y, de paso, lanzará las líneas con las que se aplicará el sometimiento al Clan del Golfo, el ELN, todas las disidencias y demás grupos ilegales que en ciudades y zonas rurales viven de traficar cocaína y la sustracción de minerales de forma irregular.
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“No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, señaló en su más reciente alocución, hecha en la noche del 13 de julio.
Ese día agregó: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
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La conformación de estos espacios estará incluida en el paquete de al menos 90 decretos que el mismo 7 de agosto se anunciarán desde la nueva administración. La estructuración del contenido se trabaja desde el comité de empalme de los asuntos de Presidencia, que lo dirige Andrés Barreto, y con la guía del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; este último es clave, porque oficia como una suerte de “cerebro” ejecutivo y técnico para la eficiencia del Estado. Todo, por supuesto, con las directrices del mandatario entrante.
La base de todo, según el gobierno de Defensores de la Patria, es eliminar consejerías y agencias que duplican funciones que podrían asumirse desde diferentes ministerios. Eso, de paso, pondría en el congelador la posibilidad de acabar con algunas carteras, para lo cual sí necesitaría del Congreso.
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En esa transición y “reducción de burocracia” –como también le dicen desde la administración que llega– toca a la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Estas tres carteras ya tienen jefes designados e instruidos para trabajar en ese camino: Rodrigo Lara Restrepo, Jorge Mora y Omar Bula, respectivamente.
También se le pondrá fin a la Consejería para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las tareas que se le asignaron en el último cuatrienio a esta instancia pasarán, después del 7 de agosto próximo, a los mismos tres ministerios.
Otras agencias de la Presidencia también desaparecerán, las cuales se notificarán desde que De la Espriella reciba las llaves de la Casa de Nariño. Además, en todos estos ajustes, también jugará un rol activo el ministro designado de Justicia, Iván Cancino, pues varios de esos procesos tocan con la misionalidad que se le asignará.
Entre tanto, la Consejería de las Regiones no será eliminada, pero sí se transformará en lo que el nuevo gobierno llamó Gerencia de las Regiones. Ahí también hay una jefa designada, Valerie Lafaurie, quien ha sido clave en los empalmes regionales que adelanta el equipo del mandatario electo. Ya se hicieron en Cúcuta, Yopal y Bucaramanga, y continuarán en Neiva y Medellín. Esta es una forma de entablar diálogos directos con los territorios y así evitar intermediación de congresistas.
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“Tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de la patria. Se le va a hacer seguimiento a los compromisos que vamos a adquirir con los entes territoriales y va a estar ahí para gerenciar y dar resultados a los colombianos”, enfatizó De la Espriella sobre lo que serán sus apuestas y la forma en que, desde el próximo 20 de julio, se relacionará con el nuevo Congreso.
Pero como de fondo se tocan estamentos claves del acuerdo con las Farc, sellado en Cuba y refrendado después tras la debacle del plebiscito de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, varias voces salieron a alertar por los riesgos que esto conlleva. Incluso, las duras declaraciones del mandatario electo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los comparecientes prendieron alarmas.
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“Culpar al acuerdo, por el accionar de estas estructuras (criminales), es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, aseguró el expresidente Santos. Y advirtió: “El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.
Lo que indican las cifras oficiales –entre ellas las de la Agencia de Reincorporación y Normalización (que también desaparecerá)– es que al menos el 85 % de quienes dejaron las armas con ese acuerdo, incluyendo a la cúpula de la entonces organización criminal, están plenamente comprometidos con lo pactado y se mantienen en democracia. De ahí que, desde ese sector, la misma JEP y hasta de Naciones Unidas se enviaran mensajes para que la nueva administración analice a fondo otros puntos de vista.
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En todo caso, mientras todo esto se decanta, De la Espriella ultima la cirugía que le hará al Estado desde el 7 de agosto. Además, pese a la oposición de Petro, alista su posesión en una guarnición militar y termina de delimitar los decretos y resoluciones que le darán piso jurídico a una “patria milagro” con un Estado más reducido. La controversia, por supuesto, también se calienta.
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