Alrededor de las 9 de la mañana del pasado jueves llegó a la Casa de Nariño el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el abogado y exguerrillero del M-19 Jorge Arturo Lemus Montañez. Su cita, absolutamente privada –al punto que no entra nadie más con él–, era con el presidente Gustavo Petro, con quien tiene un encuentro a puerta cerrada al menos una vez por semana.
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Tal es la confidencialidad de esas reuniones que el jefe de Estado también está solo; únicamente se ven Petro y Lemus en el piso tres del palacio presidencial, donde está el despacho principal del Ejecutivo colombiano. Ese 16 de octubre, cuando se registró la más reciente de estas citas, se habló de asuntos de seguridad nacional que giraron en torno a “un tema duro que la opinión conocerá dentro de poco”; al menos así lo describió una de las personas que ayuda a coordinar estas agendas.
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El director de la DNI –un boyacense de 65 años que llegó a comandar esta entidad de inteligencia gubernamental en marzo pasado– se ha convertido en una de las pocas personas con acceso y confianza directa del presidente Petro en el epílogo de la primera administración de izquierda pura. Eso sí, son cercanos desde su paso por el “eme”, pero en estos meses ha tomado más fuerza su presencia por el nivel de información que maneja.
Incluso, en una de esas citas privadas con Petro, Lemus notificó cómo se estaban ultimando los detalles de los traslados de dos narcocapos que comandan bandas de alto impacto en Barranquilla y que, con intervención de la DNI, aceptaron hacer una tregua para frenar sus guerras al menos de forma temporal.
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A Digno Palomino, cabecilla de “Los Pepes”, lo movieron hace algunas semanas desde una cárcel de Tolima hacia La Picota, en Bogotá, para que se sentara allá con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor y jefe de “Los Costeños”, a quien trasladaron desde Cómbita (Boyacá). En ese espacio estuvo presente Lemus, pero esquivó los reflectores y evitó aparecer en las imágenes que se hicieron públicas.
Y no fue una acción aislada. En efecto, por instrucción del presidente, el jefe de la inteligencia estatal entró de lleno a respaldar acciones enmarcadas dentro de la llamada paz total, por lo que la agencia se encuentra trabajando en caracterización, calificación e identificación de quienes integran este tipo de estructuras urbanas.
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El Espectador estableció que ese tipo de contactos ya se extendieron a las bandas de Medellín, algunas de Santander y otras del Valle, en especial a la llamada “La Inmaculada” y que también desde una cárcel comanda Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Cuando este diario preguntó por qué la Dirección Nacional de Inteligencia –con su cabeza a bordo– está inmersa en este tipo de procesos, la respuesta oficial remitió a una norma de noviembre de 2022.
Específicamente es la Ley 2272, que define “la política de paz de Estado”, en la que en uno de los incisos del artículo segundo quedó explícito la siguiente determinación: “Se creará una instancia de alto nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que puedan verse beneficiadas por esta ley. Dicha instancia debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz”.
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Eso, además, es lo que justificó otro paso que está a punto de anunciarse y que se coordinó en las citas privadas semanales que tienen Lemus y Petro. Lo que se dejó en firme, y para lo cual se prepara un decreto, es que la DNI también hará parte formal de algunas mesas de negociación y, si bien aún falta la oficialización, fuentes de la Casa de Nariño le dijeron a este diario que ese paso se vería con el ELN.
En la entidad de inteligencia no confirmaron ni desmintieron esta información, pero no es un asunto extraño al nuevo rol que se le está dando a una oficina que para 2026 quedó con una asignación presupuestal de COP 177.658 millones, de los cuales COP 23.154 millones son para inversión y el resto se destinarán a funcionamiento.
Lemus, quien durante la alcaldía de Petro en Bogotá ofició como director de Bomberos y estuvo, entre otras funciones, al frente de la cárcel Distrital –y hasta sorteó un episodio judicial por el saqueo a la capital durante la administración del fallecido Samuel Moreno que se conoció como el “carrusel de la contratación”– también está siendo consultado constantemente en la Casa de Nariño por la información sensible a la que ha accedido sobre las disidencias elenas y de la Farc que buscan cupo, precisamente, en la paz total.
Y aunque aún falta que se confirme por parte del Gobierno, en el entorno de Petro sí confirmaron que desde la DNI está llegando información sobre cómo en procesos como el de Comuneros del Sur (disidencia del ELN) o el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (que se divorció de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez) hay indicios de que señalados narcos están intentando colarse.
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En el caso de Nariño, donde se ha avanzado con Comuneros, se identificó a una persona a la que incluso en su momento se le levantó la orden de captura para que ayudase con las negociaciones –El Espectador se reserva esa identidad para no entorpecer las investigaciones–, pero quien presuntamente está negociando cocaína y extracción ilegal de oro en la región.
Además, según lo que se le reportó al Ministerio de Defensa (en cabeza del general (r) Pedro Sánchez) y la Oficina del Comisionado de Paz (liderada por Otty Patiño, otro que pasó por el extinto M-19), ese mismo personaje estaría coordinando la unión de estructuras criminales del sur del país para conformar otro ejército ilegal que pueda heredar las economías ilícitas que controlan en esa región las organizaciones que eventualmente entreguen las armas. Esto se está indagando con apoyo de la Fiscalía y el propio Petro ya habría sido informado.
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En este tipo de tareas que viene realizando Lemus y que semanalmente le notifica a Petro también está todo lo relacionado con lo que Palacio llamó “junta del narcotráfico”, a la cual ha señalado de querer asesinarlo. Según trascendió, para el Gobierno esa organización de alcance transnacional sí existe y hay varios de sus miembros identificados, pero aún no se encuentran expedientes judiciales –ni en el país ni en el exterior– en los que sus nombres figuren. Las indagaciones se mantienen.
De hecho, para mediados de año se programó un encuentro secreto entre agentes de la DNI y el esmeraldero Julio Lozano Pirateque, el cual se iba a realizar en Dubái y terminó cancelado porque la información sobre la cita se filtró. Lemus tenía previsto estar presente y uno de los temas, precisamente, era intentar dilucidar si entre los negocios legales de varios exnarcotraficantes se están metiendo actividades ilícitas que incluyen actos sicariales en Colombia; en todo este espectro figuró el Clan del Golfo.
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Pero el rol de empoderamiento que se le dio a la DNI y que hacen de Lemus uno de los hombres más relevantes para el jefe de Estado en el cierre de su administración, también se vio con el protagonismo cada vez más amplio que tienen sus agentes en la protección del presidente y de la vicepresidenta, Francia Márquez. Incluso, de una planta de cerca de 600 funcionarios de esta entidad, solo tienen autorización de portar armas de forma permanente los agentes que están en esos esquemas de protección.
Este diario confirmó que en esa línea se hacen revisiones periódicas y a fondo al entorno del presidente Petro, en especial en su oficina principal, para evitar que se den interceptaciones ilegales a sus comunicaciones o que su círculo íntimo termine infiltrado. Esto es parte del por qué el anillo de confianza del mandatario es cada vez más cerrado, lo que ha derivado en que sus aliados de la extinta guerrilla en la que militó cobren mayor protagonismo.
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La coordinación se hace con la Policía y con otro antiguo militante del M-19, Augusto Rodríguez, quien dirige la Unidad Nacional de Protección. Es entre estos directivos que se han analizado las alertas de posibles ataques contra la vida de Petro y Márquez, varias de las cuales llegaron por la colaboración de agencias internacionales, entre ellas las de Estados Unidos.
En la DNI aseguraron que los diálogos con la CIA, a la que se señaló desde esa entidad de ser la que manejó el software espía llamado Pegasus –cuyo paradero actual en Colombia aún es desconocido–, el FBI, ORA y la DEA, entre otras, se mantienen fuertes pese a las duras polémicas diplomáticas entre el presidente Petro y la administración del magnate republicano Donald Trump.
Esto no es menor, porque además parte de esa información que se recopila con ayuda extranjera funciona para hacer las actividades de contrainteligencia que esa entidad realiza desde que se firmó el decreto 1077 de 2024, con el cual se le autorizaron este tipo de operaciones dentro del Estado. Y aunque parte de sus facultades es pedir información en otras entidades oficiales, que incluyen ministerios y otros despachos de menor rango, Lemus y su equipo han sostenido que lo hacen para cumplir la instrucción del presidente Petro de ayudar a combatir la corrupción.
“Coordinar la ejecución de operaciones de acuerdo con los requerimientos y las necesidades de análisis de inteligencia, y de acuerdo a los procedimientos de autorización que establezca la ley”, quedó explícito en el artículo seis de ese decreto en lo que se refiere a las otras funciones de la DNI.
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Esto conecta con cómo se le ha dado una vuelta a la DNI desde que Petro llegó al poder y nombró a su primer director, Alberto Casanova, tarea que continuó el ahora prófugo Carlos Ramón González como segundo jefe en el actual Gobierno y que ahora lidera Lemus como tercera cabeza de la entidad en esta administración. Todos compartieron filas en el extinto M-19.
Lo que se hizo fue llevar su trabajo más a inteligencia y contrainteligencia interna, luego de que en la administración del expresidente Iván Duque se enfocara su actividad en la protección de fronteras. Una de las tareas era analizar y vigilar lo que pasaba en Venezuela para esquivar que el narcorrégimen de Nicolás Maduro tuviera incidencia en territorio nacional; no obstante, ahora se buscan caminos para compartir información binacional.
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El Espectador fue informado de que dentro de la DNI hay expedientes internos para saber qué pasó con gastos reservados durante las anteriores administraciones de la agencia, precisamente por cómo se usaron en torno a Venezuela, y que además se le han hecho traslados a Fiscalía y Procuraduría. Estos dos últimos organismos han inspeccionado los despachos centrales de la entidad de inteligencia, ubicados en el centro-oriente de Bogotá.
De todo esto han hablado Lemus y Petro en sus citas privadas y en la que se realizó este 16 de octubre no fue la excepción. El presidente busca rodearse de personas fieles a su proyecto y que le ayuden a frenar intenciones opositoras, algo que le ha demostrado el actual director de la DNI a lo largo de las últimas tres décadas y que ahora ratifica desde el cargo.
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En el gabinete, incluso, personas cercanas a quienes tienen poder palaciego como los ministros del Interior, Armando Bendetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, o la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, reconocieron que Jorge Lemus es de los pocos que aún tienen acceso directo al presidente Petro; es más, de acuerdo con esas fuentes, suele consultarle varios pasos por dar y entre los funcionarios se habla de un recelo por ser posiblemente objeto de sus verificaciones.
Tan influyente se volvió en la intimidad administrativa y política del jefe de Estado, que el jefe de la DNI suele acompañarlo en varios recorridos y es muy poco probable que sea removido del cargo en los 10 meses que restan del Ejecutivo progresista. Incluso, es por cuenta de las actividades que ahora realiza ese despacho, que se espera que entre enero y febrero próximos, en pleno proceso electoral, se hagan públicos los resultados que se están buscando con las narcobandas que se arroparon con la paz total; el levantamiento del veto a los archivos del extinto DAS entrará en esta ecuación.
Este es el decreto que le dio más funciones a la DNI:
Esta es la ley con la que la DNI entra a la paz total:
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