El presidente Gustavo Petro, la embajadora Laura Sarabia y exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal, protagonizan el último “sacudón” del sistema de salud, que empezó con las declaraciones del mandatario en una rueda de prensa el 27 de enero: “Yo le dije (refiriéndose a Leal, cuando era supersalud) que por política no se mete ni (a) un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron, Laura, que era yo. Estos interventores fueron a hacer negocios”.
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Para entender esa frase hay que recapitular varios elementos. Luis Carlos Leal llegó a la Superintendencia de Salud el 23 de febrero de 2024 y se convirtió en el segundo superintendente nombrado por el presidente Gustavo Petro (el primero fue Ulahy Beltrán López, durante el paso de Carolina Corcho por el Ministerio de Salud). En ese momento, Laura Sarabia era directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Guillermo Alfonso Jaramillo ya ocupaba el Ministerio de Salud y la reforma a la salud del Gobierno había superado el segundo debate en la Cámara de Representantes y se alistaba para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República.
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Menos de dos meses después de la llegada de Leal, en abril de 2024, esa comisión hundió el proyecto, marcando la primera gran derrota política del Gobierno en el Congreso. En esa misma semana, Leal tomó una de las decisiones más importantes de su gestión: la intervención forzosa de las dos EPS más grandes del país: Nueva EPS (en ese momento, con más de 11 millones de afiliados) y Sanitas (con más de 6 millones de afiliados). Después, también intervino a la EPS SOS, una de las más relevantes del occidente. Estas se sumaron a un grupo de aseguradoras que ya estaban bajo intervención desde antes del Gobierno Petro: Emssanar, Famisanar, Asmet Salud y Savia Salud.
Cuando Leal intervino a Nueva EPS y Sanitas, nombró a Julio Alberto Rincón y a Duver Vargas Rojas como agentes interventores, respectivamente. Rincón, médico salubrista, se desempeñaba en ese momento como director de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud y ya había trabajado en un Gobierno de Petro: el de su alcaldía en 2015, cuando fue su secretario de salud encargado. Vargas, por otro lado, venía de ser agente interventor de hospitales como el Rosario Pumarejo de López en Valledupar (Cesar). En la EPS SOS, Leal nombró a Carlos Marino Escobar, quien removió la junta directiva y gerencia de la entidad intervenida.
Por otro lado, Cesar Augusto Sánchez llegó como interventor de Emssanar el 3 de mayo de 2024 y Javier Ignacio Cormané Fandiño llegó a Asmet Salud el 7 de mayo de 2024, ambos por decisión de Leal.
En junio de ese año, la Supersalud extendió por un año más la intervención a Savia Salud y ratificó como agente interventor a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, quien había sido nombrado en primer lugar por el antecesor de Leal, Ulahy Beltrán López. En Famisanar, sucedió exactamente lo mismo: continuó como interventora Sandra Milena Jaramillo Ayala.
En plata blanca, Leal nombró a cinco interventores nuevos y dejó en el cargo a dos. ¿Qué pasó con los interventores de Leal, que ahora el presidente cuestiona?
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Salida de Leal y despelote en las EPS
Luis Carlos Leal estuvo menos de ocho meses al frente de la Superintendencia de Salud. A finales de octubre de 2024 dejó el cargo, en medio de un clima de alta tensión en el sistema.
Tras las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS, Sura y Compensar solicitaron su salida ordenada del sistema, lo que amplificó los temores de un posible colapso del aseguramiento. En los pasillos del sector se comentaba que ni el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ni el presidente Gustavo Petro estaban satisfechos con el desempeño del superintendente. En reemplazo de Leal llegó a la Supersalud Giovanni Rubiano García, quien, a pocos días de asumir, ordenó el relevo de todos los interventores en las EPS.
Rubiano reemplazó a todos los interventores designados por Leal y nombró a un nuevo grupo de personas que no figuraban en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), el listado oficial que certifica las cualidades, capacidades, experiencia y competencias técnicas exigidas para esos cargos. Entidades como la Procuraduría también solicitaron en ese momento explicaciones por esas designaciones.
Por esos mismos días circulaba el rumor de que la salida de Leal de la Supersalud se produjo después de que la Presidencia conociera un informe en el que los procesos adelantados en las EPS intervenidas quedaban en una posición muy poco favorable. En una entrevista con este medio, Leal confirmó la existencia de ese documento, aunque matizó su alcance: también —dijo— registraba avances.
“Los resultados que yo pedía eran, sobre todo, en materia de salud pública, y muchos de ellos mostraban indicios de mejora. En eso se concentraban para mí las intervenciones y allí había señales positivas”, afirmó. Distinto, agregó, era el balance de los indicadores financieros, que seguían siendo negativos.
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Lo cierto es que que el balance que hizo Rubiano de la gestión de Rincón al frente de Nueva EPS era muy negativo. Como explicamos en esta nota, Rubiano señalaba que, durante la administración de Rincón, la EPS incurrió en graves incumplimientos en el reporte de información financiera, no presentó oportunamente los estados financieros exigidos por la normativa y mostró un deterioro en varios indicadores clave de desempeño. A ello se sumaron aumentos en las tasas de reclamaciones de los usuarios y un bajo cumplimiento de los indicadores Fénix, elementos que, según el entonces nuevo superintendente, justificaban la necesidad de un relevo inmediato al frente de la EPS.
El balance sobre la gestión de Vargas en Sanitas fue más matizado. En la resolución que ordenó su salida no aparece un diagnóstico tan severo como el de Nueva EPS. La Supersalud de Rubiano señaló en ese momento, sobre todo, retrasos en la entrega de los informes de gestión: varios se presentaron fuera del plazo de los primeros 20 días del mes.
Sin embargo, la historia de la salida de Leal de la Superintendencia de Salud pronto se enturbió aún más. Se conoció que, mientras todavía ocupaba el cargo, Leal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en cuatro EPS: Coosalud, SOS, Asmet Salud y Emssanar. De ellas, solo Coosalud no estaba intervenida en ese momento; las otras tres sí lo estaban y, además, sus agentes interventores habían sido designados durante la gestión de Leal. Según informó entonces la Superintendencia, se habían detectado “movimientos sospechosos” en las cuentas financieras de esas entidades.
De acuerdo con un documento interno de 34 páginas, conocido posteriormente, la investigación se originó tras una denuncia que alertaba sobre posibles anomalías en la administración de los recursos y derivó en diligencias adelantadas el 25 de septiembre de 2024 en las sedes administrativas de las EPS señaladas.
El informe menciona la presunta injerencia de Mario Andrés Urán, exasesor de Coosalud, en procesos relacionados con la gestión de pagos, así como la existencia de transferencias a terceros sin justificación clara, concentraciones atípicas de pagos y la hipótesis de que recursos destinados a la salud habrían podido ser desviados hacia paraísos fiscales. Los hechos, según el propio documento, quedaron en manos de las autoridades judiciales para su verificación.
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En palabras aún más simples, la sospecha era —y sigue siendo— que el dinero de la salud no se estaba manejando por los caminos formales. La denuncia planteaba que personas como Urán, en teoría ajenas a las EPS intervenidas, habrían influido en decisiones como, por ejemplo, a que clínica o proveedor pagarle primero y cuánto, sin que esas órdenes pasaran por los controles de la Superintendencia. Y se sospechaba —y se sigue investigando— que los agentes interventores de esas EPS habrían tenido conocimiento de esos movimientos.
Poco a poco, se conocieron más detalles. En un posterior auto, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Sánchez (interventor de Emssanar); Cormané Fandiño (entonces interventor de Asmet Salud); y Marino Escobar (entonces interventor de SOS). También incluyó a Luis Carlos Arboleda Mejía, quien había sido interventor de Emssanar antes de Sánchez, y a Jaime Miguel González, representante legal de Coosalud. En el caso de Emssanar, por ejemplo, el ente advirtió riesgos en el manejo de los recursos del sistema, como aumentos en los giros a ciertos proveedores, problemas en la aplicación de descuentos y anticipos que no habían sido legalizados a tiempo. Según la Procuraduría, estas situaciones podían afectar la correcta utilización y recuperación de los recursos públicos.
En el caso de Asmet Salud, la Procuraduría señaló riesgos similares. El ente de control reportó el hallazgo de anticipos pendientes de legalizar por más de $21.700 millones a septiembre de 2024, así como diferencias negativas entre las cuentas por pagar y los anticipos entregados a algunos prestadores, lo que encendió alertas sobre el uso eficiente de los recursos. Además, el auto de apertura de la investigación advierte inconsistencias en la información reportada por la EPS, que ponen en duda la confiabilidad de los datos financieros y el seguimiento a los pagos, en posible incumplimiento de las obligaciones.
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Mientras todo esto se iba conociendo de a cuenta gotas, el 22 de noviembre de 2024 Rubiano tomó la primera medida de intervención de su gestión, ordenando la toma de Coosalud “luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados”.
A partir de allí, todo se complicó más.
Coosalud, ¿la clave de todo?
Coosalud fue la primera EPS en saltar a las páginas de los periódicos por un nombre propio: Mario Andrés Urán. El 6 de noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro publicó en X que “se usaba la EPS Coosalud para extraer dineros de la Nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior”, y aseguró que ese método se habría detectado incluso desde 2020, cuando la entidad aún no estaba intervenida por el Gobierno.
Posteriormente, a partir de declaraciones de la Superintendencia de Salud y de investigaciones periodísticas de medios como Caracol Radio y CAMBIO, se conoció que Urán —exasesor de Coosalud— habría participado en procesos relacionados con la priorización y postulación de pagos a clínicas y hospitales. Según esos reportes, dichas gestiones se habrían realizado mediante correos electrónicos enviados a funcionarios de EPS intervenidas, algunos de ellos desde una cuenta institucional de Coosalud.
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Coosalud reconoció que Urán tenía un contrato de prestación de servicios con la empresa, pero aseguró que “también es cierto que Coosalud EPS no es responsable de las actuaciones que, como particular, él pudo realizar usando de manera indebida y no autorizada su correo institucional”.
En este sentido, agregó en ese entonces, que “el hecho de que el señor Mario Andrés Urán haya utilizado como un canal de comunicación el correo institucional de Coosalud, asignado para el desempeño de su rol como contratista, no convierte a la EPS en partícipe de todas las situaciones que se señalan en el comunicado”.
Las denuncias y las medidas sobre el manejo de Coosalud continuaron después de la intervención de la EPS. El 18 de diciembre de 2024, la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Coosalud, principal accionista de la EPS.
Dos días después, el entonces superintendente de Salud, Rubiano, y la superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, presentaron en rueda de prensa los hallazgos de las intervenciones. En ese escenario, Navarro advirtió que existía un “riesgo de posible lavado de activos” en la cooperativa.
Según Rubiano, Coosalud EPS habría servido como garante de un crédito por COP 221.000 millones tomado por la empresa privada Coosalud Inversa en diciembre de 2022; tras el incumplimiento del pago, se terminaron embargando $206.000 millones con recursos públicos de la salud. Además, la EPS le habría prestado $10.000 millones a Inversa para la compra de un inmueble y luego le pagaba $1.000 millones mensuales por el arriendo de esa misma propiedad. Al sumar ese crédito y otros débitos identificados por el contador, la Supersalud estimó que la EPS acumulaba una deuda cercana a los $433.000 millones.
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Por su parte, Navarro, señaló que la Cooperativa Coosalud reportaba pasivos por $304.000 millones en 2023, además de consignaciones sin identificar por más de $3.000 millones. A esto se sumaron inconsistencias cercanas al 50 % en el número de acciones reportadas entre la cooperativa y la EPS —908 acciones frente a 1.886 en 2021—, un conjunto de hallazgos que, según Navarro, impidió conocer con certeza la situación financiera real de las entidades y sustentó la advertencia de un posible riesgo de lavado de activos.
Las investigaciones sobre este entramado continúan y, hasta la fecha, no se conoce ninguna sentencia ni fallo en firme. Los señalamientos corresponden a hallazgos de los entes de control y a procesos administrativos y disciplinarios que siguen en curso. Esto no ha impedido, sin embargo, que empiecen a aflorar las eventuales responsabilidades políticas, como acaba de ocurrir entre el presidente, Laura Sarabia y Leal.
¿Qué pitos toca Sarabia?
“Ser engañado, ser traicionado, no se configura como un delito”.
Así inició Luis Carlos Leal el video que publicó en sus redes sociales esta semana, después de las declaraciones del presidente.
“Lo cierto es que, a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida diciendo que había sido una orden del presidente de la República, con lo cual, verificados los requisitos, se dio la designación (de los interventores)”, añadió.
Hasta ahora, esas son las únicas declaraciones públicas que ha hecho sobre el tema y en ellas no asume ninguna responsabilidad. Por el contrario, sostiene que gracias a su labor de vigilancia de los interventores se conocieron las pruebas sobre los presuntos malos manejos en esas EPS.
Laura Sarabia, quien es actualmente embajadora de Colombia en el Reino Unido, contestó a todo esto con una publicación en X, inicialmente: “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente y su Ministro de Salud lo saben”.
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Posteriormente, Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, envió una comunicación a la Fiscalía en la que entregó conversaciones digitales que, según la abogada, demostrarían que Sarabia “no tuvo injerencia en la designación de interventores en el sector salud”.
En el mismo escrito, la apoderada solicitó varias diligencias, entre ellas la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al despacho presidencial correspondientes al 30 de octubre de 2024. De acuerdo con Sandoval, ese día ingresaron a la oficina presidencial Luis Carlos Leal y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para explicar el origen de las hojas de vida de algunos interventores.
El equipo jurídico de Sarabia también pidió que se reciba declaración jurada del presidente Petro, con el fin de que aclare quién le habría suministrado información presuntamente falsa sobre esas designaciones. La abogada Sandoval sostiene que existe un “patrón de desinformación” contra Sarabia, especialmente en asuntos relacionados con el sector salud.
El tema está lejos de acabarse y ya genera diversas reacciones políticas entre los críticos del gobierno. “Este asunto es muy grave. Estamos ante actos de corrupción que han causado muertes y sufrimiento humano. Todos se lavan las manos. Probablemente todos las tienen sucias”, escribió Alejandro Gaviria, exministro de salud y de educación.
“El presidente reconoce lo que hemos denunciando: ¡Que interventores de EPS nombrados por su gobierno se están robando la plata de la salud! ¿Los escándalos que se vienen son de tal magnitud que el presidente está tratando de tomar distancia desde ya?”, dijo también Andrés Forero, representante a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático y uno de los congresistas que más activamente ha participado de los debates de la salud.
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“‘Hicieron business’ y ‘se tiraron la intervención’ es una confesión del propio Gobierno nacional. Lo advertimos y hoy lo reconocen. Más de 34 interventores y el resultado es peor: pacientes sin atención, hospitales quebrados y proveedores sin pago. Destruyeron capacidades, ocultaron información y jugaron con los recursos de la salud”, agregó en la misma línea, Norma Hurtado, senadora del partido de La U y una de las congresistas que votó contra la reforma a la salud en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.
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