¿En qué va el caso Hidroituango?

Unos 1.500 obreros trabajaron en Hidroituango las 24 horas al día cuando el objetivo era completar la cota 410.

Foto: / Nelson Sierra

Es día de El Espectador le explica. Catalogado como uno de los más ambiciosos proyectos de infraestructura en Colombia y el más grande en materia de hidroeléctricas del país, Hidroituango ha sido foco de mucha atención, y fue noticia reciente porque la Contraloría General de la República dio a conocer un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones donde aparecen vinculados 26 funcionarios y contratistas del proyecto. La razón: la Contraloría considera que existe un daño al patrimonio del Estado porque las inversiones realizadas “a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado”. No sin antes recordar que en todo esto están en juego recursos públicos que, como lo hemos dicho en otros boletines, nos deben importar a todos. Ah, y también por el lucro cesante pues la central debía entrar en operación en noviembre de 2018, cosa que como todos hemos visto, no sucedió. El caso toma aún más relevancia no solo por el dinero en juego sino porque entre los implicados hay exgobernadores de Antioquia, un exalcalde de Medellín, empresas del tamaño de Conconcreto y hasta un candidato presidencial que ya suena en la puja que comenzó a tomar fuerza con miras a las elecciones del 2022. Así que fuimos un poco atrás para poder reunir todos los artículos, videos y galerías que hemos publicado desde el 2018 para entender mejor qué es Hidroituango y, por supuesto, poder explicar bien el caso en este boletín. Recuerden entrar a todos los links que dejaremos a lo largo de esta publicación para ahondar en cada uno de los detalles que iremos contando. Comencemos:

Hidroituango es un proyecto que, en planes, está pensado para generar 2.400 megavatios (MW) con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una, eso quiere decir que podrá cubrir el 17 % de la demanda energética colombiana, convirtiéndose en la generadora de energía más grande de Colombia. Aunque se dice que los primeros planes de esta obra están fechados en los años 60, las primeras obras comenzaron en el 2009 pero en el 2018, en el cuarto mes de ese año, los ojos del país se pusieron sobre este proyecto de gran tamaño.

El 28 de abril de 2018 las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron uno de los túneles de desviación de la futura represa. Horas más tarde la misma fuerza del río logró destrabar el tapón. Dos días después sucedió lo mismo, pero con más intensidad. Empresas Públicas de Medellín, EPM, responsable del proyecto, hablaba de una condición geológica como la causa del desmoronamiento de roca y tierra en el interior del túnel. La comunidad decía otra cosa y esa era que EPM no había recogido los residuos de la tala de bosques secos en las riberas del cuerpo de agua y por eso se había tapado. La realidad, más allá de las opiniones de cada uno, era que el caudal del río empezaba a subir, varias familias estaban atrapadas y se hablaba de la tragedia que implicada que el río removiera una fosa común donde unos 700 cuerpos de víctimas del conflicto armado podrían quedar a la deriva y sin que sus familiares lograran identificarlos. Todos estos detalles los contaba la redacción Ambiente en este artículo.

Al día siguiente el país se enteró del asesinato de Hugo Albeiro George, un líder de la zona de Puerto Valdivia, Antioquia, quien se había manifestado en contra de esta obra de infraestructura porque, además, su familia era habitante de una vereda por donde EPM construyó el paso de maquinaria hacia la represa Hidroituango. Cuatro días pasaron y un nuevo derrumbe taponó el túnel de desviación del río Cauca y las comunidades vecinas vivían angustiadas. Aguas arriba de la presa se elevaba el nivel de agua, aguas abajo se secaba generando los problemas ambientales que se denunciaron por las comunidades vecinas.

El nueve de mayo se filtró el llamado de urgencia a la junta extraordinaria que hacía EPM por la grave situación que se vivía en el proyecto. ¿Qué estaba pasando y por qué les preocupaba tanto? Que el río Cauca había subido de nivel, que uno de los túneles de desviación se había taponado varias veces y que la cantidad de agua almacenada ya había llegado a su máximo nivel. No pasaban 24 horas cuando a los habitantes de las riberas del río Cauca en Puerto Valdivia, Briceño, Ituango, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí les habían pedido no acercarse a las orillas o sumergirse en el cauce y estar alertas a través de las emisoras locales sobre los llamados de alerta de la Cruz Roja, los bomberos, la misma empresa o el Departamento Administrativo De Prevención De Desastres (Dapard). Expertos evaluaban no solo la afectación en dicho túnel sino la posibilidad de dejar pasar el agua por la casa de máquinas de la mega construcción, lo que implicaría una pérdida millonaria para el proyecto y una afectación directa a la obra y el cumplimiento del cronograma de cumplimiento.

No hubo otro camino que permitir el vertimiento del agua por la casa de máquinas, registramos el desbordamiento del río en la zona de Puerto Valdivia con graves afectaciones en casas, puentes y aulas escolares, conocimos cocimos un video donde se veía la gravedad de la situación y en donde un trabajador sale bien librado de un estallido de agua que buscaba camino en medio de un derrumbe, una nueva orden de evacuación dejó a cinco municipios en alerta máxima: Puerto Valdivia, Cáceres, Nechí, Tarazá y Caucasia debido a la emergencia que dejó una obstrucción temporal en el caudal que se estaba evacuando a través de la casa de máquinas, dijo el que en su momento era el gerente general de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta. 5.000 personas tuvieron que ser evacuadas:

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Incertidumbre en Valdivia por Hidroituango

La situación se ponía cada vez más complicada. A mediados de mayo, en voz del mismo gerente de EPM, el país se enteraba de una dramática realidad: ‘Existe la posibilidad de que se rompa la presa de Hidroituango”, dijo. Zozobra y mucho miedo rondaba en los municipios afectados. No era para menos. Si la presa llegaba a colapsar, la tragedia podría ser peor de lo que sucedió en Armero. Fuimos hasta Valdivia para verificar la situación y comprobamos cómo en los albergues se veían escenas de hacinamiento y en el pueblo ya se hablaba de escasez de comida”.

Aunque todos los focos apuntaban a la zona de afectación, era preciso observar cómo andaba EPM en sus finanzas, pues la crisis de Hidroituango ya le estaba pasando factura en el mercado de bonos de inversión. Por ejemplo vimos la declaración de una de las calificadoras internacionales: “El anuncio de EPM sobre el no cumplimiento del proyecto Ituango con la fecha de operación comercial de noviembre 2018 resultará en una métrica de apalancamiento elevada más allá del horizonte de tiempo inicialmente contemplado por Fitch”. En otras palabras y con voz de otros analistas, Jorge Sáenz nos resumía la situación de los últimos años de esta compañía: “Los problemas de EPM toman fuerza desde 2016. Arrancan con las voces discordantes desde el Concejo de Medellín que advierten pobres resultados financieros, sobre todo por las inversiones en el extranjero, pasando por el desistimiento del proyecto Porce IV, el accidente en la planta de Guatapé, cuando el país se encontraba ad portas de un apagón eléctrico, y los inconvenientes ambientales que registró con la línea de transmisión de La Esperanza, hasta terminar en la tragedia de Ituango”.

Volvimos a Valdivia y de la reportería que hizo María Alejandra Medina nos contaban sobre la habilitación de ocho albergues para acoger a las familias campesinas que no sabían cuándo podrían volver a sus casas. Entonces entendimos que muchos de los problemas eran de vieja data y por eso el equipo de video de El Espectador construyó este recurso audiovisual para entender la historia de esta obra que, como dijimos más arriba, empezó en los años 60.

Aunque el paso de agua se había logrado cumpliendo los planes, el 21 de mayo se repetía la situación con una nueva evacuación; los animales también vivían su propia tragedia, se hablaba de la necesidad inmediata de empezar a trabajar en la reparación del túnel de desviación afectado mientras el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitaba la zona para calmar el ambiente justo el mismo día que se anunciaba la llegada de una misión de la ONU expertos en temas geológicos:

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Los damnificados exigían hacer parte de la toma de decisiones y aunque el nivel del agua en la presa ya estaba bajando llegando al metro 410, la buena nueva era un trago a medias porque la emergencia ya había obligado a evacuar a 26.000 personas. El nivel de alerta bajó, la contingencia no y por eso no se podía bajar la guardia. ¿Y qué había pasado con la gente que vivía aguas arriba? En este reportaje se los contamos. A la par el equipo de La Pulla hizo este video para criticar, con argumentos, por qué consideraban que sobre Hidroituango no nos lo habían dicho todo.

El 14 de junio de 2018, después de meses de angustia, por fin llegó una buena nueva: La alerta roja se mantenía hasta Puerto Antioquia y desde ese punto entraba en efecto la alerta naranja, lo que implicaba que más de 10.000 personas que estaban en albergues podrían comenzar a regresar a sus hogares. Para el 29 de junio la Anla ordenaba suspender preventivamente las “obras regulares” mientras que el sistema eléctrico nacional, aunque con suficiente energía, empezaba a sacar cuentas sobre lo que implicaría el retraso de la mega obra.

Para octubre, cuando la situación estaba mejorando, visitamos nuevamente la zona, se cumplían cinco meses largos de la crisis y respecto al proyecto había algo claro: sin el cuarto de máquinas libre de agua y en pleno funcionamiento, no sería posible ver que la hidroeléctrica tuviera posibilidad alguna de operar.

Entrevistamos al gerente de la sociedad Hidroituango, que contrató con Empresas Públicas de Medellín (EPM) la construcción del proyecto hidroeléctrico ubicado en el norte de Antioquia. Ya hablaba de multas millonarias y del inicio de un pleito millonario en busca de culpables.

El 4 de noviembre la crisis parecía superada y se anunciaba la entrada en operación del vertedero de agua, que en otras palabras es la caída desde el embalse al cause del río aguas abajo. La situación parecía volver a la normalidad, mientras que la sociedad Hidroituango decía que no le reconocería a EPM los costos adicionales en la obra. ¿Quién es quién en este contrato? “Hidroituango S. A. es la sociedad que contrató con EPM la construcción de la hidroeléctrica. EPM, a su vez, contrató con el consorcio constructor CCC Ituango”. La pelea jurídica y económica aparecía detallada en este texto que escribió la sección de Economía. Y así terminó el 2018, año en el que el miedo estuvo latente es esta mega obra a la que todavía le faltaba mucha historia por contar.

Comenzó el 2019 y la misma EPM fue la encargada de hablar de la existencia de un gran sovacón que fue encontrado en el macizo en donde tiene lugar la obra, pero se dejó claro que el riesgo en la montaña era bajo. Se cumplió entonces con lo que los constructores llamaron el cierre de compuertas y distintos expertos le dijeron al Blog El Río, de El Espectador, que el río aguas abajo no estaba muerto pero sí infartado producto de dicho cierre. “Los ríos no solo mueven agua: son sistemas vivos que mueven especies, energía y sedimentos. Es como un cuerpo con arterias y venas”, explicaba Juliana Delgado, directora de ciencias para el norte de los Andes y sur de Centroamérica de The Nature Conservancy.

Registramos entonces la emergencia ambiental después de que cerraran compuertas, hablamos de lo que se veía en la pelea jurídica, EPM ya hablaba de la posibilidad real de entrar a generar energía en el 2022, contamos lo que dijo el presidente del Comité Intergremial de Antioquia sobre un posible racionamiento energético, entró la Fiscalía a investigar por aparentes irregularidades en contrataciones, y también entrevistamos al gerente de EPM, quien dijo que la reclamación a las aseguradoras por las pérdidas en Hidroituango son de $3 billones, de las más grandes del mundo, y anuncio el inicio de un litigio jurídico largo. Hicimos el balance el año de la contingencia con una variable muy importante: no se registró ni una sola víctima mortal.

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El primero de marzo de 2019 se llevó a cabo la subasta energética donde el país supo que las empresas generadoras se comprometieron a suplir el suministro que necesitará Colombia en los próximos años y que estaba en riesgo debido a que el proyecto hidroeléctrico de EPM no había entrado en operación. Pero a la par le asignaron obligaciones a la misma organización para que empiece a entregar energía al país desde el 2022.

Entretanto se fueron conociendo los resultados de la investigación privada que buscaba dar con las causas de la emergencia en Hidroituango: “La erosión en el piso del túnel auxiliar de desviación es la causa raíz más probable del colapso en esta parte del proyecto. Así lo reveló la firma noruego-chilena Skava Consulting, contratada por EPM para llevar a cabo un análisis que encontrara las razones del evento que desató la crisis en la obra en abril de 2018”.

Para marzo de 2019 la Anla mantenía el freno en las obras de Hidroituango, por su parte la Contraloría General de la República (CGR) informaba sobre un recorrido hecho por sus funcionarios en La Mojana bolivarense y verificó las “graves afectaciones en la vida socioeconómica de la región”. El 16 de julio EPM anunció la terminación de la construcción de la presa que tiene un muro de 225 metros de altura y capacidad para 20 millones de metros cúbicos de volumen. “Con el cumplimiento de este nuevo avance técnico, las autoridades competentes podrán determinar la posibilidad de reducir la alerta roja que hoy existe entre el sitio de presa y los corregimientos Puerto Valdivia y Puerto Antioquia”, dijo la compañía.

El 20 de septiembre fue la Contraloría la que arrojó un informe contundente: el proyecto hidroeléctrico tiene un valor negativo de $5,7 billones y tardaría 35 años en ser rentable si se pusiera en funcionamiento desde ese mismo día. Y para no ir tan lejos dijo sobre la emergencia: queda en duda la experiencia constructiva de la empresa (Empresas Públicas de Medellín, EPM), ‘que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto’.

Y entonces la Contraloría anunció formalmente la apertura de investigación contra 34 personas y contratistas por fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica, apareció el primer desembolso de una aseguradora por la emergencia, hicimos el balance dos años después de la contingencia que provocó la evacuación de más de 25.000 personas, documentamos una nueva puja entre la Anla y EPM, y contamos los detalles de las acciones legales por casi 10 billones de pesos contra constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto y que anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

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Al día siguiente del anuncio del alcalde Daniel Quintero, renunció la junta directiva de EPM. Ocho de sus nueve miembros. Y entonces empezó una puja política por el control de EPM. Las consecuencias financieras no se hicieron esperar. La calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación de EEPM de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y mantuvo el Rating Watch Negativo. ¿Por qué? Por la intervención del dueño de EPM, es decir, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa, “lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa”.

Para ese instante, EPM ya tenía nuevo gerente, el abogado Álvaro Rendón, quien salió a explicar el por qué la junta directiva que renunció no fue informada de las acciones legales que emprendió la organización por Hidroituango y entonces el equipo de Investigación de El Espectador nos reveló la pelea entre la ahora administración de EPM y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Una fuente consultada señaló que había indicios de favorecimiento a las empresas antioqueñas Conconcreto, Coninsa-Ramón H. e Integral, que ante una condena por $9,9 billones literalmente iban a quebrar. En la otra orilla una persona del mundo empresarial y además político antioqueño explicó que la junta de EPM siempre veló por mantener estabilidad empresarial, por lo que buscaba llegar a un acuerdo con los contratistas.

Entonces la noticia diaria era la conformación de la nueva junta directiva de EPM mientras el Consorcio CCC Ituango le solicitaba precisamente a EPM reconsiderar la decisión de demandarlos y se mostró sorprendido por la “posición abrupta”. Entrevistamos al alcalde Daniel Quintero quien aseguró que existió un plan para desestabilizar a EPM, habló de un informe con detalles sobre las posibles causas de la emergencia y aseguró que dicho documento estuvo escondido porque revelaba “verdades incómodas”.

Luego de un año de investigar el proyecto hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), la Contraloría General profirió 28 imputaciones a personas y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Siete años de malas decisiones habrían causado un deterioro patrimonial de $2,9 billones.

Poco a poco se fueron conociendo todos los detalles de la investigación de la Contraloría que daban cuenta de cómo se desarrollaron las decisiones en las diferentes etapas de la obra que, según el ente de control, terminaron por exponer el proyecto a riesgos. Así que los implicados, cada uno por su lado, salió a dar su versión de los hechos, uno de ellos el consorcio constructor de Hidroituango asegurando que siempre siguieron las instrucciones de EPM. El año de la pandemia terminaba con una buena nueva para el proyecto: después de superadas todas las contingencias, empezaban a ingresar equipos a la casa de máquinas.

Comenzamos el 2021 con que ante una fallida conciliación, a instancias de la Procuraduría, EPM mantenía la demanda por $9,9 billones con la que buscaba reclamar a diseñadores, constructores, interventores y aseguradores. CCI Ituango respondió radicando una solicitud de arbitraje internacional. Ocho días después el gerente de EPM sometía su renuncia ante la junta tras presentar su carta por solicitud del alcalde de Medellín Daniel Quintero. Y la junta se la aceptó.

Entrevistamos al gerente saliente, reportamos la llegada de los transformadores a la obra, hicimos un nuevo balance al tercer año de la emergencia, registramos el embargo de cuentas de la firma que diseñó la hidroeléctrica, también contamos las declaraciones del presidente Iván Duque, quien aseguró que la primera turbina entrará en funcionamiento en junio de 2022:

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Y después de esta larga historia llegamos a comienzos de este mes cuando informamos que ya se había elegido a los árbitros que revisarán el contrato de Hidroituango y que estudiarán los posibles incumplimientos de EPM. El 3 de septiembre se trasladó una nueva cámara espiral y anillo estacionario que pesan 250 toneladas cumpliendo con el cronograma actual establecido después de la emergencia. Tres días después la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad que asciende a $4,3 billones por todo este caso: la medida cobija a figuras como Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Alonso Salazar, nos contaban nuestros colegas de la sección de Economía. “La entidad consideró que Aníbal Gaviria no era fiscalmente responsable por la contingencia de 2018 en el proyecto hidroeléctrico”.

La decisión le complica el camino a Sergio Fajardo, quien ya está moviéndose en sus aspiraciones para la presidencia y aparece como segundo en varias encuestas. Claro que la decisión de la Contraloría de proferir imputación es en primera instancia y contra ella proceden recursos de reposición y apelación. En el orden lógico, fue ahora EPM quien salió a decir sobre la decisión del ente de control: “Estudiaremos consecuencias en Hidroituango”.

Ya, sobre el terreno, en un proyecto periodístico en conjunto desarrollado por el equipo de El Espectador y financiado por EPM, viajamos hasta las zonas de influencia para conocer en detalle, tres años largos después de la emergencia, qué pasó con todos los actores que han vivido en carne propia todo este proceso. En medio de esa reportería, que en el primer capítulo aparece aquí, nos encontramos con muchas conclusiones, entre ellas una que invita a la reflexión y al aprendizaje de todo esto: “Yo creo que tal vez fue el Papa Francisco el que lo dijo: ‘Dios perdona todo, el hombre perdona algunas cosas, pero la naturaleza no perdona nada’, y creo que aquí en Ituango se ha vivido eso, nos toca recapitular, revisar en qué nos equivocamos, revisar cómo sigue el comportamiento con el medfio ambiente y con la naturaleza, con las comunidades y retomar el camino”, dijo William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de energía EPM.

La redacción Judicial también nos recordó que estamos en la recta final del proceso que comenzó en 2017 por el Movimiento Ríos Vivos en el que pide que se anule la licencia ambiental del megaproyecto energético. Y esta misma semana, el pasado lunes, EPM informó que está buscando empresas interesadas en continuar con los trabajos en el proyecto en caso de que los actuales contratistas no puedan continuar como consecuencia del fallo de la Contraloría. Y vamos en que los implicados en la responsabilidad fiscal de la que habla la Contraloría, presentaron sus respectivos recursos. Solo faltó Sergio Fajardo, quien este 14 de septiembre aseguró que la Contraloría estaba vulnerando su derecho al debido proceso.

Un proceso largo, tan largo -en sus justas proporciones- como el tiempo mismo que lleva esta mega obra en planeación y construcción, con una lista de riesgos evidente, muchos daños en las comunidades que tuvieron que salir de sus hogares frente a la emergencia, atrasos evidentes en la obra y una expectativa sobre el resultado no solo de la decisión de la Contraloría sino de la demanda millonaria que está en curso liderada por el alcalde de Medellín y, en materia también energética, esperando que se cumpla con la fecha de la entrada en operación y generación de energía para la red colombiana.

La información más reciente se conoció este viernes 26 de noviembre porque “en segunda instancia, la Contraloría confirmó la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de 26 personas naturales y jurídicas por los retrasos en el inicio de la operación del proyecto Hidroituango”. Es preciso recordar que “el fallo de responsabilidad fiscal” es “por $4,3 billones por los retrasos del proyecto hidroeléctrico que debió iniciar operaciones en noviembre de 2018″. Así que seguiremos documentando este caso en www.elespectador.com por donde ustedes pueden mantenerse actualizados con los detalles de este y todas las demás historias que escribimos a diario.

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*Nota del editor: este contenido fue actualizado al momento de conocer que la “Contraloría dejó en firme fallo por $4,3 billones” el 26/11/2021.