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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Dentro del paquete de proyectos de reformas estructurales que ha propuesto el gobierno nacional, hay uno que volvió a debate esta semana en Colombia: el que busca hacer cambios profundos en el sistema pensional colombiano. Sí, es un cambio que se ha pedido hace ya varios años, incluso antes de la actual administración nacional, que necesita modificaciones profundas por varias razones: la informalidad sigue siendo un problema estructural y no se logran los aportes al sistema, la tasa de natalidad está bajando (cada vez menos personas quieren tener hijos) y, en esa misma línea, somos cada vez más los y las colombianas que nos estamos envejeciendo. Para sumar, hay unas pensiones millonarias subsidiadas que crean un hueco profundo en las finanzas estatales. Así las cosas, no hay un escenario económico que permita concluir que nuestro sistema pensional es sostenible con estas variables escritas en el tablero.
Entonces surgen muchas preguntas: ¿si solo una parte de la población aporta desde sus empleos formales -porque todos los demás están en la informalidad o no tienen trabajo-, todos van a tener un derecho a una pensión cuando lleguen a la edad de jubilación? ¿Qué pasará con los que sí tienen las semanas ahorradas, pero no han llegado a la edad? ¿Qué va a pasar con Colpensiones, en medio de toda esta propuesta de transformación? ¿Qué sucederá con los fondos privados de pensiones y cuál será su papel? Si hay menos colombianos aportando -porque hay cada vez menos jóvenes por aquello de que ya no se quiere tener hijos sino perros y gatos-, ¿quién va a sostener la base de la pirámide de todo el sistema pensional en materia de aportes, de ahorro? ¿Quién debe subsidiar a quién en medio de toda esta propuesta de cambio? Con la ayuda de todos los contenidos que han hecho los colegas de la sección de Economía, vamos a resumir en este boletín en qué está el debate que, al final, nos compete a todos y todas. Comencemos.
Hace justo dos años, cuando en Colombia se vivían tiempos de campaña política, el entonces candidato Gustavo Petro y su equipo hablaron de la creación de un sistema de un sistema de pilares y dentro de ellos se contemplaba tomar el ahorro pensional de los fondos privados por cotización individual y pasarlo a un fondo público, desde donde se pagaría un bono pensional de más de $500.000 para tres millones de personas que, para este instante, de acuerdo con las cifras de los indicadores macroeconómicos, no tenían pensión. La propuesta, de entrada, generó críticas pues hasta el entonces primer mandatario, Iván Duque, dijo que se trataba de una expropiación de los ahorros de los trabajadores de quienes ponían su plata en los fondos privados. Desde el lado de la campaña, el debate apenas comenzaba y se fueron soltando ataques de lado y lado. Asofondos, el gremio que reúne a los privados, aunque está de acuerdo con la necesidad de una reforma, siempre ha sido crítico de la posición de Petro.
Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de los 25,7 millones de afiliados al sistema pensional en el país, solo un 40 % está cotizando a pensión.
Cifras fueron apareciendo desde distintos frentes: “Se calcula que cerca de 26% de los adultos mayores de 60 años viven en la pobreza en Colombia, por encima de países como Perú (21 %), Ecuador (23 %), Chile (5 %), y Brasil (5 %)”, de acuerdo con cifras del BID. Decía la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en Colombia solo 24 % de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo (y solo 5 % son mujeres). Había otro dato, un poco más viejo, que denotaba la realidad de la que veníamos: “Un estudio del Banco de la República de 2012 advirtió que en los próximos 40 años solo se van a poder pensionar 8,7% de los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), es decir, el fondo que es administrado por Colpensiones, y 11,1% de quienes están en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por las administradoras de fondos de pensiones privadas”.
A eso hay que agregarle que en Colombia existe un modelo difícil de explicar y que, en consideración de muchos expertos, es una de esa fracciones de la torta que hace inviable el sistema. Se trata de las pensiones altas, incluso que superan los 10 y 15 millones de pesos, las que ganan exaltos empleados públicos de varias ramas, como la del sector judicial, o aquellos beneficiados en la Fuerza Pública. Y que además son heredables. El gran problema, para sumar, es que el Estado termina subsidiando a estos pocos, los de las pensiones millonarias, mientras la gran mayoría de colombianos no logran ni siquiera asomarse a los requisitos que les permiten llegar a la pensión.
En el tránsito del 2021 y 2022, el entonces profesor de la universidad Nacional, Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, tenía estos números:
2,3 millones de pensionados había en Colombia
- De ese monto, 236.200 eran de fondos privados
- Cerca de 1,5 millones de Colpensiones
- Los demás provenían de sector público:
- Fopep (Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional).
- Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales).
- Cremil y Casur (militares y policías agrupados en cajas de retiro).
- Fomag, Fondo del Magisterio (los maestros que trabajan en escuelas y colegios públicos).
Incluso David Bojanini García, quien fue uno de los empresarios más reputados en el país en cabeza de uno de los grupos financieros más importantes del país, el Grupo Sura, lo había advertido años atrás con claridad: “Todos sabemos que en Colombia hay ciertos sectores que se privilegian con las pensiones a costa del resto de la población”. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ponía más cifras para debatir: “El 90 % de los subsidios que entrega el Estado en el régimen de prima media les llegan a personas que no son pobres”. Así que muchas razones para entender, como ha sucedido incluso décadas atrás, que el sistema pensional sí necesitaba reformarse. Que esa idea no era nueva. Que había que debatirlo en el Congreso. Que había que tomar cartas en el asunto. Que varios gobiernos lo habían intentado, pero nadie lo había logrado. Que cuando a un país le dicen que solo una de cada cuatro personas se pensiona, eso quiere decir que las cosas no están bien.
El candidato Gustavo Petro, que buscaba llegar a la Casa de Nariño, tras las votaciones se convirtió en presidente de Colombia. Y con él, como lo había planteado en campaña, llegaron los proyectos de reforma. La primera fue la tributaria. Como todos los gobiernos, tuvo su trámite en el Congreso y pasó. El tema laboral, el de salud, el de la pensional, entraron en trámite. En marzo de 2023 explicábamos lo que hasta ese momento se sabía:
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¿Qué decía esa propuesta inicial del gobierno de Gustavo Petro? Partamos del contexto: Hoy, los colombianos y colombianas que tienen un trabajo formal y pueden ahorrar para pensión, lo hacen a través de Colpensiones, que es una empresa pública, o lo hacen en los fondos privados que existen en Colombia, conocidos como AFP, en donde están Protección, Porvenir, Colfondos, Skandia-Old Mutual, estos últimos agremiados en Asofondos. El modelo da la libertad al trabajador de llevar su plata hacia la empresa que quiera. Dicho monto ahorrado es proporcional al salario o ingreso recibido del empleado. Y si logra tener un excedente -que no es una frecuente-, existen alternativas para que esa persona tenga un ahorro de “pensiones voluntarias”.
Pero, como ya está claro, hay serios problemas por corregir: unos pocos ganan mucho y para poder pagarles su mesada, hay que recurrir a los recursos del Estado, al llamado subsidio; el problema de la informalidad reduce drásticamente el número de personas que sí ahorran, que aportan, y sostienen al sistema; de entre el número de los que sí logran ahorrar, la mayoría está en uno o dos salarios mínimos, es decir, son ahorros muy bajos y, para completar, nos estamos envejeciendo en medio de una sociedad que no logra ahorrar porque es pobre, es decir, vivimos en un país donde la mayoría de adultos mayores están condenados a vivir en la pobreza o en la miseria. No en vano, según un informe de Oxfam, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Lo que se lee entonces aquí, en resumen, son problemas de baja cobertura, de inequidad y de sostenibilidad financiera. Justo en lo que coinciden los tanques de pensamiento ANIF y Fedesarrollo.
El gobierno, así las cosas, lo que propone es un sistema de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y el de ahorro voluntario. ¿Qué se busca en cada pilar? Nuestros colegas de Economía, desde varios de los artículos escritos por Karen Vanessa Quintero Martínez, nos lo han explicado así: En el solidario estarían las personas catalogadas como adultos mayores -más de 65 años y dentro de los grupos de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad- que no logren una pensión. A estas personas, todas, se les otorgaría un ingreso de $223.000 mensuales. Ese monto crecería cada año al mismo ritmo que lo haga el crecimiento económico del país teniendo en cuenta la inflación. En el semicontributivo se agruparía a todas las personas que generaron cotizaciones de entre 300 semanas y menos de 999 semanas, pero que cuando llegaron a la edad de jubilación, no completaron los requisitos. No se discrimina si el ahorro se hizo en Colpensiones o en los fondos privados, lo importante es que hayan cotizado y estén en esa franja. A estas se les otorgaría una renta vitalicia.
Guía para entender la reforma pensional de Petro
Y los otros dos serían el contributivo, que es en donde entran todos los trabajadores formales en el país, quienes tendrán la obligación de cotizar, decía la propuesta inicial, hasta tres salarios mínimos en Colpensiones y el excedente, es decir, si gana un salario superior, en un fondo privado. Aquí se mezclan lo que hoy conocemos como los fondos privados con la administradora pública. Finalmente, el de ahorro voluntario, en donde se agruparía a todas aquellas personas que quieran adicionar recursos a su ahorro para elevar sus beneficios de pensión. Aquí estarían las personas que mayores salarios o ingresos tienen en el país.
Desde ese instante mucha agua ha pasado por debajo del puente. Por ejemplo, analistas estimaban que si la reforma pasaba como se contemplaba inicialmente, Colpensiones pasaría a tener un flujo de cotizaciones de $35 billones, viniendo de $14 billones en el sistema actual y, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, las AFP pasarían de recibir $30 billones anuales a $9 billones. Un rebalanceo que le da más peso, lo dicen las cifras, a la compañía pública frente a las privadas. La reforma tiene casi 100 artículos. 94, para ser exactos. Por allá en junio del 2023, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, decía que se estaba trabajando en la concertación para que las semanas de cotización bajaran a las 900 para el caso de los hombres, y a las 750 para el caso de las mujeres, pues en Colombia es más complejo que las mujeres alcancen una pensión.
Pasaba por el primer debate el proyecto, con todo lo que esto implica: críticas y apoyos. Por ejemplo, el asunto de la financiación, que no todos entienden y resulta vital para la sostenibilidad del modelo. Óscar Becerra, experto en el tema y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, le decía a Karen Quintero que, según las cuentas de distintos analistas, la reforma costará entre 60 y 80 puntos del Producto Interno Bruto del país. No es poco. Aproximadamente un punto del PIB por año. “El problema es a quiénes estaremos financiando: tres cuartas partes de ese gasto extra se destinará al 20 % de las personas que sí logran pensionarse”:
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En octubre del año pasado el ministerio de Hacienda decía que la reforma pensional sí era factible fiscalmente hablando. “La implementación de la propuesta de reforma, consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia propuesta para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”, decía el documento firmado por la entonces viceministra Técnica del Ministerio, María Fernanda Valdés Valencia (quien ya renunció y dejó su cargo). Eso, en números, se leía así: “el proyecto de ley mejora el balance de Colpensiones, medido en Valor Presente Neto (VPM), en 1 punto porcentual (p. p.) para 2070″. Además, “los rendimientos financieros del pilar contributivo incrementarían el VPN en 5 p. p. del PIB”. Mientras que “el pilar solidario, el VPN del impacto fiscal a 2070 ascendería al 19 % del PIB”, un incremento del 15 % frente al costo actual de Colombia Mayor. En general, el costo fiscal, en VPN, de la reforma sería del 9,5 % del PIB a 2070. “Hasta 2069 el único impacto fiscal provendría del esfuerzo adicional del pilar solidario”.
Pero Asofondos no así lo veía. “Vemos con preocupación estas cifras de Hacienda, sus propios estimativos muestran un sistema inviable, tremendamente costoso para la actual y futuras generaciones. Tanto que, a la vuelta de 50 años, no habrá recursos para pagar las pensiones”, afirmó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. “Las cifras del Gobierno se basan en supuestos optimistas, como una tasa de descuento muy alta que reduce significativamente el pasivo pensional. Si se utilizara un 3 % de tasa de descuento, el pasivo sería de un 186 % del PIB”, agregó el gremio, quien advirtió que, según sus cuentas y con base en el concepto técnico del Minhacienda, para 2070 el fondo pensional del ahorro del Estado (Colpensiones) se agotará.
Y en medio de todo esto, ¿qué decía la misma Colpensiones? La misma entidad, en un análisis operativo sobre lo que se vendría si se aprobara la reforma tal cual y como estaba, fue enfática en que no estaba lista para asumir tamaño cambio. ¿A qué se refería? Hoy tiene unos 6,7 millones y pasaría a tener unos 24,4 millones de afiliados. “El aumento de la operatividad y administración de la información, debido al incremento de afiliados por lo cual se debe estimar las necesidades de recurso humano, tecnológico y presupuestal para atender el volumen de incremento en los trámites (RI, PQRS, actualización de datos, proceso de homologación, entre otros)”, se leía en el concepto técnico enviado por Colpensiones al Congreso de la República. La entidad fue clara que se les vendría “un incremento del 138 % en solicitudes de prestaciones económicas (en 2033)”, un “37 % más de trámites de medicina laboral (en 2025)” y un “82 % más trámites de nómina (en 2025)”.
El 2024: ¿año de las pensiones?
El 2023 se iba terminando sobre varios temas en torno a dicha reforma: El ministerio de Trabajo decía que el sistema de pilares será sostenible por 40 años. Justo Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, aseguraba que en el ruido sobre la sostenibilidad de la idea de cambiar el modelo pensional hay un tema por discutir: el pasivo pensional, pues varios analistas decían que se está incluyendo el pilar solidario y el contributivo en las cuentas nacionales. “No puede incluirse el pilar solidario en los cálculos del pasivo pensional. Este se financia con Presupuesto Nacional, los aportes del Fondo de Subsistencia y el Fondo de Solidaridad”, dijo Jaramillo.
Entonces, mientras se conocía la fecha para la entrada del proyecto a segundo debate, otras tantas conversaciones se fueron dando, como el asunto de la invalidez, también la necesaria discusión sobre el administrador de los recursos que ahorren los colombianos. Se supo el número de cuántos trabajadores habían migrado de los fondos privados a Colpensiones y, a pesar de las movidas políticas del ministro del Interior y de la ministra de Trabajo, se anunciaba que la discusión en el Congreso seguiría hasta el 16 de febrero de 2024:
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Se fue el 2023 y con la llegada del 2024, en medio de balances del que terminó y con las proyecciones del que entraba, los colegas de la sección de Economía el 27 de febrero nos contaban que se iniciaba “la discusión de la iniciativa en la Plenaria del Senado”. Que sobre la mesa había cuatro ponencias, “dos de archivo, una alternativa y la de Gobierno”.
Ese texto recalcaba el proceso que ha vivido dicho proyecto: “La reforma pensional sobrevivió a la primera legislatura cuando la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate, a mediados de junio, sus 94 artículos. En la segunda legislatura, que inició el 20 de julio de 2023, no se había discutido ni una sola vez, hasta el martes 27 de febrero” de 2024. Y nos explicaban, en ese instante, que “sobre la mesa hay cuatro ponencias, dos de archivo (una de ellas presentada por el Centro Democrático), una alternativa y la de Gobierno. La ponencia alternativa, presentada por la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, buscaba, entre otras cosas, que el umbral de cotización en Colpensiones sea de 1,5 salarios mínimos y no de tres salarios, como propone el Gobierno. El Partido Conservador apoyará esta ponencia”, se leía en este texto.
Y allí hicieron referencia a la declaración de Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, quien para el pasado febrero informaba sobre la presentación de una proposición de aplazamiento para tener más tiempo para conciliar las claves del proyecto: “La reforma pensional es una urgencia que han planteado todos los gobiernos, sin importar las tendencias ideológicas, pero hay varias ponencias y, si empezamos una batalla campal sin darnos la oportunidad de sentarnos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en algunos de los puntos principales, le daremos un mensaje burdo, como ha ocurrido en la Cámara”.
Una semana más tarde la que entraba en el debate pensional era la Contraloría, quien hizo una lista de preocupaciones al respecto. Todas ellas están en este enlace, pero aquí dejamos algunos de esos puntos: “una de las limitaciones de la iniciativa es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, que tienen una importante asignación presupuestal, equivalente al 39,3 % del total de recursos del presupuesto general de la nación destinados a pensiones. De cada $100, se destinan $40 a este tipo de regímenes que cubren al 17 % de los pensionados del país”. “La falta de políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, es otra de las críticas, considerando que en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %”.
Una más: “Se requerirán más recursos públicos para el pago de pensiones, porque no alcanzan las reservas en Colpensiones y porque se agotarán los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, un fondo de las AFP que completa los recursos necesarios para financiar las pensiones de salario mínimo”. Y sobre la sostenibilidad fiscal: “Llama la atención que el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de un valor presente neto en 2070 del 73,57 % del PIB a uno en 2100 del 126 %. A lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, etapa a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma”.
¿Qué pasaba en el Senado con el debate a la reforma pensional? Fue necesaria una semana para “evacuar la avalancha de impedimentos alrededor de la iniciativa, que hasta el momento solo pasaba su primer debate, el de comisión de Senado (en junio del año pasado)”, nos recordaban los colegas que han estado al tanto de este proyecto, y ahora pasaba a su segundo examen:
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En inicios de este abril, la ministra de Trabajo les pedía a los congresistas que hicieran los debates y no se ausentaran. El presidente Petro incluso hablaba de “sabotaje”. La reforma a la salud estaba muerta, el primer mandatario cuestionó al Congreso y entonces Iván Name, presidente del senado, levantaba la sesión. Decía que era una protesta frente a los cuestionamientos del primer mandatario quien había criticado fuertemente a la Comisión Séptima del Senado. “Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa”, dijo el también senador de la Alianza Verde.
El palo no estaba para cucharas, dice el viejo adagio, por eso la reforma pensional no avanzaba. Mientras tanto Asofondos decía que todavía había tiempo para hacer una buena reforma pensional y que la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado era más sostenible que la del Gobierno. “El umbral de cotización sigue siendo la manzana de la discordia en la iniciativa”, escribía Karen Vanessa Quintero Martínez, quien para ese instante además estaba cubriendo el congreso de Asofondos. El 15 de abril, cuando la discusión se volvió a dar, el resumen de la jornada fue así: sobre las cuatro de la tarde se hizo la presentación de la ponencia alternativa de la reforma pensional, a las 4:55 se abrió el debate sobre la ponencia alternativa, sobre las 6:00 de la tarde los liberales apoyaban al Gobierno, 50 minutos después se negaba la ponencia alternativa, a las 7:00 de la noche se presentaba la propuesta de reforma redactada por la administración Petro, comenzaba ese debate y sobre las 9:00 de la noche se aprobaba la ponencia.
El 17 de abril, porque ahora si marchaba a toda máquina, la plenaria del Senado aprobaba en “segundo debate 58 artículos de la iniciativa y discutió uno nuevo, que cuenta con las firmas de todos los partidos políticos, para definir las características del fondo que administrará el Banco de la República”. Lo que sucedió, además, fue que en “la sesión se aprobó la proposición para bajar el umbral de cotización en Colpensiones, pasando de 3 a 2,3 salarios mínimos”. Todos los detalles, artículo por artículo, que se discutieron ese día, aparecen en este enlace. En total, para ese instante, ya se había aprobado el 62 % de toda la reforma pensional.
Y un punto no menor, más bien, determinante, que allí fue avalado: “Más allá de los pilares, la plenaria hizo un cambio fundamental en el fondo de ahorro para el pilar contributivo que crea la reforma, clave para la sostenibilidad del sistema, pues guardará e invertirá las cotizaciones. Inicialmente, el gobierno proponía que Colpensiones administrara el fondo, pero se cuestionaron las capacidades técnicas, la gobernabilidad e independencia de la entidad para asumir tal función. El Senado aprobó que el fondo estará en manos del Banco de la República e incluyó un artículo nuevo que especifica las características y las funciones del nuevo fondo (este falta por votación). Este es el artículo más concertado de la reforma porque contó con la firma de todos los partidos políticos”. Detallaron los colegas de Economía que “Según ese artículo, el fondo contará con un comité directivo conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el director del Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República (cada uno tendrá un periodo de cinco años y podrá ser reelegido una vez) y por el presidente de Colpensiones que tendrá voz, pero no voto. Ese comité estará encargado de aprobar, entre otras cosas, la política de administración de los recursos”.
Para el 22 de abril, cuando volvía a sesionar el Senado, esa discusión también iba dejando otras voces que levantaban la mano:
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Y con toda esta antelación, llegamos a la noche del 23 de abril, cuando “pese a los problemas para mantener el quórum, el Gobierno logró que la plenaria del Senado aprobara en segundo debate la iniciativa y al final incluyeron un artículo nuevo sobre enfoque diferencial. Lo que pasó en la tarde noche de este martes se resume así: a las 4:25 p.m. el Senado aprobó cinco artículos más; a las 4:40 p.m. quedó claro que el pilar solidario no incluirá a los colombianos en el exterior. Sobre las 4:59 p.m. quedaron aprobados los cambios al pilar solidario, a las 5:20 quedaban avalados los artículos 21 y 25. A las 5:20 el Senado repitió la votación de los artículos 21 y 25 tras varias críticas.
Sobre las 6:00 p.m. la plenaria aprobó cinco artículos más del sistema de pilares, luego seis artículos más, algunos con cambios; pasadas las 8:00 p.m. se discutió la fecha para implementar la reforma pensional y la ministra de Trabajo aseguró qe se necesitaba “un año para adaptarnos”. A las 8:30 p.m. fue el “voto para salvar el quórum”, a las 8:45 p.m. se confirmaba que la reforma pensional empezaría a aplicarse en julio de 2025, cinco minutos después pasaba un artículo nuevo sobre enfoque diferencial y, acto seguido, la celebración por parte del Gobierno, pues el Senado le daba vía libre a la reforma.
¿Cuáles son los puntos principales avalados? “El umbral de cotización en Colpensiones (que pasó de tres salarios mínimos a 2,3 salarios), la administración del fondo de ahorro (que estará en manos del Banco de la República y no de Colpensiones) y la vigencia del proyecto (que ahora será julio de 2025) fueron los puntos más álgidos de esta discusión, que estuvo marcada por los desencuentros entre el Pacto Histórico y la oposición y por las estrategias para intentar desarmar el quórum hasta último minuto”, detallaron los colegas que allí estuvieron cubriendo la noticia.
Así quedó la reforma pensional a su paso por el Senado
“Se acaba de aprobar la posibilidad de que cerca de tres millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso para tener una vejez digna, a partir del primero de julio del 2025, lo tengan. Se acaba de aprobar una ley realmente revolucionaria en lo social”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La ponente del proyecto, la senadora Martha Peralta, dijo: “Esta es una victoria del pueblo colombiano, para la población adulta mayor de nuestro país, una victoria para los más desamparados. Cada vez más cerca de tener justicia social para los ancianos de Colombia, hoy se aprueba una Reforma que beneficia al pueblo colombiano”.
Pero la senadora Norma Hurtado, de La U, piensa otra cosa: “Sigo creyendo que la reforma del Gobierno, aunque aprobada por sus mayorías, no es la que necesita Colombia porque no es fiscalmente viable ni sostenible en el tiempo, además de poner en riesgo el futuro pensional de los jóvenes”. Y la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguró que el principal problema del proyecto son sus vigencias, pues, según lo aprobado en el Senado, la reforma se implementará desde julio de 2025, un tiempo que para ella es insuficiente para los cambios que requiere el sistema, contaron los colegas de la sección Política. De hecho, Lozano propuso extender la fecha hasta enero de 2027, pero la propuesta no tuvo acogida de las mayorías, agregaron.
Las opiniones están divididas, por supuesto:
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Estos fueron los tres votos que salvaron a la reforma pensional en el Senado
Lo que se viene es una discusión profunda en la Cámara de Representantes. Si bien, el objetivo de atender a las personas que hoy no cuentan con una pensión y de quienes probablemente no van a llegar a ella -sea porque no lograron cumplir las semanas o porque están en la informalidad- se soluciona con lo ya aprobado en esta reforma, sí, lo que no está claro es cómo se va a acabar con el gran problema estructural de las pensiones millonarias, las mismas que tenemos hoy que subsidiar todos con el dinero de los impuestos ejecutado por medio del presupuesto nacional.
Se necesita, además, que las proyecciones financieras de los analistas, de los tanques de pensamiento, de los ministerios, hasta de los organismos internacionales coincidan, pues lo que todo el país necesita es que el nuevo modelo pensional sea sostenible, para todos, integral, que permita que las personas que hoy no reciben un ingreso cuenten con él; que los que ahorraron por años pero no lo lograron reciban un recurso para seguir viviendo, que los que contribuimos mes a mes sintamos la confianza de que ese ahorro estará para cuando lleguemos a la pensión y que, para aquellos que pueden sumar un dinero como excedente, tengan la seguridad de que esa plata está disponible para su disfrute cuando lo deseen. Al final, para eso es que estamos todos tratando de remar para el mismo lado, aunque vivamos en un país de orillas tan distintas. Seguiremos atentos al proceso que falta y, si buscan un poco más de detalles, toda la información sobre la reforma pensional aparece en este enlace.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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