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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dejó caer la frase en Santander con una mezcla de resignación y cálculo. “Infortunadamente, no podrá ser, parece, a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción”. Hablaba de la importación de gas desde Venezuela. En esa palabra, precisamente, cabe buena parte del momento energético del país.
Colombia enfrenta un déficit creciente de gas natural. Desde diciembre de 2024 importa el energético no solo para respaldar plantas térmicas, sino también para abastecer hogares, comercios y vehículos. El gas local ya no alcanza. La producción declina, las reservas cayeron a su punto más bajo en una década y el campo offshore Sirius no entrará en operación antes de 2030 o 2031. El país navega, entonces, en un periodo de transición en el que cada molécula cuenta.
En ese contexto, la opción venezolana reaparecía como una promesa recurrente, incluso antes de la captura de Nicolás Maduro. Pero ahora el negocio no podría hacerse por medio de Ecopetrol.
Palma explicó el obstáculo. “Lo que dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. A nosotros nos importa el tiempo. Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos”.
Las sanciones de la OFAC —la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU.— han bloqueado durante años transacciones con PDVSA. Ecopetrol, empresa listada en mercados internacionales y con exposición a regulaciones estadounidenses, no puede ignorar ese marco.
El viernes 20 de febrero, en Caracas, Palma se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En X habló de “unidad energética” e integración regional. En la mesa estuvieron también el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, el de Pequiven, Román Maniglia, y los embajadores de ambos países.
¡Unidad energética para Colombia y Venezuela!
— Minenergía (@MinEnergiaCo) February 21, 2026
Colombia y Venezuela han consolidado avances importantes en la integración energética regional, fortaleciendo una agenda estratégica que abarca la importación de gas natural, la interconexión eléctrica, el impulso de energías limpias… pic.twitter.com/ApbyIqPZLu
En enero, fuentes consultadas por Bloomberg señalaron que la estatal colombiana evaluaba escenarios preliminares ante un eventual alivio de sanciones. Pero el levantamiento no se ha oficializado. Sin licencia específica, cualquier transacción directa con PDVSA implica riesgo jurídico y financiero.
En noviembre pasado, cuando Nicolás Maduro dijo que “la primera exportación de gas para Colombia está lista”, la realidad técnica indicaba lo contrario. Infraestructura deteriorada, sanciones vigentes, contratos inexistentes.
El propio Gobierno estima que el déficit podría alcanzar cerca de 20 % de la demanda total este año, frente a alrededor de 4 % a finales de 2024.
La urgencia del déficit
Hoy, cerca de 38 millones de colombianos usan gas natural como energético principal. Según el gremio del sector, Naturgas, el 20 % del consumo ya es importado, cifra que podría subir a 26 %. El gas importado —licuado, transportado en buques y regasificado— es más costoso que el nacional.
Los efectos ya se sienten. Según Naturgás, el gas vehicular subió hasta 10 % en el Eje Cafetero, entre 6 % y 13 % en el Caribe, y hasta 30 % o 38 % en regiones como Cundinamarca, Boyacá y Santander. En el sector residencial, los incrementos rondan el IPC, con excepciones como Antioquia y el Eje Cafetero, donde alcanzan entre 20 % y 25 %.
El gas, que durante años fue símbolo de estabilidad tarifaria, empieza a comportarse como un bien escaso.
El ducto fantasma
El gasoducto Antonio Ricaurte, de 224 kilómetros, fue diseñado para exportar gas colombiano a Venezuela. Hoy es una infraestructura abandonada que necesitaría una rehabilitación profunda.
La consultora energética Wood Mackenzie estima que reconstruir y rehabilitar el sistema podría tardar entre 18 y 24 meses. Otros expertos hablan de 9 a 12 meses si el proceso fluye sin tropiezos. Las inversiones podrían rondar entre USD 20 millones y USD 30 millones, aunque algunos análisis advierten que el costo podría asemejarse al de un proyecto casi nuevo.
El ministro ha dicho que Venezuela tendría disponibilidad inicial de 50 millones de pies cúbicos diarios. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, considera que un escenario realista para Colombia sería del orden de 120 millones de pies cúbicos diarios, volumen que ayudaría a mitigar el déficit, pero no lo resolvería estructuralmente.
Vera insiste en que la importación puede ayudar en el corto plazo, pero no sustituye la necesidad de fortalecer la producción nacional. Colombia aún tiene potencial en cuencas como Piedemonte llanero, Cesar-Ranchería, Sinú-San Jacinto y los valles del Magdalena. También en yacimientos no convencionales, con un potencial estimado superior a 30 terapiés cúbicos.
Así, el ducto es un cúmulo de óxido en esta realidad y realidad. Un puente oxidado que promete alivio, pero exige inversión, acuerdos regulatorios y claridad política.
Colombia necesita gas. Lo necesita rápido. Quiere traerlo “de la manera más rápida y económica”, dijo Palma, incluso anticipando importaciones de GLP para abastecer el mercado.
La alternativa del GNL y la carrera de las terminales
Mientras la opción venezolana se enreda en licencias y diplomacia, Colombia expande su capacidad de importar gas natural licuado (GNL).
Hoy opera la terminal SPEC LNG en Cartagena, con capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una fracción respalda demanda interna. Ecopetrol avanza en:
- Una regasificadora en el Pacífico, con capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios, prevista desde el segundo trimestre del próximo año.
- Adecuaciones en Coveñas, a través de Cenit, para importar 110 millones de pies cúbicos diarios en una primera fase hacia 2027.
Wood Mackenzie proyecta que la capacidad de importación de GNL podría crecer hasta cerca de 1.300 millones de pies cúbicos diarios hacia 2028.
Venezuela enfrenta así una carrera contrarreloj. Si el ducto no se rehabilita con rapidez, el mercado colombiano podría consolidarse en torno al GNL. Cada terminal nueva reduce el espacio comercial para el gas por tubería.
Santander y la fragilidad del sistema
Mientras el Gobierno habla de importar gas, Santander enfrenta otra tensión energética. La ANDI advirtió sobre el impacto de una eventual huelga en ESSA, filial del Grupo EPM, que abastece a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos.
El gremio recordó que el servicio de energía eléctrica es esencial, según la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994. Una interrupción afectaría 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 3.492 instituciones educativas, 260 acueductos y seis aeropuertos, entre otros.
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