Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La corrupción en las altas cortes, los crímenes del conflicto armado contra pueblos indígenas y las investigaciones por el manejo de recursos públicos estuvieron entre los principales temas judiciales de esta semana. Mientras la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra uno de sus expresidentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una imputación por hechos que pusieron en riesgo la supervivencia de cinco pueblos indígenas.
Leonidas Bustos: condena en firme y llamado a gestionar su extradición
La Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes 16 de octubre la condena de diez años y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos por concierto para delinquir y cohecho propio. El expresidente del alto tribunal fue hallado responsable de participar en el cartel de la toga, la red que manipuló procesos judiciales a cambio de dinero.
La decisión ratificó que Bustos intervino para favorecer a investigados, mediante maniobras como impedir órdenes de captura, dilatar expedientes y tramitar preclusiones. Además, la Corte requirió al Gobierno para que avance en las gestiones diplomáticas necesarias para su extradición desde Canadá, donde reside.
(Lea aquí: Cartel de la toga: los argumentos de la condena a José Leonidas Bustos por traicionar la justicia)
La JEP imputó a diez antiguos integrantes de las Farc por crímenes contra indígenas
La JEP atribuyó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las Farc por hechos cometidos entre 1996 y 2016 contra los pueblos Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw, en la Amazonía y la Orinoquía. La decisión hace parte del caso 09, que investiga la violencia contra comunidades étnicas durante el conflicto armado.
La imputación comprende 96 conductas criminales, entre ellas asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, uso de minas antipersonal y daños al medio ambiente. La jurisdicción identificó ataques dirigidos a someter a las comunidades y debilitar sus gobiernos propios, así como la eliminación o el destierro de indígenas señalados de colaborar con el enemigo. Según la JEP, esa violencia comprometió la supervivencia física, cultural y espiritual de pueblos enteros.
(Le recomendamos leer: La guerra de las Farc que puso en riesgo la existencia de cinco pueblos indígenas
Iván Name y Andrés Calle salieron de La Picota
Los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, salieron de la cárcel La Picota en la tarde del jueves 15 de octubre. Su liberación se produjo después de que la Corte Suprema les concediera la libertad provisional por vencimiento de términos, mediante una decisión adoptada la semana anterior.
Ambos siguen vinculados al proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La libertad provisional les permitirá afrontar por fuera de prisión el juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
El fallo sobre la película “Noviembre”
La Corte Constitucional ordenó al director Tomás Corredor y a la productora Burning S.A.S. presentar disculpas públicas a la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. La decisión respondió a una tutela en la que sus familiares cuestionaron la representación del magistrado en la película Noviembre.
Por seis votos contra tres, el tribunal concluyó que la promoción de la cinta como una representación de la verdad de lo ocurrido generó confusión sobre su naturaleza. Por eso, ordenó mantener una advertencia que aclare que es una ficción inspirada en hechos reales y que sus diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales. Sobre la escena cuestionada, precisó que se trata de un diálogo ficcional y no de una afirmación de hecho sobre supuestos vínculos de Gaona con el M-19.
Inspección de la Fiscalía a la Dirección Nacional de Bomberos
Funcionarios del CTI inspeccionaron el jueves 15 de octubre la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, en Bogotá, por orden de un fiscal especializado contra la corrupción. La diligencia se adelantó tras las denuncias del Ministerio del Interior por presuntas irregularidades contractuales durante el gobierno de Gustavo Petro.
Entre los hechos denunciados figuran posibles anomalías en la adquisición y entrega de equipos. El ministro Rodrigo Lara cuestionó un contrato en el que, según señaló, se certificó la recepción de materiales que permanecieron en la bodega del vendedor, pese a que se efectuaron pagos. Estas denuncias son materia de investigación.
Citaciones y solicitudes de información tras los señalamientos de Eva Ferrer
La Procuraduría citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas para que entreguen información sobre los presuntos hechos de corrupción que la exconsejera presidencial denunció en medios de comunicación y en los que mencionó a Verónica Alcocer. Por su parte, la Fiscalía volvió a requerir a Ferrer, quien ya había sido citada en agosto y septiembre sin acudir.
En respuesta a los señalamientos, Alcocer presentó un derecho de petición a la fiscal general para conocer si existe una nueva indagación en su contra y reiteró su disposición de colaborar con la justicia. El expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y anunció acciones legales.
(Vea también: Procuraduría cita a Eva Ferrer por señalamientos contra Verónica Alcocer: ¿qué dijo?)
Operación en Barranquilla dejó 72 capturados, según el Gobierno
La operación Blindaje 360 movilizó a 587 integrantes de la Policía y el Ejército en Barranquilla. Según el balance divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella, con corte a las cuatro de la mañana del viernes 16 de octubre se habían realizado 34 allanamientos y capturado a 72 personas: 28 en flagrancia y otras 28 por orden judicial.
Las capturas estarían relacionadas con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio. El despliegue estuvo dirigido contra estructuras criminales y sus fuentes de financiación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más
