Las elecciones de este domingo son cruciales, tanto por el Congreso que se elige como por la prueba de legitimidad que afrontará el sistema electoral en medio de un relato oficialista con el que se intentó –sin pruebas– poner en duda su idoneidad. Además, la izquierda se juega su continuidad en un escenario de poder que antes no había conquistado y la derecha busca recuperar los espacios que perdieron en las urnas; y todo en medio de una institucionalidad que cerró filas para defender el necesario y tradicional relevo de mandato que cada cuatro años se da en Colombia, pese a los embates de la actual Casa de Nariño.
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Así está el cóctel de escenas por el que los votos que se depositen entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de este 8 de marzo serán determinantes para moldear las 285 curules que hay en el Capitolio, 103 en Senado y 182 en Cámara. Las buscan 3.081 aspirantes a través del sufragio de 41.287.084 colombianos reportados en el censo electoral de la Registraduría.
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Tras esta cita se sabrá en gran parte qué tan dispuesta está la ciudadanía a romper esa cadena clientelar y de tintes transaccionales entre Ejecutivo y Legislativo, que en el más reciente cuatrienio llevó a que dos expresidentes de Senado (Iván Name) y Cámara (Andrés Calle) terminaran presos por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este escándalo retumba en la memoria nacional, porque además tocó las puertas del centro de mando presidencial y dejó a dos exministros (Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco) tras las rejas.
La Corte Suprema de Justicia también debe resolver la situación jurídica de al menos 10 legisladores por estos hechos, entre los que hay algunos (Karen Manrique, Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur) que quieren reelegirse. Pero si bien se dieron pasos importantes, como la ley que redefinió la financiación de las universidades públicas o la que apuntaló una reforma laboral que impulsó el Gobierno y devolvió derechos a sectores asalariados, el reto está en que quienes arriben al Capitolio –con salarios de más de COP 50 millones mensuales– sean un contrapoder y al mismo tiempo un baluarte de progreso. Todo depende del voto.
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Es en estos tableros que el Pacto Histórico buscará superar los 20 senadores que logró en 2022 con 2,8 millones de votos, a los que se les deben sumar los 25 representantes a la Cámara que consiguió. Y, por otro lado, el Centro Democrático intentará sobrepasar los 1,9 millones de sufragios que le dieron 13 senadores, mientras que en la Cámara logró 16 escaños. Son las dos fuerzas que representan los principales polos de tensión y las que, a su vez, marcarán la ruta del periodo que comienza el próximo 20 de julio.
Ambas llevan listas cerradas para el Senado y son promovidas por sus líderes naturales; en el Pacto tienen a un presidente Gustavo Petro convertido en el principal operador de la izquierda, y en el Centro Democrático hasta incluyeron al exmandatario Álvaro Uribe en el puesto 25 buscando sumar votantes. El primero, incluso, pondrá a prueba la capacidad de “heredar” gestión con temas como el aumento del 23,7 % en el salario mínimo, el dólar por debajo de los COP 4.000 o, sin descontar más factores positivos, el desempleo en un solo dígito; y el segundo hará lo propio remarcando el aumento de la inseguridad, el golpe al sistema de salud y, entre otros ítems, el déficit fiscal que llegó al 6,4 % del PIB.
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Además, las maquinarias electorales que El Espectador rastreó en cuatro entregas durante el último mes no están quietas, por lo que los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U –que respectivamente tuvieron 2,2 millones, 2,1 millones, 1,6 millones y 1,5 millones de votos en 2022– no serán protagonistas aislados de esta cita a urnas. Incluso, desde sus cúpulas se apartaron de las consultas interpartidistas que también se votarán este 8 de marzo para garantizar que sus resultados en el Capitolio no sean menores a esas cifras, sin que esto implique apoyos previamente negociados hacia alguna de las coaliciones que buscan depurar sus apuestas presidenciales.
Esto explica por qué Efraín Cepeda, César Gaviria, Germán Vargas Lleras y Alexánder Vega, entre otros, no dejaron de sonar estas semanas. De paso, es la razón por la que en la participación de este domingo impactaría más la estructura partidista (a veces clientelar) que hay detrás que la conquista misma de la opinión. Aunque a eso último apuestan fuerzas como Alianza Verde, En Marcha, Dignidad y Mira, sin esquivar alianzas pragmáticas para asegurar que grupos locales les garanticen representación, el grueso de la disputa estará en los llamados partidos tradicionales. Por eso, el voto informado de cada ciudadano sí es determinante.
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Todos tienen alguna apuesta en estas elecciones, tanto los que salen en los tarjetones como los que aguardan los resultados para salir a hacer alianzas hacia la carrera presidencial. Pero el Congreso es la primera parada, y es clave, porque el país necesita ajustes concertados en sectores como la salud, las pensiones, el erario, la seguridad y las mismas relaciones internacionales, pues la confrontación visceral entre los que hoy tienen curul y quien ocupa el solio de Bolívar anuló cualquier camino al diálogo.
No es solo por un día
Se debe también tener en cuenta que el ejercicio democrático de este fin de semana es un seguro más para una democracia que, con sus bemoles y correcciones necesarias, ha dado espacio a una diversidad de voces por las que, en poco más de dos décadas, se ha visto cómo dos polos diametralmente opuestos en lo ideológico, pero de alguna manera similares en las formas, terminaron dirigiendo una república que en este 2026 cumple 216 años. Esto va del “estado de opinión” de Uribe al “pueblo” que pregona Petro, narrativas suprainstitucionales para esquivar controles legales nacidos de la Constitución de 1991.
Tan inédita y al mismo tiempo trascendental es la cita a urnas de este domingo, que Colombia vio a su jefe de Estado en ejercicio haciendo campaña de frente por quienes promueven la reelección inmediata de la izquierda pese a las prohibiciones legales (ministros como los del Interior, Armando Benedetti; Salud, Guillermo Jaramillo; y del Trabajo, Antonio Sanguino, siguen el mismo camino y promueven una polémica asamblea constituyente). Y de paso atestiguó al grueso de la institucionalidad –liderado por la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría– contrarrestando los dardos de la Presidencia hacia la base misma de la democracia, que no es otra que la participación de la gente en la toma de decisiones a través de elecciones.
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Eso sí, las acusaciones de un supuesto fraude en torno a un sistema por el que el actual mandatario se eligió presidente, alcalde y congresista son desmentidas por sectores nacionales y extranjeros que vigilan la transparencia del proceso, algo que hasta las altas cortes ratificaron. La institucionalidad en pleno rodeando la democracia.
“Aunque no le guste aceptarlo al mandatario, nuestro país tiene un sistema de votaciones ejemplar, con múltiples revisiones y blindado de las manipulaciones que con tanto facilismo se denuncian en redes sociales. Esto no es Venezuela, donde el presidente Petro se limitó a pedir muestra de las actas de votación. En Colombia todo el proceso tiene trazabilidad, acceso de testigos de todos los partidos, acompañamiento internacional de distintas fuentes y hasta herramientas para entrar a revisar en el caso de que existan dudas”, dijo El Espectador en un reciente editorial.
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Donde se encuentra un riesgo real, palpable y sobre el cual el Gobierno parece tener interpretaciones distintas es el de la seguridad. Mientras el presidente Petro dijo en una alocución que se puede hablar de “tranquilidad” en el proceso electoral, el Ministerio de Defensa reconoce alertas fuertes en al menos 180 municipios donde hay presencia corroborada de estructuras narcotraficantes que buscan incidir sobre los votantes. Varias de estas, como el ELN y el Clan del Golfo, tienen puentes con el Ejecutivo mediante la estancada política de paz total.
Solo en el último mes hubo atentados contra aspirantes al Congreso y a sus esquemas de seguridad, quema de vehículos usados en campañas, asesinatos de soldados que tenían la misión de que sí haya elecciones este 8 de marzo y, entre otros hechos, ataques a sedes políticas. Y esto sin contar que, tras al menos tres décadas, el país no era testigo del magnicidio de un aspirante presidencial como el que se perpetró contra Miguel Uribe Turbay el 7 de junio pasado y que derivó en su muerte el 11 de agosto.
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No obstante, siguiendo una instrucción del presidente Petro, la Fuerza Pública –dirigida por el ministro Pedro Sánchez– ha enfilado sus baterías a frenar los intentos de compra de votos, por lo cual hasta el 5 de marzo –según reportó esa entidad– se habían desarrollado ya 14 operaciones de incautación de dinero en efectivo destinado a la mercantilización del sufragio en 11 departamentos, por las cuales se tenían decomisados COP 1.760 millones y detenidas a 20 personas.
A esto se suma que, de acuerdo con la Registraduría que lidera Hernán Penagos, hay vigilancia permanente en las 125.259 mesas que se distribuyeron en 13.746 puestos de votación; la data oficial indicó que en Colombia hay 123.314 mesas en 13.493 puestos, mientras que en el exterior –en 67 países– se instalaron 1.945 mesas en 253 puestos.
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Para cumplir con ese propósito, dentro del territorio nacional se desplegaron 250.000 uniformados de Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea para frenar cualquier intento de acto violento antes, durante y después de la jornada electoral. Su tarea, como lo piden todas las colectividades, es garantizar que se pueda votar en paz. Y no es para menos, pues el alto grado de polarización en el que está el país, impulsado por oposición y gobiernistas, ha dejado alertas que la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y otras organizaciones han pedido no subestimar.
Aquí entran, también bajo la crítica del mandatario por no tener en esos tarjetones al candidato que desde lo público viene promoviendo, las disputas por tres cupos en igual número de consultas para las presidenciales del 31 de mayo. Quienes las ganen entre los 16 aspirantes de estas coaliciones tienen la obligación normativa de ir a ese primer balotaje.
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En la Consulta de las Soluciones están Claudia López y Leonardo Huerta; en la Gran Consulta por Colombia van Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria; y en la del Frente por la Vida pujan Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres. Entre estos bloques se moverán varias fuerzas para delinear un tarjetón en el que ya hay más de 13 candidatos esperando; entre ellos figuran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo o Clara López.
Sí, habrá 862.392 jurados de votación vigilando la transparencia electoral junto a más de 150 delegados internacionales, pero será la conciencia de cada colombiano que vaya a urnas la que determine qué clase de Congreso quiere tener y cómo se reconfigurará un mapa político que hoy es dominado por extremos de izquierda y de derecha, y no solo por los voceros principales de estas fuerzas, sino por quienes los siguen desde las curules que este 8 de marzo se pueden renovar.
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“Está claro que si la democracia no lleva a reformas tangibles que mejoren la vida de las personas y si la clase política se siente cómoda en su transaccionalismo de siempre y en mantener el ‘statu quo’, la indignación seguirá en aumento. No es la Constitución, sin embargo, el obstáculo”, señaló este diario en otro reciente editorial. Por todo esto, sin dejar de lado que deben cuidarse los COP 2,2 billones que se invierten en estas elecciones, es que ir a las urnas es un deber. La democracia está en juego como cada cuatro años, solo que hace décadas no estaba en un terreno tan farragoso. Votar es la forma de contrarrestar esos riesgos.
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