El Espectador le explica la nueva ola de violencia en Colombia

Hace rato no pasaba por aquí a hablar con ustedes. Estaba revisando, y lo triste es que una de las últimas veces que estuve por estos lares también hablamos de crisis de seguridad en el país. La coyuntura me trae nuevamente a tener que hablar de la violencia y de otra ola más de atentados y tragedias en el territorio nacional.

¿Recuerdan que a principio de año hablábamos de atentados por parte del ELN? ¿Recuerdan que luego hablamos de un plan pistola contra la Policía Nacional liderado por el Clan del Golfo? Bueno, pues ahora el protagonismo lo tienen -que eso no quiere decir que se hayan quedado quietos estos meses- las disidencias de las Farc. Todo esto habla precisamente de la complejidad que representa que un conflicto armado tenga distintos actores, pues operar en varios frentes se vuelve una tarea que, como hemos visto, parece ser difícil de cumplir.

La nueva ola de violencia, sin dejar de mencionar el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el atentado a Julio César Triana, representante a la cámara, hace ya varias semanas, tuvo su pico la semana pasada cuando el jueves 21 de agosto tuvimos que hablar de dos tragedias: una en Amalfi (Antioquia) y otra en Cali (Valle del Cauca). La primera fue la del helicóptero de la Policía que fue derribado con un dron. El ataque dejó 13 policías muertos y ocho heridos. En la región, las comunidades denunciaron confinamientos, desplazamientos y miedo a nuevos ataques; al menos 20 familias fueron forzadas a salir. El Gobierno señaló a disidencias y mencionó también al Clan del Golfo como actor con presencia en el nordeste del departamento.

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“En el territorio han cogido fuerza grupos como el Clan del Golfo y las disidencias FARC del Frente 36. Como el Clan del Golfo ha entrado al territorio, la disidencia no se deja quitar el territorio, como lo llaman ellos, porque hay un tema de minería y un tema de coca. Ha habido enfrentamientos y es la población la que queda en el medio”, dijo una lideresa de la región del nordeste antioqueño para este diario.

El segundo acto terrorista del pasado jueves 21 de agosto fue en Cali, cuando un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El atentado dejó siete civiles muertos, incluyendo a una mujer embarazada y a un joven de 17 años; 77 heridos y cerca de 150 viviendas y comercios afectados en el perímetro.

Las autoridades atribuyeron el atentado a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. Puntualmente, a la estructura Jaime Martínez, que tiene incidencia en el sur del Valle del Cauca y en poblaciones cercanas a la capital, como Jamundí. Es también el grupo que ha sido señalado como responsable de las 24 acciones terroristas perpetradas en la mañana del pasado 10 de junio en Valle y Cauca, que dejaron a 27 personas heridas, cinco civiles y dos policías muertos.

Dos días después del atentado, se reportó la captura de “alias Sebastián”, señalado por el Gobierno como integrante del EMC de las disidencias de las FARC y presunto responsable del atentado. Según el presidente Gustavo Petro, este hombre operaría bajo el mando de alias Marlon y estaría subordinado a lo que calificó como “la Junta del Narcotráfico”.

De igual forma, el 22 de agosto, el presidente Petro anunció la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc).

Alias Mono Luis, quien tenía una orden de captura de la Fiscalía por el delito de Homicidio, llevaba una trayectoria criminal de más de 11 años. De acuerdo con las autoridades era el encargado de liderar actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas para su hermano, alias Iván Mordisco. Además, era uno de los hombres claves para ejecutar las órdenes de líder de la disidencia.

El asunto en el Valle del Cauca es complejo. El pasado lunes, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, por cuenta de la disputa por el control territorial que libran allí cuatro organizaciones al margen de la ley: el frete Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Clan del Golfo y los Rastrojos Nueva Generación.

Por otra parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y Alejandro Eder, alcalde de Cali, aseguraron que sí hay amenazas en su contra tras el ataque que se registró en esa ciudad el pasado 21 de agosto.

“Agradezco a la inteligencia del Ejército de y la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad; seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, precisó la gobernadora Toro.

“Es una amenaza que sabíamos que existía (…). No tengo miedo porque confío en la Fuerza Pública y esto es parte del trabajo. Esto es una amenaza muy seria, porque estos sinvergüenzas nos quieren devolver a la década de los ochenta cuando asesinaban a gobernantes y a dirigentes públicos, y también a ciudadanos poniendo bombas indiscriminadamente”, le dijo a Blu Radio el alcalde Eder.

De igual forma, la Defensoría identificó que en este momento hay al menos tres dinámicas de los grupos ilegales que podrían hacer estallar una crisis en la región. La primera es la probable disputa entre el Nuevo Estado Mayor Central (EMC) o frente Jaime Martínez de las disidencias y el Clan del Golfo, por el acceso y control del cañón de Garrapatas, ubicado entre los límites del Valle y el Chocó.

Recordemos que meses atrás, cuando era el Catatumbo el centro de la crisis de violencia, Iris Martín Ortíz, defensora del pueblo, dijo: “Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73% de los municipios del país: 809″

No suficiente con lo sucedido la semana pasada, esta la arrancamos con la noticia de la retención de 34 militares en área rural de El Retorno (Guaviare) por parte de una comunidad que estaría siendo instrumentalizada por las disidencias de las Farc, según informó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Según las autoridades, desde el pasado domingo 24 de agosto se vienen registrando enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y disidentes de las Farc en el departamento. Producto de estos combates las autoridades anunciaron la muerte de 10 presuntos miembros del grupo armado. En paralelo, los uniformados retenidos son parte de una unidad elite del Comando General de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con los reportes oficiales, los militares fueron interceptados por un grupo de civiles que “dicen que están haciendo un cerco humanitario o dándole nombres a lo que no corresponde. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional”, aseguró Sánchez.

Este miércoles, según inteligencia militar, se supo que detrás de esta acción estaría Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias Yimmi Parra o Martínez, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco y actual jefe de la subestructura 44 de las disidencias de las Farc.

¿Quién es Yimmi Parra o Martínez? Con cerca de 26 años ha escalado en la estructura de las disidencias de las Farc hasta convertirse en uno de los hombres más cercanos a Iván Mordisco. Su trayectoria dentro de la organización inició en 2015, cuando ingresó como miliciano bolivariano en el Cauca.

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Él es alias “Dumar”, alfil de Iván Mordisco, muerto en Guaviare

Parte de lo sucedido parece haber sido predicho por Andrés Nieto Ramírez, investigador en temas de seguridad y docente universitario, a quien citamos en una de las entregas sobre los problemas de inseguridad en el país cuando se refirió a las modificaciones que hubo en la cúpula militar hace ya varios meses, cuando también llegó al Ministerio de Defensa Pedro Sánchez, pues para el analista, este tipo de cambios “genera algún tipo de inestabilidad”, y aseguró que le preocupaba la dirección del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia: “Los niveles de asertividad y de prevención que deben proveer la inteligencia y contrainteligencia no son los óptimos para evitar atentados, retención de unidades de la fuerza pública y otras situaciones como la instalación de puntos de control de grupos armados”.

Control territorial y el avance del crimen organizado

Según expertos, disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo están expandiendo su presencia en regiones como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Caquetá. Controlan rutas del narcotráfico, imponen “normas propias” y exigen tributos, afectando a más de medio millón de personas. Esta recuperación de control territorial ocurre en parte debido al vacío dejado tras los acuerdos de paz de 2016 y a la reconfiguración de estructuras armadas.

En el Cauca, el departamento vive una escalada sostenida con epicentro en el oriente y el Cañón del Micay. Combates recientes contra la estructura Dagoberto Ramos del EMC dejaron 348 estudiantes sin clases por riesgo inminente. La Defensoría alertó por el fortalecimiento del Frente Carlos Patiño (EMC), sus choques o eventuales alianzas con el ELN, y la importancia estratégica de los corredores hacia Nariño y el Pacífico.

En el Caquetá, por ejemplo, en junio, Cartagena del Chairá—histórico bastión de las antiguas FARC—fue escenario de una operación del Ejército contra la disidencia de “Calarcá” Córdoba (EMC): capturas e incautaciones de armamento. La Defensoría, desde enero, venía advirtiendo que en Caquetá era “inminente” la confrontación entre facciones disidentes (EMC vs. Segunda Marquetalia/estructura de Calarcá) con riesgo extremo.

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En Nariño, donde también se han presentado episodios de inseguridad y conflicto armado, el Gobierno autorizó al gobernador Luis Alfonso Escobar para buscar acercamientos con grupos armados no cobijados por procesos en curso, en paralelo a Zonas de Ubicación Temporal previstas con disidencias en Nariño y Putumayo. Mientras tanto, las autoridades incautaron 3,8 toneladas de insumos explosivos en Ipiales—suficientes, según cálculos difundidos, para elaborar decenas de miles de minas antipersona atribuidas a Comandos de Frontera.

En este contexto, el Estado enfrenta serias limitaciones; los grupos delictivos disponen de recursos económicos masivos, tecnología militar y capacidad logística superior, mientras la Fuerza Pública sufre restricciones presupuestales. Este desbalance ha llevado a avisos sobre un modelo autoritario al estilo venezolano, donde el narcotráfico se entrelaza con el poder político.

Un tema no menor: hay indicios de un entramado corrupto facilita la circulación de armas en Colombia. Oficiales, empresas privadas y redes transnacionales han sido identificados en este flujo ilícito. Se calcula que más del 80 % del armamento incautado proviene de mercados ilegales que el Estado no logra controlar. Esta realidad presagia una escalada de homicidios, muchas veces en manos de civiles armados con facilidad de acceso a municiones y armas letales.

¿Y la paz total?

A pesar de la falta de resultados, y de la violencia que se recrudece de tanto en tanto, el Gobierno insiste en su apuesta de la Paz Total. Y para la muestra un botón: luego del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi, representantes del Ejecutivo se reunieron en el Yarí con la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, estructura señalada de haber ejecutado el ataque.

Cindy Morales, editora de Colombia +20, y Paulina Meza, periodista de la misma sección, nos presentaron una radiografía de la Paz Total del Gobierno Petro y aquí se las resumimos brevemente:

Negociaciones activas o estancadas según el grupo

• EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes): pese a estar detrás del ataque al helicóptero en Amalfi (Antioquia), el grupo llevó a cabo el séptimo ciclo de diálogo durante una reunión en el Yarí, y promueve zonas temporales de ubicación y acuerdos productivos y ambientales.
• Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano: grupo que proyecta sustitución de cultivos ilícitos en Nariño e impulsa una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Nariño y Putumayo, aunque su continuidad está amenazada por órdenes judiciales en EE. UU. contra sus comandantes.
• Comuneros del Sur (facción disidente del ELN): muestran avance más concreto: entrega de armas, programas de reintegración con seguridad social, ingreso básico y participación en iniciativas de desminado humanitario junto a comunidades indígenas y campesinas.

Procesos congelados o en fase exploratoria

• ELN: el proceso está suspendido, con ausencia de cese al fuego y señales de reactivación, luego de una emergencia humanitaria en Catatumbo.
• Clan del Golfo: mantiene una etapa exploratoria; el diálogo podría trasladarse a Catar próximamente.
• Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: también aguardan autorización gubernamental para iniciar conversaciones.

Enfoque urbano: avances parciales en ciudades clave

• En ciudades como Medellín, Quibdó y Buenaventura (excepto Barranquilla), los diálogos con bandas han logrado algunos logros. Sin embargo, la mayoría de estos procesos urbanos no ha generado todavía avances tangibles y continúa siendo incipiente. ¿Los logros?
  • Pilotos destinados a reducir la extorsión
  • Compromisos de no reclutar menores
  • Reducción de homicidios en ciertas zonas

En un artículo también publicado por Cindy Morales, la editora citó a Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien dice que los tres ataques de la semana pasada son, además, un golpe directo a la legitimidad y percepción de los procesos de paz por parte de la población. “La ciudadanía no tiende a diferenciar qué grupo comete qué acción. Al final, todos estos atentados profundizan la falta de confianza en el Estado y deterioran la legitimidad de las negociaciones”, afirmó.

Preocupación de cara a las elecciones de 2026:

Volviendo al asesinato de Miguel Uribe Turbay, lo cierto es que ya ese representó el peor de los fracasos para la democracia colombiana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En medio de este grave antecedente, y del presente que vive el país, el Gobierno ha estado anunciando medidas para mejorar la seguridad de los candidatos y de la población para los comicios de 2026.

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Así, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Pedro Sánchez (Defensa) revisaron el operativo de seguridad durante la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (Cormpe) y anunciaron las siguientes medidas.

Despliegue de fuerza pública:

• 3.000 uniformados del Ejército desplegados para proteger la campaña.
• 6.351 policías adicionales y 96 pelotones movilizados para reforzar la seguridad.

Protección individual reforzada: La Unidad Nacional de Protección (UNP) resguarda actualmente a 194 personas relacionadas con el proceso electoral. Para ello, cuenta con:

• 326 policías
• 32 vehículos convencionales
• 75 vehículos blindados
• 56 chalecos de protección.

Duplicación de los esquemas de seguridad: Según el ministro Sánchez, se ha pasado de 229 a 520 personas (entre policías y miembros de la UNP) encargadas de protección individual.

Impacto territorial: Gracias a estas medidas, en 24 de los 32 departamentos del país se han llevado a cabo eventos de precampaña sin contratiempos

Asimismo, el pasado martes, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar anunciaron la puesta en marcha del Plan Democracia 2026, la estrategia de seguridad que busca blindar los comicios legislativos y presidenciales del próximo año en todo el territorio nacional.

El registrador Hernán Penagos confirmó que se identificaron los municipios con mayores riesgos de alteración del orden público, donde se dispondrá de vigilancia y protección especial en los puestos de votación.

“Ningún hecho de orden público o circunstancias excepcionales pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución Política y son inamovibles. Pero además de eso, es importante precisar que las elecciones libres y justas en Colombia son garantía del principio democrático y es deber de todas las entidades del Estado garantizarlas, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un derecho político que también es un derecho humano, sin ninguna dificultad”, afirmó Penagos.

Seguiremos la pista de todas las investigaciones y medidas que pueda llegar a tomar el Gobierno Nacional para devolverle la seguridad al país. Ojalá que no haya más picos de violencia y haya el pie de fuerza suficiente para garantizar la tranquilidad de todos los colombianos en este fin de año que ya se acerca y durante el 2026, año crucial por las elecciones presidenciales.

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