El Espectador le explica la situación carcelaria, las amenazas y la reforma

Es miércoles, día de El Espectador le explica. El asesinato del director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro Elmer Fernández, volvió a levantar la alfombra para recordarle al país lo que todo el mundo sabe que existe y que ha vivido ‘escondido’ durante décadas en los centros de reclusión: corrupción, tráfico de armas y de estupefacientes, extorsión, grupos delictivos dedicados a estafar por medio de teléfonos celulares y mensajes de texto que ingresan ilegalmente; delincuentes que se han convertido en caciques dentro de algunos patios, hacinamiento profundo que ha desencadenado en anarquía y descontrol sumado a un insuficiente número de uniformados encargados de la seguridad en estos centros penitenciarios, muchos de ellos señalados de hacerse los de la vista gorda frente a todos estos vejámenes que allí se comenten.

De eso se trata este boletín de noticias. De lo que nuestros colegas de las secciones de Judicial y Bogotá nos han contado sobre lo que se vive en estos centros de reclusión y cómo funciona esta cadena que ha venido engendrando una crisis que protagonizan muchos actores, incluyendo redes mafiosas. Dejaremos, a continuación, una serie de enlaces que detallan qué sucede al interior de las cárceles, además del cómo las autoridades están enfrentando esta realidad que ya ha cobrado la vida de varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y de lo que el país, en general, espera que los hacedores de política pública tengan en cuenta para que no sigamos contando la misma historia de siempre. Comencemos.

Cada foto que es posible registrar en una cárcel de Colombia, o por lo menos a las que se ha podido tener acceso, va dejando la misma imagen: cúmulos de prisioneros en espacios que no están diseñados para tanta gente, prácticamente unos sobre otros. Mezclados. Unos son sindicados, otros son sentenciados. Unos esperando pasar por el proceso judicial, otros cumpliendo ya su condena. Pero todos en el mismo espacio y lugar. La Defensoría del Pueblo, por allá en abril de 2022, para no ir tan lejos, lo advertía: el hacimiento supera el 1.300 %. Pero ¿cómo fuimos llegando a esto?

Vayamos un poco atrás. De acuerdo con la redacción Judicial, quien nos daba varios detalles en este texto, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediatas (URI) el 4 de abril de 2022. Eso, en otras palabras, quería decir que existía una masiva violación de derechos humanos en esos lugares y que, sumado a las otras tres ocasiones en las que el alto tribunal se había pronunciado años atrás y en la misma línea, la crisis no era solo evidente en las cárceles a nivel nacional, sino que también estaba sucediendo en el primer escalón de detención que tiene el sistema judicial colombiano: las estaciones de policía y las URI.

La gota, poco a poco, iba llenando la copa hasta que se rebosó. La Sala Plena de la Corte fue constatando una seguidilla de hechos contundentes para verificar lo denunciado: hacinamiento, fallas de infraestructura, escasez de servicios sanitarios e imposibilidad de entrevistarse con los familiares. Así las cosas, con el Estado de Cosas Inconstitucional, se ordenada a todas las entidades involucradas atender la situación y poner fin ejecutando acciones evidentes. Pero…

Judicial

Corte declara estado de cosas inconstitucional en centros de detención transitoria

Judicial

Galería: 1.300% de hacinamiento en estación Norte de Policía de Bucaramanga

Bogotá

Hacinamiento en las URI y estaciones de policía de Bogotá sobrepasa el 500 %

Judicial

Hacinamiento en centros de detención transitoria de Medellín están sobre el 800%

La realidad era que seguíamos en las mismas. Incluso desde el primer instante, cuando todo parecía estar en crisis a la hora de revisar el sistema nacional: “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario fue creado en 1992. Seis años después, internos se escudaron en la acción de tutela para alertar a la justicia de que en las prisiones no se estaba haciendo nada bien. En 1998, la Corte Constitucional se pronunció sobre dos acciones y declaró un ECI (Estado de Cosas Inconstitucional) que, a pesar de los esfuerzos del ministerio de Justicia, no ha sido superado en más de dos décadas”, recordaban los redactores de la sección Judicial en este texto.

Para el Inpec de aquel entonces, la sobrepoblación carcelaria se debía al crecimiento demográfico, a la crisis “socioeconómica, política, de cultura y valores de la sociedad”. Sí, una lectura que iba en línea con la violencia que tanto ha golpeado a la sociedad colombiana en general, pues aquí se hablaba no solo de privados de la libertad pertenecientes a grupos guerrilleros o paramilitares, también de integrantes de grupos de delincuencia común, bandas organizadas, gente procesada por tráfico de armas, concierto para delinquir, entre otros. En ese instante se argumentó una “congestión judicial” y desde la Defensoría del Pueblo se criticó un abuso en el uso del mecanismo de órdenes de medida de aseguramiento. Incluso se “ordenó que para 2002 se separaran completamente los sindicados de los condenados”, pero eso “nunca ocurrió”.

Y esa realidad, que debería tener una tendencia a la baja en un escenario de resocialización, ha tenido una tendencia creciente de privados de la libertad. Para el 2013 ya se sumaba el deterioro de la infraestructura. De acuerdo con la Procuraduría de hace once años, más allá de que fueran delincuentes condenados o aquellos que en su proceso eran sindicados a la espera del proceso, todos vivían en el mismo lugar: la cárcel. Así que el ente de control lo resumió en estas palabras: “En las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles, inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad”.

Todo un caldo de cultivo. Para el 2015 “la Corte Constitucional estudió de nuevo un cúmulo de tutelas relacionadas con la deficiencia en la protección de los derechos de los internos en más de 10 ciudades y municipios. La conclusión fue clara: la política criminal colombiana necesita un revés. Ha sido, en sus palabas, populista, reactiva, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad”, contaron los colegas de Judicial. Mejor dicho: no estaba funcionando. Y para este 2022, se reconfirmó lo que ya se sabía, pero no solo en los grandes centros penitenciarios, sino en las estaciones de Policía y en las URI.

Casi un año después, ya se hablaba de que la administración de Gustavo Petro tenía en sus planes una reforma que incluía a todo el sistema penitenciario, incluso contemplando a las cárceles con un enfoque en “programas restaurativos” y contemplando nuevos beneficios, “como permisos de 72 horas cuando el recluso cumpla el 25% de su pena”. Hablamos, entonces, con el ministro de Justicia al respecto, con el director del Inpec y también reportamos la indagación en contra de la entonces alcaldesa de Bogotá y el entonces secretario de Gobierno por, precisamente, hacinamiento en las cárceles o centros de prisión preventivos:

Judicial

Así cambiará el sistema penitenciario con el proyecto de ley del gobierno Petro

Judicial

“Las rebajas de penas serán premios por actividades restaurativas”: ministro de Justicia

Judicial

“Nuestra intención es humanizar las cárceles”: director del Inpec

Judicial

Procuraduría abrió investigación contra alcaldesa Claudia López por hacinamiento

Hasta este instante, con la novedad de que el mismo Gobierno reconocía que el sistema actual era un “rotundo fracaso” y se lanzó la idea de reformar el sistema carcelario -en donde también han ido a parar integrantes de bandas criminales que heredaron los negocios del paramilitarismo y lo escalaron a la extorsión, la trata de personas y el microtráfico, entre otros, además de los delincuentes que hacen parte de las bandas transnacionales -, las noticias llegaban por cuenta de las acciones que se empezaron a adelantar por la cabeza del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, al interior de los centros de reclusión.

En enero de 2023, estas eran las cuentas de Gutiérrez: “Tenemos alrededor de 100.000 (presos) que están intramurales y tenemos alrededor de 16.000 funcionarios, entre el cuerpo custodia y administrativos”. En entrevista con El Espectador, dijo: “Inicialmente, hicimos un monitoreo en todas las cárceles y vimos que había privados de nivel 1 de seguridad, es decir, alta, que estaban en establecimientos que no eran de su nivel. Entonces empezamos a hacer los traslados. Lo segundo, revisamos las denuncias que hicieron en diciembre algunos guardianes, como el ofrecimiento de whisky a internos por hasta $5 millones. Cuando nos enteramos del tema, que fue en La Picota de Bogotá, entonces de una vez hicimos sorteo para los horarios y los puestos del servicio. Si un dragoneante recibía, por ejemplo, el turno a las 7 a.m., le cambiábamos tanto su jornada como su pabellón. Muchas veces el arraigo y el tiempo largo de permanencia les da familiaridad con los privados de la libertad y ahí se pueden presentar situaciones de corrupción”.

Con menos delitos y más beneficios: así sería el nuevo Código Penal

El director del Inpec recordaba una frase ya de vieja data en el mundo judicial: “Las cárceles son el reflejo de las sociedades”. Y contaba, entre frases, varias de las tareas por hacer: “Nuestra intención es humanizar las cárceles y humanizar a estas personas. Algunas entran siendo analfatebas y salen igual. La idea es que se capaciten”. Sobre la reforma al sistema, también opinaba: “No todo puede ser pagado con cárcel. Habrá otro tipo de sanciones frente a los delitos. Seguramente habrá que analizar qué tipo de delitos se pueden pagar con otro tipo de castigo”.

Para el 27 de abril de 2023, tres meses después, cuando se supo que la Procuraduría abría investigación a la alcaldesa Claudia López, el equipo de la redacción de Bogotá de El Espectador indagó y encontró que el hacinamiento en la capital llegaba al 265 %. Por ejemplo, en una de las estaciones de policía, tan solo había un baño para 120 personas. En Engativá había presos hasta en el ‘shut’ de basura. Y así, poco a poco, se iban sumando más y más aristas a un problema estructural. Se hablaba de la posibilidad de construir la cárcel Distrital 2, pero se argumentaba que el Distrito estaba a la espera de que el Gobierno Nacional definiera la porción de predio y así iniciar el trámite de la cesión para iniciar la obra.

Tres meses después, en julio de 2023, el editor de la sección Bogotá, Alexánder Marín Correa, nos volvía a recordar la dura realidad: “Las condiciones en los centros transitorios de reclusión en Bogotá empeoran. Ni el anuncio de investigación contra funcionarios, ni la visita de la Corte Constitucional parecen haber tenido efectos”. Y nos dejaba estas dos gráficas:

Pero comenzando el 2024, otra vez en entrevista de Jhoan Sebastian Cote con el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, se conocía más información sobre la violencia que perseguía a los funcionarios encargados de la vigilancia y control en las cárceles. En esta conversación reveló que ha tenido que negociar con jefes criminales para reducir los homicidios de sus guardianes. La entrevista completa aparece en este enlace, pero les adelantamos, a continuación, unas declaraciones aterradoras:

Ante la pregunta de las amenazas en su contra y en contra de los guardianes, contó: “No es la primera vez. Hace 10 meses fue la primera amenaza con una granada. Para mí fue un tema muy nuevo, aunque en nuestro trabajo las amenazas y los ofrecimientos (ilegales) son constantes, pero siente uno un respaldo institucional muy grande. Yo trabajé muchos años en antinarcóticos y tenía la posibilidad de decir no, capturar a ese criminal y extraditarlo con el apoyo de embajadas. Pero cuando venimos acá, a una institución que no tiene capacidades investigativas y operativas, con la primera amenaza, yo llegué a ese dilema. Llega un panfleto diciendo que iban a matar a unos guardianes, diciendo que eran el grupo de Los Magos. Y a los ocho días matan a un guardián en Tuluá. Ahí fue cuando yo dije que tocaba buscar un equilibrio. Y aparte envían otro panfleto diciendo que van a matar más guardianes. Ya ahí tuve que coger el toro por los cachos. Con las capacidades investigativas que tenemos en la Policía, logramos identificar quién fue el que me envió la amenaza y a partir de ahí hicimos un trabajo más de calle y dijimos: ¿Cuál es la solución? Terminó siendo una negociación para evitar que maten a los guardianes. En términos de que ellos dicen que tienen muchos enemigos y que los van a envenenar, dicen que necesitan una comida diferente o alguien que les cocine. Yo les respondo que voy a mirar, negocio y llegamos al acuerdo de dejar quietos a los guardianes”.

Las amenazas empezaron a hacerse más evidentes y desde la Defensoría se pedían acciones contundentes para bloquear las señales de las cárceles y así combatir la extorsión:

Judicial

“Las cárceles son fundamentales para la paz total”: director del Inpec

Judicial

“Trasládenme para no tener que matarle un guardian”: alias Kener amenaza al Inpec

Judicial

Alias Satanás es trasladado a cárcel de máxima seguridad

Judicial

Extorsión en Colombia creció un 20% en los últimos cuatro años: Defensoría

El 1 de febrero, en Cúcuta, la noticia era el asesinato de Carlos Andrés Sandoval Ortiz, dragoneante del Inpec. El oficial encargado de esa investigación, dijo que no se tenía información sobre amenazas, pero lo que sí fue evidente es que el sicario que cometió el delito se subió a una moto y huyó, escribieron los periodistas que han seguido esta información. El 10 de febrero de este 2024, asesinaron al guardia Jesús Cárdenas en Cartagena. “El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que se alistaba la declaratoria de emergencia carcelaria para tener herramientas adicionales que permitieran enfrentar la violencia y amenazas que se han cernido contra varios guardianes del Inpec en casi todas las prisiones del país”, contaban los colegas de Judicial. De acuerdo con el titular de la cartera, como se han ejecutado varios golpes en contra de “cabecillas de estructuras criminales”, esto ha desencadenado “como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del Inpec”.

Osuna, en sus palabras, dijo: “Fue asesinado el guardián Jesús Cárdenas a la salida de la cárcel de Cartagena. Ha habido otro atentado en Jamundí (Valle) con algunos guardianes heridos. Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera”. Y agregó: “He hablado con el general (William) Salamanca y se ha dispuesto de un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país. También he solicitado el apoyo de las Fuerzas Militares. (…) Le he pedido al coronel (Daniel) Gutiérrez, director del Inpec, que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria”.

Tras el asesinato de dos personas, cinco atentados y diez amenazas directas en contra de los funcionarios, lo que se traduce en un aumento del 100 % de incidentes de inseguridad, para el 12 de febrero el Gobierno nacional decretó la emergencia carcelaria en todo el país y, de acuerdo con el ministro Osuna, se pondrían en marcha dos tipos de medidas, el primer grupo tenía como objetivo la protección de la vida, la libertad y el trabajo tranquilo de los miembros del Inpec, y el segundo, relacionado con la lucha en contra de la extorsión que se realiza desde las cárceles, que pone sobre la mesa la corrupción. “Esta emergencia carcelaria permite traslados presupuestales y contratación directa de recursos. También se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención”. Eso quiere decir, en otras palabras, que se podría pedir el auxilio inmediato de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional tanto para la protección de miembros del Inpec como para controlar el orden dentro de las cárceles.

“Para el ministro de Justicia, esta intensificación en los ataques correspondería al éxito en los operativos que han tenido la Policía y el Inpec, especialmente en su lucha por la desarticulación de la banda La Inmaculada y en contra la corrupción al interior de los centros carcelarios, con el denominado plan Dominó”: redacción Judicial de El Espectador.

No había pasado un mes y ahora la noticia era el video en el que Jhon Keneber Cárdenas, conocido como alias Kener o El Cebollero, amenazaba a dos funcionarios del Inpec y a la Alcaldía de La Dorada, Caldas, el municipio en donde estaba recluido. El delincuente, conocido por las autoridades por liderar una banda delincuencial que se dedicaría a la venta de drogas, extorsión y sicariato, ya le había hecho llegar al número de teléfono del director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, un mensaje en el que le avisa que, de no ser trasladado, uno de los guardias sería asesinado.

Cuatro días después, el 9 de abril, asesinaban a Leider Romo Rojas, un guardia de la cárcel de mediana seguridad de Buga, Valle; mientras que otro uniformado era herido en Tuluá justo cuando estaba por comenzar su turno. Se trataba de Nicolás Torres Noreña, quien fue atacado con arma de fuego. “Previo a estos hechos, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, recibió una amenaza firmada por ‘Los magos’, una subestructura de la banda criminal, ‘La inmaculada’. En ella le advertían que debía dejar de trasladar a los hombres pertenecientes a esta banda o de lo contrario comenzarían a asesinar a sus guardias. El comunicado era enfático en que planeaban atacar con fuerza a los funcionarios si el director continuaba con su trabajo”, nos informaron los reporteros encargados de seguir esta crisis. El 25 de abril era el dragoneante Juan Carlos Zemanate Dorado, quien trabajaba en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Bolívar, en el departamento de Cauca, el asesinado.

Y así, con asesinatos de dragoneantes, amenazas y una emergencia carcelaria, íbamos llegando a mayo de este 2024, justo cuando asesinaron a Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, una de las penitenciarías más grandes del país:

Judicial

Piden a Minjusticia medidas para proteger a los funcionarios del INPEC

Bogotá

“Hacinamiento en estaciones de Policía y URI de Bogotá supera el 158%”, advierte Personería

Judicial

Colombia podría tener una justicia restaurativa, terapéutica y al estilo americano

Judicial

Director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, fue asesinado en Bogotá

¿Quién era Elmer Fernández? El asesinado director de la cárcel La Modelo estuvo en la Policía Nacional desde 1985 hasta el 2017, era de Piendamó, Cauca, se había graduado como profesional en administración de empresas y administración policial, además de una maestría en Seguridad Pública. En su carrera aparecía la comandancia de seguridad ciudadana de Boyacá y, además, la dirección de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez. Fue jefe de avanzada de la Presidencia de la República y director de la Cárcel de Guaduas. Ahora estaba al frente de uno de los centros de reclusión más grandes del país.

“Desde su llegada al centro de reclusión, Fernández había venido siendo objeto de amenazas. Miembros del Inpec le dijeron a este diario que, el fin de semana pasado, a la casa del director de La Modelo llegó un panfleto amenazante. “De parte de Pedro Pluma para el director: que si me vuelve a meter de requisa para el patio le mato la familia”, decía una de las intimidaciones que llegaron a su casa”, escribieron los reporteros de la sección Judicial de El Espectador. De acuerdo con fuentes del Inpec, el hecho tendría que ver con un preso del patio cuatro de la cárcel. “En los últimos días, también se escucharon disparos contra la cárcel, comentan compañeros de La Modelo”, dice un guardia del Inpec que pide reserva de la identidad por motivos de seguridad.

“El Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión puedan someterse a un proceso de solución, en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. No obstante, no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio”.

De acuerdo con fuentes de información consultadas al interior del Inpec, detrás del crimen estaría una organización que se hace llamar “Muerte A Guardias Opresores (Mago)”. Pero dicha organización criminal, la misma que había anunciado públicamente un plan pistola contra los guardias el pasado 10 de mayo, negó su participación en el asesinato.

Ese 16 de mayo, día del asesinato, el ministro de Justicia anunció plan candado para atrapar a los asesinos. Minutos más tarde el presidente Gustavo Petro repudió el crimen. En medio de toda la zozobra, el director del Inpec aseguró que han habido más de 500 amenazas a funcionarios en los últimos dos años. Pasadas las 7:00 de la noche, comenzó el consejo de seguridad. Una hora más tarde se ofrecía una recompensa para dar con el paradero de los asesinos del director de La Modelo. “Repudiamos asesinato del coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, en Bogotá. Urgimos por investigación, juzgamiento y sanción de responsables del crimen”, manifestó la ONU en su cuenta de X. Al final del consejo de seguridad, el ministro Osuna dijo: “Fruto de esta reunión, vamos a fortalecer la seguridad y protección del personal del Inpec, sobre todo a aquellos que tienen mayor riesgo en su seguridad”.

Petro condenó el asesinato del coronel (r) Fernández, director de la cárcel Modelo

Para ese instante, la principal hipótesis que manejaban las autoridades es que el crimen era la respuesta de grupos criminales por el trabajo del Inpec en las cárceles. Para el 17 de mayo, el director del Inpec, coronel Daniel Rodríguez, confirmó que no se había pedido un esquema de seguridad para Élmer Fernández Velasco porque todavía se estaba recopilando la información para activar el protocolo. Y también reconoció que al parecer no se reportaron los disparos que se escucharon afuera de La Modelo.

Mientras tanto, en la mañana de ese 17 de mayo, se reportaba un motín en los patios cuatro y cinco de La Modelo, donde estaba detenido Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro pluma. Pero ¿quién es este delincuente? “Condenado a cinco años y seis meses de cárcel por los delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego, hurto y fuga de presos. Había entrado a la cárcel en seis oportunidades y estaba preso hace un poco más de un año. El sobrenombre de ‘pluma’ corresponde al alias que se suelen usar los jefes que controlan los movimientos dentro de los pabellones de una prisión, nos explicaron los reporteros de Judicial.

Y poco a poco se fueron desencadenando más hechos en torno a la situación, empezando por la renuncia de coronel (r) Oscar Alejandro Tovar, quien era el segundo al mando de La Modelo. “El funcionario se habría bajado del vehículo en el que viajaba el director minutos antes de que sucediera el asesinato, perpetrado el pasado 16 de mayo en el norte de Bogotá”. También se conocía el nombre de la nueva directora de la penitenciaría:

Judicial

Renuncia subdirector de cárcel La Modelo tras asesinato del director Élmer Fernández

Judicial

La Modelo: una cárcel con historia de hacinamiento, violencia y corrupción interna

Judicial

Nancy del Socorro Pérez será la nueva directora encargada de la cárcel La Modelo

Judicial

Inpec tendrá que entregar informe sobre protección a funcionarios amenazados

Ese mismo día se anunciaba el traslado de alias Pedro Pluma y era enviado a la cárcel La Picota, junto con, al menos, otros 10 reclusos. ¿En qué va la investigación? De acuerdo con la investigación de David Escobar Moreno, “el asesinato de cuatro guardias de la entidad entre febrero y abril de este año también pusieron bajo la lupa a una organización criminal autodenominada como Muerte A Guardias Opresores (MAGO). De acuerdo con las autoridades, esta sería apenas una fachada de un temido grupo ilegal que opera en el Valle del Cauca, principalmente. Se trata de La Inmaculada, la banda delincuencial que, durante los últimos 15 años, aproximadamente, sumió en el terror al municipio de Tuluá apunta de extorsiones, sicariato y otras acciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Por ejemplo, el 19 de abril pasado, un sicario de esta banda asesinó al concejal tulueño Carlos Arturo Londoño”.

En este texto nos contaban que ese grupo criminal es liderado por alias Pipe Tuluá, quien fue trasladado desde la cárcel de Picaleña en Ibagúe (Tolima) a La Picota de Bogotá, y quien también es conocido por amenazar a los guardias, por eso se indaga su posible participación en el asesinato del director de La Modelo, Elmer Fernández. Allí nos contaban también que “esta no es la primera vez que hombres de alias Pipe Tuluá cambia de nombre para distraer a las autoridades. En el segundo semestre de 2023 y de cara a las elecciones regionales, La Inmaculada inició una escalada de violencia en el Valle del Cauca bajo otro rótulo criminal: la Oficina de Tuluá. Sectores políticos, periodistas y hasta jueces sufrieron las amenazas de muerte por parte del grupo ilegal, el cual ha sido señalado de decapitar a algunas de sus víctimas en esta zona del país. Los crímenes de La Inmaculada también han sido perpetrados bajo el nombre del cartel del Cilantro y la Cebolla, la cual extorsiona a campesinos y pequeños empresarios del sector agrícola”.

¿Y en qué vamos? “Luego de los ataques de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central (EMC), en varios municipios del Cauca, la explosión que tuvo lugar en Jamundí (Valle) y el asesinato del director de La Modelo, el presidente Gustavo Petro indicó que todo criminal que delinca desde la cárcel deberá ser trasladado a un espacio sin comunicación”, nos contaron los colegas de la redacción Política. “Todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía, debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata”, escribió este 21 de mayo en su cuenta de X. Y le pidió a los ciudadanos denunciar si tienen información relacionada: “Esperamos información de la ciudadanía sobre estas prácticas que inauguró en algún momento el delincuente Pablo Escobar”.

Después de que el presidente entregara esa directriz, el ministro Osuna informó que “los calabozos de la Dijín en Bogotá, de modo inmediato, esos no son muy grandes, no nos dan para gran cabida, pero sí podemos llevar algunos. Estamos construyendo dos pabellones nuevos que tendrán esas mismas condiciones y ya están muy adelantadas las construcciones en Girón y en Valledupar, fruto de la emergencia carcelaria. Y vamos a condicionar en la penitenciaría de Acacías, en Meta, un pabellón específico completamente, digamos, invulnerable a las señales de telefonía celular”.

De acuerdo con datos del Inpec, existen más de 1000 registros de funcionarios de esta entidad que han sido amenazados entre 2019 y 2024. Por eso la Procuraduría requirió precisamente el Inpec todo el listado de funcionarios de esa entidad que han solicitado medidas de protección. También “espera recibir información sobre las peticiones en las cuales se han asignado medidas de protección por trámites de emergencia y si dichas medidas han sido entregadas por órdenes judiciales y qué gestiones ha adelantado la UNP desde que se decretó la emergencia carcelaria en febrero de este año”, se lee en la más reciente publicación de este miércoles en www.elespectador.com

Y en eso vamos. En que esta semana se conocieron los borradores de la reforma a la justicia que involucra a todo el sistema carcelario que, entre otras, contempla la que se ha llamado la humanización de “la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, del “Proyecto de Articulado de Ley de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica” y de la iniciativa presentada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Está claro y no es solo por el gravísimo acto criminal del asesinato del director de La Modelo, de los dragoneantes, de las amenazas, de los tiros en las afueras de la cárcel, como lo dijo el mismo ministro Osuna, “el sistema penitenciario actual es un rotundo fracaso”. El modelo de resocialización no se logró, más allá de la generalización. Los centros penitenciarios, además de espacios de hacinamiento, se han convertido en espacios donde los delincuentes siguen cometiendo delitos, donde la corrupción sigue haciendo de las suyas y donde las amenazas a muchos de esos guardianes que no dan sui brazo a torcer, dejaron de ser eso, amenazas, para contarse como una cifra más de los asesinatos.

Ya lo hablábamos hace unos días con varios reporteros que han cubierto desde hace años lo que sucede en el país: Si hay algo que refleja a escala el caos de las cárceles del país, es la anarquía y el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía de Bogotá, donde el hacinamiento es monumental. Hay sitios donde hay mínimo tres personas por cada cupo de un recluso, otros en donde gente que debía estar semanas ya lleva años esperando el traslado a una penitenciaría; que evidencia redes mafiosas que replican la figura de los ‘caciques’ de los patios de grandes centros de reclusión. La guardia, a cargo de la Policía, es insuficiente en las URI y estaciones, al punto que incluso desde allí se está extorsionando y amenazando; hay motines y revueltas que terminan con lesiones y homicidios. Así como en las cárceles principales, estos sitios, que mezclan condenados y sospechosos, son una bomba de tiempo sobre la cual han alertado diferentes entes de control, pero poco se ha hecho por mejorar.

Seguiremos atentos al desarrollo de la investigación sobre la muerte del coronel en retiro Elmer Fernández, sobre la reforma a la justicia, sobre el papel de la administración nacional en la protección de todas las personas amenazadas, sobre lo que todos los ciudadanos esperamos que sean estos centros de reclusión y resocialización, porque hoy son espacios en donde los delincuentes siguen haciendo de las suyas, como su estuvieran en las calles, como si nada.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.

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