El Espectador le explica qué está pasando con las EPS en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que está pasando con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia? Esa es la pregunta que nos hemos hecho miles en medio de un debate que tiene enfrentados a los representantes del Gobierno contra los líderes y lideresas de las distintas empresas que prestan esos servicios en el país. Cada lado de la discusión asegura tener la razón, sin embargo… ¿Quién queda en la mitad? Sí, todos los que somos usuarios, es decir, todos los que como cotizantes o beneficiarios estamos cobijados por el sistema (en el país, de acuerdo con cifras oficiales, la cobertura alcanza el 99 % de la población). Pero ¿por qué se habla de EPS “quebradas”? ¿Por qué hay varias “intervenidas”? ¿Qué está sucediendo con el traslado de usuarios entre compañías? ¿Cuál es la realidad de la Nueva EPS? ¿Qué ha pasado con la entrega de medicamentos? ¿Qué dicen los organismos de control sobre todo esto?

De eso se trata este boletín y para responder esas y muchas otras preguntas, le pedimos ayuda al equipo de la redacción de Salud de El Espectador y con los contenidos que han publicado Juan Diego Quinceno y Sergio Silva, les dejaremos aquí todos los argumentos que los distintos actores de este sistema han dejado en medio de esta amplia y urgente discusión, pues aquí lo que está en juego son vidas. Recuerden entrar a cada uno de los enlaces para entender mejor cada arista. Comencemos con varios textos del último tercio del 2025, cuando en Colombia el tema de conversación diaria era el presente y futuro de la Nueva EPS, pues al catalogarse como la más grande de todo el sistema era, para el análisis de la Contraloría, una entidad “inviable”:

Salud

Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría

Salud

El Espectador le explica qué es lo que pasa con la Nueva EPS

Salud

Nueva EPS: los informes internos de auditoría que revelan su crisis

Salud

La preocupante radiografía de la Defensoría del Pueblo sobre el acceso a medicamentos

Antes de seguir, un poco de contexto para entender la discusión actual. El presidente Gustavo Petro, a través del ministerio de Salud, ha propuesto ya en dos ocasiones y a consideración de sus asesores, una reforma estructural al sistema de salud, en donde se le da un vuelco total al modelo actual con, por ejemplo, una modificación al papel de las EPS. Así lo detallamos en un pasado boletín: “El Ejecutivo cree que el modelo, como lo hemos conocido hasta hoy, es fallido y pone como prueba de ello la intervención de varias EPS (ocho actualmente), advierte que no existe la cobertura en todo el país, sobre todo en las regiones apartadas del centro, y cree que la salud es un privilegio de pocos; mientras que desde la otra esquina, donde hay todo tipo de agremiaciones de profesionales de la salud y también de empresas del sector, defienden su gestión y se habla de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, como protagonista, pues el aumento en el monto que debería tener se considera insuficiente; llevando, entre otros, a una asfixia financiera provocada que está haciendo que toda la cadena colapse”.

Pero todos esos detalles los dejamos en estos contenidos donde se cuenta el papel que jugarían las Entidades Promotoras de Salud, el régimen laboral especial para los trabajadores y la administración de los recursos públicos. También este otro texto en donde explicamos el papel de la superintendencia, la medicina prepagada, el foco a la atención primaria y el Consejo Nacional de Salud. Allí contamos el protagónico papel del llamado banco de la salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en general, la posición de todos los actores del sistema.

Ahora, volvamos a finales del año pasado. ¿Qué pasaba con la Nueva EPS? Así lo resumió Juan Diego Quiceno en su análisis: “Nueva EPS, responsable de 11 millones de afiliados, va camino a ser inviable por una serie de irregularidades en contratación, facturación y reservas técnicas. Un informe de la Contraloría sugiere que la intervención del Gobierno no ha sido eficaz para corregir las deficiencias estructurales identificadas. La Fiscalía, por otra parte, formuló cargos contra varios exdirectivos”.

Los departamentos donde más se vulnera el derecho a la salud, según la Defensoría

¿Qué decía ese informe? Para ese momento existían más de 22,7 millones de facturas por procesar, que en conjunto sumaban $22,13 billones (entre 2020 y 2025). Al revisar con detalle la base de datos, los auditores encontraron que cerca de 9,1 millones de esas facturas estaban duplicadas, lo que equivalía a alrededor de $8,9 billones en registros repetidos. Tras depurar la información, el valor real de facturas pendientes de revisión de Nueva EPS quedó en $13,17 billones. La mayor parte de ese monto correspondía a los últimos dos años. De hecho, según se lee en el documento, el 99% del valor pendiente de auditar se concentra en 2024 y 2025, lo que indica que la gran mayoría de las cuentas reportadas por la EPS aún no ha sido revisada ni validada. “Hay que recordar que el Gobierno Nacional intervino Nueva EPS en abril de 2024”. La situación, para la Contraloría, implicaba “un riesgo elevado para la exactitud del pasivo financiero reportado”, no se podía “determinar si los gastos fueron pertinentes”, “si cumplen con los contratos” o “si cuentan con los soportes necesarios”.

Para sumar a esta realidad, la Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín Ortiz, su principal titular aseguró en noviembre del año pasado que “la entrega oportuna y negación de medicamentos ha sido el principal motivo de las quejas en el 2025”,y ese mismo día habló del incremento notable de tutelas de usuarios en busca de acceso a tratamientos y servicios de salud. “Es un instrumento de diagnóstico para poder avanzar. Debemos superar estos problemas a través del diálogo constructivo”, advirtió.

La crisis de la salud no es nueva, el país se tuvo que enfrentar a una pandemia y es confirmado por todos los actores del sistema que se necesita una reforma, la diferencia radica en lo que cada uno considera que se debe reformar. El Ejecutivo quiere un cambio total, los representantes de todos los gremios asociados al renglón de la salud hablan de construir sobre lo existente, sobre lo que funciona.

Y entonces comenzó el 2026, con ajustes, un debate vivo y muchas diferencias:

Salud

La salud entra a 2026 entre ajustes de la UPC, inflación y salario mínimo

Salud

Defensoría alerta por un incremento del 107 % en quejas contra Nueva EPS

Salud

“La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos”: Defensoría

Salud

Los líos que enredan a exinterventores de Savia y SOS EPS, investigados por Procuraduría

Como casi en todos los espectros de la vida, aquí el financiero tiene mucho protagonismo. Y cada vez que comienza el año, esa es una conversación inaplazable. Una vez más Juan Diego Quinceno nos adentraba en ella, explicando que la UPC son los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para garantizar el Plan de Beneficios en Salud (PBS), pero que ha estado esa Unidad de Pago por Capitación “en el centro de una discusión larga, técnica y que se ha tornado profundamente política”.

Así las cosas, “mientras el Gobierno ha sostenido durante los últimos dos años que la plata que entrega es suficiente, las EPS, los gremios, algunas organizaciones de pacientes e incluso la misma Corte Constitucional —para años como 2024— han concluido lo contrario: que la UPC no alcanza y que el sistema arrastra una desfinanciación estructural”.

Para el 2026 el Ministerio de Salud tomó una decisión para 2026 diferenciada: Para el régimen contributivo (los que trabajamos y aportamos al sistema), entonces, la UPC pasó de COP $1.521.489, a COP $1.658.912, lo que representa un aumento del 9.03%. Para el régimen subsidiado (las personas que son dependientes o que no tienen capacidad de pago), la UPC pasó de COP $1.323.401, a COP $1.541.706, un aumento del 16,49%.

“En el contributivo, el aumento del 9,03 % es más de lo que algunos esperaban, considerando que en 2024 el Gobierno aumentó la UPC solo con la inflación. Pero quedó lejos de lo que pedían gremios como ACEMI —que agrupa a las EPS de ese régimen—, que insistían en la necesidad de un ajuste superior al 17 %. “El aumento está muy lejos de lo que se esperaba. En este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud”, reaccionó Ana María Vesga, directora del gremio”, contaba los reporteros que en El Espectador se encargan de contar lo que sucede en el sector salud.

¿Por qué es necesaria esta conversación financiera? Porque las EPS argumentan que no les llega la plata suficiente para cubrir todos sus costos y gastos. El Gobierno cree que es el dinero suficiente. ¿Quién realmente tiene la razón? Ahí está el asunto, que los dos creen tenerla. Y los dos ofrecen argumentos. Por eso hay que girar la mirada a la Defensoría, porque no nos podemos quedar en el debate cuando la gente está enferma. Una referencia de todo el sistema es la Nueva EPS, sobre la que precisamente la entidad que representa la voz de los ciudadanos dijo que al hacer un acercamiento a las cifras durante 2025, se encontró una motivación que genera preocupación: “La situación es particularmente crítica para los pacientes de alto costo: entre noviembre del 2025 y enero del 2026, se conocieron aproximadamente 5.000 quejas, con un incremento significativo en enero del 2026, cuando se reportaron cerca de 1.100 casos en solo 20 días. Estas cifras reflejan una agudización de las barreras de acceso a medicamentos y servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud””.

Entonces los hechos van más allá del debate: una mujer, usuaria de la Nueva EPS, falleció mientras hacía fila para tratar de reclamar medicamentos en una sede de Cafam en Cúcuta el martes 24 de febrero. Por eso la Defensoría volvió a ser enfática: “La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos”. El 2 de marzo las noticias llegaban por cuenta de la Procuraduría, que anunciaba “la apertura de una investigación a seis exinterventores de las EPS Savia Salud y SOS, además de la sanción provisional de los interventores actuales, que estarán apartados del cargo por tres meses”.

La bola de nieve, como el gran problema que es el de la sostenibilidad financiera del sistema, ha venido creciendo. Las EPS dicen que no les alcanza la plata que el Gobierno les gira, entonces están dejando de pagarle las cuentas a la red de hospitales y clínicas, y así se va desarrollando el efecto dominó en todo el sistema:

Salud

La preocupación de los hospitales: “Nueva EPS no tiene capacidad para recibir más población”

Salud

El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos

Salud

Pacientes piden a la CIDH intervenir por la “vulneración” del derecho a la salud en Colombia

Salud

Tribunal de Antioquia suspende decreto que trasladaba a millones de colombianos a otras EPS

Como la reforma que quiere el Ejecutivo no ha pasado en el Congreso, donde está el seno del debate, se han venido tomando, con cuentagotas, varias decisiones oficiales. Por ejemplo, “con la nueva organización que busca el Minsalud, Nueva EPS sería la única autorizada para operar en 504 municipios”. Justo la EPS que la está pasando muy mal en términos financieros y de servicio, como lo prueban las múltiples alertas de la Defensoría y el informe de la Contraloría.

Y en medio de la crisis inocultable que se vive en el país con las demás EPS intervenidas, el pasado 5 de marzo la redacción de Salud nos contó sobre la idea del Ministerio de Salud de trasladar alrededor de 1,8 millones de usuarios de esas EPS a la Nueva EPS, la más grande del país. Dicho anuncio hizo que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), le enviara una carta al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, donde le advertían que esa EPS no estaba en la capacidad de recibir más afiliados. La razón: una vez más, la difícil situación que enfrenta en este momento.

“La Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir a más población y garantizar el equilibrio y estabilidad de la red de las IPS”, se lee en dicha carta, enviada el 2 de marzo a Jaramillo. Cuando hablamos de IPS se refieren a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entra las que están las clínicas y hospitales públicos o privados, los laboratorios, las que en general nos atienden a todos los pacientes cuando necesitamos un servicio médico.

Juan Carlos Giraldo, presidente de ACHC, recordó que la Nueva EPS es una de las que más plata les debe a las clínicas y a los hospitales y citó un estudio de cartera con corte a junio de 2025: en un reporte de 227 prestadores, “del total de cartera de las EPS en operación que asciende a COP $16 billones, esta EPS acumula una deuda de COP $6.7 billones en ambos regímenes, que representa el 43,1% del total de esa deuda y una morosidad del 60,9%”.

Radican moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Seguimos en lo que dicen unos y critican otros. La idea del Gobierno es trasladar a los usuarios de las EPS que no tienen cómo seguir operando, a la Nueva EPS. “Esto bajo lo que dispone el decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que cambia las reglas de habilitación de las aseguradoras. Todavía no es un hecho, porque la Supersalud es la que debe expedir las normas de cambio, pero los propios cálculos del Ministerio adelantan que, si el plan sigue en marcha, habrá traslados masivos”, contamos en este texto del pasado 5 de marzo.

La idea, en el fondo, esa de tener EPS grandes y fuertes, es buena, según analistas consultados por El Espectador, que incluso cuentan que no es una idea nueva, pero creen que no es este el momento, “pues el sistema de salud está en serios problemas”. Pero, para entender mejor el asunto, volvamos sobre “el caso más emblemático, el de Nueva EPS. Es la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional y, con el Decreto 182, puede convertirse en la receptora de los afiliados en donde, bajo las nuevas reglas, no queden otras EPS. Algunos cálculos hechos a partir de los estimativos del Ministerio de Salud apuntan a que esta EPS sería la única disponible en poco más de 500 municipios, es decir, en cerca del 45% del país. Allí habría que trasladar a 1,8 millones de personas. Junto con los traslados que tendrían que hacerse en ciudades donde seguirán operando otras EPS, la cifra podría subir a 2,4 millones de afiliados. Nueva EPS pasaría de tener 11,5 millones de usuarios a casi 14 millones”.

El 6 de marzo “varias organizaciones de pacientes radicaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de que este organismo intervenga en lo que, a su parecer, es una “vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia””. Pero el 11 de marzo llegó una decisión que, por ahora, cambió el panorama que ya se estaba escribiendo en el país: “El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una medida cautelar urgente que suspende de manera temporal el Decreto 182 del 25 de febrero, expedido por el Ministerio de Salud, que propone territorializar el sistema de salud y redefinir el mapa de las EPS en Colombia. Como resultado, la medida implica el traslado de millones de usuarios a diferentes EPS”. Justo lo que acabamos de explicar.

“La decisión del juzgado se da luego de una demanda interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien considera que la medida afecta varios intereses colectivos. En la demanda, expone que se prevén traslados obligatorios masivos de cerca de 6 millones de usuarios entre EPS, de los cuales 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que está intervenida, y “no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso y aumento considerablemente progresivo de quejas y acciones de tutela por la falta de prestación de los servicios”, se lee en el documento”. Los líderes de este país siguen sin ponerse de acuerdo en lo fundamental, la salud, y volvemos los usuarios a quedar en la mitad. Por ejemplo, la Procuraduría suspendió por tres meses al interventor de Coosalud EPS (la quinta más grande del país) y abrió la respectiva investigación.

Y sobre este panorama llegamos a la declaración del presidente Gustavo Petro, en donde ordenaba “liquidar” a las EPS “quebradas”: Esto fue lo que dijo: “Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”. Y añadió: “Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS; es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia”.

Entonces los colegas de Salud buscaron todas las fuentes de información para explicar la declaración del primer mandatario:

Salud

¿Petro sí va a liquidar EPS? Hay especulación, muchas preguntas y preocupación

Salud

Liquidar EPS, como dice Petro, tendría serias afectaciones económicas, según la ANDI

Salud

Asocajas también se pronuncia: dice que liquidar EPS no es la solución del sistema de salud

Salud

Sindicatos del sector salud piden agotar alternativas antes de buscar liquidar EPS

Aquí vienen algunos de los análisis de los colegas de la redacción de Salud: “Aunque esta vez Gustavo Petro no dio con precisión los nombres de la EPS que quiere liquidar, la hipótesis que algunos actores barajan es que se esté refiriendo a las siete que están intervenidas por la Superintendencia de Salud (a excepción de Nueva EPS, también en intervención). Si esa suposición es cierta, buscaría que los 12 millones de usuarios que, aproximadamente, tienen en conjunto pasen a Nueva EPS, hoy, en su mayoría, en poder del Estado”, escribió Sergio Silva Numa.

Que, si lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Que, si es algo que puede hacer, como en la entrada de la clínica, por urgencia, eso es lo difícil, de acuerdo con los expertos. ¿Por qué? Lo explica Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud y exdirector de la Adres: “Primero, tendría que conseguir una muy buena cantidad de recursos para subsanar las deudas de Nueva EPS para así permitir que reciba más usuarios”. Según la Contraloría, en 2025 las deudas acumuladas de esa EPS sumaban más de COP 21 billones. ¿Podría conseguir esos recursos justo cuando el Gobierno ha tenido que apretarse el cinturón en época de dificultades financieras? “No lo creo”, responde Ramírez. “Entonces, si toma esa decisión de liquidar las otras EPS, pues en un mes va a haber un colapso de servicios. Muchos hospitales y clínicas están teniendo problemas de pagos con Nueva EPS y, si han tenido grandes dificultades ahora que tiene 11,5 millones de pacientes, ¿tendrán menos problemas cuando tenga el doble de pacientes? ¿Restablecerán la confianza?”, se pregunta. “Tampoco lo creo”.

Aquí recordé lo que dijo una diplomática española a comienzo de esta semana en una entrevista radial: “los conflictos, las crisis, son como hoyos negros: atraen, atraen, atraen”. Y esta crisis de salud atrae cada vez más problemas, en vez de soluciones. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que ha sido uno de los más profundos contradictores de Petro, dijo: “Si solo consideramos a las EPS que hoy están intervenidas para administrar, eso sin tener en cuenta a la Nueva EPS, sobre la cual el gobierno ha dado señales de querer mantener bajo su control, se verían afectados 11,8 millones de afiliados”, estimó la ANDI. “Sin embargo, si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser mayor”. La conclusión: “Manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la salud de los colombianos”.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), también habló de la declaración de Petro: “Recibir población proveniente de EPS bajo estrés financiero y operativo no equivale a incorporar afiliados en condiciones ordinarias. Se trata de usuarios que han enfrentado barreras de acceso y que acumulan necesidades de atención, lo que implica una presión asistencial y financiera inmediata. Esta carga no desaparece con la liquidación: se traslada y puede intensificarse”. Es decir, aquí el asunto es de garantizar “los tratamientos, medicamentos y procedimientos en curso para cada afiliado”.

Y hasta los sindicatos de trabajadores de las EPS Emssanar, Asmet Salud y Famisanar “aseguraron que liquidar las entidades “en quiebra”, como planteó el presidente Petro, no es la única salida. Pidieron que, primero, se agoten otras alternativas, como acuerdos de reestructuración financiera, y manifestaron preocupación por los trabajadores que se verían afectados”.

La noticia más reciente de todo este sector es del pasado 19 de marzo cuando se supo que “la Procuraduría suspendió provisionalmente a Lain Eduardo López, el actual agente especial interventor de la EPS Asmet Salud”, que “la medida se adoptó debido “al detrimento de la sostenibilidad financiera de la entidad” y que “el órgano de control también abrió investigación a exinterventores de la entidad”, contaron los colegas de la redacción Salud.

En este país la salud está necesitando de una atención urgente. Pero al gobierno nadie le va a sacar de la cabeza que los empresarios de las EPS se han lucrado y la culpa de la crisis es producto de su mala administración. Y a los empresarios de ese sector, nadie les va a sacar de la cabeza que la equivocación está en el terreno del Ejecutivo y las consecuencias son evidentes, incluso por la voz de los entes vigilantes, como la Procuraduría, la Contraloría y, claro, la Defensoría. El asunto, como lo dejamos claro al inicio de este boletín, es que somos los usuarios y pacientes los que quedamos en la mitad de dos actores que, por ahora, están más alejados que nunca. ¿Quién podrá ponerlos en el mismo tono?

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