El Espectador le explica qué pasó con Álvaro Uribe Vélez y ahora qué viene

Es miércoles, día de El Espectador le explica. No hay reunión en este país en la que no se esté hablando de lo que pasó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso judicial con más reflectores de los últimos tiempos por, precisamente, su protagonista. Unos a favor, otros en contra. Unos para celebrar, otros para criticar. Pero se trata de fallos judiciales que más allá de los gustos de cada persona y sus opiniones, son eso, fallos de una rama del poder que se deben respetar y acatar. Pero más allá del resultado, la pregunta que se hacen muchos, miles, es: ¿por qué si el pasado 1 de agosto la noticia era su condena de 12 años de prisión domiciliaria, ahora, el 21 de octubre, la primera plana de los diarios habla de absolución? Para entender los porqués, porque son varios, este boletín. Recomendamos entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Sobre este caso hemos escrito cientos de contenidos, pero les dejamos dos boletines previos que explicaban, detalladamente, cómo se tejió todo desde el primer momento: El Espectador le explica el proceso judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez y El Espectador le explica lo que viene en el caso Álvaro Uribe Vélez. En ellos relatamos “cómo fue que todo comenzó en contra de Iván Cepeda, en qué momento pasó Uribe de ser acusador a acusado, la lista de testigos y sus declaraciones que llegaron al estrado durante todo el proceso, las veces que se intentó cerrar la investigación, lo que sucedió en la Fiscalía cuando estaba el anterior fiscal general de la Nación y el aterrizaje de la nueva cabeza de la entidad, la posiciones políticas que siempre quedaban sobre la mesa del debate intentando influir en la indagación y, al final, la decisión que ya se sabía y esa era la de Álvaro Uribe Vélez como “culpable”, además de la lectura del fallo por parte de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, con su condena.

Pero lo de ayer, el 21 de octubre, cambió el curso del río:

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¿Qué fue lo que pasó y que tiene a todo el país hablando al respecto? Vayamos un poco atrás y con contexto, para entenderlo. Corría el año 2012. Iván Cepeda, el reconocido senador del Polo Democrático, en uno de tantos debates en el Congreso, puso sobre la mesa “testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente Uribe con las autodefensas”. El expresidente lo demandó. Fueron muchos ‘íres’ y ‘venires’ en el desarrollo del proceso. En febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en contra de Cepeda. “No encontró irregularidades y consideró que quien en realidad estaría manipulando testigos era Álvaro Uribe Vélez. Pedía que se iniciaran las llamadas pesquisas en su contra. Uribe Vélez pasó de usar su dedo acusador para ahora estar en la posición de señalado”.

El 8 de octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Quedó formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. Ordenaron su captura diez meses después. Cumplió la detención en su finca, El Ubérrimo. Renunció a su curul en el Senado, en agosto de 2020. Ya no lo investigaría la Corte sino la Fiscalía. “El 10 de octubre de ese año, le concedieron la libertad, después de todo tipo de recursos y disputas jurídicas que aparecen en este enlace. El 5 de marzo de 2021 se pidió cerrar el proceso argumentando que no existían pruebas en su contra. La Fiscalía buscaba precluir la investigación. Pero, al contrario, se determinó que sí había mérito para seguir”.

El 9 de abril de 2024 llaman a juicio a Uribe Vélez por tres delitos: soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Para la fiscalía, el expresidente fue el “determinador de un esquema de manipulación de testigos en el que, a través del abogado Diego Cadena, trató de sobornar a quienes declararon que él y su hermano, Santiago Uribe, tendrían vínculos con grupos paramilitares”. Uribe siempre dijo: “Yo no busqué testigos, pedí verificaciones”. Y sobre esta base llegamos a la lectura del fallo de la jueza 44 penal de Bogotá: “La justicia no se arrodilla ante el poder”, dijo. Entonces avaló las interceptaciones entre Uribe y Cadena. Dijo que el exmandatario sí sabía de los movimientos del abogado Cadena y fue el momento en el que era declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

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Todos los detalles clave del texto que leyó la jueza aparecen en este texto, donde se habla del papel de Diego Cadena, el de Juan Guillermo Monsalve (catalogado el testigo estrella), el de Carlos López, alias “Caliche”; el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”; las cartas del “Tuso” Sierra, el exjefe paramilitar; la versión de la exfiscal Hilda Niño y los presos de Cómbita. La jueza aseguró, contado por los colegas de Judicial en ese momento, que el expresidente fue el determinador de una red de manipulación de testigos que trató de engañar a la justicia, y que “no cabe duda que el procesado (Uribe) conocía lo ilícito de su proceder. De otra manera no puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus abogados de cabecera”. Por lo tanto, “se concluye y se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo”.

La jueza entonces condenaba a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa de un poco más de $3.400 millones por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo en contra de Uribe era apelado por su defensa, por todo su equipo de abogados, y lo que seguía era que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidiera en la segunda instancia y con plazo hasta finales de octubre. En ese momento debía confirma la condena o absolver al jefe máximo del Centro Democrático. Y eso fue lo que sucedió ayer, 21 de octubre, que el expresidente fue absuelto. “En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá encontró que el expresidente no cometió ni el delito de fraude procesal y ni el de soborno en actuación penal”, nos contaron los colegas que siguieron la transmisión y lectura del magistrado.

“Según el fallo judicial, el ente investigador no logró demostrar la culpabilidad de Uribe en cinco hechos por los que fue investigado, tanto por la Corte Suprema de Justicia, como del búnker, hoy al mando de la fiscal Luz Adriana Camargo. Para el tribunal, la sentencia de primera instancia no revisó de manera correcta las pruebas del expediente y la jueza Sandra Heredia, quien emitió esa decisión, cometió varios errores en su valoración”, detallaron los reporteros.

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El magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, durante más de tres horas, leyó las consideraciones del tribunal para absolver a Uribe: dijo que no se pudo acreditar “instrucción alguna” del expresidente para la comisión de delitos. Que tampoco encontró pruebas de una “subordinación funcional” y que las comunicaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, solo sirvieron para que el jurista le informara sobre gestiones ya realizadas, “sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado”. Y sobre Juan Guillermo Monsalve, dijo que “aunque se acreditó que sostuvo conversaciones sobre su retractación, no se demostró que el determinador (Uribe) pretendiera inducir una versión falsa o suprimir la verdad”. Sobre el fraude procesal, que “no hay prueba de que Uribe ordenara inducir falsedades”, agregó el Tribunal. Con estos argumentos decidieron ir en contra de la jueza y absolver a Uribe de todos los delitos.

Sin embargo, hubo un salvamento de voto, el de la magistrada María Leonor Oviedo. Y lo hizo porque según la togada, el fallo de primera instancia ha debido confirmarse en su totalidad, y porque sus colegas no tuvieron en cuenta precedentes claves de decisiones que ya se habían tomado en el caso, como la decisión de tener en cuenta las interceptaciones que, por error, hizo la Corte Suprema de Justicia al teléfono de Uribe.

Y ahora, ¿qué? Si en julio fue condenado y en agosto absuelto, ¿qué sigue? Este caso, que tiene más de diez años en medio de audiencias, acusaciones, testigos y fallos, va para la Corte Suprema de Justicia. “Las víctimas tiene cinco días para hacerle saber a la misma Sala su intención de presentar una demanda de casación, con la cual buscarán que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sea la que se apropie del caso y tenga, ahora sí, la última palabra. Para presentarla formalmente, tendrán 30 días”, conto la redacción Judicial.

“Cuando la demanda de casación se radique en el Tribunal Superior de Bogotá, la totalidad del expediente será enviado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde, por sorteo, se le asignará a uno de los nueve magistrados para que sea el ponente. Ese togado tendrá la tarea de verificar si la demanda cumple con todos los requisitos para ser admitida. La Sala Penal convocará a una audiencia para que las partes sustenten, por máximo 10 minutos, sus pretensiones. De ahí, lo único que queda es que el ponente del caso presente un proyecto de fallo y la Sala vote. Para aprobarlo, necesitará al menos cinco de los nueve votos posibles. Una vez se apruebe el fallo definitivo, las partes serán citadas a una audiencia en la que se leerá la decisión”.

Y eso en tiempos, ¿cómo se lee? La admisión de la demanda suele tardar entre 6 y 18 meses. Y “las decisiones de casación en la Corte Suprema pueden tomar, normalmente, entre tres y cinco años. De hecho, el término máximo que tiene el alto tribunal para fallar es de cinco años, de lo contrario, prescribe el proceso”, explica Jhordan C. Rodríguez.

El fallo judicial también agitó el llamado tablero político:

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Uribe ofreció un discurso desde su finca en Rionegro: “Ofrezco excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado con este proceso. Lo único que les puedo decir, es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”. Y, con espejo retrovisor, apuntó: “Hoy recordé a mis profesores de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, opuestas entre ellos, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo; sin embargo, infundían en la cátedra que la justicia tenía que estar por encima de la política. Insistían a mis compañeros que formaban para jueces, que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos”.

Gustavo Montes Arias nos explica, en un completo texto que publicó en la edición impresa, sobre lo que se han llamado “los errores de la Fiscalía”. “El análisis que hizo el Tribunal no solo se centró en los errores de la jueza Heredia, sino también en los vacíos de la Fiscalía al recopilar las pruebas del caso y de delimitar los tres delitos a Uribe: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Sobre las pruebas, puntualmente las interceptaciones a la línea telefónica del expresidente, la Sala Penal cuestionó los argumentos con los que se dio valor a esas grabaciones dentro del caso. “La motivación parece sustentarse en una generalidad: ‘existía comunicación’”, señaló el magistrado Manuel Antonio Merchán durante la lectura de la decisión.”

Y detalló: “A renglón seguido, la Sala señaló que de parte del ente investigador no se corroboraron detalles claves de esas interceptaciones telefónicas, como los datos biográficos de la persona que estaba siendo interceptada, con el solo objetivo de evitar que se abriera un debate sobre su validez, como el que efectivamente se presentó. “La sentencia apelada desconoció la premisa básica: reconocer la intervención ilícita. No se demostró camino autónomo y lícito para obtener la prueba”, concluyó el Tribunal. Agrega que el uso de las interceptaciones “fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pescas indiscriminadas, sacrificando derechos fundamentales””

El camino jurídico de lo que sigue, está claro. Incluso en materia de tiempos. Lo que no está tan claro es el asunto electoral, puramente político. Johan Sebastián Pérez Pinilla, de la redacción Política, escribió al respecto que “tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el uribismo reforzarán su discurso sobre la necesidad de volver al poder y buscarán jalonar votos para sus listas al Congreso” mientras que “el presidente Petro, por su parte, entrará de lleno a la campaña por una eventual constituyente”.

El asunto, nos dijo Pérez, es que el Centro Democrático puso como objetivo no son solo 25 curules, sino que van por más. “La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia señaló que la meta está sobre 27 escaños, algo que ninguna fuerza política ha logrado en este siglo. Es más, voces del uribismo purasangre, como María Fernanda Cabal, revivieron la opción de llevar a Uribe Vélez como la fórmula vicepresidencial del vencedor en la encuesta que elegirá al candidato de este partido el próximo 28 de noviembre”. Así es, ya están poniendo de nuevo en el ruedo al jefe máximo de la llamada derecha colombiana.

El asunto está tan caliente que el mismo Gustavo Petro, inconforme con el fallo, volvió a agitar las aguas de la constituyente. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, dijo. Ya se volvió a reunir con el ministro del Interior, Armando Benedetti, para explorar alternativas. Son varias las veces que el mandatario levanta la ceja para mirar ese camino cuando las cosas no salen como estaba en sus planes. Por eso los colegas de Política escribieron este texto para recordar todas las veces en las que lo ha planteado y las razones que esgrime.

El país, otra vez, está más que dividido entre los que apoyan a Uribe y el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, y entre los que apoyan a Iván Cepeda y el fallo de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, con su condena. Y a eso se suma, por supuesto, la carrera electoral en la que ya están, precisamente, estos dos distanciados bloques, pues Uribe representa el ala derecha, mientras que Cepeda lo propio con la izquierda. En este espacio les seguiremos contando el desarrollo del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el político de más alto rango que ha tenido que enfrentar durante más de una década al otro político que ahora quiere ser presidente de Colombia, el hoy senador Iván Cepeda Castro.

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