Es miércoles, día de El Espectador le explica. Cuando se habla de la relación entre el gobierno y el Banco de la República no son millones de colombianos los que entienden al dedillo lo que sucede. Lo mismo pasa cuando se habla de balanza cambiaria, de inversión extranjera directa, de una jurisdicción agraria o una reforma política. No hay un interés generalizado de la audiencia. Otro cantar suena cuando se habla de una reforma laboral, que nos toca a casi todos, o de una reforma tributaria que obliga a otra buena parte de la población a abrir la billetera.
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Pero cuando se habla de la reforma a la salud y del sector salud en general, pues ese sí que hace que todos giremos la mirada y pongamos atención, más allá de que seamos empleados informales o formales, empresarios, padres, hijos, campesinos, políticos, banqueros, etc. ¿Por qué? Porque todos necesitamos pedir una cita, ir a urgencias, reclamar un medicamento, tenemos algún familiar esperando un tratamiento o nosotros mismos padecemos una enfermedad que requiere una atención especializada y costosa. El asunto es que hemos visto que, en vez de mejorar, ese sector ha venido en deterioro evidente.
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Y por eso, en este boletín, con los contenidos que nos enviaron los colegas de la redacción de Salud de El Espectador, vamos a explicar qué es lo que está pasando en la Superintendencia de Salud y, por el mismo camino, en la Nueva EPS, es decir, el ente encargado de vigilar el sector y la Entidad Promotora de Salud más grande de Colombia que hoy permanece intervenida por el Gobierno Nacional. Les pedimos entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación para detallar cada arista del tema y que ha sido reporteada por los periodistas de varias secciones, entre ellas de Política y de Judicial también.
Ahora, antes de seguir y para no volver a contar lo que ya hemos publicado en detalle y les suene repetitivo a ustedes, les dejamos este bloque de explicativos que desmenuzan la reforma a la salud presentada por la administración Petro, lo que ha pasado con el debate de la Unidad de Pago por Capitación, la discusión sobre los medicamentos y, en un repaso general, lo que ha venido pasando con las EPS, pues ese es un problema de gran ‘calado’ que viene desde hace varios años, incluso antes de esta administración, tanto que muchos de los protagonistas y gremios de la salud reconocen como necesario de transformar, pero construyendo sobre lo construido:
Salud
El Espectador le explica la reforma a la salud y lo que se viene en el Senado
Salud
El Espectador le explica en qué va el debate de la UPC y el sistema de salud
Salud
El Espectador le explica lo que está pasando con los medicamentos en Colombia
Salud
El Espectador le explica qué está pasando con las EPS en Colombia
¿Por qué volvemos sobre la coyuntura del tema de salud? Porque justo la semana que acaba de terminar se supo que Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín e investigado por señalamientos de corrupción, será el nuevo superintendente de Salud. Además, el gobierno informó que Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, también señalado por casos de corrupción, será el nuevo agente interventor de la Nueva EPS. Las asociaciones médicas fueron las primeras que le pidieron al Ejecutivo reconsiderar sus decisiones, pues más allá de esos anuncios que ponen a dos políticos procesados al frente de cargos que necesitan, ante todo lo que se necesita es conocimiento técnico y experiencia en este tipo de labores.
Y, para sumar, un hecho no menor que une a las dos entidades, pues se trata de la intervención sobre esa EPS ordenada por esa superintendencia: de acuerdo con una denuncia pública hecha por medio de Caracol radio y que ya está en manos de la Procuraduría, se advierte que “la superintendente nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera Medina, expidió una resolución de la nueva intervención a pesar de que, según la exposición de los hechos, el Comité de Medidas Especiales (de esa misma entidad) recomendó por unanimidad no extender la medida durante una sesión realizada el pasado 10 de abril”.
Es decir, funcionarios de la misma superintendencia, la entidad encargada de vigilar el sector, aseguran que el proceso de intervención más reciente a Nueva EPS “se aparta del principio del debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 1437”. Por eso fue que se habló de una “implosión” en la Supersalud, porque fue desde adentro que se conoció la denuncia.
Ahora, con la coyuntura clara, vayamos al siempre necesario contexto informativo: Juan Diego Quiceno, quien escribe a diario sobre temas de salud para El Espectador, publicó en este completo y documentado texto del 12 de octubre de 2025, toda la información que encontró sobre el “diagnóstico interno de la EPS más grande del país (Nueva EPS) que revela un deterioro acelerado en la atención a los pacientes: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160% y los traslados entre hospitales tardan, en promedio, casi 20 horas más que hace un año”.
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En ese momento Nueva EPS contaba con 8,5 millones, lo que la convertía en la más grande del país. Y en dicha revelación de El Espectador, se evidenció, por ejemplo, que la dificultad para acceder a medicamentos había afectado al 17,5% de todos afiliados de la EPS, que el tiempo para trasladar a un paciente de un hospital con menos capacidad a uno con mayor capacidad, había pasado de un promedio de espera de 33,7 horas en junio de 2024 a 52,9 horas en julio de 2025. Que la solicitud de autorizaciones había pasado de 3,2 millones en junio de 2023 a más de 4,8 millones en junio de 2025.
Eran muchos más datos. Se evidenció que el 91% de los pacientes trasplantados (3.043 de 3.333) presentaban medicamentos pendientes, el 90% de quienes perdieron el trasplante (46 de 51) tuvieron acceso inadecuado a medicamentos y debieron regresar a diálisis; y el 71% de los pacientes con enfermedad renal crónica (14.877 de 20.947) sufrieron interrupciones terapéuticas. También evidenciaron que ahora se necesitaban más autorizaciones para acceder a la salud, que se estaban dando más anticipos quedando expuestos a mayores fraudes, que los tiempos de respuesta iban en caída libre, que el primer nivel de atención ya no estaba logrando su objetivo y que los números en materia financiera están más que presionados. Les recomiendo consultar este completo y detallado documento porque resulta revelador. Aparece completo en este enlace.
Y entonces… la bola de nieve no ha parado de crecer:
Salud
Embargos a recursos de Nueva EPS ya ascienden a más de 2.1 billones de pesos
Salud
Contraloría insiste en su llamado ante grave crisis de recursos en el sistema de salud
Salud
Tras alerta de la Contraloría, Supersalud dice que comparte preocupación y tomará acciones
Salud
Petro, Sarabia y Leal: esta es la historia completa de los interventores de las EPS
El 20 de enero de 2026, para entrar de lleno a lo que ha pasado este año, fue la misma Nueva EPS la que informaba que “los embargos a sus recursos, determinados por varios juzgados del país”, volvían a aumentar. Y que la cifra ya ascendía a más de COP 2.1 billones. “En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, de allí que dicha decisión tome gran relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería”, informaron. Su sostenibilidad financiera estaba “seriamente” comprometida. ¿De dónde venían estos procesos? “Los embargos, apuntó, se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención de la EPS, de las cuales, en su mayoría, son las principales instituciones privadas del país”, explicaron los colegas de Salud.
Tres días después la Contraloría volvió sobre una advertencia que había hecho en el 2023 sobre la situación en el sistema de salud colombiano, sobre el que consideraba se venía “agravando en los últimos años”. El fondo: los recursos. Los afectados: todos los usuarios. En las propias palabras del ente de control, la advertencia giraba en torno al “grave y progresivo deterioro” del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, situación que evidenció una realidad inocultable que “amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.
Y ese mismo día fue la Superintendencia de Salud la que coincidía con la Contraloría en lo que llamaba una “crisis estructural” del sistema. Hablaba de lo que es el centro de su tarea: “Acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del sistema”.
No se acaba el primer mes del año y era el mismo presidente Gustavo Petro el que hablaba “sobre presuntos malos manejos financieros de los interventores designados en las EPS”. El Asunto era tan delicado que terminaron salpicados quien fuera la mano derecha del primer mandatario, Laura Sarabia, junto a otro de los cercanos al presidente: Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. ¿Qué fue lo que pasó? “Yo le dije (refiriéndose a Leal, cuando era Supersalud) que por política no se mete ni (a) un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y le entregaron unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron, Laura, que era yo. Estos interventores fueron a hacer negocios”, afirmó Petro.
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Entender este asunto, que no es de poca monta, es clave, por eso replico exactamente los siguientes dos párrafos que escribieron mis colegas de salud cuando ahondaron en los detalles con los que explicaron al país qué estaba pasando: “Para entender esa frase hay que recapitular varios elementos. Luis Carlos Leal llegó a la Superintendencia de Salud el 23 de febrero de 2024 y se convirtió en el segundo superintendente nombrado por el presidente Gustavo Petro (el primero fue Ulahy Beltrán López, durante el paso de Carolina Corcho por el Ministerio de Salud). En ese momento, Laura Sarabia era directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Guillermo Alfonso Jaramillo ya ocupaba el Ministerio de Salud y la reforma a la salud del Gobierno había superado el segundo debate en la Cámara de Representantes y se alistaba para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Menos de dos meses después de la llegada de Leal, en abril de 2024, esa comisión hundió el proyecto, marcando la primera gran derrota política del Gobierno en el Congreso. En esa misma semana, Leal tomó una de las decisiones más importantes de su gestión: la intervención forzosa de las dos EPS más grandes del país: Nueva EPS (en ese momento, ya con más de 11 millones de afiliados) y Sanitas (con más de 6 millones de afiliados). Después, también intervino a la EPS SOS, una de las más relevantes del occidente. Estas se sumaron a un grupo de aseguradoras que ya estaban bajo intervención desde antes del Gobierno Petro: Emssanar, Famisanar, Asmet Salud y Savia Salud”. Y sobre esa base, para entender el contexto, fue que Petro lanzó la acusación. Además de una evidente crisis en el sistema, que no era nuevo, pero sí se venía agravando, ahora se asomaba, dicho por el mismo Petro, la estela de corrupción. El reportaje completo, paso a paso, aquí, pero les adelantamos algunos nombres: “Cuando Leal intervino a Nueva EPS y Sanitas, nombró a Julio Alberto Rincón y a Duver Vargas Rojas como agentes interventores, respectivamente”.
Sigamos:
Salud
Defensoría alerta por un incremento del 107 % en quejas contra Nueva EPS
Salud
En 18 de 26 EPS del país disminuyó la satisfacción de usuarios con la atención en 2025
Salud
El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos
Salud
Colegios médicos coinciden en que no es el momento de reorganizar las EPS del país
Había alertas de la Contraloría, de la Supersalud, de la misma Nueva EPS. Las intervenciones, de acuerdo con la información del mismo Petro, estaban manchadas porque según él los interventores nombrados por su propio superintendente, “fueron a hacer negocios”. Y ahora era la Defensoría del Pueblo la que elevaba las banderas de angustia respecto a Nueva EPS: “Entre enero y diciembre de 2025, la entidad recibió más de 14.000 quejas de usuarios de esa EPS, principalmente por problemas de acceso a medicamentos”. Un incremento del 107 %.
Un dato adicional llegaba a sumar a toda esta crisis de la salud en la que estamos: la encuesta de satisfacción que hace el Ministerio de Salud. Allí se evidenció una disminución en la satisfacción de “los usuarios con la atención de sus EPS en 18 de las 26 promotoras de salud analizadas por la encuesta”. Se supo que “dentro de estas, se encuentran las ocho que están intervenidas por el Gobierno nacional, y solo dos de ellas (EPS SOS y Coosalud) reportaron mejoría en sus indicadores de satisfacción de los usuarios”.
Ya, a comienzos de marzo, Juan Diego Quiceno nos recordó el “decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que cambiaba las reglas de habilitación de las aseguradoras”. Faltaba, para ese instante, que se expidiera la reglamentación, “pero los propios cálculos del Ministerio adelantaban que, si el plan seguía en marcha, habría traslados masivos”. El plan del Ejecutivo era tener EPS más grandes y con más presencia en las regiones. Una buena idea para muchos analistas incluso críticos del Gobierno, pero la ejecución planteaba retos tamaño familiar.
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“El caso más emblemático, sin lugar a duda, es el de Nueva EPS. Es la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional y, con el decreto 182, puede convertirse en la receptora de los afiliados en donde, bajo las nuevas reglas, no queden otras EPS. Algunos cálculos hechos a partir de los estimativos del Ministerio de Salud apuntan a que esta EPS sería la única disponible en poco más de 500 municipios, es decir, en cerca del 45% del país. Allí habría que trasladar a 1,8 millones de personas. Junto con los traslados que tendrían que hacerse en ciudades donde seguirán operando otras EPS, la cifra podría subir a 2,4 millones de afiliados. Nueva EPS pasaría de tener 11,5 millones de usuarios a casi 14 millones”, escribió Quinceno.
El asunto es que, como ya lo ha alertado la Contraloría y la misma Superintendencia de Salud, Nueva EPS no goza, para usar una expresión del sector, de una buena salud financiera y, como se reveló en desde su propia información interna, está viviendo un “deterioro acelerado”. Por eso, aunque la idea de crear unas “súper EPS” no es mala, los datos indican que no es el momento. La presión sobre la EPS pública más grande de Colombia, que además está intervenida, se elevaría, y ninguno de los analistas consultados cree ciegamente que pueda soportar tanto peso, en todo sentido. Por ejemplo, los colegios médicos creen que dicho traslado de pacientes podría agravar la crisis del sistema de salud colombiano.
El 11 de marzo entraba la justicia: “Tribunal de Antioquia suspende decreto que trasladaba a millones de colombianos a otras EPS”, nos contaron. La decisión del juzgado se da luego de una demanda interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien considera que la medida afecta varios intereses colectivos, contaron los colegas de Salud. En la demanda, expone que se prevén traslados obligatorios masivos de cerca de 6 millones de usuarios entre EPS, de los cuales 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que está intervenida, y “no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso y aumento considerablemente progresivo de quejas y acciones de tutela por la falta de prestación de los servicios”, se leía en el documento.
Toda esta realidad se ha dado en un entorno complejo: el Ejecutivo ha intentado tramitar su reforma a la salud estructural, pero en el Congreso no ha logrado pasar. Todo esto ha generado disputas políticas tan fuertes que se rompió la llamada “unidad nacional”, la ruptura entre el Legislativo y el Gobierno ha sido una constante y los que han terminado perdiendo, como siempre en todo este tipo de divisiones, son los pacientes. O, para ser más realista, todos los que necesitamos el sistema de salud en el país, es decir, todos los colombianos.
Y como cuando uno llega a urgencias y poco a poco le van entregando los resultados de los exámenes, en este caso el paciente -que sería el sistema de salud nacional- se le van sumando más y más enfermedades:
Salud
Gobierno se juega la última carta de la reforma a la salud, en medio de la crisis del sector
Salud
Billonarios embargos a EPS llevan a Supersalud a pedir acciones a Fiscalía y Procuraduría
Salud
Procuraduría advierte incumplimientos en Nueva EPS y pide explicaciones a Supersalud
Salud
Supersalud nombra interventores provisionales en cuatro EPS tras decisión de la Procuraduría
El pasado 25 de marzo, los colegas de la redacción Salud nos contaron que el Ejecutivo, quien no ha logrado que su reforma a la salud pase en el Congreso, ni con Carolina Corcho ni con Guillermo Alfonso Jaramillo, intentaba “revivirla a través de una apelación en el Senado, en lo que aparece como su última opción tras el hundimiento del proyecto”. Los colegas de Salud de El Espectador aseguraron, sobre esta acción, que se trata de una “jugada” que “se da en medio de la tensión por las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de EPS intervenidas, un escenario que ha encendido alertas por sus riesgos operativos y financieros para el sistema”.
¿Qué podría pasar al respecto? “Si la plenaria aprueba la apelación, la iniciativa podría reactivarse. Hay que recordar que esto fue, de hecho, lo que ocurrió con la reforma laboral, que primero fue rechaza por la misma Comisión Séptima, y después revivida en la plenaria. La lógica es sencilla: trasladar el debate desde una comisión donde el Gobierno no tiene mayorías hacia la plenaria, donde el mapa político puede ser distinto”, detallaron los colegas. “Haremos una mesa de trabajo para mirar muy bien cuáles son los puntos a trabajar, si la apelación es procedente o no, si hay puntos que pueden avanzarse o no, y haremos un trabajo muy consciente pensando en el país”, aseguró Mauricio Giraldo, del partido Conservador, uno de los senadores coordinadores de ese espacio.
<b>“En el caso de Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, hasta hace unos meses interventores de Savia Salud y SOS, respectivamente, la Procuraduría estudia “el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agentes interventores de estas entidades de salud (...), lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de ambas EPS”. Así como el incremento de las peticiones, quejas y reclamos y de las tutelas".</b>
Para el 27 de marzo era la Supersalud la que levantaba la mano, pues pedía la intervención “urgente de la Fiscalía y la Procuraduría” en el sector, debido a los “embargos a recursos del sistema por más de COP $2,6 billones” y que podrían “afectar pagos a clínicas, aumentar las quejas y poner en riesgo la atención”. Las cifras son alarmantes. Según el ente de vigilancia, a corte al pasado 22 de enero de 2026, se identificaron “embargos en EPS con medidas de intervención forzosa administrativa que suman más de COP $2,6 billones. De este total, Nueva EPS concentra cerca de COP $2,1 billones, seguida por Coosalud EPS con aproximadamente COP $341 mil millones y Asmet Salud con COP $137 mil millones. También se registran afectaciones en Cajacopi EPS (ahora Proteger EPS, con vigilancia especial) con COP $43 mil millones, y en Emssanar EPS, con alrededor de COP $39 mil millones”.
El 8 de abril era el turno para la Procuraduría General de la Nación, cuando “lanzó un ultimátum a la Supersalud con el objetivo de que entregue información detallada sobre la situación de la Nueva EPS, la cual cuenta con más de 11,5 millones de afiliados”, escribieron los reporteros de El Espectador. No era nueva la situación, ya el país ha sabido lo que pasa en esa entidad promotora de la salud, pero, entonces, ¿por qué el llamado? “Esta situación se da luego de que, el pasado 3 de abril, se venciera la resolución que mantenía la extensión de la intervención de la Nueva EPS por parte de la Supersalud. Por ello, entre las solicitudes realizadas por la Procuraduría está la de confirmar si se mantienen o no las causales de intervención forzosa por parte del Gobierno”.
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Dos días después, la Supersalud anunciaba el nombramiento de cuatro interventoras provisionales para igual número de EPS, pues la Procuraduría había suspendido a los principales por varias investigaciones que viene adelantado. Así las cosas la Supersalud “designó interventores provisionales en ASMET Salud, oficializando en la suplencia a Jessica Milena Aguirre Santana, quien se presenta como médica con especialidad en auditoria de servicios de salud y gerencia de servicios; en Servicios Occidentales de Salud (SOS) a Margarita Orozco Eslait, administradora de empresas; en Savia Salud a Edda Lorena Sintura, contadora pública con especialización en gerencia tributaria y magíster en administración de empresas; y en Coosalud a Jorge Orlando Suárez Burgos, contador público. Sobre el caso de Capresoca EPS, indicó que “procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría””.
La tormenta no ha parado, la crisis en el sector es evidente como lo prueban las cifras, todos los entes de control y las entidades de vigilancia lo vienen advirtiendo, incluso ya hay hospitales que están negando la prestación del servicio a usuarios de la Nueva EPS, como el caso del Ama Máter, vinculado a la Universidad de Antioquia. Y, para sumar, justo en la recta final de las elecciones que definirían quién será el nuevo o la nueva inquilina de la Casa de Nariño, cuando el presidente Gustavo Petro ha hablado de liquidar a las EPS “quebradas”, cuando el Congreso y el Ejecutivo están más que enfrentados por una reforma hundida, nombran a figuras políticas en cargos clave en medio de todo este escenario:
Salud
Nombran al exalcalde Jorge Iván Ospina interventor de Nueva EPS: es el quinto en dos años
Salud
Esta es la resolución con la que se prorroga por otro año la intervención a Nueva EPS
Salud
Renuncia el superintendente de Salud, Bernardo Camacho
Salud
El exalcalde Daniel Quintero confirma su llegada a la Superintendencia de Salud
Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, médico cirujano del Instituto Victoria de Girón, en La Habana (Cuba), quien fue también director del Hospital Carlos Holmes Trujillo y del Hospital Universitario del Valle, será el nuevo agente interventor de la EPS más grande -y con un rosario de problemas- de Colombia. Ha sido cuestionado porque en medio de la pandemia, optó por recomendar ivermectina a la ciudadanía para tratar el covid-19. En 2023, la Procuraduría lo suspendió junto a su exsecretario de Cultura, José Darwin Lenis, por presuntas irregularidades en la contratación de la Feria de Cali de 2020. En 2024 la Fiscalía lo imputó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Un pendiente relacionado con un contrato para el alumbrado navideño de 2020.
Ospina, en diálogo con Blu Radio, dijo que ya estaba trabajando en un “plan de choque” que busca “dignificar” el servicio prestado por Nueva EPS. El objetivo “es apurar la entrega de medicamentos, mejorar la oportunidad de la consulta con especialista, reducir a cero la negación de servicios y mejorar los pagos a la red prestadora para poder garantizar el servicio a la salud”, declaró. Pero, antes de seguir, reconoció que “los sistemas de información no son los más ágiles, no están en línea”, razón por la cual “no es tan sencillo aprobar cada servicio sin que ello impacte el global de la entidad”, agregó.
El 13 de abril se supo que la Supersalud prorrogaba “por otro año, hasta el 10 de abril de 2027, la intervención de Nueva EPS, luego de días de incertidumbre sobre la entidad”. Nos explicaron que “la resolución ordena al nuevo agente interventor, Jorge Iván Ospina, adoptar medidas para garantizar un oportuno acceso a la salud de los afiliados y recuperar financieramente a la EPS”. Esta noticia es clave porque tiene todo que ver con la denuncia que fue conocida la semana pasada y que evidenció los problemas internos que hay en la Supersalud. A día siguiente también se supo que precisamente Bernardo Camacho, quien tenía el cargo de Superintendente de Salud, había presentado su renuncia y que se haría efectiva a partir de este 15 de abril. La razón: habló de motivos “estrictamente personales”.
¿Y en qué vamos justo ahora? En que desde que “Gustavo Petro asumió como presidente de la República, ha nombrado a cuatro personas distintas en la Superintendencia Nacional de Salud”, en que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien confirmó su llegada a ese cargo, la Supersalud, y aseguró que ahora sí “empieza la verdadera reforma a la salud”; enfrentará tamaño reto mientras “en la Fiscalía y la Procuraduría avanzan varios procesos en su contra por presunta corrupción”.
En que “a través de un documento, que fue revelado por Caracol Radio, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e) denunció que el proceso para prorrogar por otro año la intervención a Nueva EPS fue irregular”. Se supo que “la superintendente nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera Medina, expidió la resolución de la nueva intervención a pesar de que, según la exposición de los hechos, el Comité de Medidas Especiales recomendó por unanimidad no extender la medida, durante una sesión realizada el pasado 10 de abril”. Razón por la cual ya entró la Procuraduría a investigar. El mismo procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que se respetará el debido proceso y que “no podemos actuar más rápido”.
Y como esto parece un rosario de problemas, un efecto dominó, “la red de prestadores de servicios de salud de Manizales alertó que el sistema enfrenta una situación crítica en la ciudad” porque “el incumplimiento de pagos por parte de Nueva EPS mantiene en riesgo la atención a los usuarios”. Ahora, en medio de una evidente crisis de todo el sistema, en medio de una denuncia pública que toca directamente el papel de la Supersalud en la Nueva EPS, llegan dos figuras políticas cercanas al presidente Gustavo Petro para enfrentarse a las docenas de retos que tienen esas dos entidades y que, más allá de quejas o reclamos, deben velar por la salud de más de 11 millones de personas y vigilar lo que sucede en todo el resto del sistema. Una turbulenta realidad que César Giraldo Zuluaga analizó en este texto.
Lo cierto y claro es que justo cuando el país viaja en medio de una campaña electoral que lo tiene más que dividido y en su recta final, varias organizaciones científicas piden a Petro que Quintero no esté al frente de la Supersalud, y se conoció además que las deudas de las EPS y del Estado con el gremio hospitalario “ya supera los COP 25 billones”. Si la extensión de la intervención de la Nueva EPS fue ilegal, ¿qué? La respuesta está en manos de la Procuraduría, quien, importante recordar, también tiene un expediente abierto en contra del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero. Les seguiremos contando todos los detalles en la sección de Salud de El Espectador.
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com
Por Edwin Bohórquez Aya
