
Es miércoles, día de El Espectador le explica. Como para no perder la costumbre, nos van a subir los impuestos. O eso es lo que se avista con el proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso bajo el nombre de “Ley de rescate económico” y que, en otras palabras, más comunes y cercanas a todos los colombianos, se trata de la próxima reforma tributaria. Ya es un hábito en Colombia que, en promedio, cada año y medio entre en vigor una nueva tabla de tributos, dicen los analistas, y el debate que se nos viene no será poco pues, aunque ha sido evidente, de acuerdo con todas las declaraciones de la actual administración, que las arcas del Estado necesitan más ingresos, ¿a quién le gusta que lo obliguen a pagar más impuestos? De eso se trata este boletín y para escribirlo, pedimos ayuda a los colegas de la redacción de Economía, a los de Política y también a los de Salud. Comencemos.
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Vamos por partes y en orden. Desde la llegada de la actual administración, la nueva ola de funcionarios fue dejando claro que las cuentas no cuadraban y que era hora de que todo el país conociera a fondo “sobre el manejo de los recursos del Estado”. El empalme no sucedió e incluso acusaron al gobierno pasado de malgastar la plata pública, entonces para el 18 de agosto la Fiscalía ya había recibido más de 80 denuncias por presunta corrupción durante los cuatro años de Gustavo Petro. Esa primera bandera roja la llamaron el “Libro de la verdad”, en donde compilaron docenas de supuestos casos de irregularidades fiscales, contratos directos sin los respectivos procesos exigidos por la ley y quedó en manos del “Equipo Élite Anticorrupción” darlos a conocer. Y decimos “supuestos” porque están en investigación, todavía sin un fallo judicial hasta el día de hoy.
Luego, la discusión se centró en el Presupuesto General de la Nación, pues ese documento que estaba en manos del Legislativo había sido redactado por funcionarios de Petro. El Congreso lo devolvió. Hacienda lo reestructuró. Le llamó el presupuesto de “la verdad”. Pero la sorpresa llegó cuando el país vio el monto: “Aunque el Gobierno de Abelardo de la Espriella había prometido un presupuesto austero, el monto superó en COP 59,2 billones la primera versión que había radicado la administración de Gustavo Petro. La justificación de Hacienda fue que en esas primeras cuentas había obligaciones mal calculadas y otras que simplemente se dejaron por fuera”, contaron los colegas de Economía. De ahí la diferencia.
El 20 de octubre quedó aprobado en su tránsito normal en el Congreso: COP 634,9 billones para 2027. Pero esa noche, amaneciendo al 21, se identificó un error de trámite y se vino abajo. Incluso el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, perdió su puesto. A las 10:22 de la mañana, en una declaración pública tras muchas críticas, apareció el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, poniendo la cara: “El Gobierno Nacional aclara que el Presupuesto General de la Nación NO fue hundido ni rechazado por el Congreso. Conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se expedirá por decreto por un monto de $634,9 billones, con las modificaciones aprobadas en primer debate”. Si el monto era el mismo, ¿cuál fue el cambio? En la gráfica que aparece a continuación, se evidencia: va más plata para deuda y menos para inversión.
Karen Vanessa Quintero Martínez hizo una detallada explicación en este texto que tituló: “Lo que se perdió en el presupuesto 2027 por un error de trámite”. Les dejo un adelanto: “Salud, pensiones, subsidios de energía y gas, universidades públicas, entre otros sectores, ya no recibirán los recursos adicionales que aprobaron las plenarias”. ¿Y por qué es importante hablar del Presupuesto General de la Nación, PGN, justo antes de adentrarnos en la “Ley de rescate económico”? Porque fue el mismo Ministerio de Hacienda quien prometió presentar una ley de rescate económico una vez se superara el debate del PGN.
Vamos con algunos datos entregados por el Ejecutivo: el Estado recibe en promedio unos COP 29 billones al mes, pero gasta COP 40 billones. Mensualmente arrastramos un déficit de COP 11 billones. Por eso la necesidad, han explicado, de lo que llaman una ley de rescate. Usemos un ejemplo para entender mejor: Imagine que usted recibe de salario, cada mes, $29, pero se gasta $40. A usted le toca pedir prestado $11. Y sobre eso que pide prestado, además, le toca pagar intereses. Así está el asunto fiscal explicado de una forma sencilla. La tarea: frenar la deuda, que se vuelve insostenible, porque no solo estamos cada vez más endeudados sino a tasas más altas.
“A finales de agosto de 2026, el Ministerio de Hacienda calculó que este año el déficit fiscal sería de 8,2 % del Producto Interno Bruto, PIB, pero prometió que con un recorte de COP 21,9 billones bajaría a 7,2 %”. Y para el otro año, el 2027, se calculó que el déficit quedaría en 7,2 % con dicha ley de rescate económico, que implicaría un recorte de COP 45 billones en el gasto”. Si eso no pasa, dijeron, “la cifra sería de un alarmante 9,4 % del PIB”. Sobre esta base -y, de nuevo, sin ser financiero, economista o matemático-, está claro que es urgente tomar cartas en el asunto. Ahí es donde entra el proyecto que acaban de radicar en el Congreso: la “ley de rescate económico”.
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Entonces, qué dice la ¿“ley de rescate económico”? “El texto consta de 105 artículos que deberá considerar el Congreso y gira en torno a lo que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, llamó “cinco rescates”: el fiscal, el social, el de la salud, el de la inversión y el del Estado frente a la corrupción”, cuentaDaniel Felipe Rodríguez Rincón. El documento completo y todos esos primeros detalles están en este texto, pero les dejamos algunos puntos iniciales que dio a conocer el Ejecutivo a continuación, teniendo en cuenta que propone allí recortes en la operación estatal, pero también propone nuevos impuestos que hoy no pagamos los colombianos:
- A las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico se les cobrará IVA del 19 % sin importar el monto, con el objetivo no solo de recaudar sino de “proteger la producción nacional”. Eso quiere decir que, si usted compra por Shein, Temu y Amazon, le van a cargar ese tributo. (Actualmente hay una exclusión para las compras por internet por debajo de los USD 200).
- Ese IVA también se les cobrará a más productos, pero advierte el Ejecutivo que se hará precisamente una devolución de ese impuesto a 19 millones de colombianos de menores ingresos.
- El Gobierno se compromete a reducir “el tamaño del Estado en 15 % y recortar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, que después solo podrá aumentar con la inflación. Entre 2027 y 2030, además, las compras estatales de bienes y servicios no podrán crecer más que la inflación” (artículo 10).
- Los pagos a contratistas se reducirían 50 % en 2027 frente a 2026 y, desde 2028, solo podrían crecer lo que suba la inflación (artículo 17).
- El gasto de personal, sin contar la Fuerza Pública, bajaría 20 % nominal en 2028. En 2029 y 2030 podría crecer como máximo 0,5 puntos por encima de la meta de inflación (artículo 16).
- Venta de activos improductivos, como los que hoy administra la SAE y en donde hay cientos de propiedades que han sido incautadas en procesos de extinción de dominio a los delincuentes procesados.
- El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que a los pequeños empresarios se les bajarán los impuestos y se les darán estímulos para invertir, crear empleo y mejorar sus ingresos. El proyecto también incluye el RUGE, una medida para incentivar las grandes inversiones en Colombia y la generación de empleo. Consiste en una rebaja de la tarifa de renta de 20 % para las empresas que inviertan en el país entre 2027 y 2028, y de 26 % para las que lo hagan en 2029, contó Daniel Felipe Rodríguez Rincón.
- Para el sector Salud se plantea destinar COP 30 billones a lo largo de los cuatro años de Gobierno.
Las estimaciones del Gobierno con la llamada “ley de rescate económico” incluyen además que las finanzas del país mejorarían en COP 51 billones en 2027 y en más de COP 122 billones en 2030. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el 70 % del ajuste fiscal del proyecto se logrará con una mayor eficiencia en el gasto público y con “la reducción del derroche en el Estado”. La parte restante, enfatizó, recaerá en "quienes más tienen", es decir, el 10 % de la población con mayores ingresos.
Pero como este asunto está cruzado por un aval del Congreso, preguntamos cómo les cayó a los legisladores ese primer vistazo. Esto escribieron nuestros colegas de la redacción Política: “Partidos de gobierno como el Centro Democrático han cuestionado varios puntos del articulado; el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que “considera necesario reducir el tamaño del Estado”, pero se debe evitar que esto se traduzca “en mayores impuestos para los colombianos”. Por otro lado, desde la oposición se fueron de frente contra la propuesta que catalogan como “bajar impuestos a los grandes ricos y más impuestos a los pobres y la clase media””.
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Esa misma redacción nos contó que en dicho proyecto de ley hay un artículo que “busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para “suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos”, entre otras capacidades especiales”. Se trata del número 7, con el que el mandatario podría cambiar “la “denominación, objetivos, estructura orgánica y orden de precedencia” de estas entidades”. Un dato adicional: el texto le da la capacidad a Presidencia para realizar modificaciones presupuestales “para financiar los gastos de funcionamiento e inversión que demande el cumplimiento de las funciones asignadas a las entidades creadas, escindidas, fusionadas”.
Otro dato adicional sobre ese artículo y que nos contaron los colegas que siguen el día a día de la política nacional: “Las entidades no podrán contratar por prestación de servicios a personas naturales para “reemplazar los empleos que se supriman” y tampoco podrán crear nuevos empleos que cumplan las funciones de los suprimidos”, en línea con la crítica profunda que ha hecho la actual administración al modelo de contratos que puso en práctica la administración Petro. Todos esos detalles aparecen en este enlace.
Pero, sigamos con los tributos y cómo terminan tocando a la gran mayoría de los colombianos, porque la lista es larga:
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Esta pregunta será repetitiva pero siempre cabe en momentos como este: ¿Es necesario cobrar más impuestos o el asunto se podría solucionar si el Gobierno se ajusta el cinturón y deja de gastar más de lo que recibe? Y la respuesta, en este caso, estuvo en manos de Restrepo, el vicepresidente, quien también fue ministro de Hacienda en la administración de Iván Duque: Desde una tarima en la Plaza de Bolívar, dijo que el Gobierno Petro dejó una “bomba de tiempo” que estallaría en 2027 a menos que se tomen medidas. Que el hueco es tan grande que de cada COP 3 del Presupuesto General de la Nación, COP 1 se va a pagar intereses. Entonces prometieron que con la “ley de rescate económico” se salvará al país de la quiebra y evitará una recesión que golpearía a hogares y empresas.
Y aquí viene, ya con un poco de tiempo para poder analizar parte de esos 106 artículos que se leen en el proyecto, una siguiente la lectura de cómo nos veremos todos impactados:
- El proyecto establece, entre otras cosas, que los juegos de suerte y azar en línea, los vehículos eléctricos y los licores, vinos y aperitivos quedarán con una tarifa del 19 % de IVA desde la expedición de la ley.
- Para las empresas, la propuesta incluye un menor impuesto de renta bajando la tarifa general de las sociedades al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. La estrategia, dice el Minhacienda, es que bajando esos impuestos se impulsará el crecimiento económico.
- Para incentivar la inversión extranjera directa se plantea “una rebaja de la tarifa de renta”, con una de 20 % para proyectos que arranquen en 2027 o 2028 y de 26 % desde 2029. El objetivo, en este caso, es la generación de empleo.
- Para los más ricos, a partir de 2027, si se aprueba la ley, habría cambios en el impuesto al patrimonio: el umbral subiría de 72.000 a 95.500 UVT y el impuesto desaparecería desde 2031. Una UVT es una Unidad de Valor Tributario y para este 2026 está en COP 52.374. Así las cosas, pasaría de un patrimonio de COP 3.770’928.000 a COP 4.975’530.000. Luego, en el 2031, ya no se tendría que pagar.
- Desde 2028 se reescriben las listas de bienes y servicios excluidos y de bienes exentos. Salud, educación, arriendo de vivienda, servicios y transporte público siguen en esas listas (artículos 42, 45 y 46).
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Según las cuentas de José Manuel Restrepo, quien ha liderado toda esta discusión, el 70 % de la ley recae en un "apretón" del cinturón del Estado, con la reducción de burocracia, menos contratos y control en los gastos. Por esta vía se promete ahorrar COP 44,6 billones en 2027 y COP 76,1 billones en 2030. El otro 30 % viene del bolsillo de los colombianos. Ahí es donde nos tocan a todos. "Se modifica de manera radical la estructura y el funcionamiento. Con la ley se eliminan prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones de IVA y por esta vía terminan quedando gravados la gran mayoría de bienes y servicios", dijo a El Espectador Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA en este texto de análisis sobre la nueva propuesta.
Karen Vanessa Quintero Martínez nos fue decantando más y más la información. El proyecto pasa a la tarifa general de IVA, de 19 %, varios artículos que hoy están en 0 % o con la tarifa diferencial de 5 %. La ley establece dos momentos: la fecha de expedición y enero de 2028:
Lo que estaba en 0 % (exentos y excluidos) y pasaría a 19 %
Desde la expedición de la ley:
- El internet fijo de hogares de estratos 1 y 2
- Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior
- Licencias de software para contenidos digitales, servidores y nube
A partir de enero de 2028:
- Frutas: en la lista están banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas
- Hortalizas: tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo
- Granos: fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo
- Sal, miel, queso fresco, camarones de cultivo, café verde y cacao en grano
- Animales vivos: ganado, cerdos, aves, pollos y peces
- Insumos para el campo como varios fertilizantes, plaguicidas, semillas, tractores, maquinaria y sistemas de riego
- Tecnología: computadores de hasta 50 UVT (COP 2,6 millones en 2026); celulares y tabletas de hasta 22 UVT; bicicletas, bicicletas y motos eléctricas y patinetas de hasta 50 UVT
- Paneles solares
- Boletas de cine, conciertos, eventos deportivos y culturales, internet para estrato 3, telefonía local de estratos 1 a 3, servicios agropecuarios
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Lo que estaba en 5 % y pasaría a 19 %
Desde la expedición de la ley:
- Licores, vinos y aperitivos
- Vehículos eléctricos e híbridos (carros, buses y camiones); motos eléctricas y bicicletas (eléctricas o no) de más de 50 UVT y sus baterías, motores y cargadores
Desde enero de 2028:
- Café tostado, azúcar, chocolate de mesa, harinas, pastas y cereales industriales
- Alimentos para animales, algunas herramientas y maquinaria agrícola
- Medicina prepagada
- Servicios de vigilancia, aseo, conserjería y temporales de empleo prestados por cooperativas que emplean personas con discapacidad
- Almacenamiento de productos agrícolas y seguro agropecuario
Como el 5 % desaparece, algunos artículos que tenían esta tarifa pasan a 0 % desde enero de 2028:
- Salchichón, butifarra y mortadela
- Planes complementarios y pólizas de salud
- Madera en bruto
De acuerdo con el documento, analizado por los reporteros de Economía, “alimentos como carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, papa, yuca, panela, pan, arepa y agua se mantienen en 0 %, así como medicamentos, toallas higiénicas, servicios de salud, educación, transporte público, servicios públicos y arriendos de vivienda”.
Y un capítulo que también va a tocar a muchos, pues se trata del impuesto de renta, donde tocan directamente a la clase media. “Para calcularlo, a los ingresos de cada persona se les restan las deducciones y beneficios que permite la ley. Hoy, si lo que queda después de esa resta (base gravable) no supera las 1.090 UVT (COP 57,1 millones al año en 2026), no se paga impuesto. Con la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ese límite bajaría a 720 UVT (COP 37,7 millones en 2026). La tarifa para el tramo entre 720 UVT y 1.090 UVT sería del 9 %”.
Vamos al segmento de personas ricas: “La propuesta del Gobierno “unifica” la tarifa para tres escalones. Entonces hoy, la parte que pasa de 8.670 UVT al año (COP 454 millones en 2026) paga 35 %; la que pasa de 18.970 UVT (COP 994 millones en 2026) paga 37 %. Solo la que supera las 31.000 UVT (COP 1.624 millones) paga 39 %. Pero con el proyecto, todo lo que pase de 8.670 UVT (COP 454 millones) pagaría 39 %”.
Sobre el que tiene que ver con los trabajadores asalariados, tocan la retención en la fuente, “que es la parte que el empleador descuenta del salario cada mes como un anticipo de impuestos”. Es decir, “actualmente se aplica desde los 95 UVT mensuales (unos COP 5 millones después de restar aportes y beneficios del salario), pero con el proyecto se empezaría a aplicar desde 65 UVT (COP 3,4 millones)”.
Una más, que tiene que ver con los beneficios tributarios, pues el proyecto los elimina o los reduce. “La suma de deducciones y rentas exentas no puede superar el 40 % de los ingresos ni 1.340 UVT al año. Con la ley, ese tope bajaría a 1.180 UVT”. La deducción por dependientes, ya sea por hijo u otra persona a cargo, se elimina. Y los “magistrados de tribunales, rectores y profesores de universidades públicas, entre otros, que hoy tienen una parte de su ingreso libre de impuesto”, con el proyecto desaparecería dicho beneficio”.
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Después de todas estas aproximaciones a la propuesta del Gobierno que ya está en el Legislativo, ¿qué se puede concluir antes de que comience el debate? Algunas opiniones de personas que entienden los asuntos tributarios, fiscales y, claro, el entorno económico que vive el país: Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y asesor en Esguerra JHR, explicó a El Espectador que la ley fiscal apuesta porque la tributación recaiga principalmente en personas naturales, aliviando la carga de personas jurídicas.
María Paula Dueñas, asociada senior de Empleo y Compensación de Baker McKenzie Colombia, cree que “el proyecto supone un incremento importante de los costos asociados a la contratación formal para los empleadores, y, en algunos casos, para los propios trabajadores. (…) Más allá del impacto económico inmediato, estos cambios pueden tener efectos en las decisiones empresariales sobre contratación, estructuras de compensación y dimensionamiento de sus plantas de personal”.
Y el centro de pensamiento económico ANIF, incluso, va más allá: “Consideramos que la discusión de la Ley de Rescate Económico debe trascender su aprobación o rechazo. Cualquier cambio propuesto debería preservar el impacto fiscal agregado necesario para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, el ajuste podría darse más adelante, de forma más abrupta y con mayores costos para la economía, en especial para los hogares más vulnerables”.
Se vienen las discusiones en el Congreso. Hay un postulado que ha sido el que más a querido visibilizar el Gobierno a través del vicepresidente, quien dijo que 19 millones de colombianos, los más pobres, “dejarán de pagar IVA” porque se les devolverá este impuesto. La estrategia se llamará “EfectIVA”. “Si la ley es aprobada, los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones recibirán la devolución. En promedio, informó Hacienda, se entregarán COP 213.000 mensuales por hogar y máximo COP 288.000. Esa población, según los cálculos de la cartera, actualmente paga por IVA COP 138.000 mensuales. El primer pago se haría a más tardar el 20 de diciembre de 2027”, contaron mis colegas de Economía.
El asunto es: ¿Cómo les van a devolver esa plata a las personas más pobres, si son justo ellas las que pagan en efectivo en las tiendas o en las plazas de mercado informales que son los puestos de venta que instalan en los barrios? Estas personas viven del día a día, no piden factura y tampoco los tenderos están en el sistema enviando la facturación electrónica. Esa es la idea del Ejecutivo, que es buena, usar esa herramienta tecnológica para hacer la trazabilidad y poder devolver el IVA pero ¿qué tan realizable será? El efectivo en Colombia sigue siendo el rey y la gente pide más rebaja que factura. Este debate apenas comienza y, claro, los que somos catalogados clase media ya lo estamos sintiendo. Les seguiremos contando qué pasa en el Legislativo, qué avanza, qué se modifica, qué se queda y cómo cambiará el escenario fiscal para el país en lo que resta de 2026 y los años venideros. Nos vemos el próximo miércoles.
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com

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Francisco(28018)•04 de noviembre de 2026 – 23:10En una de las infografias están equivocados; la medicina prepagada pasaría de 5 a 19 % (no a 0 %). Me gusta la progresividad del impuesto de renta a personas naturales. No me gusta el IVA a productos de la canasta familiar y que excluyan los más dañinos: gaseosas y embutidos. La renta a empresas la podrían bajar siempre y cuando eliminen todas la exenciones. Falta impuestos a Iglesias (no los pondrán porque fueron quienes los eligieron). No deberían eliminar el impuesto al patrimonio.
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Álamo(88990)•04 de noviembre de 2026 – 16:46¡Milagrio! ¡Milagrio! ¡Milagrio! El animálculo de Nari reparte agrios por miles, ¡y dulces a los suyos!!