EE le explica la descertificación de EE.UU.: ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Es miércoles, día de El Espectador le explica. El narcotráfico le sigue haciendo daño a Colombia. Lo vivimos desde los años 80, cambiamos de siglo y como sociedad seguimos padeciendo esa desgracia. Militares y policías asesinados por combatirlo. Civiles víctimas de los armados ilegales en medio de las zonas donde no hay presencia estatal pero sí delincuencial. Aquí, en Colombia, se cultiva la hoja de coca; los carteles la procesan y en medio de la danza de los millones de dólares que de ese negocio obtienen, la exportan a Estados Unidos y Europa. Oferta creciente, demanda creciente, negocio redondo. Y al revés también, porque cuando la demanda aumenta los narcos celebran.

Pero, más allá de esa realidad que millones hemos visto, vivido y padecido, ¿de qué se trata esto de la descertificación de la que todo el país está hablando? ¿Por qué es el gobierno de Estados Unidos y no otro quien toma esa decisión? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los presidentes de los dos países como para que se diga que esta fue una decisión política y no técnica? ¿Qué se viene para las relaciones bilaterales en la recta final de la administración Petro y el inicio de la de Trump? ¿Hay antecedentes de una situación similar? Pues si usted es de las personas que todavía se hace estas preguntas, aquí va un boletín que se las contesta. Recuerde entrar a todos los enlaces que aquí dejaremos. Comencemos.

Vamos en orden para entender mejor. Uno de los primeros asomos de Estados Unidos en su guerra frontal contra el narcotráfico más allá de sus fronteras, data de 1961 con la llamada “Ley de asistencia extranjera”. Como lo decía su nombre, pretendía identificar el papel que jugaban otros países en la lucha contra ese delito y considerar, en esa evaluación, si se podrían considerar aliados o no en esa tarea. Siempre, en la mitad, había recursos para combatirlo. Para los años 80, entre el 86 y el 87, en los tiempos del narcotráfico de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, del Cartel de Cali y de “El Mexicano” Gonzalo Rodríguez Gacha, en Estados Unidos se hacía una modificación y ya se hablaba de leyes antidrogas.

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La DEA entregaba sus propios informes al respecto para los años 90 y el presidente de EE. UU. asumía la obligación de reportarle al Congreso qué estaban haciendo dichos países considerados “productores o de tránsito de droga”. ¿Por qué? Porque del presupuesto nacional de sus contribuyentes, de Estados Unidos, se destinaban millonarios rubros para lo que ya se iba entendiendo como la “lucha global contra el narcotráfico”. Sí, aunque ellos eran consumidores -y lo siguen siendo-, buscaban atacar el tráfico desde los países de origen. Esa ha sido su política. Entonces se trataba, en últimas, de calificar el comportamiento de los países y ver si pasaban el examen. Si cumplían, recibían certificación; si incumplían, la descertificación.

Con esto claro, se entiende el por qué Estados Unidos -y no otro- es el que toma esa decisión de avalar o no el trabajo de países como Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Y tienen muchas variables para calificar en positivo o en negativo dicha evaluación. Por ejemplo, en las hectáreas sembradas, en la incautación e interdicción, en el arresto de los narcotraficantes y la desarticulación de estructuras criminales, la cooperación y el impacto de los programas que se financian con sus recursos, en el accionar de la Fuerza Pública y de Policía que, importante aclarar, mucha ha sido entrenada por sus agencias antidrogas y de inteligencia, una vez más, con recursos estadounidenses.

La decisión se toma y es informada en septiembre, y por eso varios funcionarios de la administración de Gustavo Petro venían trabajando en una estrategia que los hizo viajar desde desde Bogotá hacia Washington con el fin de mostrar resultados en la lucha antinarcóticos. Y justo antes de que Estados Unidos tomara esa decisión, los colegas de Judicial, Política y Mundo publicaron estos contenidos para acercarnos al debate:

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Mundo

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Ahora sí, con este contexto, vayamos a la noticia. Este 15 de septiembre, caída la noche, el titular en todos los medios de comunicación de Colombia era, cambiando el orden de algunas palabras, el mismo: “EE. UU. descertifica a Colombia”. El mensaje era más que claro: Washington dice que Colombia no pasó el examen de la lucha antidrogas y la decisión obligaba a revisar asuntos como la cooperación, la economía y, en general, la relación bilateral. La noticia llegaba, además, con una carga histórica y un mensaje del presidente de EE. UU. a su par de Colombia, como nos lo contaron los colegas que están atentos a lo que pasa en la información global: “La Casa Blanca anunció una medida que Colombia no veía desde hace casi tres décadas: la descertificación en la lucha contra las drogas. El gobierno de Donald Trump concluyó que el país “falló de manera demostrable” en cumplir con sus compromisos internacionales contra el narcotráfico”.

Eso, en palabras oficiales publicadas en un comunicado de prensa, se leía así: “En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.

Pero dejaron una puerta abierta: Si la administración Petro “adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína”, se reconsiderará la decisión de la descertificación. También lo harán “si el país coopera con la justicia de EE. UU. para procesar a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”.

La noticia recordó lo que sucedió en los años 90, cuando la Casa de Nariño era liderada por el protagonista del proceso 8.000: “Colombia fue descertificada en 1996 y 1997, durante la presidencia de Ernesto Samper, acusado de haber recibido dinero del cartel de Cali. Desde entonces, Washington había evitado aplicar este castigo, incluso en momentos de récord de cultivos de coca. La última amenaza seria fue en 2017, cuando Trump aseguró que “consideró seriamente” sancionar al gobierno de Juan Manuel Santos, aunque finalmente no lo hizo”, nos contaron los colegas de la redacción Mundo.

Así que, con la noticia en la mano, varios periodistas de El Espectador nos fueron abriendo la ventana de los distintos enfoques para entender a fondo lo que estaba pasando:

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Mundo:

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Economía

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¿Cuáles fueron las tres razones que llevaron a EE. UU. a descertificar a Colombia en su lucha antidrogas? Aquí está la explicación, paso a paso, que nos contó la redacción Judicial: “1. Los intentos fallidos de Petro de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis. 2. El cultivo de coca y la producción de cocaína llegaron a máximos históricos. 3. El gobierno no cumplió ni siquiera con sus propias metas, ya de por sí reducidas, de erradicación”. El texto completo aparece en este enlace, pero aquí dejamos un adelanto: “De acuerdo con el último registro del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos para Colombia (Simci), durante 2023, la cifra llegó 252.572 hectáreas de coca sembrada. Por otra parte, y según registros oficiales, la producción de cocaína también aumentó un 53 % frente al año anterior”.

Y sobre el asunto de la erradicación: “Hasta junio de este año, solo se habían erradicado manualmente 1.500 hectáreas, una cifra bajísima frente a la meta oficial que es de 30.000 hectáreas”. El dedo señalador también tenía dirección, pues esto dijo EE. UU.: “El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno colombiano toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína”, se lee en la información publicada por el Departamento de Estado.

Sin embargo, el balance no es tan negativo, pues al final el Gobierno Trump “emitió una exención para que la cooperación vital de EE. UU., incluida la de antinarcóticos, pueda seguir”, escribieron en la cuenta de X precisamente del Departamento de Estado. Y en el mismo trino, soltaron también la advertencia: “Los resultados importan: ¡Debemos ver progreso y pronto!”.

Leído detalladamente, quiere decir que no habrá recorte a la ayuda económica que convoca esta partida: “Colombia ha recibido más de US$500 millones anuales en cooperación”, contaban los colegas de Mundo. También, que no habrá voto negativo en el BID y el Banco Mundial, así que el crédito que pida el Gobierno colombiano en esta banca multilateral no será más caro, como se sospechaba. Seguirán los recursos para los programas sociales para asuntos de desarrollo rural, justicia y paz, cobijados bajo esta lucha antinarcóticos. Y, aunque bastante deterioradas, las relaciones bilaterales políticas se mantienen, aunque la molestia del presidente Gustavo Petro fue inocultable y calificó la decisión precisamente de política y no técnica.

Ahora, todo este asunto tiene que ver con mucha plata, así que era preciso leer este análisis de los colegas de Economía: “El gobierno de Donald Trump designó a Colombia como “failed demonstrably” (ha fallado de manera demostrable) en el marco de la Ley de Asistencia Extranjera. Pero también emitió una determinación de interés nacional que evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia. Ahora Colombia cuenta con un plazo de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables. De este modo, el país logró esquivar temporalmente las afectaciones económicas como la revisión de beneficios comerciales bajo el tratado de libre comercio, advertencias en turismo, dificultades para inversión extranjera directa y acceso limitado a créditos multilaterales”. Todos estos detalles aparecen aquí, pero la Andi, que es el gremio que agrupa a los más importantes industriales de Colombia, fue clara al respecto: si no se toman cartas en el asunto, “podría tener efectos adversos sobre las relaciones bilaterales, la economía nacional y el clima de inversión en el país”.

¿Qué respondió la embajada colombiana en Estados Unidos a la decisión de la administración Trump? “Con hechos verificables, Colombia ha demostrado significativos resultados en la lucha contra el narcotráfico”. “Las Fuerzas Militares y la Policía alcanzaron cifras históricas de incautaciones y destrucción de laboratorios, impactando la producción de cocaína y debilitando de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la cooperación judicial con Estados Unidos se fortaleció a través de un número sin antecedentes de extradiciones”.

Se “exige una visión integral que reconoce que es mucho más eficaz enfrentar directamente a los narcotraficantes que concentrar los esfuerzos en los campesinos y cultivos de coca, siendo este el eslabón que menos impacta las finanzas del negocio de las drogas ilícitas” y también le lanzó la pelota a Estados Unidos en la llamada responsabilidad de todos los actores: “El éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real, que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores”.

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El encargado de Negocios de Washington en Bogotá, John McNamara, ya se refirió a todo este asunto de la descertificación. Aunque habló de “cientos de millones de dólares” que seguirán fluyendo de ese país hacia el nuestro en materia de cooperación, recordó algunos casos puntuales: como por ejemplo US$ 138 millones en asistencia para colombianos vulnerables, quienes se ven afectados “de manera desproporcionada” por la violencia impulsada por los narcoterroristas, “el enemigo común de nuestros pueblos y nuestras democracias”. Y hablo de lo que debe hacer Colombia en el próximo año para cambiar la calificación de “descertificado”: reducir rápidamente los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, incrementar aún más las incautaciones de esta droga, eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas, a la vez que comentó que Estados Unidos espera que el Gobierno colombiano “confronte y desmantele de manera más agresiva” a los grupos criminales.

¿Qué viene? De acuerdo con un análisis escrito por la redacción de Política en donde consultaron a expertos internacionales en el tema, se concluyó que “la descertificación, sin el recorte de recursos, dejó claro que la administración Trump reconoce la importancia de respaldar la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero al tiempo confirma que la distancia política entre Petro y Trump pesó en la decisión y no ayudó a evitar el campanazo sobre la estrategia de seguridad y paz del Ejecutivo”.

Entonces “se acentúa la fractura entre los dos gobiernos en materia política, lo que da a entender que en los casi 10 meses que le quedan al gobierno Petro no habrá mayores acercamientos con la administración Trump. Sin embargo, al mismo tiempo, se confirma que Estados Unidos sigue interesado en su relación con Colombia y que no cortará sus lazos de cooperación a la espera del panorama político del país después de 2026”. Mejor dicho, que la relación bilateral va más allá de las administraciones de turno, pero que desde Estados Unidos estarían esperando las “elecciones del 8 de marzo (Congreso) y 31 de mayo (Presidencia)”, para saber si hay “un relevo en el poder con personas con mayor afinidad ideológica a la jefatura actual de la Casa Blanca”.

El presidente Gustavo Petro, fiel a su acostumbrado liderazgo por medio de las redes sociales, respondió desde esa tribuna: “No calculé que el poder político en EE. UU. quedara en manos de amigos de políticos aliados con el paramilitarismo. Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”, dijo Petro en su cuenta de X.

En otros de sus mensajes, pero en la misma red social, aseguró que con la descertificación Estados Unidos “participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá, si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá o quiere una nación libre o soberana”. Con una gráfica para soportar su argumento, señaló que el aumento de hectáreas sembradas con hoja de coca no es su responsabilidad, pues dijo que viene creciendo desde 2013 y por causa del consumo en Europa y EE. UU.

Ya, en Colombia, se buscan responsables políticos desde el Congreso, hay temor en los empresarios que tienen en ese país su principal mercado de exportaciones ante posibles represalias si no se logran mejores resultados en las exigencias que hace la administración Trump; y ya se trazó una estrategia política desde la directriz de Petro para responder con un argumento claro: que la decisión no fue técnica sino política por la distancia ideológica que separa a los líderes de los dos países:

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El asunto es que Estados Unidos ya tomó una decisión -como lo lleva haciendo décadas-, el Gobierno colombiano no está de acuerdo, y en la mitad hay una realidad inocultable, como dijo un analista en un debate radial: “Estamos nadando en coca”. Y la misma gráfica que publicó el presidente Gustavo Petro lo confirma:

En el Congreso colombiano, ya hay voces hablando duro: “Alguien tendrá que responder: Ministro de Defensa, Interior y Justicia, es el momento de una moción de censura en el Senado. Lo sucedido golpea con fuerza la reputación internacional del país y por desgracia era algo que algunos veníamos advirtiendo mediante debates de control previos, especialmente en la Comisión Primera, donde dejamos claro que la política antidrogas del petrismo era un fracaso y debía ser replanteada”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Luna Mejía Farías, de la redacción de Economía, nos puso sobre la mesa la posición de Analdex, el gremio de los exportadores: “Si bien la determinación de EE. UU. no representa, en primera instancia, un cambio en las barreras comerciales y arancelarias, podría significar para Colombia un escollo en la negociación bilateral con Estados Unidos por aranceles recíprocos, al tener aún menos poder de negociación. Hoy estamos con un arancel base de 10 % y anhelábamos tener algunas categorías de bienes excluidos”.

Desde los ministros más cercaos a Petro también hay postura y vislumbra lo que se viene: “Es una decisión completamente política. Es una descertificación sin sanciones económicas y sin dejar de mandar la ayuda económica ni deja de haber cooperación. Solo es política porque es un gobierno de izquierda”, afirmó Armando Benedetti, ministro de Interior. En ese sentido, habló de la orden dada por el presidente Petro de “no comprar armas de Estados Unidos”, explicando que se trata de una decisión de mercado y que “no hay que notificar nada”. “El presidente lo dijo en un consejo de ministros. Después de una descertificación tan injusta qué se va a notificar”, afirmó.

Y fue él el que entregó cifras oficiales: “165.000 capturados, de los que 693 son extraditables, 1.200 toneladas de cocaína incautadas, 965.000 de marihuana, y 10.000 laboratorios móviles destruidos. Eso son las cifras solo de Policía y todas son buenas. Este año, 700 toneladas de cocaína fueron incautadas. Hacen la valoración con base en la erradicación de forma forzada y ahí está mal el balance. Lo que quiere este gobierno es que sea de forma voluntaria, con sustitución y llevamos 53.000 hectáreas”, dijo.

Para el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, todo este se trata de “una injusta descalificación a Colombia, que ha puesto muchísimas víctimas en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros no tenemos que enderezar ningún camino, hemos trabajado con seriedad y convicción con nuestra propia política de lucha contra las drogas, no la que impone Estados Unidos”.

Sobre la estrategia de respuesta política a la descertificación, se sabe que se basa sobre la postura de “defensa de la soberanía nacional” que el presidente Petro resumió en “No voy a arrodillar a la nación”, nos contaban los colegas de Política, que escribieron un texto extenso aquí, pero les dejo un apartado: “Para el jefe de Estado, su gabinete y la coalición en el Congreso, la decisión de la Casa Blanca es una muestra de que Estados Unidos quiere meterse “en la política interna de Colombia”, mensaje que están amplificando el clave electoral sus aliados y precandidatos, como la senadora María José Pizarro. Además, está el factor Venezuela, que se reavivó en las últimas dos semanas por el respaldo tácito de la actual administración al régimen Nicolás Maduro al no reconocer la existencia del Cartel de los soles”, un tema que tiene en la mira Estados Unidos, quien además ya trasladó operaciones militares al Caribe y asegura haber impactado a tres embarcaciones que llevaban droga desde Venezuela con destino a Norteamérica.

La relación, a futuro, no parece ir en una vía distinta a como se ha labrado desde que estas dos administraciones tienen contacto: en tono de confrontación. Esa es la razón por la cual muchos que llevan décadas tratando de extender puentes, otros miles o millones que tienen negocios en doble vía, o simplemente quienes se ven como primer destino de turismo o inversión, han venido levantando la mano desde el día uno para que prime siempre la diplomacia y las buenas relaciones internacionales. Esta es una lucha de todos, la de enfrentar al narcotráfico, y quienes hemos sido testigos durante décadas de la tragedia que va dejando, confiamos en que los líderes políticos, más allá de ponerse de acuerdo, logren realmente resultados que nos libren a todos nosotros y a nuestros hijos de la pesadilla que significa la droga.

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