El Espectador le explica cómo está la situación con la crisis en el Catatumbo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. La situación en Norte de Santander sigue muy delicada. El mismo Gobierno, representado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que todo lo que se ha hecho ha sido insuficiente, tal cual como las facultades que tiene hoy la administración para enfrentar esa realidad, argumentando, así, la necesidad de la declaratoria de estado de conmoción interior, una medida revisada por el Congreso. Y, mientras tanto, los líderes y lideresas en la región, además de asustados por su seguridad, siguen haciendo un llamado urgente para que la militarización ayude a atender la crisis humanitaria y no a acrecentar la violencia. La cifra de desplazados aumenta, el presidente Gustavo Petro suspendió oficialmente la mesa con el ELN, han encontrado más cuerpos sin vida, Venezuela apareció en una esquina de este conflicto y hasta el papa Francisco se ha referido a la violencia que allí se vive.

Entonces, dando continuidad al boletín que les enviamos hace ocho días y que dejamos en este enlace donde explicamos todos los detalles de por qué el Catatumbo ha sido una zona histórica de violencia en Colombia, en esta nueva entrega contamos los resultados de las reuniones ministeriales, lo que se está adelantando desde las distintas entidades para atender la emergencia provocada por la guerra entre los grupos armados al margen de la ley, por qué están asesinando a los firmantes de paz, qué están buscando las disidencias de las FARC y, en general, cómo el abandono estatal, una vez más, se está poniendo en vista de todos. Recuerden entrar a cada uno de los enlaces que dejaremos a continuación, no sin antes recomendarles hacer ‘clic’ aquí para entender en qué va el problemón que se desencadenó entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso ha traído. Comencemos.

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El miércoles pasado, cuando hicimos el envío del boletín, de acuerdo con las cifras oficiales se calculaban más de 30.000 personas desplazadas, 46.000 niños desescolarizados y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata en medio de una crisis con, además, Cúcuta como la ciudad que estaba recibiendo más de 15.000 de esas personas obligadas a salir corriendo de sus casas. Se calculaban 80 muertos. Incluso la Unión Europea condenaba lo que llamaron la “campaña de violencia” de la guerrilla del ELN, y con sus delegados en el país pedía que todos los grupos armados desescalaran los enfrentamientos y cesaran los ataques en contra de la población civil. “De los grupos armados que participan en procesos de diálogo con el Gobierno, varios de ellos con acompañamiento de la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros, esperamos muestras de paz que transcienden la lógica de la guerra”, se leía en un comunicado de prensa de las embajadas de la Unión Europea en Colombia.

En Cúcuta era el alcalde Jorge Acevedo quien aseguraba que la ciudad estaba colapsada y no había capacidad para recibir a más desplazados, en el estadio General Santander se hacían las entregas de las ayudas, entre ellas alimentos y colchonetas, pero ya se estaban acabando. Las personas que hasta allí llegaban, en medio de camiones, como si fueran carga, lo hacían con sus niños en brazos, muchos sin alimento. Buscaban medicinas. Buscaban una mano amiga en medio de tanta violencia.

“El ELN lo que ha cometido es una infamia y un crimen de guerra contra la población civil del Catatumbo. Sigue insistiendo y sigue en su propósito de controlar la frontera colombo-venezolana, los corredores del narcotráfico. Es una operación con sevicia, es una operación premeditada, irrespetando todas las normas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y eso hay que condenarlo de una manera tajante, contundente. No tiene ninguna justificación, es inexcusable”, dijo Cristo, el ministro del Interior, ese mismo 22 de enero durante el encuentro de primer nivel incluidas las cabezas de todas las fuerzas militares y de Policía.

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Antes de seguir, es preciso explicar el estado de conmoción por situación de orden público en el Catatumbo que declaró Petro. Los colegas de Política lo detallaron así: “El estado de conmoción hace parte de los llamados “estados de excepción”, que solo pueden ser habilitados cuando se presentan situaciones anormales en el país ante las cuales la institucionalidad no puede responder eficazmente. La conmoción se puede declarar cuando se presenten graves perturbaciones al orden público que pongan en riesgo la estabilidad local o nacional, como ocurre en el Catatumbo”.

¿Qué puede hacer el Gobierno una vez lo declara? “El presidente de la República queda facultado para expedir decretos que tengan fuerza de ley, que normalmente solo puede hacer el Congreso que, a pesar del estado de excepción, debe seguir trabajando. Las medidas que puede tomar el Gobierno incluyen interceptaciones o registros a las comunicaciones para buscar pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos, aprehender preventivamente personas, inspeccionar o registrar domicilios. Puede modificar el presupuesto para atender la calamidad. También, restringirse la circulación e imponer toques de queda. De igual manera, podría sancionar a alcaldes o gobernadores, y permitir a su vez que ellos suspendan a los alcaldes de su departamento, si consideran que contribuyen a la perturbación del orden o cuando obstaculicen a la fuerza pública, entre otras cosas”.

¿Y cuánto dura? “La declaratoria tiene una vigencia de 90 días, en caso de necesitar más tiempo, se hará la primera prórroga de máximo 90 días. En caso de hacer una segunda prórroga, será también por tres meses”. Es decir, máximo, 270 días.

El 23 de enero, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, junto a al director de la Policía, William René Salamanca, y al director de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez; entregaron un balance oficial sobre los hechos de violencia y confirmaron noticias: “Se revocó la suspensión de las órdenes de captura que se habían aprobado en el marco de los diálogos de paz total, que el gobierno lleva con el ELN. Fueron 31 órdenes de captura que habían sido suspendidas entre 2022 y 2023”. En otras palabras, que “cualquiera de estas 31 personas que aparecían como miembros negociadores pueden ser capturados, tanto en Colombia como en el exterior”. Justo después, el mismo Gobierno dijo que los líderes del ELN no estaban en Cuba.

Y allí mismo la Dijín de la Policía, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la región, señaló que en Ocaña habría 10.719 personas desplazadas, en Tibú serían 10.482 víctimas de desplazamiento, en San Calixto 782, en Abrego serían 500, en El Tarra habría 353 desplazados, en Convención serían 300 personas y en Sardinata 105. Según los datos de la Personería y el PMU, al sumarlos, se estaría hablando, dijo la Fiscalía, de más de 36.600 desplazados”.

Entretanto Petro aseguraba que la ola de violencia la había desatado alias Pablito, del ELN, y que los guerrilleros se vistieron de civil para subir desde Arauca hasta el Norte de Santander. “Las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca. Transitaron durante un mes hasta el Catatumbo, de civil. Buscan el control de la frontera basados económicamente en la cocaína del Catatumbo. Pablito tiene la mayor responsabilidad en esta acción. Buscan el control para convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado y toda fuerza que tenga sus mismos objetivos”, dijo el mandatario.

Pero el desplazamiento no solo se fue dando hacia las mismas poblaciones de Santander y Norte de Santander. Más de 30 familias llegaron al municipio de González, en Cesar. Entonces la gobernación respectiva también tuvo que activar rutas humanitarias con el envío de ayudas. A Aguachica llegaron 24 personas, mientras que en La Jagua de Ibirico se registraron 25. En paralelo el Ejecutivo analizaba incluir a Arauca en decreto de conmoción.

Caída la tarde de ese 23 de enero, era el Ministerio de Defensa quien advertía que ya eran 40.282 las personas desplazadas por cuenta de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las FARC y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El general José Luis Ramírez, jefe de Servicio de la Policía Nacional, habló de algunas acciones que han adelantado para poder salvar vidas: “Estuvimos llevando alimentación y evacuamos 16 personas firmantes de paz, se les dio traslado a Cúcuta”. Cabe recordar que “más de 440 firmantes de paz han sido asesinados desde noviembre de 2016 hasta la actualidad”. Y que, por lo que se ha visto en esta guerra de ilegales, esas personas se han convertido en blanco de los violentos.

Al día siguiente, el 24 de enero, se conoció el documento sobre el que cursarán las acciones del Ejecutivo. Un adelanto sobre el que se argumentan las necesidades de medidas excepcionales: “El accionar del ELN desborda la capacidad ordinaria del Estado”:

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El decreto, explicaba la redacción Judicial, será acompañado por mecanismos de control que aseguren la transparencia en el uso de los recursos. ¿Qué datos se tuvieron en cuenta para declarar el estado de conmoción interior? Aquí van algunos:

• Desde el pasado 16 de enero, la región del Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria y de seguridad.
• Los enfrentamientos armados y las operaciones militares han generado un contexto de extrema violencia, desplazamientos masivos y confinamientos que afectan profundamente a la población.
• De acuerdo con el PUM, hasta el 21 de enero se habían confirmado 381 homicidios, entre ellos seis firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.
• Según cifras oficiales, desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2024, 22 de ellos fueron asesinados en el Catatumbo.
• La crisis ha obligado a la evacuación de 395 personas, incluidas 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares.
• En su sentencia SU-020 del 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido al insuficiente cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y sus familias.
• Según el Comité de Justicia Transicional, hasta el 22 de enero de 2025, 36.137 personas fueron desplazadas en la región. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados durante todo el año 2024, reflejando la gravedad del escalamiento del conflicto.
• La crisis ha provocado un aumento en el flujo migratorio hacia Venezuela. Entre el 17 y el 19 de enero de 2025, aproximadamente 700 personas por día cruzaron la frontera, cifra que disminuyó a 400 personas diarias entre el 20 y el 21 de enero.
• Los municipios de Norte de Santander que conforman el Catatumbo concentraban 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % estaban ubicadas en Sardinata y Tibú.
• El 15 de noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2024, advirtiendo sobre el alto riesgo para distintos sectores poblacionales en municipios del Catatumbo y el sur del Cesar.

Para ese instante, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmaba que el Ejecutivo contemplaba, en medio del estado de conmoción interior, eliminar la exención del IVA a las apuestas en línea y de esa forma financiar la crisis humanitaria en el Catatumbo. “La medida, que estará vigente durante 2025, promete acelerar los recursos en un momento crítico”, escribían los colegas de Economía. Buscaría recaudar entre $600.000 y $700.000 millones durante 2025. “El mensaje aquí es claro: esta medida no afectará a la clase media ni a los bienes de consumo básico. Es un llamado a la solidaridad en un momento de crisis nacional”, dijo Guevara en Blu Radio.

Aquí hay que detenerse un poco y entender de donde viene esto: en la pasada Ley de Financiamiento, que se cayó en el Congreso, se intentó aplicar un gravamen a los juegos de azar. ¿Por qué? Lo dijo el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “Solo en 2024, al mes de agosto, ya facturaron $25 billones y podrían cerrar el año en $45 billones. Este es un negocio real y significativo”. Creía, entonces, que era ilógico que este renglón no pagara impuestos como las apuestas físicas. Y analizando la economía como un todo, “un informe de Corficolombiana destacaba que el entretenimiento, liderado por los juegos de azar, ha crecido 87 % desde 2019, mucho más rápido que el PIB nacional, que aumentó 12 % en el mismo periodo”, nos detallaban los colegas que siguen esta información.

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En paralelo, Valentina Gutiérrez Restrepo, de la redacción Judicial, nos contaba sobre la angustia de los maestros por regresar a los salones de clase en medio del conflicto. La paradoja: saben que niños y niñas los necesitan, pero no creen tener la seguridad para volver. La suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN envía muchos mensaje: “Si ya ni siquiera hay negociaciones, ¿en qué juego nos estamos metiendo los maestros?”, le dijo Elisa a la reportera de El Espectador. “Nosotros queremos volver, pero ¿qué garantías nos están dando para hacerlo?”.

¿Qué decían los líderes de las FARC firmantes del acuerdo? ¿Qué papel entraban a jugar tanto la Corte como el Congreso? ¿Por qué si los juegos de suerte y azar en línea están moviendo tanto dinero, no han podido ser sujetos de IVA como ahora lo contempla el Minhacienda? ¿De cuánto fue la recompensa que se ofreció por los más buscados en la zona de conflicto que ha provocado la mayor crisis humanitaria de las últimas décadas?:

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La situación, delicada, obligaba a que la JEP ordenara trasladar a 124 firmantes de paz que están en riesgo en el Catatumbo. “Estas decisiones se toman en el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la JEP desde 2020, orientada a proteger a las personas en proceso de reincorporación y garantizar sus derechos fundamentales, como su vida, integridad personal y permanencia en el territorio, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz”, se lee en un comunicado de prensa.

En medio de toda esta guerra, “Colombia+20 envío a principios de la semana pasada, un cuestionario a Calarcá Córdoba, el comandante del grupo conocido como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que el jefe disidente aceptó a responder. No se tuvo la oportunidad de contrapreguntar. En sus respuestas dice que el grupo armado sigue firme en el proceso de paz y que sí atacarán al ELN”. La entrevista completa aparece aquí, pero les adelantamos una de esas respuestas: “De momento, la prioridad es la vida de los civiles que habitan el territorio, tan pronto pase esta etapa nos centraremos a combatir al ELN hasta sacarlos del territorio”.

¿Y sobre Venezuela, en medio de todo este conflicto, qué se sabe, cuando muchos análisis hechos tras investigaciones locales confirman que el ELN se mueve en ese territorio fronterizo? Un par de datos para contextualizar: “Se calcula que el ELN tiene alrededor de 3.000 integrantes y que casi la mitad de ellos están del lado venezolano, o al menos esa fue la estimación que el gobierno de Estados Unidos hizo en 2019. Su carácter binacional no responde únicamente a eso, a que algunos de sus dirigentes y parte de sus filas están allá, sino a que ellos juegan a favor del régimen de Nicolás Maduro, incluso de defensa de la Revolución Bolivariana. Socorro Ramírez, quien fue miembro de la Comisión de Vecindad entre Colombia y Venezuela, lo piensa en clave del rol de control que el grupo armado ejerce en el Arco Minero del Orinoco, una zona rica en recursos, como el oro, del cual el gobierno en Miraflores se nutre, pero también del poder que tiene en ciertos pasos fronterizos, de lado y lado”, escribió María José Noriega Ramírez en este completo texto periodístico.

Ahora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien viajó a Norte de Santander para hacer seguimiento a la situación del Catatumbo, aseguró que Venezuela tiene intención de apoyar la recuperación de la seguridad en el Catatumbo y las labores para capturar a integrantes del ELN con presencia en el vecino país. Pero la realidad es que acciones concretas no se han visto. No se han registrado. Ninguna autoridad la ha informado. Lo que sí se sabe es que “información entregada por inteligencia militar daría cuenta de la movilización de al menos 80 guerrilleros del ELN desde Arauca, por orden de alias Socito o Dumar, líder del Frente Domingo Laín de esa guerrilla. Según se conoce, los hombres habrían hecho la ruta por territorio venezolano hasta llegar al Catatumbo para iniciar las confrontaciones que no cesan”.

Un día después de reunirse con el gobierno colombiano, el chavismo publicó un comunicado: “Es imprescindible dejar sentado con meridiana claridad, que Venezuela no sirve, ni servirá jamás, de plataforma para grupos armados al margen de la ley, sea cual sea su naturaleza, ideología o nacionalidad”, se lee en el documento.

Para el 25 de enero, cuando ya se tenían balances de las acciones de la Fuerza Pública en el terreno, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, informaba sobre 104 disidentes de las FARC que se han sometido a la justicia, de la incautación de más de 70 armas y una tonelada de explosivos. El presidente Petro les enviaba un mensaje a los jóvenes del ELN en Catatumbo y les prometía beneficios si se retiran del grupo.

La gobernadora de Córdoba le pedía a Petro incluir al Chocó en el decreto de conmoción interior. “Nos solidarizamos con la situación del Catatumbo. Como chocoanos conocemos el dolor de la guerra. Sin embargo, la escalada del ELN es nacional y seguirá recrudeciéndose en el Chocó”, dijo Nubia Carolina Córdoba. Y le habló con cifras en mano: Chocó ha vivido 8 paros armados por orden del ELN, lo que ha generado el confinamiento de más de 50.000 personas.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras reunirse el pasado sábado con líderes sociales, alcaldes, la gobernación de Norte de Santander y la Misión ONU Colombia, dio a conocer lo acordado. Se trata de cinco puntos, que dejamos detallados aquí, pero citamos dos de ellos: “Priorizar la sustitución de cultivos ilícitos en la región. De acuerdo con Cristo, se está estableciendo un monto para avanzar en este proceso con varias alcaldías”. Y “Mejorar la caracterización de desplazados para definir quiénes pueden retornar a las zonas de conflicto. A su vez, se examinará cuáles son los predios que han sido despojados por el ELN”.

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Paulina Mesa Loaiza viajó junto con Nicolás Achury al Catatumbo. Esto decía el texto publicado en la edición del pasado fin de semana: “Más de 40.000 personas se han desplazado desde veredas hasta Tibú y Cúcuta. La crisis por cuenta de las acciones violentas de la guerrilla del ELN y los enfrentamientos con la disidencia de Calarcá Córdoba ajusta 288 horas. Colombia+20 recorrió las zonas más afectadas”. Ella habló con varios desplazados. ““Vengo echando pata y estoy cansado. Necesito que al menos me den un mercadito y así yo puedo llegar a donde mi otra hermana, que no sienta que estoy recostado”, dijo mientras recordaba que cuando escucharon los disparos cada vez más cerca, su hermana alcanzó a apagar el fogón donde estaba asando las yucas para el almuerzo, agarrar la carpeta de los papeles del embarazo y salir corriendo juntos. No hubo tiempo ni aliento para más”, escribe la reportera.

Un poco más de su reportaje: ““Tengo dos adolescentes. El temor de uno de padre es que sus hijos se vean involucrados en una guerra que no tiene sentido. Tengo familia amenazada en otros municipios, que no pueden salir porque lo declaran objetivo militar. A uno le duele ver la situación en la que está el país y la más perjudicada es la población civil; eso es lo que más duele. En una guerra de esta caen muchos inocentes y ese es el temor de uno, porque una bala no distingue. Por eso pedimos que esto pare. Queremos volver a nuestras tierras”, exclamó uno de los líderes de la región mientras escucha al fondo cuatro bombas que detona el Ejército en el batallón cercano como una actividad de rutina. Él mira al cielo con miedo y solo puede exclamar “Padre Santo””.

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El domingo 26 de enero, cuando se cumplían 12 días de guerra y desplazamiento, el jefe disidente de las FARC en ese territorio, ‘Jhon Mechas’, le enviaba una carta al presidente Gustavo Petro en la que pedía buscar “un camino para superar esta tragedia”. Dice en el documento: “Superando la indignación, nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea con la presencia de garantes respetables para que el territorio vuelva a la normalidad”. “Los invito a dejar las armas”, les respondió Petro. “Los invito a concentrarse en algún punto donde los cuidamos bien y a hablar. La paz es el diálogo entre los desarmados. El diálogo social no es la paz con los armados, sino con los desarmados, así se logra un proceso serio de paz”, agregó el mandatario.

Ese mismo día la Defensoría del Pueblo informaba que en sus registros había “41 personas muertas violentamente, mientras que los cuerpos de otras personas muertas podrían encontrarse sin levantamiento. Adicionalmente, otras 17 personas murieron en combates entre el ELN y el Frente 33 en Teorama. Algunas de ellas serían adolescentes que habían sido reclutadas”. La organización volvió sobre una realidad inocultable: “Esta crisis en el Catatumbo está poniendo en evidencia, nuevamente, el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. Ellos y ellas están muriendo en medio de la confrontación y un irrespeto generalizado al DIH”.

La redacción Judicial informaba sobre los datos entregados por el Ejército Nacional, quien ha dicho que ya lograron los primeros resultados de combates exitosos en medio de la ofensiva a los grupos armados. “El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, señaló que ya están en su tercera fase de intervención, que corresponde a la afrenta a los grupos armados. “La siguiente fase, obviamente, ya es la afrenta a los grupos armados y ya hemos tenido combates exitosos en contra del ELN”, informó Cubides.

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El 27 de enero, es decir, el pasado lunes, se conoció una comunicación de la guerrilla del ELN: “Hasta el momento no se ha movido ningún mando ni combatiente desde Arauca para el Catatumbo, no ha sido necesario, pero cuando han existido otro tipo de amenazas, las tropas del ELN son de carácter nacional y el Comando Central tiene el mandato y potestad para hacerlo”. Pero otra cosa es lo que dicen los informes de inteligencia militar y el mismo presidente Petro, quien la semana pasada había dicho: “Las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca. Transitaron durante un mes hasta el Catatumbo, de civil”.

Según los armados ilegales, “en ningún momento se han realizado acciones contra la población civil o por ser simplemente firmantes de la paz”. Pero un comunicado del pasado 19 de enero el Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla admitió que asesinó a firmantes del Acuerdo de Paz en los ataques en Catatumbo y aseguró, sin pruebas, que los reincorporados eran miembros activos de las disidencias de las FARC.

En general, las cifras indican que la situación se está volviendo cada vez más complicada. De acuerdo con Fededepartamentos, el secuestro ha aumentado un 44 % desde 2019 y la extorsión un 32 % en Colombia. Desde el mismo Catatumbo, los presidentes de Juntas de Acción Comunal le enviaron una carta al presidente Petro en la que expresan sus preocupaciones ante la crisis humanitaria. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en el Congreso, durante la citación para la discusión de la declaratoria de conmoción interior, que la violencia en el Catatumbo deja pérdidas de $58.465 millones.

Vamos en que esa violencia no para. Tanto que muchos de los líderes desplazados llegaron hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, buscando una reunión directamente con Petro, pues advierten que tampoco hay seguridad para volver. El ministro de Defensa reconoció que la situación del Catatumbo es consecuencia del abandono estatal. Esto durante el debate en el Legislativo sobre la conmoción interior. “Allí se supo que se vendrían tres nuevos impuestos, aunque todavía no se hayan publicado los decretos correspondientes. De acuerdo con la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveces, se espera recaudar $1,06 billones: $519.000 millones con IVA a juegos de azar en línea, $214.000 millones con impuestos a la extracción de petróleo, crudo y carbón, y $330.000 millones con un impuesto de timbre en notarías. Todos serán aplicados por 90 días, el tiempo de duración de la conmoción interior”, detallaron los colegas de Política. Y desde el territorio, se informa que ya son más de 49 mil las personas desplazadas.

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Y lo más nuevo de este 29 de enero es que el “presidente se reunirá con sus ministros para finiquitar los decretos de conmoción interior”. Así que se espera que a más tardar entre este miércoles y jueves se conozcan todos los detalles, mientras las personas desplazadas esperan, más que anuncios y mea culpas, acciones concretas. Se sabe que la Fuerza Pública está haciendo su tarea, que con la avanzada vendrá más y más violencia, que todo el mundo tiene miedo y no saben cuándo podrán volver a sus casas, pues, apelando a lo que ya hemos visto durante décadas, una vez se retiren, los ilegales vuelven a ejercer su poder. De ahí la razón del por qué, históricamente, son varios los gobiernos que han buscado una salida negociada, ya está claro que en la guerra de guerrillas -que hemos vivido más de 50 años-, por más estrategia militar, recursos internacionales, inteligencia de todas las fuerzas posible, no se ha logrado derrotar a los alzados en armas. Y siempre, siempre, siempre, es la población civil la más afectada.

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