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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Una serie de operaciones de la Fuerza Pública en contra de estructuras ilegales con la baja de uno de sus líderes, una ciudad capital paralizada bajo la figura del llamado “paro armado”, varios delincuentes con armas en mano intimidando a cuatro comerciantes que se atrevieron a abrir sus locales para atender al público, el uso de redes sociales mostrando estos actos violentos para distribuir miedo, una orden de militarización con la presencia del presidente de la República, que es civil, llevando un arma en la cintura; una serie de traslados de señalados bandidos de una penitenciaría a otra y una alocución donde el primer mandatario, Abelardo de la Espriella, advirtió sobre un “descenso real de los crímenes” en el país. De eso se trata este boletín, de lo que ha venido pasando en materia de orden público en estos últimos días en un país que lleva décadas siendo testigo y protagonista de la violencia. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.
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¿Cómo vamos en materia de seguridad en Colombia? El Espectador le explica
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Bombardeos de De la Espriella no seguirán suspendidos, pero juzgado los condiciona
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Tres soldados murieron tras ataque con explosivos en La Macarena (Meta)
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Muere alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada
Desde los primeros días del actual Gobierno, la directriz ha sido clara y contundente: mano dura sobre los ilegales. El país, entonces, es testigo de diferentes acciones tipo extradiciones, bombardeos, traslado de presos y, entre otros, una ayuda directa de los Estados Unidos con incluso la alineación de la administración nacional con la política global del gobierno Trump en el llamado Escudo de las Américas, la coalición regional que busca combatir a los carteles de narcotráfico que operan en este continente. En todas sus formas.
Y en medio de esas operaciones que van alineadas con la política del presidente Abelardo De la Espriella, el 21 de septiembre “la Policía Nacional confirmó la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta (Magdalena)”, contaron los colegas de la redacción Judicial. “En la misma acción policial también murieron otras seis personas que serían integrantes de ese grupo armado, entre ellas el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho””, detallaron. Pero luego el mismo ministerio de Defensa desmintió dicha versión y aseguró no era el familiar de este delincuente. Esa noticia se contó, a nivel nacional, como un típico reporte oficial, pero detrás tenía mucho de fondo, pues estas acciones oficiales desencadenaron “quemas de vehículos y bloqueos sobre la Ruta del Sol”.
¿Qué sucedió entonces? Lo que vino fue una declaratoria por parte de los Integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) cuando anunciaron un paro armado. Sí, una figura ilegal y violenta que obliga a los pobladores de una zona a quedarse dentro de sus casas hasta tanto esos ilegales decidan lo contrario. Pero ¿quiénes son las ACSN como para que estén en el objetivo de la Fuerza Pública y, en su respuesta, tengan la capacidad de amenazar a toda una ciudad capital?
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Un poco de contexto. De acuerdo con InSight Crime, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, son un grupo armado de origen paramilitar que opera en el norte de Colombia. También son conocidos como Los Pachenca u Oficina Caribe, este último el nombre con el que nacieron, y quienes tienen su origen tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Sus primeras operaciones datan del 2007 – 2008 y están ligados a Hernán Giraldo, uno de los más temidos paramilitares quien lideró el Frente Tayrona de las AUC.
Las ACSN basan su negocio ilegal en el tráfico de drogas y la extorsión de comerciantes, y tienen viva una profunda guerra contra el Clan del Golfo por el control de las rutas de droga en todo el Caribe. Según estimaciones varias, tendrían unos mil hombres en sus filas, con 600 de ellos en armas. El máximo líder de este grupo ilegal es Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”. Como segundo al mando, o por lo menos en esa línea de sucesión, estaba alias Cholo.
¿Quién era alias Cholo? De acuerdo con la información oficial, esta persona tenía más de 15 años de carrera criminal, era el segundo jefe de la banda y tenía un papel clave en la financiación. "Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal", dijo De la Espriella. Alias Cholo, de acuerdo con la Fuerza Pública, era el encargado de la “coordinación de rutas de narcotráfico con destino a Centroamérica, utilizando embarcaciones rápidas tipo GoFast y semisumergibles que zarpaban desde el litoral de Santa Marta y la Alta Guajira”. Según indicó la Policía, este hombre también estaría vinculado con los enfrentamientos armados que ha sostenido esa organización criminal en contra de otros grupos armados en medio de la disputa por el control territorial y las rentas ilegales en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. En su prontuario aparecen los delitos de homicidio, extorsión, sicariato y concierto para delinquir.
Pero, revisando con espejo retrovisor, estas acciones no eran las únicas en contra de esa organización ilegal, se sumaban a lo que sucedió el pasado 4 de septiembre, cuando Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, quien desafiaba públicamente al Estado colombiano a través de sus redes sociales, también fue reportado como dado de baja por el Gobierno.
Y entonces…
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Muerte de alias “Cholo” desata caos en Santa Marta: comercio cerrado y transporte suspendido
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Muerte de alias “Cholo”: ¿quiénes son las ACSN y qué viene para el grupo criminal?
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Santa Marta sigue paralizada pese a militarización ordenada por presidente De la Espriella
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Paro armado de Autodefensas de la Sierra Nevada en Santa Marta completará cinco días
El 22 de septiembre Colombia ya vio los primeros impactos: “Calles desiertas, negocios comerciales cerrados, clases suspendidas, comunidades indígenas confinadas y la suspensión del servicio de transporte intermunicipal y hacia La Guajira hacen parte del panorama de orden público que se vive en Santa Marta”, escribieron desde la redacción Judicial. La respuesta estatal fue un Consejo de Seguridad, un Puesto de Mando Unificado (PMU) y, justo después, la militarización de la capital departamental. La primera y hasta el momento más delicada decisión sobre toda una ciudad por razones de seguridad: 600 policías y 500 militares patrullaban por Santa Marta.
Sonó, entonces, el nombre de Orlando Pérez Ortega, alias “Patiliso”, como sucesor de alias “Cholo”. Analistas en conflicto hablan de problemas en dicha estructura armada ilegal que ha desencadenado el debilitamiento del grupo armado, con problemas por el liderazgo y por luchas internas por el poder. Otros nombres también suenan, como “Flash”, “Comando 200” y “Jacob”, y, por supuesto, “Pinocho”, la cabeza máxima.
El asunto en Santa Marta pasó de castaño a oscuro y hasta se ordenó el sobre vuelo de aviones Kfir. “Persisten las denuncias de reclutamiento y presión sobre las comunidades, en específico en las periferias de la ciudad”, escribió Valentina Gutiérrez Restrepo. “Ciudadanos me informaron que el 22 de septiembre, en el barrio Ciudad Equidad, una camioneta de las ACSN se llevó a dos menores de 14 años. En el barrio Alfonso López también se dio el reclutamiento de un joven de 18 años y uno de 17”, dijo Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos e investigadora del conflicto en Santa Marta.
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Y esta que viene evidencia, como testimonio de la realidad y retrato de la verdad, lo que ha pasado en los últimos 60 años de conflicto en Colombia y se decía justo en ese instante de temor: De acuerdo con Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, “aunque hay patrullaje de uniformados, esto no ha sido efectivo para recuperar el orden público porque ya completamos dos días de parálisis total”. El defensor señaló que “el mecanismo de coerción de las ACSN es tan fuerte que, aunque el mismo presidente De la Espriella recorriera las calles pidiendo que salgan de las casas, la gente ha hecho caso omiso porque, una vez se vayan las autoridades, seguirán a merced del grupo”.
Tal cual pasaba con las guerrillas, también con los paramilitares y ahora con todos estos reductos que se alzaron en armas para sostener los negocios ilegales. Es el bucle en el que hemos vivido siempre, o por lo menos los que estamos entre los cuarenta y cincuenta años. Estos grupos se esconden entre la población civil, la amenazan, la ponen de escudo, la atacan, violan sus derechos más básicos como la libertad y, siempre con la coerción de por medio, se vuelven su autoridad cuando hay poca o inexistente presencia del Estado. Y eso pasa en muchos lugares del país.
Entre tanto, en el país se discutía el por qué el primer mandatario, Abelardo de la Espriella, llevaba una pistola en su cintura. "El presidente está enfrentando a criminales", respondía el Mininterior. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refería a alias “‘Calarcá’, Alexander Díaz Mendoza, quien es el máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y en entrevista con El Espectador aseguró que este hombre, “siendo negociador de paz, ordenó homicidios y reclutó niños”. Y en Cali capturaban a 85 personas por presuntos hechos de homicidio, hurto y tráfico de drogas.
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Capturan a la pareja de alias "Pinocho", jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada
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Fue extraditado a Estados Unidos alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera
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Terminó el paro armado en Santa Marta tras cuatro días de tensión y militarización
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Mueren dos policías en ataque armado atribuido al Eln en Norte de Santander
Araujo P
El 24 de septiembre fue el mismo presidente De la Espriella quien confirmó que en una operación desarrollada en Santa Marta y Ciénaga, fueron capturadas 13 personas y que entre ellas estaba Yolima Johana Murgas Guzmán, alias ‘Yolima’, “compañera sentimental del narcoterrorista alias ‘Pinocho’, cabecilla principal de la estructura”. Además, el mandatario confirmó que, durante la Operación Kratos, la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación, se capturó en Santa Marta y Barranquilla (Atlántico) a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.
“La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’”, dijo el jefe de Estado. Luego vino una advertencia más que contundente: “Voy a acabar con esta estructura criminal. “Pinocho” tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna o les daré de baja como en derecho corresponde”.
Al día siguiente, el 25 de septiembre, Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el jefe de los Comandos de Frontera era la noticia. Como estaba en manos de las autoridades y había una solicitud por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico, fue extraditado a ese país.
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Ese mismo viernes, el pasado viernes, la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, confirmaba que en la mañana de este 25 de septiembre terminaba el paro armado en Santa Marta. “Han sido días bastante complejos, pero lo hemos sacado adelante. La ciudad hoy está con total normalidad y está funcionando al 100 % como es”, dijo en entrevista radial. En Norte de Santander, sobre el medio día, se reportaba un ataque armado atribuido al ELN en donde murieron dos policías, el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años; y el auxiliar de Policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años.
Las acciones armadas no se detienen y el Gobierno seguía haciendo movimientos:
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De la Espriella ordena trasladar a miembros de las ACSN recluidos en cárcel de Santa Marta
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Alias “Araña”: el prontuario criminal del jefe de Comandos de Frontera que fue extraditado
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Muere alias Robinson, jefe de la Segunda Marquetalia señalado por crimen de Miguel Uribe
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Ofrecen hasta COP 3.000 millones por “Pinocho”, jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada
Una de las acciones que ha venido adelantando este Gobierno es el del traslado de presos. Para nadie es un secreto que muchos delincuentes viven a sus anchas en las cárceles, razón por la cual la administración que entró el 7 de agosto en sus acciones tácticas está moviendo a los privados de la libertad y en este caso a los que tendrían relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). “Se van todos fuera del departamento”, dijo el mandatario en una alocución. Y anunció que todas las personas que tendrían relación con ese grupo y que “sean detenidas en los próximos días también se van fuera de Santa Marta, porque no tiene sentido que dejemos en los propios territorios en donde delinquen a los presos más peligrosos”.
El 27 de septiembre volvió a sonar el caso de Miguel Uribe Turbay porque “en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), se reportó la muerte de alias "Robinson Gutiérrez", uno de los jefes criminales de la Segunda Marquetalia y señalado de participar en el asesinado del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay”. "Una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias "Robinson Gutiérrez", cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero fue dado de baja", escribió el presidente De la Espriella.
Destacado: Este era alias “Robinson”, jefe de Segunda Marquetalia señalado por crimen de Miguel Uribe
La redacción Judicial nos contó que sobre el magnicidio de Uribe Turbay, una de las acciones recientes fue por parte de la Fiscalía tras emitir siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia, entre ellos Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40″; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”. Y que, de acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, detalló que las razones detrás del crimen son “político-instrumentales por su labor como senador de la República”.
Y volviendo a las operaciones en contra de las ACSN, en la alocución presidencial del pasado domingo, el mandatario se enfocó nuevamente en ello: “Difundimos en esta operación más de 5.000 volantes de recompensas para ubicar a alias ‘Pinocho’. Estamos dando COP 3.000 millones por ese bandido”. En su entrega de cuentas agregó: “Si ‘Pinocho’ cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus”. “Lo estamos buscando. Estamos ahí, respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar. Lo mejor del caso es que no va a saber qué fue lo que le pasó, de lo contundente que va a ser la acción del Estado”.
En esa misma declaración, el mandatario entregó cifras de seguridad de su primer mes de gobierno. Según De la Espriella, al comparar agosto de 2025 con agosto de 2026, el secuestro se redujo en un 79 %, la extorsión en un 62 % y las masacres en un 58 %.
Pero como este es un país cargado de noticias violentas, en estos días tampoco han parado: Condenan a 11 integrantes del Eln por reclutar a 60 menores entre 2004 y 2008, Fiscalía ocupa 42 bienes ligados a testaferros del narco "Pacho Herrera", Explosión afectó tren del Cerrejón en La Guajira: Ejército atribuye ataque al Eln, Ejército denuncia que disidencias se llevaron cuerpo de soldado muerto en Cauca, De la Espriella lanza ofensiva contra Segunda Marquetalia y dice que va por “Iván Márquez”, Capturan a alias Pollo, disidente señalado por asesinato de una menor reclutada en Catatumbo, Muere exalcalde de Yopal, "John Calzones", tras ataque sicarial…
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A diario hay noticias sobre orden público en Colombia, pero esta que sigue evidencia la situación que se vive en un país de regiones donde la guerra se libra a diario. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, en este 2026 se han registrado 111 desplazamientos masivos y 63 confinamientos en 2026. De acuerdo con la entidad, 23.931 personas resultaron afectadas por eventos de desplazamiento masivo entre enero y agosto de este año y el mayor número de víctimas se registró en el departamento del Cauca, con 6.710 personas desplazadas. Otro dato no menor: En Colombia han asesinado 112 líderes y lideresas en lo que va del 2026.
Y un poco más para dejar sobre la mesa una realidad inocultable: de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, “a diciembre de 2025, estas estructuras -grupos armados ilegales- sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % respecto a diciembre de 2024. Esto significa que más de 5.000 personas se sumaron a estas organizaciones ilegales en solo un año”.
De ahí, está claro, fue que la promesa de atacar directamente a todas estas organizaciones ilegales hecha por el hoy presidente Abelardo de la Espriella, cobró más fuerza de cara a las urnas. Y es, si se lee con evidencia, lo que está pasando en contra de las ACSN. Pero las consecuencias también las viven los civiles, que no solo quedan en medio del fuego cruzado, sino que son víctimas del reclutamiento forzado y el desplazamiento. Colombia lo ha intentado por varios lados, con mano dura como pasó en los tiempos de Uribe Vélez, con proceso de paz en los tiempos de Santos o con una idea de paz total con varias mesas de negociación en paralelo en los tiempos de Petro. La violencia sigue, viva, tanto que los ilegales son capaces de amenazar a una ciudad entera, como lo que pasó en Santa Marta.
Ahora es el turno para De la Espriella, quien no solo está usando toda la fuerza estatal para combatirlos, sino que ha sido enfático en que no está entre sus objetivos capturar a los líderes sino darlos de baja. ¿Será esta la forma en la que los ilegales dejen sus acciones y, ante la fuerza legítima del Estado, se terminen sometiendo a la justicia? ¿Si eso pasa, otros tomarán las riendas de los negocios ilegales como el narcotráfico y la extorsión? Parace muy inocente pensar en que así se terminará el conflicto, y que no se reinventará en otras formas, líderes o grupos, pero como periodistas y testigos de los hechos, más que opinar, estamos aquí para contar lo hechos que sucedan estos cuatro años y los podrán leer en https://www.elespectador.com/judicial/. Hasta el próximo miércoles.
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com
Por Edwin Bohórquez Aya
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